Casa por cárcel a campesino capturado al sur del Meta por ‘delitos ambientales’

El 7 de julio, la Policía realizó cinco capturas relacionadas con deforestación y ocupación en áreas protegidas, otra de las tantas problemáticas que vive el campesinado en las zonas más recónditas del departamento. 

A las 7:40 de la mañana de este 7 de julio, el líder campesino Emiliano Díaz fue capturado por la Policía en la vereda Las Ánimas del municipio de Vista Hermosa, al sur del Meta. Los cargos adjudicados fueron invasión de áreas de especial importancia ecológica, daños en los recursos naturales y concierto para delinquir.

Ese mismo día, Henry Guzmán, otro campesino, fue capturado sobre las 12:00 del mediodía en la vereda El Triunfo, ubicada también en el municipio de Vista Hermosa por los mismo delitos imputados a Emiliano. 

El reporte de la Fiscalía

Al respecto, la Fiscalía informó a través de un comunicado, que en el municipio de Vélez del departamento  de Santander, Villavicencio y Vistahermosa en el Meta y Bogotá, se llevaron a cabo “las capturas de cinco piezas fundamentales de la red delictiva denominada ‘Los Invasores’, acusados de destruir alrededor de 6.300 hectáreas de capa vegetal mediante quemas y tala de árboles, para hacer ganadería extensiva”. Dos de los cinco capturados serían Emiliano Díaz y Henry Guzmán, de los otros tres no existe aún información precisa. 

El ente acusador informó además, que serían cerca de 2.500 reses, procedentes de Arauca, las que tendrían ya ubicadas dentro del Parque Natural con el fin de levantarlas y engordarlas, para luego venderlas en Bogotá.

El ‘modus operandi’, según la Fiscalía, era comprar las reses en Arauca y trasladarlas hasta el sector de Avión Caído, ubicado en la vereda Las Ánimas, dentro del área de reserva. Luego del levante y el engorde, los animales eran movidos con documentos falsos hacia Villavicencio y Bogotá para comercializarlos y ocultar su verdadero origen.

Financiadores, coordinadores de compra, transportadores, criadores y cuidadores, son algunas de las tareas que, según las autoridades, cumplían los capturados.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, estuvo ese día en Villavicencio evaluando los avances de esclarecimiento de principales delitos que afectan a las y los habitantes de Meta y aprovechó para informar acerca de este caso. En medios se mostró como un gran logro alcanzado por las autoridades.

La persecución histórica al campesinado

En el marco de la investigación que ha estado adelantando El Cuarto Mosquetero sobre la sustitución de cultivos ilícitos al sur del Meta, se logró obtener una entrevista con Emiliano Díaz, meses antes de que fuera capturado por ser un líder campesino que ha trabajado durante más de 30 años por su comunidad. Él vive en el sector del Alto del Avión, también conocido como Caño Ánimas, el cual hace parte de la vereda La Reforma, en el municipio de Vista Hermosa. 

Llegar a Caño Animas supone todo un desafío. Aunque la comunidad ha venido trabajando en la vía desde hace tiempo, sigue siendo una trocha con gran complejidad para transitar. Existe un camino alterno, más corto pero por el que solo se puede pasar caminando o si se tiene experiencia manejando moto o la trocha pero es mucho más larga. El sector del Alto Avión, tomó ese nombre porque hace unos años colisionó allí una aeronave y parte de su estructura quedó ahí ubicada. Pero más que un estorbo, se convirtió en un escudo, pues le servía a las comunidades para evitar que las balas llegaran hasta sus casas en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y grupos insurgentes. 

A don Emiliano llegamos por casualidad. En realidad, estábamos buscando a otro campesino que, para entonces también había sido capturado en el marco de la Operación Artemisa, ya que era jornalero en una finca del sector, pero por estar presente en el momento del operativo y tener unas pocas reses, fue acusado de delitos ambientales. 

