PARTE 2 – Los niños, niñas y adolescentes en el marco de la violencia y el conflicto armado

En la primera entrega de este especial periodístico motivado por el asesinato a sangre fría de un niño de 12 y un joven de 18 años, aparentemente a manos de un grupo armado ilegal en Tibú, Norte de Santander, se abordó cómo el Estado tiene en un evidente abandono a los niños, niñas y adolescentes en Colombia. Ahora presentamos las dolencias de la infancia y adolescencia sumergidas en un conflicto armado que no provocaron, pero que se ven obligados a enfrentar.

Para contextualizar: Colombia, país en el que está prohibido ser niño, niña o adolescente

Desde el 28 de enero de 1991, Colombia hace parte de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que compromete al país a adoptar todas las medidas posibles para garantizar que toda persona menor de 15 años de edad no participe directamente en las hostilidades. Además, la nación afirma que su legislación establece los 18 años como la edad mínima para el reclutamiento por las Fuerzas Armadas.

Según el Informe Nacional de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano para el año 2003, las FARC (ahora extintas, aunque quedan las disidencias), el ELN y las AUC reclutan niños y niñas en Colombia. Desde la edad de siete años, estos menores se ven forzados a formar parte activa del conflicto armado.

Miles de menores de 18 años fueron vinculados de manera permanente o transitoria a grupos armados organizados al margen de la ley y/o grupos delictivos por la fuerza, por engaño, o debido a condiciones personales o del contexto que la favorecen y es de naturaleza coercitiva, expresó la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) junto la Secretaria Técnica de Prevención del Reclutamiento en 2014 para el informe del DANE “¿Cómo es la situación de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en Colombia en el marco de la Agenda 2030?”.

Según ese mismo documento, desde 1985 hasta 2018 de acuerdo a los casos reportados a la UARIV en el Registro Único de Víctimas (RUV) la cantidad de niños y adolescentes víctimas de reclutamiento por parte de grupos al margen de la ley es casi el doble de las niñas. Durante este periodo, el acumulado de niñas, niños y adolescentes era de 11.612 casos (hombres 8.691 y mujeres 2.935).

Entre 2015 y 2018 se registraron 552 casos distribuidos así: en 2015 se reportó una ocurrencia de 185 casos (118 hombres y 67 mujeres). En 2016, 121 casos (83 hombres y 38 mujeres), en 2017, 111 casos (76 hombres y 35 mujeres) y en 2018 se conocieron 135 casos (86 hombres y 49 mujeres).

Antioquia, Meta y Caquetá son los departamentos donde más casos ha habido históricamente de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes entre 1985 y 2018. A partir del año 2015 se ha observado una disminución de este flagelo. Sin embargo, en Chocó y Nariño entre 2015 y 2018 los casos aumentaron.

Aún es complejo saber el número exacto de niños, niñas y adolescentes sirviendo en grupos terroristas, especialmente porque estos no reconocen que los estén usando como soldados. No obstante, Human Rights Watch estima que más de once mil infantes están combatiendo en el conflicto armado en Colombia.

Según el ICBF, estos grupos usan a las y los infantes para realizar actos y acciones violentas que terroristas más antiguos en esas organizaciones no quieren efectuar. Muchas veces, los niños y niñas son enviadas a luchar como escudos humanos para proteger a los combatientes más “valiosos”. Hay casos en que ellos y ellas son usados como bombas humanas para atacar a la Fuerza Pública que protege a la población civil.

Además de ser utilizados como soldados de primera línea, Unicef afirma que algunos niños y niñas son usados para fabricar minas caseras, colocar minas antipersonales, o como método para detectarlas. Los y las infantes también son usadas como guías, mensajeras, proveedoras y guardas de seguridad. Otros son enviados en misiones de inteligencia para identificar a los colaboradores actuales o potenciales del enemigo. En ocasiones son forzados a cometer actos criminales como el asesinato de civiles desarmados, torturas, secuestros, así como para vigilar a quienes han sido secuestrados.

Para las niñas la situación es más difícil. Según Human Rights Watch (HRW), además de realizar las mismas tareas en el conflicto que los niños, muchas padecen abusos sexuales. Incluso algunas quedan embarazadas a pesar de los estrictos métodos anticonceptivos a los que son sometidas desde temprana edad y son forzadas a abortar.

