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Talaron cerca de 80 árboles en la Avenida Catama de Villavicencio pese a irregularidades en el permiso
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Especial La Macarena -Cormacarena-, autoridad ambiental del departamento del Meta, reconoció errores en la identificación de 33 de los 88 árboles autorizados para tala en la avenida Catama de Villavicencio. Mientras el trámite para corregir el permiso seguía abierto, la intervención avanzó y dejó solo siete árboles en pie, según la Veeduría Popular de Villavicencio.
La tala de los árboles de la avenida Catama en Villavicencio avanzó después de que Cormacarena reconociera que el permiso forestal que autorizaba la intervención tenía errores en la identificación de los individuos. El trámite para modificar ese permiso continuaba abierto cuando la medida judicial que suspendía el aprovechamiento forestal fue levantada y, pocos días después, la intervención quedó prácticamente terminada.
La Resolución No. PS-GJ.1.2.6.26.0526, expedida por Cormacarena el 12 de mayo de 2026, autorizó la tala de 88 árboles en el corredor de la avenida Catama. Sin embargo, dos revisiones independientes posteriores encontraron inconsistencias en el inventario utilizado para otorgar el permiso.
Lea también: Resistencia ciudadana frenó tala de árboles en la Avenida Catama de Villavicencio
De acuerdo con la Veeduría Popular de Villavicencio -VPV-, el biólogo David Alejandro Garay Marín y la bióloga Laura Isabel Ramos Velásquez coincidieron en que 33 de los 88 árboles, equivalentes al 37,5 % del inventario, estaban mal identificados. Entre ellos había un individuo registrado como ornamental que, según la revisión, correspondía a Cedrela odorata L., conocido como cedro amargo y catalogado como especie En Peligro en el Libro Rojo de Colombia.
La Resolución No. PS-GJ.1.2.6.26.0526, expedida por Cormacarena el 12 de mayo de 2026, autorizó la tala de 88 árboles en el corredor de la avenida Catama. Sin embargo, dos revisiones independientes posteriores encontraron inconsistencias en el inventario utilizado para otorgar el permiso.
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De acuerdo con la Veeduría Popular de Villavicencio -VPV-, el biólogo David Alejandro Garay Marín y la bióloga Laura Isabel Ramos Velásquez coincidieron en que 33 de los 88 árboles, equivalentes al 37,5 % del inventario, estaban mal identificados. Entre ellos había un individuo registrado como ornamental que, según la revisión, correspondía a Cedrela odorata L., conocido como cedro amargo y catalogado como especie En Peligro en el Libro Rojo de Colombia.
Cormacarena reconoció los errores
La existencia de las inconsistencias no quedó únicamente en los informes de la veeduría. En el Oficio No. 953 del 21 de julio de 2026, la Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria del Meta informó a la VPV que Cormacarena había manifestado su decisión de modificar el permiso, entre otras razones, por los errores cometidos en la identificación de los árboles objeto del aprovechamiento.
Para hacerlo, la autoridad ambiental abrió el Expediente PM-GA 3.37.13.026.004, correspondiente al trámite de revocatoria directa del permiso. El problema es que ese procedimiento no había terminado cuando continuó la tala.
La veeduría también cuestiona cómo se construyó el inventario que sirvió como base para la autorización. El Acuerdo Municipal 657 de 2025, relacionado con el Plan de Ornato de Villavicencio, establece requisitos para la validación del componente paisajístico. Según la documentación revisada por la organización, el diseño del proyecto fue aprobado el 28 de mayo de 2026, mientras que el inventario ya había sido radicado ante Cormacarena el 27 de febrero.
Es decir, el documento que debía respaldar el diseño paisajístico fue aprobado después de que el inventario de árboles ya hubiera sido presentado para obtener el permiso forestal.
La existencia de las inconsistencias no quedó únicamente en los informes de la veeduría. En el Oficio No. 953 del 21 de julio de 2026, la Procuraduría Judicial II Ambiental y Agraria del Meta informó a la VPV que Cormacarena había manifestado su decisión de modificar el permiso, entre otras razones, por los errores cometidos en la identificación de los árboles objeto del aprovechamiento.
