El pasado 21 de marzo, los reclusos de varios centros penitenciarios protestaron para exigir al Estado medidas sanitarias urgentes ante la expansión del Covid-19. Hoy, más de 20 días después, se anunciaron tres casos nuevos dentro de la cárcel de Villavicencio, uno de los contagiados falleció antes de saber que padecía coronavirus.
En los centros penitenciarios de todo el país la incertidumbre abunda y los presos están a la espera del Decreto que el Ministerio de Justicia está próximo a firmar, y el cual contempla “la excarcelación de, posiblemente, 10.0000 presos que se encuentran hacinados en las cárceles de todo el país, con el fin de intentar que el brote pandémico del nuevo coronavirus no impacte violentamente a la población privada de la libertad”, según El Espectador.
¿Cómo está la situación en la cárcel de Villavicencio?
El pasado 10 de abril, el Ministerio de Salud informó sobre una nueva muerte por covid-19 en la ciudad de Villavicencio. Posteriormente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC confirmó que el fallecido correspondía a un adulto mayor que había sido liberado con anterioridad, pero que días después no resistió a la enfermedad.
Por lo anterior, el INPEC informa que se inició un protocolo de emergencia en salud dentro del recinto carcelario y empezó a dialogar con las administraciones municipal y departamental, para poder mitigar la emergencia. Sin embargo, al día siguiente, se dio a conocer que otras dos personas arrojaron positivo a covid-19. Los casos corresponden a un hombre que se encuentra hospitalizado y aparentemente estable y el otro, de un adulto mayor, del mismo patio que había fallecido el primer recluso, quien fue trasladado de urgencias el 5 de abril al Hospital Departamental, pero dos días después falleció.
El 14 de abril, el Gobernador del departamento del Meta, informó que lamentablemente habían llegado 15 pruebas positivas de covid-19 y todas correspondían a internos de la cárcel de Villavicencio.
Una de las medidas que tomó el INPEC según comunicado emitido, fue aislar a los adultos mayores, y a las personas con enfermedades respiratorias y tuberculosis. Sin embargo, la cárcel de Villavicencio cuenta con 1.786 personas detenidas, de los cuales, especialmente quienes estaban en el pabellón Santander, tuvieron contacto directo y constante con las personas contagiadas y se encuentran preocupadas por su estado de salud.
Por ello, Andrés Dussán, recluso del centro penitenciario de éste patio y líder de la población LGBT, manifiesta estar preocupado por su estado de salud, ya que ha presentado fiebre y tos, cuando se quejó con los funcionarios, le brindaron acetaminofen. No le hicieron el examen ni le hablaron de hacérselo en horas cercanas ya que no son síntomas suficientes para la realización de la prueba pero, Dussán estuvo en contacto con uno de los enfermos, ya que manifiesta que lo más normal allí es compartir cigarrillos o tinto. Además, sospechan que el virus pudo haber entrado por medio de una de las visitas que realizó una mujer procedente de Estados Unidos, o por medio de los guardias, quienes inicialmente, según manifiestan varios reclusos con los que pudimos contactarnos, no utilizaban tapabocas.
“Me siento con fiebre y dolor en todo el cuerpo, se me dificulta para respirar. Estamos abandonados, sentimos que la Guardia sabe que muchos morirán acá”
Los internos recibieron inicialmente una dotación de tapabocas por parte de la Administración Municipal, pero según manifiesta Dussán, les duraron pocos días, así que a la fecha están utilizando los que ellos mismos construyen con sus prendas de ropa “En cualquier momento puede pasar cualquier cosa, están esperando una solución hasta máximo mañana, porque aquí ya se habla de rebotarse. No ha venido nadies, necesitamos un examen, porque o sino no van a resultar 3 muertes, sino 100 muertos”.
Sí les están implementado las medidas de lavado constante de manos, pero algunos sospechan que ya están contagiados. “Me siento con fiebre y dolor en todo el cuerpo, se me dificulta para respirar. Estamos abandonados, sentimos que la Guardia sabe que muchos morirán acá” manifestó a éste medio un interno, quien además considera que no quiere llegar a cortarse los brazos para que lo escuchen, como sí sucedió con un hombre que según él, se lo llevaron hace unos días del establecimiento, porque al no ser atendido y sentirse muy enfermo, tomó medidas más extremas.