Con HRW coincide de cierta manera el informe realizado por el DANE “¿Cómo es la situación de las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes en Colombia en el marco de la Agenda 2030?”, donde se afirma que el departamento de Nariño registró el mayor número de mujeres jóvenes víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual entre el 2015 y 2018, seguido de Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Caquetá y Antioquia.

Para ese mismo periodo, el Amazonas registró un caso, al igual que Atlántico y Bogotá. Los únicos departamentos sin casos entre 2015 y 2018 fueron Cundinamarca y San Andrés y Providencia.

Ir a la guerra voluntariamente, pero de manera obligatoria

Por otro lado, los niños y niñas que se unen a los grupos terroristas voluntariamente lo hacen como consecuencia del desespero que, en muchos casos, resulta de situaciones económicas en las que la falta de oportunidades, junto con las frecuentes frustraciones emocionales, el ser parte de una familia disfuncional y el abuso, son un común denominador. Ellos buscan el poder y el reconocimiento social representado, ante sus ojos, por las armas y el camuflaje. Pero es necesario comprender que estos niños realmente no tienen otra opción y su caracterización de “alistamiento voluntario” es irreal.

Pese a las constantes violaciones a los derechos de estas niñas y niños, el Estado los considera víctimas del conflicto. Cuando deciden desmovilizarse, el Gobierno los rescata, se unen a un programa de reinserción a través del ICBF que satisface sus necesidades básicas y proporciona orientación sicológica, formación para su desarrollo y un ambiente estable y pacífico que algunos de ellos nunca han experimentado.

“El reclutamiento forzado afecta la vida cotidiana y las posibilidades de desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lesionan sus vínculos de amistad, vecindad y convivencia, hay destrucción de sus referentes y expectativas de vida y de sus espacios de formación y socialización, afecta también la estructuración tanto de la identidad y de la vida cotidiana de una sociedad, como de los procesos de aprendizaje social”, afirma Natalia Springer, en su investigación ‘Como Corderos Entre Lobos. Del Uso y Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes en el Marco del Conflicto Armado y la Criminalidad en Colombia’.

Otro dato a tener en cuenta es que, cuando a niños, niñas y adolescentes se les sustrae del desarrollo normal de su infancia y son sumergidos en el conflicto armado, se convierten en actores principales del combate dejando nula la protección especial que les brinda el Derecho Internacional Humanitario, el cual establece que las y los civiles que no estén participando en las guerras, no pueden ser blancos de combate.

¿Los niños y las niñas son máquinas de guerra?

La violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes en medio del conflicto armado no solo ha sido por parte de grupos terroristas, el Gobierno con sus Fuerzas Armadas también les ha afectado de manera grave.

El 29 de agosto de 2019, dos aviones Súper Tucano de la Fuerza Aérea Colombiana bombardearon el campamento móvil de la disidencia del frente séptimo de las Farc en zona rural de San Vicente del Caguán, Caquetá. En el ataque murieron ocho niños que habían sido reclutados por esa guerrilla.

Al día siguiente del bombardeo, el presidente Iván Duque dio a conocer la caída del jefe disidente ‘Gildardo Cucho’ e hizo un reconocimiento a los militares que habían participado en la operación. Ni el mandatario ni el ministro de Defensa, Guillermo Botero, informaron que entre los integrantes dados de baja se encontraban menores de edad.

Fue hasta el 5 de noviembre de 2019 durante el debate de control político contra el exministro de Defensa Guillermo Botero, que se conoció la muerte de los menores, cuando el senador Roy Barreras, denunció que en el hecho fallecieron siete menores de edad. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación elevó a ocho la cifra. De este caso salió la frase que hizo viral al presidente Duque: ¿De qué me hablas, viejo?, pues esa fue su respuesta a un periodista que lo abordó en un evento en Barranquilla preguntándole sobre su opinión con respecto al bombardeo de las y los infantes en Caquetá.

