Desalojos y desplazamientos: la historia del territorio Sikuani

Las comunidades se han organizado para que sean respetados sus derechos y poder retornar a sus territorios, recientemente estuvieron en Bogotá para exigir mejores condiciones para las familias sikuanis de Puerto Gaitán. 

El pueblo Sikuani y Piapoco son seminómadas, lo que implica que se mueven de forma periódica dentro de una zona para evitar que los recursos se agoten. “Dan la vuelta por el territorio y vuelven al mismo lugar de donde partieron inicialmente, esto permite una regeneración de la naturaleza”, explica Óscar Martínez, profesional en Ciencias Sociales y Humanas de la Consejería de Territorios Civiles y Naturales de la Organización Nacional Indígena de Colombia. En el siglo XX, el pueblo Sikuani inició una lucha por la recuperación de tierras ancestrales.

Los procesos de desalojo y violencia

En la década de los setenta se registraron hechos de violencia sectorizados conocidos como las Guajibiadas y Jaramilladas entre los que se encuentra la masacre de Planas. En estos episodios, como se registra en documentos históricos, se hacían invitaciones a comidas que eran envenenadas. Para evitar estos hechos de persecución y violencia, muchas personas de pueblos indígenas empezaron a desplazarse a otras zonas dentro del mismo territorio. 

Estas violencias habrían estado motivadas por personas que llegaron a los Llanos Orientales para colonizar y posteriormente por actores armados. Durante los años de mayor recrudecimiento del conflicto armado que vivió el país, se ocasionaron vulneraciones a los derechos fundamentales, culturales y sociales del pueblo Sikuani. 

Las autoridades indígenas indicaron que el 26 de enero de este año, personal de la Policía Nacional inició el desalojo a tres comunidades sikuani: Barrulia, Iwitsulibu y Tsabilonia, era el segundo intento de este pueblo por ingresar a zonas consideradas territorio ancestral. Los cuestionamientos sobre este procedimiento se dieron por un aparente incumplimiento a la solicitud de suspender los procesos policivos de cuatro predios, realizada en el 2019 por la Agencia Nacional de Tierras -ANT-.

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Ph: Asociación Indígena Unuma

Las comunidades de Barrulia, Tsawilonia, San Rafael Warrojo y Wistulibo junto a la Unidad de Restitución de Tierras -URT-, presentaron una medida cautelar para la protección de 102.000 hectáreas, reclamadas como territorio ancestral. En su momento, Acxan Duque, director de Asuntos Étnicos de esa identidad, indicó que había una necesidad de acción dado el avance de procesos de deforestación en áreas de conservación

En diciembre de 2023, el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio aceptó esa solicitud. El juez vinculó en ese proceso a la Agencia Nacional de Tierras, al Ministerio de Ambiente, al Departamento de PoIicía del Meta, la Gobernación del Meta entre otras entidades de orden regional y nacional, para que se pronunciaran al respecto. 

Para inicios de abril, autoridades del territorio Liwinaka de la Reserva Indígena 205 denunciaron un desalojo programado por la administración municipal de Puerto Gaitán y señalaron que había una violación a los Derechos Humanos. Las autoridades étnicas solicitaron la intervención de una comisión de Derechos Humanos para que se hiciera una verificación de las afectaciones que habían sufrido las viviendas de integrantes del pueblo Sikuani.

El 09 de abril, la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras envió un oficio al alcalde Luis César Pérez, para que se suspendieran las actuaciones administrativas y policivas que afectaran a la comunidad, dado que se estaba adelantando un proceso enmarcado en el Decreto 2333 de 2014, que establece los mecanismos para la protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados tradicionalmente por los pueblos indígenas. 

De acuerdo con las y los voceros Sikuani, el 12 y 13 de junio, la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán y la Inspección de Policía realizó un procedimiento de desalojo contra la comunidad de Barrulia, asentada en el sector de Paratebueno. Al lugar llegó personal de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden -UNDMO-, antes ESMAD, para darle cumplimiento al proceso. 

