Hernando Silva Cely, es operador de transporte de Ecopetrol y secretario de Derechos Humanos y Paz de la Unión Sindical Obrera, Subdirectiva Única del Oleoducto – USO SUO. Él, junto a 350 operadores en línea y ocho de las 29 subdirectivas de la organización en el país, completan al día de hoy, 33 días de protesta.
La manifestación inició desde el 25 de junio cuando dos integrantes de la USO se encadenaron al “Machín de la resistencia”, frente al edificio de Ecopetrol en la carrera 13 con calle 36, en Bogotá, con el fin de defender derechos de los más de 800 trabajadores que podrían quedar desempleados.
Hernando Silva, es una de las personas encadenadas y en entrevista con El Cuarto Mosquetero, comentó que el motivo de las protestas se basa en dos componentes: uno político y otro laboral.
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El político surge con el Decreto 811 del 04 de junio del 2020, expedido por la Presidencia de la República, “Por el cual se establecen medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaría del Estado, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020.”
Este decreto abre la puerta a que se permita la venta de 105 empresas, en las que el Estado tiene participación accionaria. Dentro de estas, se encuentran Ecopetrol y CENIT.
De hecho, la privatización de Ecopetrol ya venía proyectándose desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con la venta en 2006 de cerca del 20% de las acciones de la empresa, “y continuó bajo el mandato del gobierno Santos con la figura del Grupo Empresarial Ecopetrol, escindiendo importantes activos hacia empresas SAS. Ese fue el caso de la empresa CENIT, que en el 2013 asumió los activos de transporte por medio de oleoductos y poliductos que antes estaban a cargo de la Vicepresidencia de Transporte de Ecopetrol”, se lee en un comunicado emitido por la organización sindical.
De este paquete accionario correspondiente al 20%, se vendió el 11,5%, quedando aún el 8,5% perteneciente al país. Luego, en el año 2013, se intentó vender sin éxito ese porcentaje restante, desencadenando la fragmentación de la empresa en filiales que forjaron un conglomerado de privados y subsidiarias.
Después de Ecopetrol, CENIT es la segunda empresa más importante de Colombia.
Cabe resaltar que, después de Ecopetrol, CENIT es la segunda empresa más importante de Colombia. Fue fundada en el 2012 con 10 millones de pesos y pasó a ser una filial del Grupo Empresarial Ecopetrol. Poco tiempo después de haber sido creada, se le transfirió toda la infraestructura de oleoductos y poliductos en el país, es decir, posee 10 mil kilómetros de ductos del territorio nacional.
“CENIT al ser filial, 100% es capital estatal, pero es una empresa que tiene su propia autonomía financiera y administrativa, o sea, está desligada totalmente de Ecopetrol. Únicamente le responde a la junta directiva del grupo empresarial (…) Es como la hermana gemela pero con muchísimo poder”, señaló Silva.
Cuando a CENIT le transfirieron los activos de la infraestructura del país, la empresa se cotizó en 13,4 billones de pesos, a pesar de llevar poco tiempo de creación con una inversión de 10 millones de pesos.
Cuando a CENIT le transfirieron los activos de la infraestructura del país, se cotizó en 13,4 billones de pesos, a pesar de llevar poco tiempo de creación con una inversión de 10 millones de pesos. “Eso genera que sea una empresa sana financieramente, que no tiene deudas, y por eso es tan atractiva para el capital trasnacional, para los grupos económicos privados o de pensiones”, afirmó el sindicalista asegurando que este es uno de los motivos por los que, en estos momentos de crisis, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 811 de 2020.
Según Silva, lo más atractivo de esta filial es que independientemente de quién sea el dueño del crudo, la empresa siempre tendrá oferta para transportar. Es decir, funciona como ‘una caja registradora’ que continuamente está generando grandes aportes a las finanzas del país.
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Pero las vastas ganancias que genera CENIT, podrían no ser congruentes con su valor de venta, dado que el Gobierno Nacional la está ofertando por 9,5 billones de pesos a pesar de que la empresa está valorada por más de 20 billones de pesos, según medios especializados en economía. De acuerdo con el dirigente, este negocio significaría un golpe bajo al patrimonio nacional y un descalabro económico porque la filial aportó a Ecopetrol el año pasado 4,5 billones de pesos. Es decir, quien compre la empresa, en poco más de dos años, recuperará la inversión y quedará con el mercado libre, durante el tiempo que el país siga dependiendo de la industria de hidrocarburos y no proyecte alternativas económicas sustentables.
