Tres llamados han hecho a la institucionalidad con el fin de conocer qué estrategias y proyectos se están implementando para las poblaciones étnicas de la región, pero siguen esperando un interés genuino que parece no llegar.
Recientemente comunidades indígenas de la Orinoquia organizadas en el Tejido UNUMA convocaron a representantes de la institucionalidad al asentamiento El Trompillo en el municipio de La Primavera, Vichada, para exigir al Estado una rendición de cuentas sobre los procesos que se están llevando a cabo con esas comunidades étnicas.
“Le hacemos saber a la opinión pública y a organizaciones nacionales e internacionales, que actualmente estamos realizando un nuevo llamado a las instituciones del Estado Colombiano a que se sienten con las comunidades del Tejido UNUMA a construir estrategias para solucionar las problemáticas que nos acontecen como habitantes de la Orinoquía”, anunció la organización en redes sociales.
El encuentro, que se llevó a cabo del 22 al 26 de abril, marca un nuevo hito para la organización de nueve resguardos, siete asentamientos indígenas y dos asociaciones campesinas unidas en la lucha por la reivindicación de sus derechos.
El día anterior a la llegada de las instituciones, grupos de nueve comunidades indígenas -siendo las que pudieron llegar dadas las dificultades de transportarse en un territorio tan extenso y con poca o nula interconexión vial como la Orinoquía- se preparaban para el encuentro, organizando sus documentos y ensayando sus preguntas. Hicieron líneas de tiempo que recorrían los procesos administrativos y jurídicos que llevan tramitando con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Unidad de Restitución de Tierras (URT), Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y otras entidades para reclamar sus tierras ancestrales que hoy en día se encuentran disputadas por diversas poblaciones como campesinado víctima de desplazamiento, empresas agroindustriales y petroleras, grupos armados ilegales y hasta menonitas.
María Hidaly Rodriguez, una lideresa y artesana del asentamiento Cocokü Kajönaë en Puerto Gaitán, Meta, muestra su línea de tiempo pero destaca que “lo que uno escribe aquí no es ni siguiera la parte inicial de lo que se ha sufrido, lo que se ha vivido”.
Detrás de esta cartulina, mojada por la dura lluvia del invierno, hay casi ocho años de lucha. En la lista de solicitudes y expedientes no caben los días de hambre ni las noches de miedo, tampoco cabe la esperanza de que sus hijos puedan vivir en paz en la tierra que vio nacer a su abuela.
María llegó a las sabanas afuera de la vereda El Porvenir, de Puerto Gaitán, en 2015, poco después de que el Estado hubiera recuperado esas tierras de familiares y trabajadores de Víctor Carranza, el poderoso esmeraldero que, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, se alió con Gonzalo Rodríguez Gacha, cofundador y cabecilla del Cartel de Medellín, y varios hacendados para fortalecer el pie paramilitar en la Orinoquía.
Cuando se asentó cerca del sitio donde su suegra había vivido una parte de su niñez antes de ser desplazada -y donde el padre de ella está enterrado- no había nada más que pasto alto y la sombra del clan Carranza. Durante años la comunidad ha venido creciendo y fortaleciéndose bajo una amenaza que se manifiesta en disparos, chozas quemadas y hombres armados que rondan en las sabanas de noche.
Pero parece que su resistencia pronto recibirá validación, pues el último suceso en su cronología fue una decisión a favor de la comunidad por parte de la ANT. Falta un solo trámite –un reconocimiento por el Ministerio del Interior- para que el asentamiento de 53 familias sea constituido como resguardo.
“Nos sentimos como cuando una está construyendo una casita y ¡Uy! ¡Por fin la estoy terminando de construir!”, dice María con una sonrisa luminosa.
El perpetuo conflicto por la tierra
Pero para otras y otros de sus compañeros queda un gran camino por delante.
María Nancy Wemey Cove es la capitana de la comunidad Yajotja del pueblo Waüipijiwi. En 2017, al igual que las y los demás integrantes de su comunidad, tuvo que salir del resguardo Caño Mochuelo en Casanare, huyendo a causa de las amenazas de grupos al margen de la ley y de miembros del resguardo, por el reclutamiento forzado de menores de la comunidad, casos de violencia sexual contra las mujeres, falta de acceso a servicios de salud y problemas de gobernanza y recursos del resguardo.
