Violencia, daño ambiental y necesidad: Minería ilegal en Antioquia

Las opciones de empleo para quienes habitan en la ruralidad no abundan. Tanto en la extracción de minerales como en el cultivo de coca, existe ilegalidad, favorecimiento por conveniencia a los más poderosos, abandono estatal, estigmatización y violencia. 

Colombia históricamente ha vivido en medio de evidentes inequidades que profundizan la brecha entre campo-ciudad, profesionales-analfabetas, mujeres y disidencias sexuales y de género-hombres, entre otras, que llevaron a que en el 2010 Juan Manuel Santos en su discurso de posesión como presidente -primer mandato- redoblara la apuesta de hacer de la locomotora minero energética el “tren del progreso y la prosperidad” para el país, que sin embargo, lejos de ser la posibilidad de fortalecer las arcas del Estado, favoreció a terceros, llegando a los territorios fuertes conflictos socioambientales, que, con la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, derivó en que zonas que estaban inmersas en el conflicto armado, se abrieran a la posibilidad de no solo ser explorados por iniciativas ecoturísticas y de paz, sino también de quienes deseaban adelantar actividades extractivas allí.

En la legalidad e ilegalidad

Para poder explorar y explotar minerales, se exige título minero, además, el Código de Minas estipula que cualquier actividad minera realizada sin título es ilegal. Sumado a esto, el Código Penal señala como delito la explotación ilícita de yacimientos mineros. Sin embargo, la minería de subsistencia, artesanal, ocasional y el barequeo, se exceptúan de esta categorización, dada su protección y reconocimiento por su arraigo a valores culturales, tradicionales y de subsistencia.

Según la Enciclopedia Humanidades, la minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, de hecho las primeras herramientas del hombre se obtuvieron gracias a esta. “En el período neolítico ya las distintas civilizaciones explotaban diversos minerales como el sílex o el esquisto verde. Estos materiales se utilizaban para fabricar herramientas, adornos ceremoniales o incluso para embellecer objetos o construcciones”, afirma el portal académico. 

Con el tiempo, la minería y sus métodos se han ido diversificando, según el lugar, el elemento a extraer y las condiciones en que se desea realizar el proceso extractivo. La mayoría de esas formas dejan graves pasivos ambientales. 

Según la Agencia Nacional de Minería, en 30 de los 32 departamentos de Colombia se adelantan actividades mineras. Hay 9.602 títulos mineros vigentes que se concentran en un 65% en los Puntos de Atención Regional-PAR de Nobsa que lo componen Boyacá y Casanare; de Bogotá integrado principalmente por Cundinamarca, Meta, Guaviare y Caquetá; de Medellín compuesto por Antioquia y Córdoba; Ibagué constituido por Tolima y Huila y por último la PAR de Cúcuta que abarca Norte de Santander, Arauca y Magdalena. El 35% restante de títulos están siendo explotados en el resto del territorio nacional.

La minería a gran escala o megaminería es la que mayor impacto ambiental tiene, es llevada a cabo por grandes empresas multinacionales, con enormes capitales e infraestructuras, tecnología de punta, mecanismos de fundición y transporte, generando colosales volúmenes de minerales, generalmente para exportación; mientras que la pequeña minería o minería de subsistencia, se practica en términos locales, con yacimientos pequeños y operaciones rápidas de extracción. Requieren una menor infraestructura y ofrece más empleo entre la población, aunque con precarias condiciones laborales. 

 

Según el artículo “Los desafíos de la minería ilegal”, de Inés Elvira Vesga, en Colombia, no solo están los pequeños mineros en proceso de formalización, existen las explotaciones ilegales, realizadas a gran escala y que no se relacionan con las necesidades de subsistir, las desigualdades sociales o las tradiciones culturales. De hecho, son excesivas en el uso de maquinaria amarilla, químicos e insumos prohibidos y procedimientos que consumen vorazmente al ambiente. Este tipo de minería no tiene control del Estado, no tiene fiscalización, evade obligaciones tributarias, incumple estándares ambientales, se efectúa bajo condiciones técnicas incorrectas, es llevada a cabo generalmente en ecosistemas de especial protección como parques naturales, zonas de reserva y páramos; utiliza mercurio, no se enmarca dentro de ningún marco jurídico ambiental y se opone a cualquier propósito de desarrollo sostenible. Como si fuera poco, en ciertas zonas del país esta actividad se efectúa al amparo y bajo el control de grupos armados al margen de la ley, que financian su actividad ilícita.