Estando en la vereda, supimos que don Emiliano era el presidente de la Junta de Acción Comunal y le pedimos una entrevista. Nos contó que desde hace 40 años viene trabajando por su comunidad y ha sido uno de los líderes del Comité Procarretera, el cual está conformado por campesinos de la zona y sectores aledaños, quienes suelen organizar jornadas de trabajo para adecuar la vía y en ocasiones, instalan un peaje para obtener los recursos para pagar jornales o comprar los elementos que se requiera en esa labor comunitaria. 

El Comité Procarretera es una iniciativa que no puede contar con apoyo institucional, ya que esta vereda se ubica en área de parques y para abrir la vía tendrían que talar atravesando la selva, por ende, bajo este hecho se han escudado desde la institucional, dice la comunidad, para someter al territorio al abandono estatal durante décadas. Desde hace cerca de 10 años, Parques Nacionales Naturales empezó a hacer presencia en la zona para avisar a las y los campesinos que no podían seguir viviendo allí porque era un área de protección ambiental. Sin embargo, ellos y ellas vienen negándose a abandonar el territorio que han habitado históricamente ya que, entre 1950 y 1960, el Gobierno animó a las personas que no tenían un hogar, a colonizar territorios y ampliar la frontera agrícola de los Llanos Orientales.

Desde zona rural de Vista Hermosa hasta el municipio de La Macarena, se conforma el Camino Ganadero, una la ruta por la que los y las campesinas sacan sus reses para luego comercializarlas. Inicialmente cultivaban coca, pero en la medida en que empezaron a ser criminalizados, cambiaron a la ganadería y otros al cacao, un producto puede mantenerse en buen estado durante varios días y soportar las complejas condiciones de traslado hasta llegar al consumidor. 

Fueron cerca de dos semanas recorriendo el sur del Meta, conociendo la realidad de las comunidades y recolectando entrevistas del campesinado. De la casa de don Emiliano nos fuimos sin imaginar que meses después sería capturado. 

Apenas fue de conocimiento público la captura de estos campesinos del municipio de Vista Hermosa, nos comunicamos con la familia de don Emiliano quien nos contó en un primer momento que estaban confundidos sobre hasta dónde había sido trasladado este  adulto mayor, pues algunos decían que había sido llevado a La Macarena y otra parte de la información era que serían remitidos a San José del Guaviare.

Después de varias horas de incertidumbre empezó el proceso legal, deberían esperar qué se determinaría en el marco de la audiencia; sin embargo, su familia tenía esperanza, pues sabía que todo lo que había realizado don Emiliano había sido desarrollado por medio de trabajo comunitario que inclusive era de conocimiento de las autoridades locales de ambos municipios, como por ejemplo la construcción de la escuela o como mencionamos anteriormente, la vía. 

Así mismo, su hijo Luis Díaz, denunció que lo que intentaba adelantar la Fiscalía no era más que un montaje judicial, ya que, no solo era imposible que los tildaran de haber deforestado más de 6.000 hectáreas pues no completaban más de 100 como familia y además, ni entre todos los cinco involucrados alcanzarían a poseer 2.500 reses en la vereda. Es importante resaltar, que los semovientes que tiene don Emiliano son no solo de su propiedad sino también de sus hijos y otras que ha recibido en aumento, pero no alcanzan a ser más de 100 y a cada una las tiene registradas -con la marca que está relacionada ante las autoridades competentes desde el año 80 aproximadamente- por ende, les sorprende que estén acusándolos de contrabandear ganado.

Casa por cárcel

El día domingo en horas de la tarde recibimos la llamada de don Emiliano, había quedado en libertad al igual que los otros cinco involucrados, ya que, aunque la Fiscalía habló de “5 piezas claves” y relacionó fotos de la captura de cada uno de ellos y de la escuela y vía que construyeron, en realidad eran seis personas. A ninguno al parecer pudieron comprobarle los delitos por los cuales los acusaban, por lo que, según nos narró éste líder campesino, el juez se negó a dictarles medida de aseguramiento intramural.