No obstante, el general Norberto Mujica, director del INPEC explicó a El Tiempo el 11 de abril, que con apoyo de las autoridades sanitarias, “seguirán buscando casos de personas que pudieran tener algún síntoma como fiebre, tos, cansancio, dificultades respiratorias, entre otros, que pudieran alertar un contagio de covid-19”, y que se realizaría desinfección en el centro carcelario. Sin embargo, lo que manifiestan familiares e internos de la cárcel de Villavicencio, es que el bloque 8, de donde fueron trasladadas las personas contagiadas, sigue sin esterilización o la implementación de protocolos de asepsia.
El General también manifestó en la entrevista realizada que, no se puede ocultar que en la cárcel de Villavicencio hay un 100% de hacinamiento, por lo cual activaron un pabellón como zona de aislamiento, que según informan los internos, era el área que utilizaban las presas antes de la caída del muro. Así mismo, el alcalde Felipe Harman, informó que puso a disposición el Centro del Menor Infractor El Yarí, con el objetivo de aislar los “contactos estrechos” para así evitar la propagación del virus. El mandatario además hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se generen múltiples pruebas de covid-19 y se extremen las medidas de salud pública en el interior del centro penitenciario.
A la sensación de abandono se suma el actuar rudo de las entidades gubernamentales, así lo dejó saber ‘Sargento’, uno de los recluidos en la cárcel de la capital del Meta tras conversar con este medio. «Hoy nos encontramos condenados a muerte y la única solución que tomó el Estado fue incrementar el pie de Fuerza Militar a los alrededores de la cárcel para que los presos de este establecimiento no intentaran fugarsen y que al que lo hiciera lo mataran”, declaró el preso.
Así mismo, desde El Cuarto Mosquetero, tuvimos contacto con familiares de internos del Patio Colombia, quienes manifiestan que hasta ahora les entregaron tapabocas, a diferencia del pabellón Santander, ya que además que no han podido ver a sus familiares desde hace más de 20 días, para evitar precisamente que se contagiaran, no les permiten entrar alcohol entre los elementos y víveres que pueden entregarles durante el día. “Necesitamos que les tomen los exámenes pertinentes, sabemos que no es de un día para el otro, pero necesitamos que los aíslen” nos contó Ana Durán, quien entiende que la preocupación sea mayor hacia los adultos mayores o quienes cometieron delitos menores, pero que no pueden perder de vista a quienes les faltan grandes penas por pagar a quienes por ahora solo están sindicados y a la espera de la condena, lo que según Durán, representa el 65% de las cárceles del país, ya que a ella le ha tocado convertirse en abogada empírica y estar pendiente de los informes de televisión de éste tipo, para luchar por los derechos de su esposo.
Cifra que es parcialmente cierta al ponerlo en el contexto local, según el tablero de estadísticas del INPEC, de los 132 penales de Colombia que cuentan con 80.928 cupos, los condenados son alrededor de 85.214 -79.490 hombres y 5.724 mujeres-, mientras que 35.542 son sindicados -32.844 hombres y 2.698 mujeres- están allí esperando lo que determine el juicio. Además, de 190 personas se desconoce en qué estado se encuentra su proceso.
En la cárcel de Villavicencio, hay 714 condenados, frente a 1.069 sindicados. Así mismo, en la cárcel CAMIS de Acacías, hay 1.048 pagando sus penas, pero 12 sin condena. En Granada hay 117 culpados y 136 a la espera; finalmente, en el centro penitenciario de Acacías hay 2.731 hombres condenados y 45 mujeres frente a 185 masculinos sindicados y 86 féminas.