Pero eso no es todo, tras el escándalo por el bombardeo en Caquetá, Botero renunció a su jefatura en el Ministerio de Defensa llegando en su reemplazo, Diego Molano. Poco después se conoció de otro operativo similar ocurrido el 2 de marzo de este año, cuando el Ejército bombardeó a disidentes del guerrillero Miguel Botache, alias Gentil Duarte, en la vereda Buenos Aires del municipio de Miraflores en el departamento de Guaviare, causando el fallecimiento de una menor de edad. Molano justificó este hecho en medios de comunicación afirmando que los menores “dejan de ser víctimas cuando cometen delitos” y agregó que: “Estamos hablando de un operativo que tenía una estructura narcoterrorista que usa a jóvenes para convertirlos en máquinas de guerra”.

En su momento, estas declaraciones causaron indignación entre sectores sociales y políticos del país que afirmaron que las y los niños reclutados por grupos al margen de la ley efectivamente son víctimas y no ‘máquinas de guerra’, como aseguró Molano.

Estas declaraciones volvieron a estar en el ojo público recientemente tras el bombardeo al ELN en el Chocó donde fallecieron al menos tres menores de entre 13 y 16 años el 16 de septiembre de este año. Incluso, en octubre de este año la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió un auto en el que les habla directamente al presidente Iván Duque y al actual ministro de Defensa, definiendo como “graves” las declaraciones en las que el Gobierno se refirió a los niños y niñas reclutadas como “máquinas de guerra” y exhortarlos a que no repitan ese, ni ningún otro calificativo, que desconozca su calidad de víctimas.

Pero no hay que dejar de lado el accionar del ELN, quien, al parecer, tenía como intención que las y los menores hagan parte de los círculos de protección más cercanos a los cabecillas para evitar el accionar de la Fuerza Pública, aunque también los utilizan para labores domésticas, mandados y para cuidar los cultivos de uso ilícito que tienen en esa región y en otros de los 22 departamentos en los que tienen desplegada su actividad ilícita.

El riesgo no cesa

En febrero del 2021, la Defensoría del Pueblo lanzó la Estrategia Defensorial: 2021, Año Contra el Reclutamiento Forzado de Niños, Niñas y Adolescentes, con el fin de impulsar acciones de prevención, atención, promoción y divulgación, así como la implementación y creación de estrategias de incidencia ante instancias del Estado, con el propósito de visibilizar esta problemática para la adopción de acciones para la garantía y restitución de derechos.

El Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo ha identificado riesgo de reclutamiento, uso y utilización en 157 alertas tempranas, desde que fue puesto en marcha este sistema en 2017. Solo en el año 2020 emitimos un total de 45 alertas tempranas que advierten sobre esta problemática en 238 municipios, entre otros, en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander.

Lejos de reducirse, el número de riesgos advertidos y de víctimas de reclutamiento, uso y utilización se ha mantenido luego de la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto suscrito en 2016. La práctica criminal se adapta ahora a las nuevas dinámicas, actores y formas de uso y utilización.

Adicionalmente, durante la pandemia generada por el Covid-19 se han presentado circunstancias que aumentan el riesgo de reclutamiento, uso y utilización, como el cierre de colegios, la deserción escolar y el empobrecimiento de las familias que devengan su sustento de la economía informal. La falta de oportunidades representa el caldo de cultivo perfecto para que los Grupos Armados y Delincuenciales Organizados desarrollen sus actividades de reclutamiento entre los niños y niñas más vulnerables.

¿Hay esperanza?

Según el DANE, el desvinculamiento hace referencia al grupo de niños, niñas y adolescentes que fue víctima y experimentó diferentes afectaciones en el marco del conflicto armado interno, como el reclutamiento o utilización de manera recurrente como estrategia de guerra y como forma de sometimiento de la población civil por parte de grupos armados. Es decir, la niñez desvinculada es toda aquella que se encuentra en proceso administrativo de restablecimiento de derechos, el objetivo de este proceso es garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha reportado 6.499 niñas y niños desvinculados desde 1999 hasta 2018. De estos, el 29,3% fueron niñas, es decir 1.904 niñas desvinculadas. Entre 2015 y 2017 ellas representaban más del 30% del total y en 2018 el 23,9%.

Entre 2015 y 2018 se desvincularon en total 282 niñas de grupos armados ilegales; de estos el 58% se desvincularon del grupo FARC-EP y en 2017 se registró el mayor número de niñas desvinculadas.

Por: José Vargas y Shirley Forero