Aunque en mayor medida la explotación de minerales en Colombia son para la construcción, seguido del carbón, metales preciosos, calizas, minerales industriales, piedras preciosas y otros, es la exploración de oro la que despierta gran interés en inversionistas internacionales por los bajos niveles de volatilidad en sus precios y ha conllevado a que persista la ilegalidad, como lo evidenció el último informe “Colombia, explotación de oro de aluvión, evidencias a partir de percepción remota 2021” de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito-UNODC. Según lo investigado, en 13 de los 32 departamentos se adelantan actividades de explotación de oro, y en un 88% se adelantan en Chocó, Antioquia y Bolívar, pero tras de que la explotación en sí misma genera diversos impactos sociales y ambientales pese a estar regulados bajo una reglamentación, mucha más destrucción genera cuando son explotaciones ilícitas.

El 65% de esta explotación de oro tan solo por aluvión -sin tener en cuenta la explotación subterránea-, se adelanta de manera ilícita y en zonas que están excluidas para esta actividad, ya sea por ser zonas de Parques Nacionales Naturales, de manejo especial, entre otras, como en la Reserva Forestal del pacífico donde prevalece este tipo de actividad ilícita nociva para el territorio o por ser zonas de comunidades étnicas. Recordemos que la minería por aluvión hace referencia a que se desarrolla a cielo abierto y puede hacer uso o no de maquinaria.

Si los impactos de la explotación de oro por aluvión en tierra son difíciles de medir, mayor es el reto en los ríos -que está explícitamente prohibido hacerlo- pues al no dejar una huella evidente, requiere de mayores herramientas y análisis para comprender su impacto, no obstante, el informe evidencia que no solo sí ha habido este tipo de explotación, sino que en Colombia en mayor medida son la Amazonía y Orinoquía los más afectados. Aunque a partir de estos informes, en el 2021 el Gobierno Nacional habría logrado adelantar alrededor de 1700 incautaciones de maquinaria pesada, en muchos lugares del país, en este caso de Antioquia, hay puntos de explotación que día y noche están trabajando en el río.

En el nordeste del departamento de Antioquia nos encontramos con una zona de explotación de oro en un afluente, en el que además posiblemente haya presencia de otros combustibles que emergen en el marco de las tareas de excavación, ya que se observan grandes manchas negras en varios puntos de la zona. Allí procuran contratar a integrantes de la comunidad que les provean de alimentos, cumplen labores de vigía para garantizar el cuidado de las máquinas, rol que a su vez les permite procurar que los mineros respeten los acuerdos y no excaven en zonas donde no solo dañan los ríos sino que podrían generar derrumbes. 

Allí la comunidad se integra con personas foráneas que los acompañan durante las 24 horas en que están operando. Esta estrategia busca contar con el silencio consensuado de la comunidad, pero por otro lado, según explicaron a este medio, es el miedo y la necesidad las que la obligan a no denunciar que a tan pocos kilómetros de sus viviendas, con maquinaria, dragas y químicos están destruyendo los afluentes para sacar oro, por la intrínseca relación entre pobreza, explotación y grupos al margen de la ley.

Es así que este tipo de extracción pone en riesgo a quienes supervisan las operaciones mineras. Un ingeniero de Minas y Energía, entrevistado por El Cuarto Mosquetero expuso como ejemplo que en ocasiones, un afluente que es desviado para la extracción de oro, no puede ser intervenido ni siquiera por la Fuerza Pública dado el peligro que quienes causaron el daño tomen represalias. “Usted va bajo su propia responsabilidad”, le han dicho cuando hace fiscalización.

Las miles de familias que viven de la minería de subsistencia también resultan afectadas por este problema, pues no perciben el total de las ganancias, dado que los grupos armados ilegales que hacen presencia en las zonas mineras, les extorsionan, dejándoles sólo entre el 10 y el 20% de la producción.

“Identificamos que de 300 municipios con vocación minera en 170 hay presencia de grupos armados ilegales, en estas zonas hay una financiación directa o indirecta de esos grupos, cada región, cada municipio y cada grupo tienen una forma diferente de financiar la guerra. Más de 80% se da por la extorsión”, comentó Leonardo Güiza, director del Observatorio Colombiano de Minería de la Universidad del Rosario a El Colombiano.

