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2025, camino a ser el peor año de la década en consecuencias humanitarias en la Amazorinoquía
Los enfrentamientos entre actores armados, el uso creciente de explosivos y la crisis del desplazamiento y el confinamiento agravan el sufrimiento de miles de personas en zonas rurales del país, según alerta el CICR.
Durante el primer semestre de 2025, la situación humanitaria en Colombia se deterioró de manera alarmante. De mantenerse esta tendencia, el año cerraría como el más grave de la última década en términos de afectaciones a la población civil. Así lo advirtió el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR-, que acompaña a las comunidades golpeadas por los conflictos armados en el país.
El informe semestral de la organización señala que los enfrentamientos entre grupos armados, así como entre algunos de estos y la Fuerza Pública, se han intensificado. En medio de las hostilidades, se han vulnerado de manera reiterada principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario -DIH-, como la distinción entre civiles y combatientes, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la precaución para evitar daños a la población no involucrada.
El endurecimiento del control social por parte de actores armados ha dejado a comunidades enteras bajo amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados y profundas alteraciones en la vida cotidiana. Además, el CICR alertó sobre el aumento de la estigmatización de la población civil, que es acusada de favorecer a uno u otro grupo armado, lo que ha incrementado su vulnerabilidad frente a múltiples formas de violencia y debilitado el tejido social en zonas ya afectadas por décadas de conflicto.
En el suroriente de Colombia preocupa el aumento en la presencia, utilización y abandono de armas, municiones y artefactos explosivos, entre ellos minas antipersonal, restos explosivos de guerra y dispositivos de lanzamiento o detonación controlada. Entre enero y mayo, el Huila -que en el mismo periodo del año pasado no registró incidentes- se ubicó como el tercer departamento con más casos, con un total de 50. En Guaviare y Caquetá, por su parte, se reportaron dos víctimas por minas antipersonal en cada territorio. Estos hechos reflejan la tendencia nacional: entre enero y mayo de 2025 se contabilizaron 524 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, lo que representa un incremento del 145 % en comparación con 2024. El 70 % de las víctimas son civiles, incluidos 56 niños, niñas y adolescentes.
Otra de las situaciones que más preocupa es el confinamiento, que ha tenido un fuerte impacto en la vida de las comunidades. En Caquetá se reportaron 6.588 personas en esta condición y en Guaviare, 12.000. En ambos casos, poblaciones enteras quedaron privadas de acceso a alimentos, atención médica, agua segura y educación, lo que afectó su capacidad de autonomía y debilitó su organización comunitaria.
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A nivel nacional, entre enero y mayo y según datos oficiales, 85.760 personas estuvieron confinadas en 13 departamentos, lo que representa un incremento del 169 % frente al mismo periodo del año pasado.
En el suroriente del país también persisten los desplazamientos individuales, un fenómeno menos visible pero igualmente grave. En el Huila se registraron 1.042 personas desplazadas; en Caquetá, 995; en Meta, 969; y en Guaviare, 378.
La desaparición de personas sigue siendo una de las consecuencias más dolorosas. En los primeros cinco meses de 2025, el CICR documentó 74 casos vinculados a los conflictos armados, de los cuales el 81 % corresponde a civiles. Entre las personas desaparecidas hay doce menores de edad, y en ocho de los casos se confirmó que estuvieron relacionados con el reclutamiento y utilización por parte de actores armados, lo que muestra la conexión directa entre ambas problemáticas. En Caquetá se reportó 1 caso, en Guaviare 14 y en Meta 2.
Aunque el CICR no publica cifras exactas sobre reclutamiento infantil, su trabajo en los territorios confirma que el fenómeno sigue vigente y que 2025 ha visto un aumento preocupante. Esta práctica interrumpe los proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes, los expone a múltiples formas de violencia y deja heridas profundas en sus comunidades.
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Entre enero y mayo, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 101 actos violentos contra la atención en salud, un 38% más que en el mismo periodo de 2024. Las agresiones incluyeron amenazas al personal médico, restricciones al acceso, exigencias de atención en condiciones inadecuadas y obstáculos para asistir a personas heridas. Norte de Santander, Chocó y Antioquia concentraron el 59% de estos hechos.
La complejidad del contexto también ha afectado el trabajo de las organizaciones humanitarias. Las restricciones impuestas por algunos actores armados, el deterioro de las condiciones de seguridad y la disminución de la financiación han limitado la capacidad de respuesta humanitaria. Esto ha dificultado la entrega de ayuda, la identificación de riesgos y la documentación adecuada de la situación que viven miles de personas.
El CICR también alertó sobre las condiciones de detención en el país. El hacinamiento en las cárceles del INPEC alcanzó el 28%, mientras que en centros de detención transitoria fue aún más grave: 122% en estaciones de policía y 15% en Unidades de Reacción Inmediata -URI-. Esta situación vulnera el acceso a derechos básicos como la salud, la alimentación y la dignidad.
