Las viviendas construidas de manera improvisada con tejas, madera, metales, lona y cortinas a la orilla del río Guatiquía han sido arrasadas por la ferocidad del afluente que con las frecuentes lluvias, toma una fuerza tempestiva.
Hasta el 28 de mayo, seis familias habían perdido sus viviendas producto de las fuertes corrientes del río, quedando sin baños, sin cocina, pero sobretodo, sin dónde dormir.
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A pesar de esto, la comunidad se ha negado a abandonar su territorio mientras no se le ofrezca garantías para ser reubicada. Es por eso que funcionarios de entidades como la Defensoría del Pueblo, Oficina de Gestión del Riesgo y Alcaldía Municipal intentaron llegar a un acuerdo con las y los habitantes del sector el pasado 29 de mayo.
Sin embargo, no se logró conciliar, pues según Laura Clavijo, vocera de la comunidad, los funcionarios ofrecieron a las y los damnificados, un albergue en el barrio Siete de Agosto en el que también se hospedan migrantes. Pero los habitantes del sector se negaron, pues al parecer, para vivir en dicho lugar, debían acomodarse seis personas en una habitación y tenían que regirse bajo estrictas normas de salida e ingreso debido al Covid-19, lo que les dejaría limitados para conseguir un sustento, cuestión que ya era compleja para ellos incluso desde antes de la pandemia.
Tras no haber llegado a ningún acuerdo, se pactó una nueva reunión para el 30 de mayo, pero según Clavijo, al lugar no llegó ningún representante de las entidades antes mencionadas.
Ahora la situación de la comunidad empeoró, pues las fuertes lluvias de ese mismo día, hicieron que el río terminara de llevarse el resto de las casas que habían sobrevivido a la pasada creciente del afluente, dejando a 16 familias damnificadas.
Angustiados, sin techo y en medio del abandono institucional, los afectados decidieron trasladarse a un predio ubicado al frente de lo que antes fue su hogar. Dicho lote, según Clavijo, pertenece a Cormacarena, por lo que pidió a la entidad que permita que la comunidad se quede ahí, mientras encuentran una solución.
No obstante, Laura aseguró que cuando empezaron a edificar sus nuevas viviendas, hacia las 2:00 de la tarde, cerca de 40 integrantes de la Policía Nacional llegaron al lugar para amedrentar a las y los afectados y obligarles a abandonar el terreno. Momentos después, empezaron a producirse enfrentamientos entre la comunidad y los uniformados.
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Finalmente, la comunidad fue desalojada y tuvo que regresar a la orilla del río, quedando inmersa en la incertidumbre, pues cada vez que llueven, las y los afectados deben salir de sus casas y vigilar el afluente, rogando que sus corrientes no crezcan y de nuevo arrasen con sus «casas».
A la fecha, aseguró Clavijo, no se ha hecho presente ninguna entidad luego de la reunión del pasado sábado. Aunque ya algunos funcionarios se han comunicado con ella, estos le han indicado que por ahora, la comunidad debe esperar para concretar un nuevo encuentro y establecer alguna solución.
No obstante, la comunidad insiste en que la institucionalidad le brinde una reubicación que garantice condiciones de vida digna, por lo que hace un llamado de auxilio a las entidades gubernamentales.