“La decisión de la comunidad Yajotja de desplazarse y asentarse en un nuevo territorio no obedece a un capricho, sino a un genuino interés por asentarse en un lugar sagrado para la comunidad y preservar su cultura y su identidad cultural, y lo hacen en ejercicio de su derecho a la autodeterminación y autonomía”, afirmó la Corte Constitucional en la Sentencia T-445 de 2022, en la que ampara los derechos a la identidad cultural, a la autonomía y autodeterminación, al territorio ancestral y colectivo, al debido proceso administrativo y a la subsistencia étnica de la comunidad indígena Yajotja del pueblo Waüipijiwi, ubicada en el departamento del Vichada.
Mientras esperan que la ANT compre las tierras ancestrales donde puedan construir un nuevo resguardo, las 17 familias viven en tan solo cuatro hectáreas de tierra arrendada en las afueras de la vereda de Agua Verde en La Primavera, un pueblo que la lideresa teme visitar por la hostilidad de sus vecinos.
Es propiedad ajena, no está permitido que siembren sus propios cultivos. Así que les toca comer lo que puedan cazar o pescar, y cuando no hay carne: sancocho de mango.
Pero ni siquiera mariscar es una actividad libre de riesgo. Recientemente María Nancy afirmó que estaba pescando en un caño de la vereda con su hija de cuatro años y sus dos nietos cuando un vecino la intimidó. Le dijo: “No puedes pisar este monte, mucho menos pescar.”
Su nieto pequeño, se escondió atrás de su pierna y se aferró a su pantalón, preguntándole: “Abuela, ¿si le hubiera disparado, qué nos habría pasado?”
Antes de que los colonos llegaran a la Orinoquía con un concepto de propiedad privada, las sabanas y bosques albergaban una diversidad de culturas indígenas, muchas de ellas seminómadas que gozaban de la riqueza de flora y fauna como cazadores y recolectores. Los pueblos originarios tenían una relación muy profunda con la tierra pero no la formalizaban con títulos.
En el marco de ese proceso, la población indígena ha sido víctima de una violencia sistemática, desde las “Guahibiadas” del siglo pasado –cacerías de indígenas organizadas con la complicidad del Estado– a las amenazas y señalamientos que actualmente caracterizan las relaciones de María y María Nancy con sus vecinos.
Hoy en día se ven obligados a lidiar con el Estado para tramitar sus derechos a las tierras que cobijan los huesos de sus antepasados. Es un reto que se ha vuelto cada vez más complicado a través de los años de conflicto armado y presencia estatal débil en la que las peticiones y ocupaciones —legítimas e ilegítimas— se han venido acumulando.
El ‘sin sabor’ de la rendición de cuentas
El día de la rendición, las delegaciones indígenas y de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello (CCNPB), una organización que lleva más de 20 años acompañando a comunidades de la Orinoquía en la defensa de sus derechos, empezaron a llegar al colegio de El Trompillo antes del amanecer.
Según manifestaron representantes de la CCNPB, la rendición de cuentas marca su tercera llamada a la institucionalidad a hacerse presente en los territorios y se dio justamente por la falta de participación en las otras ocasiones. De las casi 65 entidades gubernamentales invitadas a participar en el cuarto encuentro del Tejido UNUMA que se dio el mes pasado en el resguardo La Llanura en La Primavera, Vichada, solo llegó la ANT.
La jornada continuó desarrollándose. Hacia las 9:30 de la mañana el apoderado de esa agencia se conectó a una videollamada proyectada al frente del espacio de reuniones del colegio. Ya habían llegado representantes de la Gobernación del Vichada, inclusive el gobernador y un representante de la UARIV. Poco tiempo después llegó un agente de la URT y, después de las 4:00 de la tarde, el alcalde de La Primavera se presentó junto a su delegación.