“El respeto del Derecho Internacional Humanitario no es opcional, es una obligación”, advirtió el CICR en su informe. Aunque no pone fin a la violencia, el DIH impone límites que previenen sufrimientos innecesarios y protegen la vida y la dignidad de quienes no participan en las hostilidades. Ignorarlo, como está ocurriendo en muchos territorios, sólo agrava el daño, prolonga el conflicto y deja huellas difíciles de sanar en las comunidades afectadas.
El informe semestral de la organización señala que los enfrentamientos entre grupos armados, así como entre algunos de estos y la Fuerza Pública, se han intensificado. En medio de las hostilidades, se han vulnerado de manera reiterada principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario -DIH-, como la distinción entre civiles y combatientes, la proporcionalidad en el uso de la fuerza y la precaución para evitar daños a la población no involucrada.
El endurecimiento del control social por parte de actores armados ha dejado a comunidades enteras bajo amenazas, restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados y profundas alteraciones en la vida cotidiana. Además, el CICR alertó sobre el aumento de la estigmatización de la población civil, que es acusada de favorecer a uno u otro grupo armado, lo que ha incrementado su vulnerabilidad frente a múltiples formas de violencia y debilitado el tejido social en zonas ya afectadas por décadas de conflicto.
En el suroriente de Colombia preocupa el aumento en la presencia, utilización y abandono de armas, municiones y artefactos explosivos, entre ellos minas antipersonal, restos explosivos de guerra y dispositivos de lanzamiento o detonación controlada. Entre enero y mayo, el Huila -que en el mismo periodo del año pasado no registró incidentes- se ubicó como el tercer departamento con más casos, con un total de 50. En Guaviare y Caquetá, por su parte, se reportaron dos víctimas por minas antipersonal en cada territorio. Estos hechos reflejan la tendencia nacional: entre enero y mayo de 2025 se contabilizaron 524 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, lo que representa un incremento del 145 % en comparación con 2024. El 70 % de las víctimas son civiles, incluidos 56 niños, niñas y adolescentes.
Otra de las situaciones que más preocupa es el confinamiento, que ha tenido un fuerte impacto en la vida de las comunidades. En Caquetá se reportaron 6.588 personas en esta condición y en Guaviare, 12.000. En ambos casos, poblaciones enteras quedaron privadas de acceso a alimentos, atención médica, agua segura y educación, lo que afectó su capacidad de autonomía y debilitó su organización comunitaria.
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A nivel nacional, entre enero y mayo y según datos oficiales, 85.760 personas estuvieron confinadas en 13 departamentos, lo que representa un incremento del 169 % frente al mismo periodo del año pasado.
En el suroriente del país también persisten los desplazamientos individuales, un fenómeno menos visible pero igualmente grave. En el Huila se registraron 1.042 personas desplazadas; en Caquetá, 995; en Meta, 969; y en Guaviare, 378.
La desaparición de personas sigue siendo una de las consecuencias más dolorosas. En los primeros cinco meses de 2025, el CICR documentó 74 casos vinculados a los conflictos armados, de los cuales el 81 % corresponde a civiles. Entre las personas desaparecidas hay doce menores de edad, y en ocho de los casos se confirmó que estuvieron relacionados con el reclutamiento y utilización por parte de actores armados, lo que muestra la conexión directa entre ambas problemáticas. En Caquetá se reportó 1 caso, en Guaviare 14 y en Meta 2.
Aunque el CICR no publica cifras exactas sobre reclutamiento infantil, su trabajo en los territorios confirma que el fenómeno sigue vigente y que 2025 ha visto un aumento preocupante. Esta práctica interrumpe los proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes, los expone a múltiples formas de violencia y deja heridas profundas en sus comunidades.
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Entre enero y mayo, la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 101 actos violentos contra la atención en salud, un 38% más que en el mismo periodo de 2024. Las agresiones incluyeron amenazas al personal médico, restricciones al acceso, exigencias de atención en condiciones inadecuadas y obstáculos para asistir a personas heridas. Norte de Santander, Chocó y Antioquia concentraron el 59% de estos hechos.
La complejidad del contexto también ha afectado el trabajo de las organizaciones humanitarias. Las restricciones impuestas por algunos actores armados, el deterioro de las condiciones de seguridad y la disminución de la financiación han limitado la capacidad de respuesta humanitaria. Esto ha dificultado la entrega de ayuda, la identificación de riesgos y la documentación adecuada de la situación que viven miles de personas.
El CICR también alertó sobre las condiciones de detención en el país. El hacinamiento en las cárceles del INPEC alcanzó el 28%, mientras que en centros de detención transitoria fue aún más grave: 122% en estaciones de policía y 15% en Unidades de Reacción Inmediata -URI-. Esta situación vulnera el acceso a derechos básicos como la salud, la alimentación y la dignidad.
“El respeto del Derecho Internacional Humanitario no es opcional, es una obligación”, advirtió el CICR en su informe. Aunque no pone fin a la violencia, el DIH impone límites que previenen sufrimientos innecesarios y protegen la vida y la dignidad de quienes no participan en las hostilidades. Ignorarlo, como está ocurriendo en muchos territorios, sólo agrava el daño, prolonga el conflicto y deja huellas difíciles de sanar en las comunidades afectadas.
