AMPLIFICANDO LAS VOCES DE LA AMAZORINOQUIA.
La acción popular que logró exigir al municipio de Puerto López, Meta, resolver crisis de aguas residuales en Pachaquiaro
Durante años, la comunidad de Pachaquiaro, en Puerto López, ha convivido con el desbordamiento de aguas residuales y una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- que nunca entró en funcionamiento. Ahora, una sentencia del Tribunal Administrativo del Meta ordena al municipio y al Departamento priorizar recursos y ejecutar las obras necesarias para garantizar el saneamiento y un ambiente sano.
En las calles de Pachaquiaro, centro poblado de Puerto López, Meta, el agua no solo corre cuando llueve: lo que fluye de manera constante por sus vías y se devuelve por los sifones de las viviendas es un caudal de aguas residuales. Esta crisis sanitaria y ambiental es el legado de un «elefante blanco» que fue contratado por más de 1.121 millones de pesos en 2007: una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales -PTAR- que, tras casi dos décadas de su construcción, permanece inoperante e inútil, según el Tribunal Administrativo del Meta, mientras los desechos de la comunidad se vierten sin ningún tratamiento directamente en las fuentes hídricas del territorio.
Este centro poblado, cuenta con más de 4000 habitantes ubicado en la vía principal que conduce de Villavicencio a Puerto López, casi en la mitad del camino. La comunidad describe una «epidemia» de enfermedades cutáneas, sarpullidos, llagas y brotes que afectan especialmente a los niños y niñas, quienes conviven diariamente con olores nauseabundos y la contaminación de aguas que, en ocasiones, terminan siendo bombeadas de vuelta para el consumo humano sin la debida potabilización.
Ante este panorama, el Tribunal Administrativo del Meta emitió el pasado 06 de agosto, una sentencia que ampara los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la salubridad pública y el acceso a servicios públicos eficientes. El fallo no solo reconoce el colapso estructural del sistema, sino que ordena de manera contundente al Municipio de Puerto López y al Departamento del Meta la priorización presupuestal y ejecución material de las obras necesarias para que, por fin, Pachaquiaro goce de su derecho a una vida digna.
El abogado Jose Leonardo Rincón, quien lideró la defensa jurídica de la comunidad, describe la intensidad de este enfrentamiento en los estrados: «Radicamos la acción popular pues todas las entidades grandes le echaron la culpa al municipio. Siempre fue una pelea. El departamento dijo que no era con ellos, EDESA dijo que no era su competencia, Cormacarena decía que ellos hacían vigilancias del tema ambiental, pero realmente no hacían nada de fondo».
Este centro poblado, cuenta con más de 4000 habitantes ubicado en la vía principal que conduce de Villavicencio a Puerto López, casi en la mitad del camino. La comunidad describe una «epidemia» de enfermedades cutáneas, sarpullidos, llagas y brotes que afectan especialmente a los niños y niñas, quienes conviven diariamente con olores nauseabundos y la contaminación de aguas que, en ocasiones, terminan siendo bombeadas de vuelta para el consumo humano sin la debida potabilización.
Ante este panorama, el Tribunal Administrativo del Meta emitió el pasado 06 de agosto, una sentencia que ampara los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, la salubridad pública y el acceso a servicios públicos eficientes. El fallo no solo reconoce el colapso estructural del sistema, sino que ordena de manera contundente al Municipio de Puerto López y al Departamento del Meta la priorización presupuestal y ejecución material de las obras necesarias para que, por fin, Pachaquiaro goce de su derecho a una vida digna.
El abogado Jose Leonardo Rincón, quien lideró la defensa jurídica de la comunidad, describe la intensidad de este enfrentamiento en los estrados: «Radicamos la acción popular pues todas las entidades grandes le echaron la culpa al municipio. Siempre fue una pelea. El departamento dijo que no era con ellos, EDESA dijo que no era su competencia, Cormacarena decía que ellos hacían vigilancias del tema ambiental, pero realmente no hacían nada de fondo».
El “elefante blanco”
En los archivos oficiales del municipio de Puerto López reposa el Contrato de Obra No. 151 del 07 de noviembre de 2007, un documento que prometía transformar el saneamiento del centro poblado. Sin embargo, lo que debió ser una solución ambiental se convirtió en un símbolo de abandono. Según la reciente sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, esta infraestructura ha permanecido «inoperante y cerrada al público de forma inexplicable» durante casi dos décadas, convirtiéndose en un «cascarón» inútil que nunca cumplió su fin social
Para Hever Jesús Ávila Flórez, líder social de la zona y uno de los accionantes que impulsó la batalla judicial, la realidad es clara: «Desde que se hizo nunca funcionó. Fue un elefante blanco», afirma con la contundencia de quien ha visto pasar «como cinco periodos de alcaldía» sin que una sola gota de agua sea tratada correctamente.
La planta no es más que una estructura en deterioro que atestigua el desperdicio de recursos: «Usted vaya y está todo en deterioro… las malas administraciones lo único que han venido es a desaparecer el dinero”. La justicia ha validado esta denuncia ciudadana al constatar que, a pesar de la cuantiosa inversión, el sistema está «estructuralmente colapsado».
