No, no era la primera vez que las y los campesinos del Guayabero tenían que ver llegar al Estado a su territorio, pero con todo el despliegue militar. No era la primera vez que tenían que sufrir atropellos por parte del Ejército y la Policía Nacional, inclusive con su Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD. Ya antes habían tenido que tragar humo, recibir golpes y ser tildados de guerrilleros. Sin embargo, no por ello era más fácil.

Entre el 18 al 25 de mayo del 2020, campesinos y campesinas de la región del Guayabero se estaban reuniendo masivamente como también sucedía a nivel nacional en territorios donde cultivan coca, ante la amenaza a su subsistencia que representaba la llegada de las tropas del Ejército Nacional encargadas de la erradicación forzada manual.

Recordemos que, finalizando abril, el Presidente Iván Duque informó que iniciaría la operación Artemisa, encargada de recuperar la selva húmeda y tropical, y por ello se priorizaría inicialmente las acciones y judicializaciones en los parques nacionales naturales: Chiribiquete, Macarena, Tinigua y Picachos. En el Meta sería la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, creada mediante disposición 060 del 09 de diciembre de 2003, la encargada de adelantar tanto la protección de las áreas protegidas, como llevar a cabo los procesos de erradicación manual forzada.

Campesinos evitando que les erradiquen los cultivos de coca. Militares grabando a los asistentes del plantón. Foto: Lina Álvarez.

A partir de la firma del Acuerdo de Paz, miles de campesinos del sur del Meta empezaron a acogerse al Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, con el sueño de cambiar los cultivos de coca por proyectos productivos agrícolas y/o agropecuarios. Según informe de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC a corte de 31 de octubre de 2019, se habían erradicado 2.478 hectáreas de coca en el Meta y habían sido vinculadas al proceso 2.507 familias en La Macarena, 1.260 en Puerto Rico y 2.202 en Vista Hermosa, que evidencia la confianza que depositaron más de 5.000 familias en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, para tener la posibilidad de cultivar productos lícitos.

Sin embargo, otras familias de esta región –como en gran parte del Guayabero- decidieron no acogerse porque manifestaron que el proceso de sustitución debería hacerse de manera gradual y con garantías para tener cómo subsistir el tiempo en que empezaran los proyectos productivos a producir y a ser rentables, o de lo contrario no tendrían cómo suplir sus necesidades básicas, ya que lo primero que exigía el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS era la erradicación voluntaria, por lo que, fue más evidente en qué territorios se estaban concentrado la presencia de estos cultivos y allí directamente se enfocaron las avanzadas de erradicación.

Estas publicaciones lograron tener tal alcance, que medios nacionales como Noticias Uno, hablaron de lo sucedido. La Fuerza de Tarea Conjunta Omega, emitió un comunicado en el que manifestó que, el accionar militar se debió a que campesinos y campesinas tomaron vías de hecho e iban a secuestrarlos para impedir la erradicación –el comandante luego afirmaría en medios que, con palos manifestantes pretendían raptar la tropa-. Además, ratificó su decisión de continuar con la erradicación, ya que así podrían desestabilizar al grupo residual liderado por Gentil Duarte.

A continuación, se profundizaba el proceso de estigmatización hacia los campesinos y campesinas. En entrevista a Marandúa Estéreo, el General Raúl Flórez, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, manifestó que “la comunidad viene siendo instrumentalizada por el grupo armado organizado residual, estructura séptima (…) obligan a la población a salir a enfrentar la tropa en asonada violenta por vías de hecho para fragmentar y secuestrar a quienes están adelantando operaciones, a quienes están haciendo erradicación manual”. Afirmación que, según él, nace porque la comunidad les ha informado que, si no participan en estas jornadas de protestas, deben pagar cinco millones de pesos ya que podrían hasta ser desaparecidos y que, además, las mujeres están sufriendo porque se les llevaron a sus esposos y están solas en sus hogares.

