Siete años después de la histórica firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las antes conocidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el país conmemora un hito crucial en su historia.
Este Acuerdo, firmado el 24 de noviembre de 2016 durante una ceremonia solemne en la ciudad de Cartagena, tras cuatro años de negociaciones llevadas a cabo en la Habana, Cuba, se realizó con el objeto de poner fin a los más de 50 años de conflicto armado en el país, abriendo paso a la esperanza de una paz duradera y la promesa de un futuro más próspero para millones de colombianos y colombianas.
Durante dichas negociaciones, se involucró a diversos sectores de la sociedad colombiana, como víctimas, líderes políticos, organizaciones sociales y representantes de la sociedad civil, con el fin de garantizar un proceso inclusivo.
De esta manera, dentro del Acuerdo se incluyeron aspectos cruciales como la participación política de las antiguas FARC, la reincorporación de los/las excombatientes a la vida civil, la reforma rural integral, y la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas.
Desde la firma del Acuerdo, el país ha recorrido un camino lleno de logros y avances significativos en su implementación, sin embargo, el camino hacia la paz no ha estado exento de obstáculos, ya que la violencia persiste en algunas regiones generando preocupación sobre la seguridad de líderes/as sociales y defensores/as de derechos humanos.
Rezagos del Acuerdo de Paz a corte del 2023
La reintegración de excombatientes a la vida civil ha sido uno de los puntos clave del acuerdo, no obstante, este proceso se ha visto obstaculizado por desafíos socioeconómicos, falta de oportunidades laborales y dificultades en la estabilización de las comunidades afectadas por décadas de conflicto.
Por su parte, la implementación de la reforma rural integral, destinada a mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales afectadas por el conflicto, también ha enfrentado desafíos considerables, ya que la falta de acceso a tierras, servicios básicos y desarrollo económico en estas regiones ha ralentizado el progreso, generando preocupaciones sobre la sostenibilidad de la paz en estas áreas.
De acuerdo a “Qué está PaZando”, en los primeros ocho meses del gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, se ha avanzado un tercio de lo logrado en seis años. Es así que 9.628 hectáreas han sido compradas para el Fondo de Tierras; 1.014.440 de hectáreas se han formalizado por la Agencia Nacional de Tierras y cuatro zonas de reserva campesina se han constituido con una extensión de 396 mil hectáreas.
De esta misma manera, la seguridad sigue siendo una preocupación fundamental. A pesar de la dejación de armas por las antes conocidas guerrillas de las FARC, han surgido otros grupos armados y organizaciones criminales que han ocupado vacíos dejados por dicho desarme, provocando un aumento de la violencia en ciertas regiones del país, donde líderes/as sociales, defensores/as de derechos humanos y comunidades étnicas continúan siendo víctimas de amenazas y actos violentos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz – Indepaz, en lo corrido de 2023 han sido asesinados 401 firmantes y 1561 líderes y lideresas en diversas zonas del país.
El incumplimiento en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, ha sido otro desafío importante, esto sumado a la falta de alternativas económicas y sociales viables para los y las cultivadoras han dificultado la transición hacia actividades legales.
Si bien el Acuerdo de Paz ha marcado un hito significativo en la historia de Colombia, la realidad actual demuestra la necesidad de redoblar esfuerzos para superar los rezagos que persisten.
Aspectos positivos que continúa brindando el Acuerdo
El enfoque en la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas ha sido un pilar fundamental del Acuerdo, como fue el caso de la Comisión de la Verdad, la cual trabajó para esclarecer los hechos ocurridos durante el conflicto, brindando reconocimiento a las víctimas y sus derechos a la verdad y la justicia.
El Acuerdo también dio origen a diversas entidades e instituciones encargadas de implementar y promover este proceso, como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, el Consejo Nacional de Reincorporación – CNR, la Comisión de la Verdad – CEV que ya cumplió su mandato, entre otros. Todas con el fin de aportar a la restauración y justicia.
Asimismo, la participación política de las antiguas FARC es otro avance importante, ya que la transformación del grupo armado en un partido político legal ha permitido su inclusión en el escenario político, representando una transición significativa hacia la democracia.
Por su parte, la reincorporación de excombatientes a la vida civil es uno de los logros más destacados. Más de 76.497 exintegrantes de las antiguas FARC han emprendido caminos hacia una vida pacífica y productiva, participando en proyectos agrícolas, empresariales y comunitarios, contribuyendo así al desarrollo y la reconciliación en sus regiones.
