“30 militares fueron secuestrados por indígenas en Vista Hermosa, Meta”, escuchaba por radio nacional y local el 17 de enero cuando me dirigía hacia donde se concentraban hace un día larguito campesinado del sector y de municipios aledaños en lo que denominaron cerco humanitario, el cual es el tercero que adelantan en menos de tres meses. Claramente la confusión que había en medios nacionales sobre las personas de este sector se debía, o a que desconocían que no hay cabildos indígenas asentados en estas veredas, o a que confundieron la presencia de guardia campesina con guardia indígena. Con el paso de las horas ya hablaban de campesinos e indígenas, hasta que finalmente empezaron a informar que quienes estaban allí pidiendo la presencia del Gobierno Nacional, eran lugareños de Vista Hermosa, Puerto Rico y La Macarena.

Alrededor de cinco horas me tomó llegar desde Villavicencio hasta la vereda Lomalinda, un tiempo mareada y sin desayuno en el estómago por los sacudones que genera andar en trocha a toda velocidad, pero llegué junto a la delegación de organizaciones de derechos humanos, Defensoría del Pueblo y Personería Municipal. Para cuando llegamos a la zona eran alrededor de las 10:00 a.m. por ende las y los campesinos ya habían visto las declaraciones del gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga y el tratamiento que le estaban dando a nivel nacional del acto de protesta pacífica que adelantaban allí y que hasta pedía que no le hicieran daño a los militares.

Mediante comunicado público la Fuerza de Tarea Conjunta Omega informó que la Tropa de las Fuerzas de Despliegue Rápido N°1 que se encontraba desarrollando sus labores cotidianas fue sorprendida por la comunidad, bloqueando el movimiento de la unidad y que en el marco del respeto de los derechos humanos hacían un llamado para que levantaran el bloqueo. En medios de comunicación reforzaron la postura de secuestro a partir de declaraciones como la de Zuluaga, “la información que tenemos es que 30 militares fueron retenidos, o retenidos no, a mí no me gusta la palabra retención, yo la llamo secuestro”, y ahondando en que “fuerzas oscuras” estaban detrás de este tipo de actos de la comunidad, pues probablemente estaban influenciados por las disidencias de las FARC.

Por ello, cuando llegamos a Lomalinda, la comunidad estaba indignada, no era la primera vez que hacían un cerco humanitario, el primero lo habían adelantado en noviembre y el segundo en diciembre del 2022 en el Meta y el Guaviare, siempre había sido de manera pacífica y lo único que solicitaban era la presencia del Gobierno Nacional para dialogar, en esas ocasiones el bloqueo a los militares se había debido a operativos de erradicación forzada que no eran lo planteado por Gustavo Petro en campaña y que terminó en que fueran suspendidos los operativos, y en esta ocasión debido a intimidaciones y patrullajes a altas horas de la noche de los militares, lo cual les parecía extraño si había un cese al fuego bilateral y temían que su objetivo fuera adelantar judicializaciones a las comunidades, pues el tiempo de implementar la resolución del ICA relacionada con el decomiso de ganado en áreas protegidas había llegado.

Fotografía Lina Álvarez

Hacía bastante calor, como comunidad habían decidido hacer un pliego de peticiones para hacerlo llegar al Gobierno Nacional, para aprovechar el canal que representaba que estuviera Jhorman Saldaña, Defensor del Pueblo, así que mientras ellos empezaban a reunir a los presidentes de junta y líderes del sector, con quienes tendría tiempo más adelante para hablar, aproveché junto a Macarena New -prensa comunitaria de la zona- para recorrer toda la zona donde estaban asentados.

La noche anterior había llovido y muchos se habían mojado, por lo cual estaban gran parte del campesinado concentrados armando techos de plástico para proteger las zonas donde tenían guindadas las hamacas, todos dormían a una distancia prudente de donde los militares tenían su campamento, allí no podían entrar, si necesitaban entablar un diálogo o entregarle la comida los mandaban a llamar, todo se adelantaba entre ambas partes de manera cordial. Mientras iba recorriendo la zona, iba tomando fotos y videos mientras veía con preocupación que se avecinaba tremendo aguacero y no había muchos lugares para resguardarse.

Fotografía Lina Álvarez

Como allí no cogía el internet y la delegación necesitaba informar a Villavicencio que todo transcurría de manera tranquila y ambas partes se encontraban bien, y que en ningún momento la comunidad había desarmado a los militares como informaban en medios, tuve la fortuna de ir a la vereda Caño Ánimas -la conocen como el Alto del Avión-, aguantar allá el aguacero y almorzar algo livianito para mi estómago que se negaba a relajarse pese a que ya no estaba andando a toda velocidad.

Petición: Analizar de manera diferencial los casos y procesos judiciales a campesinos.

Al llegar a la vereda me encontré con don Emiliano, un adulto mayor que el 07 de julio del 2022 fue capturado en medio de un operativo de Artemisa imputándole delitos ambientales y destinándolo a prisión domiciliaria con una serie de limitaciones que atentan con su condición de líder social, pues no puede reunirse con un gran número de personas, no puede salir de noche, no se puede retirar de la vereda sin avisar, ni siquiera por una emergencia médica suya o de su familia, entre otras. Su captura fue polémica pues gran parte de las pruebas que adjuntaron para tildarlo de deforestador tienen que ver con acciones colectivas en pro del beneficio de la comunidad, como la construcción de la escuela, vías, entre otras.