El Gobierno se ha escudado en la crisis generada por los bajos precios del petróleo para llevar a cabo esta venta, pero la disminución en estos valores que llegaron a caer en menos de 38 dólares, se debió a que las empresas hicieron una proyección de compra de crudo de 45 dólares, y al caerse la demanda -a causa del covid 19-, no hubo consumo internacional, lo que corresponde a un tema puntual, es decir, con las dinámicas variables de la economía, el precio del crudo volvería a posicionarse. Por ende, la desvalorización de CENIT en la coyuntura actual, no sería suficiente argumento para proceder con su venta, según explicó Silva.
Con respecto a lo laboral, desde la empresa, las y los trabajadores ejercen labores en lo referente a terminales de exportación terrestres y marítimos y estaciones de bombeo en el país, por lo que, de ser vendida, CENIT exigiría a las y los empleados renunciar a Ecopetrol e irse a laborar en sus instalaciones siendo una entidad privada.
Pero esta propuesta para las y los trabajadores no es conveniente, pues allí no contarían con seguridad jurídica de permanencia y estarían renunciando a las garantías convencionales que quienes llevan hasta 20 años trabajando en la empresa, han ganado con esfuerzo.
Además, Ecopetrol y CENIT firmaron un contrato por 15 años que termina en el 2027, por lo que “al desligarnos de Ecopetrol, prácticamente somos subordinados de CENIT, (…) en el momento en que el Gobierno quiera vender la empresa va a generar una masacre laboral de 850 trabajadores”, advirtió el dirigente.
Así mismo evidenció que la crisis económica que enfrentaría el país ya tiene antecedentes al haber vendido empresas como Telecom o Isagen. “Tenemos experiencias con otras empresas, en el caso de la gente de Isagen que los sustituyeron patronalmente, y a la vuelta de dos años, les dijeron ‘no podemos pagar más de lo que tenemos porque no hay rentabilidad’, y desconocieron esos acuerdos que que hoy quedan en el limbo y nosotros no podemos permitirnos llegar hasta ese punto”.
Pero las consecuencias no serían sólo para las y los trabajadores de Ecopetrol. El mayor impacto estaría en los/as colombianos. Todo lo que produjo la empresa petrolera el año pasado, sumó cerca de 26 billones de pesos. Si esta llegase a venderse, el país tendría que suplir al menos dos reformas tributarias al año. “Nosotros, los colombianos con nuestros impuestos, con nuestro trabajo, con nuestros bienes, tendríamos que soportar lo que le deja de entrar al país por las utilidades, transferencias y dividendos que da Ecopetrol”, aseveró el dirigente.
Es por eso que para superar la crisis, la USO y economistas han recomendado: traer los bonos que están en el extranjero, que las grandes empresas -a las que se les ha dado frecuentes beneficios- tributen en mayor medida para subsanar el déficit, que el Ministerio de Hacienda ponga en funcionamiento las impresoras del Banco de la República para inyectar flujo de caja a la economía y que Colombia pague solo el 50% de la deuda externa al capital financiero mundial.
Por otro lado, dado que este accionar tendría impacto en todo el país, a la causa de la USO SUO, se han unido senadores, congresistas, representantes a la cámara y organizaciones sindicales, sociales y de Derechos Humanos.
En conclusión, “vender CENIT implica que el Estado colombiano pierda una fuente importante de regalías, utilidades, impuestos, de trabajo y condiciones dignas de contratación, por mencionar algunos de sus efectos. Hasta la fecha cuenta con 366 empleados, el 90% ubicados en Bogotá, que pasarán a ser tercerizados o despedidos. Implica también a futuro menos ingresos para la nación y más impuestos para la ciudadanía y entre otras cosas, significa entregar el sector estratégico de la economía a privados”, señaló la USO en su comunicado.
Con esta situación, Hernando Silva invita a las y los colombianos a cuestionarse «¿Por qué vender algo que es tan rentable?».