 

Incluso la minería se usa para el lavado de activos. La investigación de la Organización de los Estados Americanos – OEA, “Tipologías y señales de alerta relacionadas con el lavado de activos provenientes de la minería ilegal en América Latina y el Caribe”, señala que, “el comercio ilegal de oro explota las coyunturas de la economía globalizada para mover y ocultar el movimiento ilegal de oro, mercurio, explosivos y dinero vinculado a este comercio irregular”. Además, quienes se dedican a esta actividad ilegal, toman ventaja de los precarios controles fronterizos existentes en los extensos y fácilmente transitables límites internacionales para facilitar y explotar los flujos irregulares dentro de la región. 

Estas situaciones llevan a que las personas relacionen la minería de subsistencia, que cuenta con un proceso de formalización, con la minería ilegal, desarrollada con gran maquinaría y recursos, desbastando ecosistemas y sin someterse a ninguna reglamentación o marco jurídico. 

El sociólogo y periodista Alfredo Molano, comentó al respecto al diario El País en 2015, “hay dos horizontes contrapuestos: el campesino, modesto en escala, limitado en la acumulación de capital, pero estable desde el punto de vista social; y el minero empresarial, ambicioso, devastador y respaldado incondicionalmente por el gobierno”.

Minería o coca

En el caso de Antioquia, es una zona que cuenta con gran riqueza de recursos y tierras fértiles. Irónicamente, estas cualidades lo han sepultado entre estas dos complejas economías. Las distantes montañas que rodean la región tienen ricos suelos y un clima perfecto para el cultivo de coca, mientras que los valles de los ríos en las regiones bajas poseen una gran cantidad de oro.

Sin embargo, aunque el cultivo de coca ha estado vinculado a círculos de pobreza, violencia y criminalización para el campesinado, el Gobierno y la Fuerza Pública han enfocado sus esfuerzos en la fallida lucha contra las drogas. Hoy la pasta base de coca ha tenido una caída en los precios, dejando al campesinado de algunas zonas cocaleras de Colombia en crisis. 

Por ejemplo, al campesinado cocalero de la vereda Nueva Colombia, hace seis meses no le compran el producto, a este punto ni siquiera sirve como moneda de uso local. “Ya sea que con gramera en mano se intercambien la coca por el valor correspondiente en dinero del producto que se está comprando, práctica llamada “cambalache”, o que se le fíe a quien tiene como garantía una “chagra”, son dinámicas que durante años se han manejado en esos territorios y que tienen como común denominador la garantía de que luego, eso se convertirá en dinero. No obstante, hace un poco más de ocho meses esa seguridad se desvaneció”, dice la investigación “Hambre e incertidumbre en territorios cocaleros”, realizada por El Cuarto Mosquetero junto a Voces del Guayabero. 

Volviendo al caso de Antioquia, según la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito-UNODC, para el 2020 había 6.539 hectáreas cultivadas con hoja de coca en ese departamento, mientras que, según el Colombiano 26.323 fueron explotadas en la minería de oro de aluvión, de las cuales el 80% fueron de explotación ilegal. 

Como es usual, quienes están en el eslabón más bajo de la producción, tanto de coca como de la minería, son quienes terminan sufriendo por la estigmatización, extorsión, amenazas e incluso ataques. Las opciones laborales tampoco abundan, menos para personas  que se dedican a estas labores y crecieron en precarias condiciones socioeconómicas. Por eso, algunas personas dedicadas a la coca, incursionaron en la minería. “Mucha gente dejó el negocio de la coca y la cocaína y se involucró en la minería”, le dijo Ramiro Restrepo, presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca a InSight Crime en 2015. Aunque luego hubo un resurgimiento de coca y la situación se invirtió. Lo que da a entender que, con el dinamismo de estas economías, quienes se dedican a estas, migran de una a otra según resulte más favorable para sus ingresos. 

También se explica que, con la disminución de la producción de coca, el antiguo sector de la minería informal de la región comenzó a crecer rápidamente, impulsado por un aumento en los precios internacionales del oro, que pasó de US$731,75 por onza en 2008 a un máximo de US$1.889,7 en 2011, según InSight Crime.

La minería ilegal sigue tomándose los territorios y los pocos esfuerzos del Gobierno Nacional para terminarla no dan resultados, y las comunidades históricamente vulneradas a causa del conflicto armado, no solo continúan sufriendo por el olvido estatal y la falta de inversión social, sino porque hoy se están recrudeciendo las violencias en los territorios.

Por: Shirley Forero y Lina Álvarez.

Fotos: Carlos Parra

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