Lo cierto es que sí hay un gran número de personas que hasta que la investigación lo determine, no son ni inocentes ni culpables, pero aún así deben pasar tiempo importante de su vida en prisión. Hablamos con un docente de Villavicencio, quien tuvo que pasar 3 años en la cárcel de Bucaramanga por un delito del cual asegura es inocente; él fue liberado ya que no había las suficientes pruebas para mantenerlo con medidas intramurales, pero el proceso sigue. Él nos explicó que allí conoció muchas personas que estaban pagando delitos que no cometieron o que los envían a la cárcel mientras demuestran su inocencia, entiende que por la emergencia sanitaria del covid-19 estén solicitando medidas extramurales.
El hombre considera que el sistema de salud en la cárcel es muy precario, ya que conoció a personas que tenían dolor en algún diente y la solución siempre era quitárselo, en vez de aplicarle algún tratamiento, además vio padecer a internos de enfermedades terminales, sin atención oportuna. “A uno le tocaba rogarle al guardia por mucho tiempo para que lo dejaran salir al médico. Recuerdo que cuando una vez hubo un brote de tuberculosis, no nos permitían visitas pero no nos daban tapabocas, no entraban personal especializado para hacer aseo, nos tocaba a nosotros mismos hacer aseo o mirar cómo cuidarnos, eso sí, aislaban a las personas que estaban al parecer infectadas” rememora.
La falta de canales de comunicación entre las entidades responsables, especialmente del INPEC con los internos y sus familias, podría causar que se presenten brotes de disturbios por el miedo y el inconformismo existente. Por ejemplo, para Angélica Bohórquez, esposa de uno de los reclusos, cada día que pasa es de incertidumbre, y sería aun peor sino fuera porque su esposo trata de comunicarse con ella constantemente, ya que a partir de la noticia de los fallecidos en el patio Santander del centro carcelario de Villavicencio siente temor por lo que pueda suceder dentro del patio.
El hermano de Bohórquez, quien prefiere no decir su nombre, nos contó que esperaban que lo primero que las autoridades fueran a hacer, eran las pruebas de covid-19, ya que hay mucha gente enferma en ambos patios, o que por lo menos colaboraran con la salubridad del centro penitenciario, pero que lo que hicieron, fue militarizar con ESMAD. Además, siente que lo que están viviendo es la crónica de una muerte anunciada, puesto que ya se habían manifestado sobre lo que podría pasar, “la vez pasada cuando hubo el enfrentamiento entre internos e Inpec, todo se malinterpretó, nos acusaron de intentar un plan de fuga, pero no lo fue nunca, estábamos pidiendo la colaboración para evitar lo que hoy está sucediendo” finaliza.
¿Y cómo están los trabajadores del INPEC?
Es importante tener en cuenta, que el sindicato del INPEC de Villavicencio, contó a un medio local (Villavicencio Día a Día) que, les ha tocado hacer diferentes tipo de actividades para adquirir el material de salud necesario para que los guardias no estén en tanto riesgo “Tuvimos que hacer una rifa para comprar tapabocas. Yo creo que ese no es el deber ser de las cosas de unos funcionarios públicos, unos funcionarios del Estado, que se les debe dar todo su estatus. En días pasados, la directora de la USPEC, dijo vamos a montar carpas en los establecimientos para el plan de contingencia, por si se llega a expandir la pandemia, con mucho respeto hacia ella por el cargo que ocupa y como mujer, le digo que esas carpas no alcanzan a llegar para esta pandemia, de pronto alcanzan a llegar para otra, pero para esta no alcanzan a llegar”.
Además, 86 funcionarios de todos los centros de reclusión del país, a través de una reunión virtual con el Congreso de la República de Colombia, aseguraron que renunciarían masivamente sino se les entregan los elementos de bioseguridad para enfrentar el covid-19. Así mismo manifestaron sentirse preocupados por no poder realizar aislamiento unipersonal en los centros penitenciarios debido al nivel de hacinamiento, por lo que se hace necesario expedir e implementar el decreto que permita la excarcelación de quienes no representen un riesgo para la sociedad.
