Este 18 de enero del presente año, campesinado de Vista Hermosa y de municipios del sur del Meta finalizaron lo que denominaron “cerco humanitario”, en el cual se encontraba bloqueado un pelotón de la Fuerza de Despliegue Rápido del Ejército Nacional. Mientras que las personas que durante casi cuatro días habían acampado alrededor de los militares de manera pacífica exigiendo que se cumplieran los acuerdos pactados el 14 de diciembre del 2022 con el Gobierno Nacional, retornaron a sus hogares y los uniformados pudieron retomar su patrullaje.
Para ampliar la información:
Tres días completa cerco humanitario a militares en el municipio de Vista Hermosa, Meta
Pero ¿en qué consistía el cerco humanitario? ¿Por qué las y los campesinos insistían en llamarlo así mientras que a nivel nacional le daban un tratamiento de secuestro a estos hechos? ¿Qué pedían? Para entender qué estaba sucediendo en la vereda Lomalinda -aproximadamente a dos horas del caso urbano de Vista Hermosa- nos trasladamos hasta el sector donde acampaban las partes involucradas.
Es importante tener en cuenta que, desde el domingo 15 de enero empezaron a concentrarse campesinos alrededor del campamento de 30 militares que según afirmaron, llegaron a la zona a altas horas de la noche generando intimidación, pese a los acuerdos de cese al fuego bilateral con las disidencias de las FARC. «Si ellos no van a atacar a grupos armados, que no vayamos a ser nosotros el blanco», mencionó uno de los campesinos del sector explicando que una de las solicitudes es que expliquen el alcance de este cese y hablar con el Gobierno Nacional sobre una serie de peticiones que tenían pendientes desde el año pasado, pero que en ningún momento estaban solicitando una zona de distención, como había expresado en medios el gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga.
En un potrero en la vereda Lomalinda por la ruta hacia Caño Ánimas, o el Alto del Avión como también conocen esta vereda, se podían ver varios campesinos dialogando, descansando, reforzando con plástico negro las zonas donde habían puesto sus campings o guindado las hamacas pues la noche anterior había llovido y se avecinaba un aguacero, otros preparaban la alimentación para alrededor de 300 campesinos y para los militares. Ese día había llegado una delegación conformada por dos defensores de derechos humanos de la organización DHOC, el Personero de Vista Hermosa y el Defensor del Pueblo del Meta, por lo que los presidentes de junta acordaron reunirse para terminar el pliego de peticiones al Gobierno Nacional que harían llegar a través de estos.
Ante la presencia de la delegación llamaron a los militares que se encontraban en su campamento y salieron hasta donde se concentraban los campesinos pues la distancia entre unos y otros era considerable. Los uniformados le dijeron a Jhorman Saldaña, defensor del Pueblo que no habían sido objeto de maltrato por parte de la comunidad y estaban bien, pero que no podían dar declaraciones y que quedaban atentos a los resultados de los diálogos con la institucionalidad, luego retornaron a la zona boscosa donde se habían asentado.
Para los campesinos la principal diferencia entre un secuestro -como lo estaban tildando en las ciudades- a un cerco humanitario, es que no se hace uso de la violencia para limitar la movilidad de los uniformados, sino es a través de la vía del diálogo y de la colectividad que solicitan presencia de entidades nacionales que de otra forma no llegan a las zonas. Como comunidad no están armados, quienes tienen en sus manos la responsabilidad de garantizar una sana convivencia es la guardia campesina, a través de los bastones de mando. En ningún punto del proceso los militares son desarmados, y estos podrían hacer uso de la fuerza para continuar con su patrullaje, pero acatando las banderas de Gustavo Petro de ser el gobierno del diálogo, este tipo de protesta pacífica que se han venido dando en los últimos meses, siempre se ha resuelto mediante conversaciones entre las partes involucradas.
Esto lo explicó a Noticias Caracol Alfonso Prada, ministro del Interior cuando le preguntaron por el “secuestro” a los soldados, “Es polémico, pero ellos lo llaman cerco humanitario que no afecta, ni agrede a los militares que están allí, necesitamos que abran ese cerco para que se pueda continuar con labores de control en el territorio», lo que precisamente sucedió, pero primero haciéndole llegar al Gobierno Nacional sus peticiones.
Continuar con la mesa de diálogos
Básicamente era una sola la solicitud del campesinado no solo del sur del Meta, sino también de Guaviare y Caquetá: que se cumplan los acuerdos resultado de los dos cercos humanitarios adelantados entre el Meta y Guaviare en noviembre y diciembre y que dieron paso a una mesa de diálogo con gabinete ministerial de Gustavo Petro el 14 de diciembre en la ciudad de Bogotá.