Las familias que salieron de este territorio se trasladaron hasta el polideportivo del barrio indígena Unuma en el casco urbano de Puerto Gaitán, donde no tendrían las condiciones dignas para la permanencia de las y los afectados de los procesos policivos. 

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas -CNTI-, señaló que la Alcaldía municipal no habría brindado las garantías ni condiciones para el albergue, alimentación y atención a niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas adultas mayores. 

Ricardo Camilo Niño, secretario técnico de la CNTI explicó que son cerca de 300 personas las que se vieron obligadas a dejar sus casas y pertenencias en un acto que tuvo violencia excesiva. Además recordó que el pueblo Sikuani ha tenido la presión constante de desalojo y que van nueve procesos de este tipo aproximadamente. 

El 14 de junio, autoridades de la Asociación Indígena Unuma junto al equipo técnico de la CNTI se reunieron con personal delegado de la Agencia Nacional de Tierras, para darle seguimiento a la situación en Barrulia. Sin embargo, la mesa de diálogo se suspendió debido a la ausencia de Felipe Harman, director de la ANT. 

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Las solicitudes de protección 

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas indicó que en el 2016, la comunidad de Barrulia le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, la protección del territorio y su conexión ancestral con este. Esto teniendo en cuenta el Decreto 2333 de 2014.

Sin embargo, cinco años después, la Resolución No. 0225100110896 del 17 de mayo del 2022, negó la medida de protección provisional. Ricardo Camilo Niño, secretario técnico de la CNTI, indicó que la Subdirección de los Asuntos de la ANT explicó que luego de estudios etnológicos y antropológicos se concluyó que el pueblo Sikuani no tenía ocupación histórica de manera continua, no había vocación para permanecer en el territorio y por lo tanto se rechazó el reconocimiento y protección de ese espacio. 

Es así como en noviembre de 2022, la Comisión Nacional de Territorios asumió la defensa de esta comunidad, para que le fueran brindadas garantías en derechos, teniendo en cuenta que el pueblo Sikuani ha sido víctima de confinamiento, desplazamiento y despojo forzado de tierras. En medio del proceso, el Ministerio del Interior y la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías, expusieron que hay un total de cuatro solicitudes de revocatoria directa contra la resolución de la ANT que negó la protección territorial. 

Entre estas acciones emprendidas están la de Alba Rubiela Gaitán, representante de la comunidad de Barrulia quien interpuso dos solicitudes -una el 15 de octubre y 02 de noviembre de 2022-, la CNTI radicó tres escritos entre el 11 de noviembre y 25 de octubre de 2022, las Autoridades Indígenas de Colombia -AICO- presentaron una el 17 de noviembre de 2022, Miyer Hermes Merchán Catimay hizo un requerimiento con fecha del 17 de noviembre de 2022 y finalmente, José Vicente Villafañe realizó el requerimiento el 29 de noviembre de 2022. 

El 06 de mayo de este año, Ricardo Camilo Niño secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios -CNTI-, radicó una acción de tutela en favor de la comunidad Barrulia. La medida fue interpuesta debido a la vulneración de los derechos fundamentales de los pueblos étnicos de Puerto Gaitán, quienes históricamente han sido víctimas de violencias sistemáticas. Asimismo se pidió que la ANT resolviera definitivamente y sin aplazamientos la solicitud de revocatoria

Para el 06 de junio, la Agencia Nacional de Tierras emitió la Resolución N°202451003863396 con la cual revocó la Resolución N°20225100110896 del 17 de mayo de 2022, esta última hacía referencia al reconocimiento y protección de la comunidad Barrulia y que fue emitida por la Subdirección de Asuntos Étnicos. Asimismo, en dicho documento se reconoció la medida de protección provisional de la posesión y ocupación del territorio ancestral de dos predios de los 42 que se pedían proteger. Se trató de Campoalegre de 6.125 hectáreas con 2.515 m2 y Cuba Libre de 63 hectáreas con 6.215 m2. 