Evidenciaron que gran parte de los centros penitenciarios no cuentan con servicio de agua las 24 horas del día, y servicio médico en las noches, ni mucho menos los fines de semana, que ante la actual emergencia, es imperante atender estas necesidades que beneficiaría no solo a los internos, sino también al personal administrativo, de seguridad y vigilancia. Finalizaron, haciendo público su miedo por lo que pueda pasar con sus vidas, ya que a partir de los últimos motines que se presentaron en el mes de marzo, están bajo amenaza de agresión y secuestro, ya que según aseguran, se puso en marcha un “plan pistola” contra ellos.
Abandono estatal denuncian en cárceles del país
El Cuarto Mosquetero entrevistó a varios internos en distintas cárceles de Colombia. Todos los testimonios coincidieron en manifestar el abandono del Estado y las pocas precauciones por parte de algunos miembros del INPEC en medio de la pandemia.
«Caliche», recluso de La Picota en Bogotá y quien prefirió no revelar su nombre, señaló que hasta el momento, no se han reportado casos del virus en el lugar pero que sí se han visto muchos internos con síntomas de gripe, aunque nada grave. “Es lógico que los internos estamos nerviosos porque no sabemos cuál gripe es normal y cual no, puesto que no hay para hacer pruebas. Además, solo hay un médico para todo el complejo que cuenta con tres subestructuras y más de 9500 internos. Las enfermeras tampoco son suficientes, uno las ve corriendo de un lado a otro, porque no dan abasto”, explicó el entrevistado.
Tras la huelga del pasado 21 de marzo, que dejó 23 internos muertos en la cárcel Modelo de Bogotá, mencionó “Caliche”, se han tomado las medidas necesarias para prevenir el contagio, pero a pesar de los esfuerzos, no son las mejores.
Según el recluso de La Picota, lo que más preocupa a los internos es que recientemente, el Grupo de Reacción Inmediata perteneciente al INPEC, realizó operativos en el patio 4 y en ERE 3, manteniendo precarios protocolos de prevención, a pesar de que mantuvieron contacto directo al requisar a los reclusos.
“En Picota vieja hay completo hacinamiento, y es mucho más desesperante que el efecto rebaño, en caso de un contagio allí que se propague de manera masiva y en poco tiempo. Pero realmente, lo que consideramos una pena de muerte es el hecho de que ese virus llegue a cualquier pabellón de esta o cualquier cárcel”, indicó “Caliche”, quien comentó además que los reclusos tienen una mala alimentación y muchos están en estado de desnutrición. Teniendo en cuenta que el personal sanitario es casi nulo y hasta ahora, no les han dotado de elementos de prevención, solo quienes tienen los recursos para comprar EPP han podido estar protegidos, los que no, están expuestos y a la deriva.
La situación no es muy diferente en la Penitenciaría Municipal de Palmira, Valle del Cauca, pues aunque hasta el momento no se han reportado casos, el temor se mantiene aferrado en los aproximadamente 2.700 internos de esa cárcel en estos momentos de pandemia.
Sael, quien al igual que “Caliche”, prefirió reservar su nombre, está actualmente en dicha penitenciaría y mencionó que en el lugar, los guardianes del INPEC no usan tapabocas, salen y entran sin ninguna precaución. “Tampoco nos han suministrado tapabocas, ni alcohol, ni gel, solo nos dieron unas charlas sobre cosas que ya todo el mundo sabe”, aseguró el recluso.
Además, a los reclusos de la cárcel de Palmira les preocupa el poco interés que ha mostrado el Gobierno Nacional por su bienestar. Debido a esto, Sael afirmó que: “A nuestro entender, solo quieren aplicarnos la pena de muerte y la cadena perpetua, si llega el virus a la cárcel, nadie saldría. Y estoy casi seguro que los presos iniciarían un motín donde resultarían muchos muertos”.
Por el momento, a los internos de Penitenciaría Municipal de Palmira, según Sael, solo los ha contactado un profesional de Derechos Humanos delegado del Gobierno Nacional, quien a través de una videoconferencia les habló sobre la situación carcelaria en el país con respecto al coronavirus. “O sea, pañitos de agua tibia… Para nadie es un secreto que el Gobierno no está tomando esta situación con seriedad”, concluyó el recluso.