Para hacerlo, la autoridad ambiental abrió el Expediente PM-GA 3.37.13.026.004, correspondiente al trámite de revocatoria directa del permiso. El problema es que ese procedimiento no había terminado cuando continuó la tala.
La veeduría también cuestiona cómo se construyó el inventario que sirvió como base para la autorización. El Acuerdo Municipal 657 de 2025, relacionado con el Plan de Ornato de Villavicencio, establece requisitos para la validación del componente paisajístico. Según la documentación revisada por la organización, el diseño del proyecto fue aprobado el 28 de mayo de 2026, mientras que el inventario ya había sido radicado ante Cormacarena el 27 de febrero.
Es decir, el documento que debía respaldar el diseño paisajístico fue aprobado después de que el inventario de árboles ya hubiera sido presentado para obtener el permiso forestal.
La protección judicial y la tala
La intervención en el corredor también estuvo en medio de una disputa judicial. Desde el 18 de junio de 2026 estaba vigente una medida provisional dentro del proceso promovido por la Veeduría Popular de Villavicencio, mediante la cual se suspendían las actividades de aprovechamiento forestal en el corredor. El 13 de agosto, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio revocó esa protección. La decisión fue notificada el 14 de agosto.
En los días siguientes, la tala avanzó rápidamente. La VPV sostiene que, de acuerdo con el registro fotográfico que recopiló el 18 de agosto, la intervención ya estaba prácticamente terminada y solo quedaban siete árboles en pie en el último tramo del corredor.
La veeduría cuestiona además las fechas en las que comenzaron las labores. Según la veeduría, el estado en que encontró el corredor el 18 de agosto plantea dudas sobre si toda la tala pudo haberse ejecutado después de la notificación de la decisión judicial del 14 de agosto.
Por eso solicitó mediante derecho de petición la fecha y hora de tala de cada árbol, la bitácora de obra y la comunicación formal mediante la cual se informó a Cormacarena el inicio de las actividades. Hasta conocer esos documentos, la organización sostiene que no puede establecerse con precisión cuándo comenzó la intervención.
La intervención en el corredor también estuvo en medio de una disputa judicial. Desde el 18 de junio de 2026 estaba vigente una medida provisional dentro del proceso promovido por la Veeduría Popular de Villavicencio, mediante la cual se suspendían las actividades de aprovechamiento forestal en el corredor. El 13 de agosto, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Villavicencio revocó esa protección. La decisión fue notificada el 14 de agosto.
En los días siguientes, la tala avanzó rápidamente. La VPV sostiene que, de acuerdo con el registro fotográfico que recopiló el 18 de agosto, la intervención ya estaba prácticamente terminada y solo quedaban siete árboles en pie en el último tramo del corredor.
La veeduría cuestiona además las fechas en las que comenzaron las labores. Según la veeduría, el estado en que encontró el corredor el 18 de agosto plantea dudas sobre si toda la tala pudo haberse ejecutado después de la notificación de la decisión judicial del 14 de agosto.
Por eso solicitó mediante derecho de petición la fecha y hora de tala de cada árbol, la bitácora de obra y la comunicación formal mediante la cual se informó a Cormacarena el inicio de las actividades. Hasta conocer esos documentos, la organización sostiene que no puede establecerse con precisión cuándo comenzó la intervención.
Una autorización que seguía en discusión
El caso tiene una particularidad: mientras en la avenida avanzaban las motosierras, la propia autoridad ambiental estaba tramitando la modificación del permiso que había autorizado la tala.
Para la VPV, esto plantea preguntas sobre la actuación de las entidades involucradas. La organización señala al alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero; al director de Cormacarena, Jhorman Saldaña; y al gerente de Piedemonte E.I.C.M., Alonso Garay, como responsables políticos y administrativos de la intervención, aunque las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
Por su parte, la administración municipal en cabeza del alcalde Alexander Baquero ha sustentado la intervención en la Avenida Catama bajo criterios técnicos y de seguridad que dice están alineados con el Plan de Ornato de Villavicencio. En un boletín de presa señala que el la tala se realiza sobre árboles que ya cumplieron su ciclo de vida o que presentan deterioro, raíces expuestas y daños estructurales que ponen en riesgo a los transeúntes, situaciones en las que la poda ya no es suficiente para reducir el peligro. Aseguró que los ejemplares intervenidos serán sustituidos por nuevas especies contempladas en el Decreto 367 de 2020 para robustecer la cobertura vegetal y mejorar el paisaje urbano.