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Ph: Comisión Nacional de Territorios Indígenas.

¿Qué dijo el Tribunal?

El pasado 18 de abril, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dio respuesta a la acción de tutela radicada por la gobernadora sikuani, Alba Rubiela Gaitán. Los magistrados Jorge Hernán Vargas Rincón, Jorge Eliécer Moya Vargas y Óscar Humberto Ramírez Cardona, decidieron conceder el amparo y ordenaron a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio de Defensa que se respondieron los requerimientos de la comunidad. 

Posteriormente, el 21 de mayo, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras ordenó a la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras que garantice la atención a la apelación de la comunidad Sikuani respecto a la revocación de la decisión de la Resolución No. 0225100110896 del 17 de mayo del 2022. Asimismo, dispuso que la ANT agilice los procesos de protección de los derechos de posesión ancestral de los territorios Sikuani en los plazos y condiciones que están establecidos en el Decreto 2333 de 2014. 

Esta decisión del tribunal se convierte en un precedente en materia de protección de los territorios indígenas, dado que especifica que la Agencia Nacional de Tierras debe adelantar los procedimientos administrativos y trámites sin demoras. 

En Bogotá, exigieron sus derechos

Una comisión del pueblo Sikuani viajó a Bogotá la semana pasada para exigirle al Gobierno Nacional y las autoridades encargadas que se realizaran acciones efectivas que les diera garantía de la protección de los derechos territoriales. 

Entre las exigencias que realizaron las y los voceros está la creación de una comisión accidental conformada por la Autoridad Nacional de Tierra y la Unidad de Restitución de Tierras, para desarrollar un plan de formalización de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de Puerto Gaitán, lo que incluiría la constitución y ampliación de resguardos. 

Adicionalmente, se solicitó que el Ministerio de Medio Ambiente en coordinación con la Asociación Indígena UNUMA, deberá convocar en menos de dos meses una comisión, que pueda identificar en territorio los impactos que están generando la agroindustria y la explotación de hidrocarburos, que cada día pone en riesgo los ecosistemas de la Orinoquia.

La Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierra indicó que la tardanza en la resolución de la situación administrativa se debió a los múltiples escritos de revocatoria contra la Resolución N° 0225100110896 de mayo 17 de 2022. Asimismo explicó que el tiempo para decidir esas solicitudes es de dos meses y que la complejidad del panorama ameritaba que se tomara un plazo más amplio dada la extensión del territorio. 

Durante el proceso, la Agencia Nacional de Tierras solicitó que se desestimaran las pretensiones presentadas por el pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, indicando que desde la entidad no se han vulnerado los derechos fundamentales respecto a la protección de los territorios ancestrales. 

El Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras atendieron a las 24 personas voceras de la autoridad indígena Sikuani. En el espacio se escucharon los cuestionamientos y necesidades para concertar una hoja de ruta que contribuya a mejorar las condiciones de los pueblos étnicos. 

El 20 de junio fue emitida la Resolución N°202410304527766 por medio de la cual se creó la Mesa Técnica para el Diálogo y el Seguimiento con las Comunidades Indígenas de Puerto Gaitán, Meta. 

La comunidad ha indicado que en estos años que llevan del proceso para la protección de su territorio, no han tenido ningún resultado positivo y efectivo para el pueblo Sikuani. Explican que no están exigiendo algo que no se pueda cumplir, que ha faltado la voluntad del gobierno y las instituciones para darles garantías a sus derechos.

“Aquí no estamos peleando por un predio, por sí compran y nos dan un predio de la Sociedad de Activos Especiales -SAE-, aquí estamos luchando por los territorios ancestrales de los pueblos indígenas de Puerto Gaitán”, indicó Jovanny Salazar de la Asociación Indígena Unuma en el programa de radio «Voces y Territorios» de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. 

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