El fallo judicial subraya que la inoperatividad de la PTAR anula cualquier beneficio de la red de alcantarillado, ya que, al no haber tratamiento, los residuos simplemente se acumulan y se desbordan. Hever relata que la comunidad se ha visto obligada a convivir con el desastre: «Se colapsa y se mira correr las aguas residuales por las calles, taponando las alcantarillas»
Esta infraestructura fallida no solo representa una pérdida económica, sino una amenaza persistente. Mientras la planta sigue allí, como un recordatorio de concreto de la negligencia estatal, las aguas negras buscan salida por donde pueden. «Queremos que se haga la PTAR con los estudios más pertinentes y exactos, que se haga totalmente nueva», exige Hever, temiendo que el Estado intente nuevamente «inyectar la plata en la misma obra donde no sirve porque los estudios están mal hechos».
En los archivos oficiales del municipio de Puerto López reposa el Contrato de Obra No. 151 del 07 de noviembre de 2007, un documento que prometía transformar el saneamiento del centro poblado. Sin embargo, lo que debió ser una solución ambiental se convirtió en un símbolo de abandono. Según la reciente sentencia del Tribunal Administrativo del Meta, esta infraestructura ha permanecido «inoperante y cerrada al público de forma inexplicable» durante casi dos décadas, convirtiéndose en un «cascarón» inútil que nunca cumplió su fin social
Para Hever Jesús Ávila Flórez, líder social de la zona y uno de los accionantes que impulsó la batalla judicial, la realidad es clara: «Desde que se hizo nunca funcionó. Fue un elefante blanco», afirma con la contundencia de quien ha visto pasar «como cinco periodos de alcaldía» sin que una sola gota de agua sea tratada correctamente.
La planta no es más que una estructura en deterioro que atestigua el desperdicio de recursos: «Usted vaya y está todo en deterioro… las malas administraciones lo único que han venido es a desaparecer el dinero”. La justicia ha validado esta denuncia ciudadana al constatar que, a pesar de la cuantiosa inversión, el sistema está «estructuralmente colapsado».
El fallo judicial subraya que la inoperatividad de la PTAR anula cualquier beneficio de la red de alcantarillado, ya que, al no haber tratamiento, los residuos simplemente se acumulan y se desbordan. Hever relata que la comunidad se ha visto obligada a convivir con el desastre: «Se colapsa y se mira correr las aguas residuales por las calles, taponando las alcantarillas»
Esta infraestructura fallida no solo representa una pérdida económica, sino una amenaza persistente. Mientras la planta sigue allí, como un recordatorio de concreto de la negligencia estatal, las aguas negras buscan salida por donde pueden. «Queremos que se haga la PTAR con los estudios más pertinentes y exactos, que se haga totalmente nueva», exige Hever, temiendo que el Estado intente nuevamente «inyectar la plata en la misma obra donde no sirve porque los estudios están mal hechos».
Los daños ambientales
Esta crisis sanitaria no se detiene en las calles de Pachaquiaro, sino que se extiende por el territorio en un ciclo de contaminación. Hever denuncia una realidad que califica de inaudita: «Las aguas residuales están cayendo a un caño. El caño desemboca a un río, al río Negro, donde abajo en Puerto López hicieron una bocatoma para bombear el agua del Río Negro al centro poblado para el acueducto»
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -Cormacarena-, autoridad ambiental del departamento, certificó mediante el oficio PM.GA.3.23.1637 de 2023 que, debido a que la PTAR no opera y el alcantarillado está colapsado, las aguas residuales domésticas no reciben ningún tratamiento y son conducidas a través de un canal directamente a la fuente hídrica Caño Pachaquiaro, la cual pertenece a la microcuenca del Río Negro.
La autoridad ambiental comprobó que estos vertimientos no autorizados afectan directamente la franja de protección del caño y los ecosistemas naturales de la zona. El tribunal concluye que esto ha causado un daño ambiental irreversible en el territorio. Ante esta situación, Cormacarena inició una investigación y un proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio de Puerto López, por el vertimiento de aguas residuales sin autorización.
Incluso se llegó a ordenar la suspensión inmediata de los vertimientos en la zona afectada como medida preventiva, aunque en la práctica el colapso del sistema ha hecho que la contaminación continúe. Esto implica que el agua captada para el consumo humano en el casco urbano de Puerto López y captada en bocatoma de San Luis de Río Negro, proviene de una fuente que recibe directamente las aguas residuales sin tratar, lo que resulta, según el Hever, en la distribución de «un agua totalmente contaminada».
Lea también: PTAR en Uribe, Meta: ¿Riesgo para la salud y el crecimiento del municipio?
