Recientemente, los congresistas Luis Fernando Velazco, Wilson Arias, Juan Luis Castro, Alberto Castilla y Victoria Sandino, junto a los dirigentes de la Unión Sindical Obrera – USO, Edwin Palma y Fabio Díaz, expusieron de manera virtual las repercusiones del Decreto 811 del 2020 expedido por el Gobierno Nacional, el cual, permite la privatización y enajenación de activos públicos usando como argumento la actual crisis social, económica y sanitaria derivada del covid-19. Durante la reunión, los asistentes expresaron las razones de su oposición a esta decisión que han calificado como arbitraria. 

El primero en intervenir fue el presidente Nacional de la USO, Edwin Palma, quien señaló que desde el sindicato, lo que se busca es visibilizar la lucha desde los sectores políticos que se ha venido librando contra el Decreto 811, “pero no es solamente contra el Decreto 811, es contra la iniciativa del Gobierno Nacional de privatizar CENIT o de privatizar Ecopetrol, pero también de privatizar ISA y cualquier empresa pública porque este es un propósito grande de defender el patrimonio público”.

Asimismo, Palma comentó que espera que el proyecto de ley que han presentado varios congresistas, pueda convertirse en una ley para derogar dicho decreto, en caso de que la Corte Constitucional no lo tumbe, como ya lo habían pedido cinco intervinientes, entre ellos, el senador Fernando Velasco, la CUT y la Universidad del Rosario. 

Foto: Archivo digital

El siguiente en intervenir fue el dirigente de la USO, Subdirectiva Única del Oleoducto, Fabio Díaz, quien señaló que el Decreto 811, ya ha generado una reacción en quienes consideran desacertada la decisión del Gobierno, y saben con certeza que este no tiene necesidad de poner en venta empresas del Estado y mucho menos unas tan estratégicas y rentables como lo son ISA en el sector eléctrico y CENIT en el sector petrolero. 

“El propósito de vender CENIT lo han fijado desde año 2012”, mencionó Díaz, agregando que esta afirmación se evidencia porque existe un afán de Ecopetrol para que sus trabajadores renuncien a sus contratos y acepten firmar unos nuevos con la filial CENIT, “con esto Ecopetrol pretende arrebatar, los derechos laborales dignos que tenemos los trabajadores que son parte de nuestros contratos (…) son parte de los acuerdos que tenemos entre Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera”, aseguró.

Cuando un gobierno va a hacer una enajenación se necesita hacer un gran debate público para que la gente conozca los pros y los contras y pueda haber muchos ojos encima de ese negocio

Por su parte, el senador por el partido Liberal, Luis Fernando Velasco, recordó que es la esencia de la democracia, la división de poderes: el ejecutivo tiene unas funciones, mientras que el legislativo tiene otras. “Una de las principales tareas del legislativo es hacer leyes (…) y mediante las leyes autoriza al gobierno a hacer algunas cosas”. 

El poder ejecutivo está a cargo del Gobierno Nacional, este ha sido el que ha expedido el Decreto 811 sin una previa socialización. “Cuando un gobierno va a hacer una enajenación se necesita hacer un gran debate público para que la gente conozca los pros y los contras y pueda haber muchos ojos encima de ese negocio”, afirmó Velasco. 

El Senador recordó además que el Decreto 811, ha dejado de lado la reglamentación hecha en 1995, la cual establece que cuando se da un proceso de privatización, para que este no quede concentrado en una chequera grande, se le de a las y los ciudadanos pensionados, cooperativas, sindicatos y sectores sociales, la primera opción de hacer esa compra. “Eso se llama democratización de esas privatizaciones”, aseguró.

La única explicación que encontró Velasco para que el Gobierno haya suprimido esta regla del Decreto 811, es que detrás de Ecopetrol hay un “gran tiburón”, de esos que generalmente persiguen a las empresas rentables públicas con el fin de apoderarse de estas.

El senador, por el partido Alianza Verde, Juan Luis Castro, intervino después señalando que ISA, entre enero y marzo alcanzó una utilidad neta de 378 mil millones de pesos, cifra que implicó un aumento del 7.2% con respecto al primer trimestre del 2019. Asimismo, esta empresa y su filiales, realizaron inversiones por 2.6 billones de pesos el año pasado, de las cuales, el 33% fueron en Colombia. De igual manera, el corte del primer trimestre de los activos sumaron 51 billones con un crecimiento del 5,2% frente al 2019. 