Por otro lado, en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Cúcuta, Norte de Santander, uno de los reclusos, conocido como ‘Caremalo’, mencionó que la administración del lugar no ha tomado las medidas necesarias y las pocas que existen, son por iniciativa de los guardianes que han sacado dinero de sus bolsillos para comprar algunos tapabocas, guantes, un aspersor y trampas de cal para limpiar sus botas.
Sin embargo, la precaución de unos pocos guardianes no es suficiente, sobretodo cuando, según el interno de la cárcel de Cúcuta, a ninguno de los 4.250 reclusos de esa cárcel, tampoco se les ha dotado de algún tipo de protección. Eso sin mencionar que el complejo penitenciario solo tiene capacidad para 2.680, lo que ha generado un hacinamiento preocupante.
“No nos han brindado elementos de protección personal, los pocos que tenemos, los hemos comprado nosotros mismos y algunos son hechos con tela de ropa, es decir, artesanales. Además, acá se vive en hacinamiento como en todas las cárceles del país, vivimos con una mala alimentación, baja en en cantidad y calidad, la parte de salud no da a basto para atender a los reclusos y en urgencias no hay ambulancia”, afirmó Caremalo.
El entrevistado afirmó que si el Gobierno no toma medidas lo antes posible, las más de 40 cárceles que están aliadas en todo el país, se harán sentir a tal punto que lo de Bogotá será algo mínimo. “No queremos llegar a hechos que lamentar pero el gobierno no nos deja más salidas”, puntualizó el recluso de la cárcel de Cúcuta.
Las mujeres del Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Jamundí, Valle del Cauca, también se están hundiendo en lo incierto que se ve su futuro dada la situación actual. Alejandra Castro, quien está recluida en el lugar actualmente, mencionó que contrario a como ha sucedido en algunas cárceles, al personal del INPEC, se le ha entregado dotación de protección personal pero este no ha acatado las medidas. “No todos son conscientes y por lo tanto, no todos los utilizan (EPP) y cuando se les ha preguntado, responden de manera grosera… No tenemos las pruebas pero aún entran y salen de la cárcel, y este es el segundo departamento con más infectados”, aseguró la entrevistada.
A las reclusas, comentó Castro, no se les ha brindado EPP. Lo que le salvó a ella es que pertenece al taller de costura del penitenciario, así que pudo acceder a uno de los tapabocas que confeccionó junto a las demás internas usando sábanas.
Como si fuera poco, la reclusa mencionó que en todo el día carecen de agua a excepción de la tarde, que es cuando les llega una mínima cantidad. Además, solo cada ocho días cuentan con un médico.
“Nos preocupa que nadie ha venido a hablar con nosotras. Solo vienen los dragoneantes, y su actitud no es la mejor pues por la situación andan de mal carácter. Hablar con un cuadro de mando es imposible. Queremos coordinar una manifestación pero no con el ánimo de motín sino para que se visibilice nuestra situación y tomen medidas rápidas”, afirmó la reclusa de la cárcel de Jamundí.
Organizaciones de Derechos Humanos solicitan liberación humanitaria
Gabino Silva, psicólogo, defensor de Derechos Humanos y miembro del Equipo Jurídico Pueblos, señaló que aunque se ha hecho un acompañamiento a los afectados, es el Movimiento Nacional Carcelario – MNC, el que por iniciativa propia se está movilizando y protestando para exigir al Gobierno, garantías para su bienestar.
“No más negligencia del Estado. Las personas privadas de la libertad se encuentran en peligro. Invitamos a los familiares a demandar al Estado (Art. 90 Demanda Administrativa) por toda situación de fallecimiento o contagio de Covid-19. ¡Liberación Humanitaria Ya!”, se lee en una imagen que ya el MNC, ha puesto a rodar en las redes sociales.
Según Silva, una de las mayores preocupaciones de los internos, es que el Grupo de Reacción Inmediata del INPEC, no ha tomado medidas de protección para ingresar a los patios de las cárceles y requisar a los presos, a pesar de que ha mantenido viajando a diferentes penitenciarías del país.