Como Emiliano, había un gran número de personas en estaban en el cerco porque guardan la esperanza que al retomar las conversaciones con el Gobierno Nacional se analicen las judicializaciones, investigaciones y casos abiertos a campesinos/as por operativos, falsos positivos judiciales, entre otros. “Yo fui capturado en la Operación Artemisa el 11 de marzo del 2022 en la vereda Lomalinda (…) a mí me cogieron y me sacaron y le metieron bombardeo a la casa con lo que había, no les importó que había una señora con dos niñas viendo y me echaron en el helicóptero”, nos cuenta José Luciano Lesmes, un campesino que se considera víctima de este operativo que fue lanzado en el Gobierno de Duque y que se supone buscaba frenar la deforestación en el país, pero que fue fuertemente criticado por concentrarse en la criminalización de campesinos y no de grandes deforestadores. Él vive con miedo que lo envíen a prisión y de continuar en el desgastante proceso de asistir a audiencias, por el hecho de habitar en áreas protegidas como única forma de acceder a una vivienda y a vivir de la tierra.

Para este petición a través de Saldaña el gobierno les haría saber que desde el Ministerio de Justicia se están formulando proyectos de reforma a la justicia que incluyen criterios dirigidos a comprender factores diferenciales en las situaciones especiales que históricamente ha vivido el campesinado.

Petición: conversaciones con el ICA para derogar resolución del ICA con relación a decomiso de ganado.

Cuando dejó de llover y se esperaba que el pliego de peticiones por parte del campesinado estuviera listo para ser enviado al Gobierno Nacional, retornamos a Lomalinda, tiempo en el que Pablo Parrado, vocero de la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano de los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales COSCOPASS me explicó que una de las razones por las cuales los campesinos están temerosos de la presencia del Ejército Nacional es que los asocian a los operativos que estarían previstos para adelantarse en zonas de Parques Nacionales Naturales de decomiso de ganado. “Pedimos una nueva prórroga para poder concertar con el gobierno, ya que debe ser derogada (la resolución) porque afecta los derechos humanos de las comunidades, el bienestar y sobre todo la economía de estos territorios”, afirmó.

Recordemos que, la Resolución 7067 del 02 de mayo del 2022 y la Resolución 14444 del 05 de agosto del 2022 resuelve la cancelación del “Registro Sanitario de Predio Pecuario- RSPP de los predios que desarrollen su actividad ganadera de Bovinos y/o Bufalinos dentro del Sistema de Parques Naturales Nacionales”, con el objetivo de evitar el ingreso y salida -comercialización- de los animales en estas áreas de manejo especial. Además, señala que, al no poder acceder a la vacunación correspondiente serían objeto de sacrificio.

Por ello el acuerdo con el gobierno sobre este punto, es que tendrían reunión con el ICA para pedir ampliación de la medida transitoria de sacar el ganado de Parques que estaba como fecha máxima a 31 de diciembre del 2022 y que, tras más de 15 días sin información al respecto, los hacía vivir con miedo. Mediante documento que llevó Defensoría del Pueblo a las comunidades, se exponía que, si bien dicha reunión no se ha dado, no se están llevando a cabo operativos que “transgreden los acuerdos realizados con comunidades y que lleven a sanciones, cancelaciones de registros sanitarios u otras similares”, y que están trabajando en un proyecto de modificación de reforma de dichas resoluciones.

Petición: apoyo para llevar a cabo la asamblea campesina del Meta, Guaviare y Caquetá

Esa tarde sin embargo las y los campesinos no conocerían la respuesta del Gobierno Nacional que llegaría hasta el 18 de enero, por ende, retornamos al perímetro urbano de Vista Hermosa, y hasta el siguiente día en horas de la mañana regresaría a Lomalinda.

Es importante destacar que, ese día también hubo un espacio de diálogo entre la delegación de derechos humanos, comunidad y Ejército. Allí los uniformados le dijeron a Jhorman Saldaña, defensor del Pueblo que no habían sido objeto de maltrato por parte de la comunidad y estaban bien, pero que no podían dar declaraciones y que quedaban atentos a los resultados de los diálogos con la institucionalidad, luego retornaron a la zona boscosa donde se habían asentado.

Fotografía Lina Álvarez

Al regresar a la zona donde se adelantaba el cerco humanitario, pude dialogar con más líderes sociales quienes me contaron que, entre los compromisos acordados con el Gobierno Nacional está el apoyo para la realización de una asamblea campesina de los departamentos del Meta, Guaviare y Caquetá para seguir dándole forma a las apuestas de buen vivir respecto a sustitución, cultivos productivos, vivienda y otros derechos básicos a partir de las problemáticas similares que históricamente han vivido. Dicho evento esperan adelantarlo lo más pronto posible.

Tras conocer la voluntad del Gobierno de dialogar sobre sus peticiones y continuar la mesa de diálogo entre el 28 al 30 de enero en la ciudad de Bogotá, el cerco humanitario se levantó a las 11:30 a.m. Las y los campesinos desarmaron sus campamentos, compartieron el último sancocho y empezaron a retornar a sus hogares. Por su parte la delegación fue hasta donde se encontraban los militares, les informaron a ellos y mediante radio a sus superiores lo acordado y que por ende que podían retomar su patrullaje.

“Nosotros celebramos el diálogo, el compromiso de los campesinos, el buen trato entre unos y otros y que se haya llegado a un feliz término en esta situación que se estaba dando en la vereda Lomalinda”, concluyó Saldaña. Después de varias horas de viaje retornaría a mis labores cotidianas, ya sin mareo pero con mucho cansancio.

Comunicadora Social y Periodista. Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina. Fundadora del colectivo y medio de comunicación alternativo El Cuarto Mosquetero. Desde la comunicación trabaja los temas de género, paz y ambiente.