En primera medida una gran preocupación para estos campesinos que habitan zonas protegidas y/o de Parques Nacionales Naturales es la Resolución 7067 del 02 de mayo del 2022 y la Resolución 14444 del 05 de agosto del 2022 la cual resuelve la cancelación del «Registro Sanitario de Predio Pecuario- RSPP de los predios que desarrollen su actividad ganadera de Bovinos y/o Bufalinos dentro del Sistema de Parques Naturales Nacionales», con el objetivo de evitar el ingreso y salida -comercialización- de los animales en estas áreas de manejo especial. Además, señala que, al no poder acceder a la vacunación correspondiente serían objeto de sacrificio.
El acuerdo con el que habían llegado con el gabinete de Petro sobre este punto, es que tendrían reunión con el ICA para pedir ampliación de la medida transitoria de sacar el ganado de Parques que estaba como fecha máxima a 31 de diciembre del 2022 y que, tras más de 15 días sin información al respecto, los hacía temer que su ganado pudiera ser decomisado. “Pedimos una nueva prórroga para poder concertar con el gobierno, ya que debe ser derogada (la resolución) porque afecta los derechos humanos de las comunidades, el bienestar y sobre todo la economía de estos territorios”, contó a este medio Pablo Parrado, vocero de la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano de los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales COSCOPASS.
Mediante documento que llevó Defensoría del Pueblo a las comunidades -quien cumplía su papel de garante en el proceso de diálogo-, se exponía que, si bien dicha reunión no se ha dado, no se están llevando a cabo operativos que “transgreden los acuerdos realizados con comunidades y que lleven a sanciones, cancelaciones de registros sanitarios u otras similares”, y que están trabajando en un proyecto de modificación de reforma de dichas resoluciones.
Durante el Gobierno de Gustavo Petro no solo se frenó la Operación Artemisa, sino también los operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, por lo cual este punto -como solía suceder- no fue un tema prioritario en la mesa de diálogo iniciada, aunque sí se contempla hablar de sustitución y otros mandatos de vida más adelante. No obstante, a los habitantes de estos tres departamentos se les hace urgente revisar los casos de procesos judiciales a campesinos, ya que muchos están vinculados a investigaciones o inclusive pagando cárcel o casa por cárcel con relación a la Operación Artemisa, falsos positivos judiciales, entre otros.
“Yo fui capturado en la Operación Artemisa el 11 de marzo del 2022 en la vereda Lomalinda (…) a mi me cogieron y me sacaron y le metieron bombardeo a la casa con lo que había, no les importó que había una señora con dos niñas y me echaron en el helicóptero”, nos cuenta José Luciano Lesmes, un campesino que se considera víctima de este operativo que fue lanzado en el Gobierno de Duque y que se supone buscaba frenar la deforestación en el país, pero que fue fuertemente criticado por concentrarse en la criminalización de campesinos y no de grandes deforestadores. Para Lesmes quien además es víctima de la violencia, participar en el cerco humanitario es la posibilidad de que su caso se cierre, pues vive con miedo que lo envíen a prisión y de continuar en el desgastante proceso de asistir a audiencias, pero que habita en áreas protegidas porque fue la única forma de acceder a una vivienda y a vivir de la tierra.
Finalmente, entre los compromisos acordados con el Gobierno Nacional está el apoyo para la realización de una asamblea campesina de los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá para seguir dándole forma a las apuestas de buen vivir respecto a sustitución, cultivos productivos, vivienda y otros derechos básicos a partir de las problemáticas similares que históricamente han vivido.
El cerco humanitario se levantó el 18 de enero a las 11:30 a.m., cuando tras al acordar que entre el 28 al 30 irían a la ciudad de Bogotá para retomar la mesa de diálogo y conocer la voluntad del Gobierno de avanzar en cada uno de los puntos expuestos, decidieron levantar sus campamentos, compartir el último sancocho y empezar a retornar a sus hogares. Por su parte la delegación fue hasta donde se encontraban los militares, les informaron a ellos y mediante radio a sus superiores lo acordado y que por ende podían retomar su patrullaje. “Nosotros celebramos el diálogo, el compromiso de los campesinos, el buen trato entre unos y otros y que se haya llegado a un feliz término en esta situación que se estaba dando en la vereda Lomalinda”, concluyó Saldaña.
*Escrito en alianza con El Espectador+2020