Por otro lado, en la cárcel El Buen Pastor según la Cartilla “Defender derechos sexuales y reproductivos desde adentro. Una visión de las cárceles de mujeres”, el 59% de las mujeres está condenada, el 33% sindicada y el 7% no conoce su situación. Además están en su mayoría por delitos relacionados con portar sustancias alucinógenas, que en muchas ocasiones son delitos que terminan cometiendo como apoyo a sus parejas.
Señala también, que los establecimientos no cuentan con garantías para realizar un aislamiento preventivo, considerando que hay 115 de las 132 cárceles con hacinamiento
Teniendo en cuenta lo anterior, El Cuarto Mosquetero se comunicó con Karla Trujillo del Colectivo de trabajo por las Mujeres privadas de la libertad, quienes desde el 2014 vienen trabajando en la cárcel El Buen Pastor en articulación con el Comité se Solidaridad con Los Presos Políticos, para que nos explique desde su experiencia, cuál es la situación de las mujeres presas en Colombia y qué posibles soluciones debería tomar el Gobierno Nacional al respecto.
“Hemos evidenciando las consecuencias nefastas de que la política penitenciaria y carcelaria se haya creada desde una lógica masculina en razón a la cantidad de hombres y mujeres en los centros penitenciarios si bien hay 1 mujer por cada 9 hombres sindicados y 1 por cada 17 condenados, no existen políticas y estrategias que respondan a las necesidades propias de la población femenina” afirma Trujillo, lo que profundiza aún más la brecha de desigualdad, mucho más durante esta emergencia sanitaria, ya que para las reclusas siempre ha sido complicado acceder productos de higiene, especialmente en la consecución de toallas y tampones, lo es aún más tener a la mano desinfectante, jabón líquido y alcohol, pero además, desde su experiencia ha podido constatar que en El Buen Pastor, así como sucede en la mayoría de centros penitenciarios, no hay servicio de agua constante, lo que es un importante elemento para combatir el covid-19.
Señala también, que los establecimientos no cuentan con garantías para realizar un aislamiento preventivo, considerando que hay 115 de las 132 cárceles con hacinamiento. Lo que deberían ser celdas para 2 personas, son compartidas por 6 y el personal administrativo y de seguridad puede ser un gran foco de contagio “No hay personal médico suficiente para atender casos de contagio que se vienen presentando y además se van a presentar problemas en la salud física y mental de las internas” explica, añadiendo que son más vulnerables de padecer algún trastorno mental, las madres gestantes y lactantes, que han tenido que sobrellevar síntomas de ansiedad por la separación abrupta con sus recién nacidos y ahora mucho más con la incertidumbre que les genera el covid-19.
Finalmente, manifiesta que como colectivo consideran necesario crear medidas alternas que se ajusten a la magnitud de la emergencia sanitaria y condiciones específicas para las mujeres, como medidas extramurales que incluyan su bienestar, el de sus hijos e hijas y así permita deshacinar los establecimientos para la contención y atención del virus “Por ejemplo el decreto de medidas domiciliarias, excluye delitos como el de sustancias psicoactivas, uno de los delitos que sindican a gran parte de las mujeres pero las cuales no recibirán beneficios. Suscribimos a las recomendaciones que ha hecho el comité de presos para reducir el riesgo y es que hay que permitir medidas de atención domiciliaria a adultos mayores, mujeres con problemas de salud crónica que se puedan empeorar por covid-19, delitos menores que no incluyan violencia y a quienes hayan cumplito tres quintas partes de la pena”.
Así mismo, para quienes deben permanecer en el establecimiento, es imperante que tengan kits de aseo semanal personales y para los espacios comunes, víveres a precios justos y que permitan contener la propagación del virus, como jabón, desinfectantes y garantizar el suministro continuo de agua en los centros penitenciarios. Además de disponer de varios patios para poder separar correctamente a las personas, mejorar la comunicación para manejar la ansiedad y el miedo, pero que además, todo lo acontecido les permita pensarse una política más humana, que respete los derechos de las y los reclusos, quienes parecen estar en el olvido por parte del Estado.