La ejecución de las obras está relacionada con el Contrato Interadministrativo No. 2073 de 2026, sobre cuyo manejo la veeduría pidió a la Contraloría General de la República revisar la utilización de recursos públicos y los posibles sobrecostos asociados a la intervención. También amplió una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios que, según la organización, mantuvieron el permiso pese a los errores reconocidos.
Lea también: Arboricidios en Villavicencio y la Amazorinoquía: el modelo económico que impone el cemento sobre los árboles
La Veeduría Popular de Villavicencio amplió ante el Tribunal Administrativo del Meta las pretensiones de la acción popular que había presentado el 18 de junio. Ahora solicita medidas para proteger los árboles que aún permanecen en el corredor y la reparación del daño ocasionado por la tala.
El caso tiene una particularidad: mientras en la avenida avanzaban las motosierras, la propia autoridad ambiental estaba tramitando la modificación del permiso que había autorizado la tala.
Para la VPV, esto plantea preguntas sobre la actuación de las entidades involucradas. La organización señala al alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero; al director de Cormacarena, Jhorman Saldaña; y al gerente de Piedemonte E.I.C.M., Alonso Garay, como responsables políticos y administrativos de la intervención, aunque las responsabilidades individuales deberán ser determinadas por las autoridades competentes.
Por su parte, la administración municipal en cabeza del alcalde Alexander Baquero ha sustentado la intervención en la Avenida Catama bajo criterios técnicos y de seguridad que dice están alineados con el Plan de Ornato de Villavicencio. En un boletín de presa señala que el la tala se realiza sobre árboles que ya cumplieron su ciclo de vida o que presentan deterioro, raíces expuestas y daños estructurales que ponen en riesgo a los transeúntes, situaciones en las que la poda ya no es suficiente para reducir el peligro. Aseguró que los ejemplares intervenidos serán sustituidos por nuevas especies contempladas en el Decreto 367 de 2020 para robustecer la cobertura vegetal y mejorar el paisaje urbano.
La ejecución de las obras está relacionada con el Contrato Interadministrativo No. 2073 de 2026, sobre cuyo manejo la veeduría pidió a la Contraloría General de la República revisar la utilización de recursos públicos y los posibles sobrecostos asociados a la intervención. También amplió una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación contra funcionarios que, según la organización, mantuvieron el permiso pese a los errores reconocidos.
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La Veeduría Popular de Villavicencio amplió ante el Tribunal Administrativo del Meta las pretensiones de la acción popular que había presentado el 18 de junio. Ahora solicita medidas para proteger los árboles que aún permanecen en el corredor y la reparación del daño ocasionado por la tala.
Entre sus solicitudes están un plan de compensación forestal reforzado, una garantía financiera para asegurar su mantenimiento y la creación de la Junta Interinstitucional de Arbolado Urbano prevista en el Acuerdo 657 de 2025, que, según la organización, todavía no ha sido creada.
La discusión ya no se limita entonces a si los 88 árboles debían o no ser talados. También involucra la forma en que se construyó el inventario, la expedición de un permiso que posteriormente fue cuestionado por la propia autoridad ambiental, la ejecución de la intervención mientras ese trámite seguía abierto y las fechas en que comenzó la tala frente a la vigencia de una medida judicial.
El caso continúa en manos de las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales que deberán establecer si hubo irregularidades y, de ser así, quiénes tienen responsabilidad en ellas.
La discusión ya no se limita entonces a si los 88 árboles debían o no ser talados. También involucra la forma en que se construyó el inventario, la expedición de un permiso que posteriormente fue cuestionado por la propia autoridad ambiental, la ejecución de la intervención mientras ese trámite seguía abierto y las fechas en que comenzó la tala frente a la vigencia de una medida judicial.
El caso continúa en manos de las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales que deberán establecer si hubo irregularidades y, de ser así, quiénes tienen responsabilidad en ellas.