Esta afirmación es parcialmente cierta, por un lado, las y los campesinos del Guayabero no necesitan que nadie los obligue para proteger el cultivo por el cual subsisten en una zona sin carreteables, donde la única forma de llegar es por vía fluvial y tienen dos espejos en los que no quieren verse reflejados, que los motivan a no desistir, por un lado que las zonas donde las comunidades se acogieron al PNIS y subsistían totalmente de la coca, están casi deshabitadas y con pésimas condiciones de vida, ya que, o no les cumplieron o les han llegado a cuentagotas los proyectos productivos durante los últimos cuatro años, pero por otro lado, que años atrás cuando les erradicaron manual o mediante aspersión aérea, tuvieron que aguantar hambre mientras nuevamente podían tumbar montaña para seguir cultivando coca. 

No obstante, en el recorrido que hice a otros municipios de zona PNIS, me encontré que las veredas relativamente cercanas a la zona del Guayabero en donde se estaban generando las manifestaciones, recibieron varios llamados de auxilio por parte de las y los campesinos quienes pedían la solidaridad de las juntas de acción comunal, para que fueran delegaciones a apoyar la jornada de resistencia. La mayoría de veredas participó, con dos, tres o cinco campesinos como en gran parte de Vista Hermosa, en otras participaron de forma distinta, incidiendo con la institucionalidad para que se respetaran los derechos humanos de las y los manifestantes como me lo contaron en La Macarena, pero no recibieron ningún tipo de amenaza de ningún actor del territorio por no asistir directamente.

Sin embargo, en las veredas que brillaron por su ausencia, no recibieron ningún tipo de reproche por parte de la comunidad, pero sí vacunas por parte de las disidencias del grupo residual de Gentil Duarte,  como en el caso de “Palmeras” –según confirmó el Personero de Vista Hermosa- o como cuando hicieron llegar al entonces presidente de la Junta de Acción Comunal de La Reforma en Vista Hermosa, una notificación que habían sido multados por diez millones de pesos por su “falta de solidaridad”, por lo que, tuvieron que recoger el dinero y entregarlo al grupo armado, aunque desconocen en qué sería invertido o si aportaría o no de alguna manera a la resistencia que adelantaban las y los campesinos. 

El dignatario de la junta se tuvo que ir de la vereda y a partir de lo sucedido, se generó un fuerte argumento para generalizar que el proceso de resistencia que estaba tomando fuerza en el Guayabero era liderado por la guerrilla, demostrando una realidad histórica de Colombia: los campesinos y campesinas siempre llevan la de perder cuando están en medio de la fuerza pública y los grupos al margen de la ley, pues en este caso tanto quienes no estaban participando en las jornadas resultaron afectados como también quienes resisten en el Guayabero.

Desde allí Raúl Flórez empezó a tener espacio en medios masivos como Noticias Caracol, para minimizar las denuncias por violaciones de derechos humanos en el sur del Meta, al contraargumentar que estaban haciendo operaciones contra “la red de finanzas de las disidencias de las FARC”, y, por ende, cualquier accionar desmedido, era necesario.

Ante esto, las y los campesinos sabían que lo peor apenas estaba por empezar. Desde marzo, a nivel nacional otros seis departamentos estaban sufriendo por el despliegue militar para adelantar labores de erradicación, pese a que, a excepción de Chocó, todos se habían acogido al PNIS y tanto gobernaciones, alcaldías, como organizaciones de derechos humanos, solicitaban que por lo menos durante pandemia pararan los operativos. 

Aún con todas las denuncias por asesinatos, el estar enfrentando por un lado las consecuencias de la pandemia, la emergencia social y sanitaria generada por el covid-19, y por otro la arremetida del Ejército Nacional con sus procesos de erradicación forzada aun con toda la censura de las organizaciones sociales y académicas, el Gobierno Nacional en cabeza de Iván Duque, informaba que la Brigada de Asistencia a Fuerzas de Seguridad (SFAB, en inglés) del Comando Sur de Estados Unidos, llegaba el 01 de junio al país para apoyar la lucha “contra el narcotráfico” y para asesorar las fuerzas de tarea conjunta donde más hay coca sembrada, es decir, la Hércules, en Tumaco, Nariño; Vulcano, en el Catatumbo; y Omega, en Meta y Caquetá.

Comunicadora Social y Periodista. Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina. Fundadora del colectivo y medio de comunicación alternativo El Cuarto Mosquetero. Desde la comunicación trabaja los temas de género, paz y ambiente.