Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar fue acusado formalmente por las supuestas irregularidades que se evidenciaron en la celebración de contratos del Plan de Alimentación Escolar (PAE) en 2015.

En la mañana de este 25 de octubre, la Fiscalía General realizó la acusación ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

La acusación está basada en el contrato suscrito en agosto de 2015 entre la Gobernación del Cesar y el Consorcio de Alimentación Escolar A Salvo por una cantidad de 17.140 millones de pesos. Pero al parecer, en la ejecución de lo pactado se presentaron sobrecostos por tres mil millones de pesos. 

El argumento de la Fiscalía General es que se facturó el kilo de hígado por 65.406 pesos a pesar de que en el mercado se consigue por un valor de $14.000.

Además, la Institución Educativa Distrital Sagrado Corazón en el municipio de Aguachica, Cesar, reportó que dicho programa les había entregado alimentos en mal estado.

Por su parte, el mandatario departamental no aceptó los cargos y su abogado, Iván Cancino presentó una recusación contra el fiscal del caso. Este mismo contrato está bajo verificación de la Procuraduría y la Contraloría General. 

Actualmente, el acusado tiene siete investigaciones. Según el fiscal Julio Ospino, las actuaciones de Monsalvo están enfocadas a “favorecer los intereses de sus allegados”.

En julio de 2020 la Corte Suprema de Justicia, condenó al mandatario a cinco años de prisión por corrupción al sufragante durante las elecciones en octubre de 2011. 

Al parecer, durante su campaña Monsalvo firmó pactos con los representantes de los sectores de invasión Tierra Prometida, Guasimales y Emmanuel, en Valledupar, para conseguir votos a cambio de mantenerles en situación de ilegalidad.