Nunca llegó la delegación del Ministerio del Interior, ni ningún representante del Ministerio Público, quienes fueron dos de las 25 instituciones invitadas, de acuerdo con documentos de la CCNPB.
Cada una de las entidades presentó un informe y escuchó las preguntas que las comunidades tenían sobre sus casos específicos, específicamente sobre el ordenamiento territorial, la burocracia y unos trámites que según aseguraron, están estancados mientras las agencias se pasan la pelota entre sí.
Por ejemplo, en el caso de El Trompillo, el asentamiento donde el encuentro tuvo lugar, la comunidad lleva más de siete años esperando la respuesta a su petición de constitución como resguardo.
En su intervención virtual, el representante de la ANT, Leonardo Prieto, expuso que no se podía avanzar en el proceso hasta que estuviera clarificado el uso del suelo de las tierras ancestrales de la comunidad, que se asentó a las afueras de la cabecera municipal de La Primavera.
Según explicó el funcionario, si los predios están designados como urbanos o expansión urbana, la ANT no tiene competencia del asunto, sino la Administración Municipal. Sin embargo, la Alcaldía no tendría competencia para administrar territorios colectivos.
Prieto sostuvo que la ANT había solicitado que la Alcaldía aclarara el asunto por primera vez en diciembre del año pasado pero como nunca recibió respuesta, presentó un derecho de petición la semana anterior. Por su parte, el alcalde, Andrés Fernando Duque Cárdenas, aseguró que no sabía nada de dicha petición, pero se comprometió a revisar el asunto personalmente.
Este diálogo directo entre las entidades, guiado por la comunidad y los asesores de la CCNPB, fue lo que destacó el espacio como fructífero y único en el marco de los procesos que llevan tramitando las comunidades, en algunos casos, por décadas.
Otro momento memorable de la mañana, fue un intercambio entre abogados de la ANT y la URT que reveló cierta discordancia entre sus criterios.
En su intervención virtual, Prieto de la ANT explicó que la evaluación de una petición de ampliación del resguardo La Llanura se encontraba suspendida, esto pese al fallo dado por un Juez de Restitución de Tierras a favor de la comunidad y que, según Jaime Andrés Arias, profesional jurídico de la URT, al contrario, tiene como objetivo suspender los procesos —como compras y ventas de las tierras reclamadas— que vayan en contra de los derechos territoriales de la comunidad protegida por el auto.
“La Agencia Nacional de Tierras saca la excusa de que supuestamente el juzgado ha suspendido el proceso para la ampliación o para el reconocimiento de territorio y eso no es verdad,” sostuvo el abogado de la URT. “Es una mala interpretación… a veces pareciera que es un pretexto para no continuar con los procesos.”
Arias se comprometió a solicitarle al juez que aclarara ese punto, pues el artículo en el que la ANT basa su “mala lectura” aparece en todos los autos de restitución de tierras y por lo tanto, ha ocasionado retrasos en los procesos de otras comunidades en diferentes partes del país.
Mientras esperan respuestas, las comunidades están expuestas a graves afectaciones de sus derechos básicos, ya que, el acceso de tierra propia no se garantiza para muchos de ellos y siguen tratando de sobrevivir en la incertidumbre y la lucha prolongada por un territorio que ancestralmente les pertenece.
Por ejemplo, la comunidad Yajotja, que actualmente se encuentra en tierras arrendadas, carece de agua limpia y saneamiento básico pues no pueden construir acueductos o alcantarillado, no cuentan con seguridad alimentaria pues no pueden sembrar cultivos, y como no pueden levantar su propia escuela, los niños y niñas del asentamiento se ven obligadas a caminar a la del pueblo, en la cual está prohibido hablar su lengua materna, según María Nancy.
En respuesta a la “situación de vulnerabilidad absoluta” de los Waüipijiwi, como la llamó el asesor de la CCNPB, Sebastián Vargas; el gobernador de Vichada, Álvaro León Flórez, sostuvo que no había mucho que se pudiera hacer mientras la comunidad se encuentre en territorios arrendados.