Castro además informó que el sindicato de ISA, SINTRAISA, ha sufrido represión siendo víctima de múltiples ataques legales, lo cual trajo como consecuencia el exterminio de la organización a causa de una demanda interpuesta por Intercolombia, una filial de esa empresa. Por esta razón, las y los trabajadores que pertenecen al sindicato señalaron que las acciones contra este, son premeditadas, temerarias y buscan anular el derecho a defender la dignidad laboral, para facilitar la venta de ISA.  

Por su parte, el senador Jorge Robledo, del partido Polo Democrático Alternativo, no pudo asistir al encuentro pero grabó un video que fue proyectado durante el evento diciendo que se opone a que el presidente, Iván Duque y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, usen la pandemia como un pretexto para avanzar en la privatización de Ecopetrol. “No apuntan a privatizarla por ser una empresa mala, sino porque es muy buena. No porque sea hueso, como se dice, sino porque es lomo, de lo mejor que hay en el país”. 

El Gobierno Nacional ha tenido desde hace años, la intención de privatizar a la empresa más importante del país como lo es Ecopetrol

La senadora Valeria Sandino, de la bancada FARC, habló después, señalando que la pelea de Ecopetrol “es una pelea de largo aliento”, dado que por mucho tiempo las y los trabajadores han estado en la defensa de lo público, y esta lucha se tiene que seguir desarrollando. 

Después intervino, Jesús Alberto Castilla, senador por el Polo Democrático Alternativo, quien afirmó que “el Gobierno Nacional ha tenido desde hace años, la intención de privatizar a la empresa más importante del país como lo es Ecopetrol” y que ha usado la pandemia para desarrollar su agenda económica, en vez de brindar una atención integral a la población en medio de la crisis actual. También aseguró que es consciente de que el país requiere de flujo de caja en estos momentos, pero que los recursos deben provenir de otras fuentes, diferentes a la venta de las empresas estratégicas de la Nación. 

Posteriormente, el senador Wilson Arias, perteneciente al Polo Democrático Alternativo reconoció las propuestas de las y los trabajadores de la USO y reiteró su respaldo total a estas. Luego presentó, de manera resumida, cada una de ellas: 

  • Convocatoria de un foro conjunto entre la administración de Ecopetrol y el Sindicato acerca de la realidad del presente y futuro de CENIT.
  • Suspensión de las negociaciones hasta conocerse el resultado del debate nacional.
  • Que Ecopetrol continúe sus operaciones en el segmento de transportes de hidrocarburos por trabajadores de la empresa, sin alterar sus contratos.
  • Restablecer las garantías de ingreso, transporte, negociación del sindicato.
  • Que se den garantías para la posterior negociación con entidades como la Defensoría del Pueblo.
  • Brindar garantías de no represalias contra las y los trabajadores de la empresa.

De igual manera, el senador aclaró que la venta de una empresa pública como CENIT debe hacerse a través de un proceso ordinario en el Congreso de la República, el cual está encargado de decidir si es o no conveniente su venta.

Arias relató además que durante la emergencia ocasionada en 2010 por la agresiva ola invernal, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se buscó utilizar la crisis como una excusa para vender Ecopetrol a Luis Carlos Sarmiento Angulo y recordó que ese entonces, la Corte Constitucional mediante la sentencia C-242 de 2011 derogó el Decreto con el que el expresidente pretendía vender la empresa petrolera, pues la entidad judicial argumentó que ese no era el procedimiento, ni la competencia del poder ejecutivo.

El senador concluyó señalando que para atender la crisis actual, se puede hacer uso de otras fuentes de financiación, como las reservas internacionales, sin embargo, mencionó que el problema radica en el modelo neoliberal del Gobierno, en el que las reservas se están usando para saldar la deuda con Estados Unidos, aumentando a su vez la deuda pública, y provocando un sistema y un “círculo vicioso de deudas”.

Finalmente, tanto los dirigentes de la USO como los congresistas, hicieron un llamado a la unión de diversos frentes de lucha social y política para derogar el Decreto 811 de 2020, con una protesta social y pacífica teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad para prevenir contagios por el covid-19. De esta manera, se podría prevenir que el Gobierno Nacional acabe con el patrimonio de las y los colombianos. 

Si quiere ver la rueda de prensa completa: https://www.facebook.com/watch/?v=367419290911760

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.