Esta crisis sanitaria no se detiene en las calles de Pachaquiaro, sino que se extiende por el territorio en un ciclo de contaminación. Hever denuncia una realidad que califica de inaudita: «Las aguas residuales están cayendo a un caño. El caño desemboca a un río, al río Negro, donde abajo en Puerto López hicieron una bocatoma para bombear el agua del Río Negro al centro poblado para el acueducto»
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena -Cormacarena-, autoridad ambiental del departamento, certificó mediante el oficio PM.GA.3.23.1637 de 2023 que, debido a que la PTAR no opera y el alcantarillado está colapsado, las aguas residuales domésticas no reciben ningún tratamiento y son conducidas a través de un canal directamente a la fuente hídrica Caño Pachaquiaro, la cual pertenece a la microcuenca del Río Negro.
La autoridad ambiental comprobó que estos vertimientos no autorizados afectan directamente la franja de protección del caño y los ecosistemas naturales de la zona. El tribunal concluye que esto ha causado un daño ambiental irreversible en el territorio. Ante esta situación, Cormacarena inició una investigación y un proceso sancionatorio ambiental en contra del municipio de Puerto López, por el vertimiento de aguas residuales sin autorización.
Incluso se llegó a ordenar la suspensión inmediata de los vertimientos en la zona afectada como medida preventiva, aunque en la práctica el colapso del sistema ha hecho que la contaminación continúe. Esto implica que el agua captada para el consumo humano en el casco urbano de Puerto López y captada en bocatoma de San Luis de Río Negro, proviene de una fuente que recibe directamente las aguas residuales sin tratar, lo que resulta, según el Hever, en la distribución de «un agua totalmente contaminada».
Lea también: PTAR en Uribe, Meta: ¿Riesgo para la salud y el crecimiento del municipio?
La acción popular que llevó la crisis sanitaria a un tribunal
La resolución de esta crisis sanitaria se gestó a través de una acción popular que durante años sorteó lo que los demandantes describieron como una evasión sistemática de responsabilidades por parte de las entidades estatales. Mientras el problema crecía en las calles, el proceso judicial evidenció un «peloteo» administrativo donde el municipio alegaba falta de recursos, el Ministerio de Vivienda devolvía los proyectos por falencias técnicas y otras entidades negaban su competencia en el asunto.
Finalmente, el Tribunal Administrativo del Meta puso fin a las excusas. El fallo no solo amparó los derechos colectivos, sino que impuso un cronograma de cumplimiento obligatorio y perentorio: el municipio tiene ahora tres meses para culminar los estudios técnicos, cuatro meses adicionales para iniciar la contratación y un plazo máximo de un año para entregar las obras terminadas de la PTAR y el alcantarillado sanitario.
Para garantizar que esta vez las promesas se conviertan en realidad, la justicia ordenó la creación de un Comité de Verificación de Cumplimiento liderado por el propio tribunal. Jose advierte que el tiempo de las dilaciones ha terminado: «Es una sentencia muy completa que la verdad nos deja contentos, nos deja satisfechos, ya le toca al municipio ponerse a correr. Si ellos no cumplen los tiempos, lo que yo puedo hacer como actor popular es radicar incidente de desacato. El incidente de desacato es mucho más seguro y si ellos no dan cumplimiento a esa orden judicial pues pueden tener sanciones tanto pecuniarias hasta de cárcel».
El Cuarto Mosquetero se contactó con el alcalde de Puerto López, Pedro Velandia, para preguntarle qué le responde a la comunidad frente a este tema, cuál va a ser su plan de acción y el siguiente paso a seguir, pero hasta el momento de la publicación, no se ha recibido respuesta.
La resolución de esta crisis sanitaria se gestó a través de una acción popular que durante años sorteó lo que los demandantes describieron como una evasión sistemática de responsabilidades por parte de las entidades estatales. Mientras el problema crecía en las calles, el proceso judicial evidenció un «peloteo» administrativo donde el municipio alegaba falta de recursos, el Ministerio de Vivienda devolvía los proyectos por falencias técnicas y otras entidades negaban su competencia en el asunto.
Finalmente, el Tribunal Administrativo del Meta puso fin a las excusas. El fallo no solo amparó los derechos colectivos, sino que impuso un cronograma de cumplimiento obligatorio y perentorio: el municipio tiene ahora tres meses para culminar los estudios técnicos, cuatro meses adicionales para iniciar la contratación y un plazo máximo de un año para entregar las obras terminadas de la PTAR y el alcantarillado sanitario.
Para garantizar que esta vez las promesas se conviertan en realidad, la justicia ordenó la creación de un Comité de Verificación de Cumplimiento liderado por el propio tribunal. Jose advierte que el tiempo de las dilaciones ha terminado: «Es una sentencia muy completa que la verdad nos deja contentos, nos deja satisfechos, ya le toca al municipio ponerse a correr. Si ellos no cumplen los tiempos, lo que yo puedo hacer como actor popular es radicar incidente de desacato. El incidente de desacato es mucho más seguro y si ellos no dan cumplimiento a esa orden judicial pues pueden tener sanciones tanto pecuniarias hasta de cárcel».
El Cuarto Mosquetero se contactó con el alcalde de Puerto López, Pedro Velandia, para preguntarle qué le responde a la comunidad frente a este tema, cuál va a ser su plan de acción y el siguiente paso a seguir, pero hasta el momento de la publicación, no se ha recibido respuesta.