Por su parte, Vargas destacó que existe la Sentencia T-445/22 de la Corte Constitucional emitida el año pasado, que ordena que la UARIV, la Gobernación del Vichada y la Alcaldía de La Primavera que concerten una mesa de trabajo para adelantar varios proyectos que garanticen el goce de esos derechos vulnerados.
Según la Sentencia, los pueblos indígenas tienen derecho a:
- Constituir resguardos.
- La protección del territorio comprende el saneamiento y la protección contra actos de terceros por ocupaciones y otras.
- La protección del territorio es un medio para garantizar la integridad étnica y supervivencia de los pueblos indígenas.
- La garantía de que el Estado adelante las gestiones necesarias para que una comunidad indígena desplazada sea reubicada, de manera consensuada con los afectados, en un territorio que le permita continuar con el desarrollo de sus tradiciones.
No obstante, hasta la fecha de la rendición de cuentas, no se había dado la primera reunión entre las tres entidades para formular proyectos destinados al beneficio de estas comunidades aunque el plazo especificado por la Sentencia para llevar a cabo su implementación, ya había vencido.
Las tres entidades involucradas, aprovecharon su presencia en el mismo espacio para concretar una reunión después.
A las once de la noche, representantes de las entidades y comunidades presentes firmaron un documento con 66 compromisos acordados a lo largo del día, 30 por la Alcaldía de La Primavera y los 36 restantes fueron asumidos por las otras cinco instituciones. Entre estos compromisos, están la instalación de la mesa de trabajo para la comunidad Yajotja y la solicitud de clarificación del auto de Restitución de Tierras.
Aunque sean pequeños avances comparados con las deudas profundas e históricas del Estado hacia las comunidades indígenas de la Orinoquia, los compromisos demuestran el desarrollo de la capacidad organizativa del Tejido UNUMA, pues, con el apoyo de la CCNPB, logró convocar a varias entidades gubernamentales e impulsar un diálogo que generó acuerdos concretos.
Al día siguiente, integrantes del Tejido UNUMA designaron a un Comité de Seguimiento que se encargaría de velar por el cumplimiento de los compromisos, posteriormente redactaron y firmaron un acta de fundación como movimiento social y político con presencia a nivel nacional, basado en el modelo del Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, acto que representa su apuesta por el trabajo colectivo y la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Acordaron organizar una asamblea para definir los estatutos.
Defensoría emite Alerta Temprana
Pero para los y las firmantes del acta, defender su territorio sigue generando riesgos y amenazas por parte de otros grupos que quieren adueñarse de este.
El 10 de mayo la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para La Primavera, Vichada, ante la presencia de varios grupos armados no estatales que se disputan entre sí el control territorial.
“Las comunidades indígenas y sus autoridades tradicionales, los reclamantes de tierras, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y de víctimas se encuentran en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales por la presencia y accionar de grupos armados ilegales que se disputan el control del área de frontera transnacional con Venezuela y de las rutas para el tránsito de economías ilegales que atraviesan la jurisdicción de esta localidad,” explica la comunicado de la Defensoría.
Comunidades del Tejido UNUMA dentro y fuera de La Primavera, viven con amenazas. Pocos días antes de la rendición de cuentas, panfletos aparecían en el resguardo de La Llanura firmados por las Águilas Negras y en marzo una choza fue quemada por encapuchados en el asentamiento Cocokü Kajönaë.
El mes pasado, cuando María Nancy viajó al resguardo La Llanura para asistir a un encuentro del Tejido UNUMA, dos hombres armados llegaron a su casa preguntando por ella. No se sabe quiénes eran o qué querían.
Bien sabe la lideresa que su familia, especialmente sus cuatro hijas, se preocupan por ella, pero afirma que debe seguir la lucha que heredó de su padre, un cacique, para reclamar la tierra donde su bisabuelo, Guerrero Yajotja, está enterrado.
“Mi hija me dijo: ‘¡mamá, no salga porque la van a matar!’. Pero a mí no me importa. Lo importante es pisar el terreno que nosotros necesitamos”, aseguró la lideresa. Un terreno que les pertenece pero del que se les despoja.
Por: Hali Tauxe y Shirley Forero