Por lo que contra todo pronóstico y pese al despliegue mediático que realizaron en redes entidades como la Fiscalía, no fue posible desplazar legalmente a los dos campesinos de Vista Hermosa ni que se dictará medida intramural para los hombres que habitaban en Villavicencio, Bogotá y Vélez. Empero, los involucrados seguirán con la investigación abierta y don Emiliano además de tener casa por cárcel, cada mes deberá presentarse a la estación de Policía más cercana, tiene restricciones de movilidad y en sus horarios, pero seguirá resistiendo para evidenciar que el campesinado no debería estar siendo judicializado sino apoyado.

“Pesca milagrosa”

Sin embargo, ya no es la coca, sino la ganadería la razón por la que viene siendo criminalizado el campesinado. Cuestión que, dicen las comunidades, estaría aprovechando el Ejército para mostrar resultados. Por ejemplo, el 2 de septiembre del 2020, aterrizaron varios helicópteros Black Hawk de la Policía en la vereda La Esperanza, de Puerto Rico, Meta. Luego, miembros del Ejército y de la Dijín que bajaron de las aeronaves y allanaron varias fincas de la vereda. Horas después, el ministro de Defensa en ese momento, Carlos Holmes Trujillo, informó que “Tras una labor de varios meses de inteligencia fueron capturadas ocho personas, siete de ellas en flagrancia y una por orden judicial, que deberán responder por los delitos de invasión, daño en los recursos naturales y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Durante la operación se incautó material como carabinas, siete armas de fuego, motosierras y guadañas. La sexta fase de la Campaña Artemisa permitió la recuperación para su protección de más de 248 hectáreas ubicadas en el Parque La Macarena”.

El Cuarto Mosquetero tuvo la oportunidad de conversar con dos de los capturados. Así supimos que un día antes del operativo, Yeison Ascencio Medina, un defensor de Derechos Humanos de Puerto Rico, había llegado a la finca de su abuela, Herlinda Páez de Fonseca, ubicada en esa vereda, a llevarle unos medicamentos. Estando allí, aceptó la petición de su abuela de quedarse y al día siguiente ayudarle a recoger la cosecha de maíz.

Herlinda Páez, relató que vive en la finca Buenavista de esa vereda desde 1977. Llegó allí durante la colonización dirigida por el Gobierno entre 1950 y 1960 con sus hijos desde el departamento del Huila, luego de la muerte de su esposo en esa región. Afirma ser una de las fundadoras de lo que hoy es la vereda La Esperanza. Mientras habitaba en la zona, se dedicó a la siembra de yuca, caña, maíz y arroz. Luego, se dedicaron al cultivo de coca cuando hubo bonanza. Años después la erradicaron e incursionaron en la ganadería. 

Un juzgado de Medellín emitió por solicitud de la Fiscalía una orden de captura el 1° de octubre de 2019 contra Herlinda, por los delitos de invasión de área de especial protección ecológica, ilícito aprovechamiento de los recursos naturales e incendio. Esta era una de las seis órdenes de captura con las que se llevó a cabo el operativo del 2 de septiembre.

Según El Espectador, durante esa mañana, las autoridades allanaron las fincas en las que estarían las personas que serían capturadas. Estas no fueron encontradas, pero se llevaron a otros campesinos de la zona en un hecho que las y los pobladores definieron como “una pesca milagrosa”. La fiscal 17 especializada contra violaciones de Derechos Humanos, Marta Lucía Yepes, en la audiencia de legalización de las capturas, lo que ocurrió fue que durante la operación hallaron a otros campesinos en zonas aledañas a las fincas allanadas y consideraron haberlos encontrado en flagrancia, cometiendo el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica. Por eso, los capturados fueron Nelson Vargas Olaya, Arquímedes Pérez León, Eliseo Álvarez Reyes, Humberto Villalobos Díaz, Yeison Mauricio Camayo, José Freddy Ocampo, Herlinda Páez de Fonseca y Yeison Ascencio, su nieto.

Lo cuestionable de la Operación Artemisa

De los ocho capturados, dos fueron puestos en libertad. Pero la Operación Artemisa sigue dando vía libre a este tipo de capturas que a su vez, deja varios interrogantes sobre la mesa, pues, durante esta estrategia militar para detener la deforestación en Colombia, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y autoridades ambientales; varias organizaciones sociales y campesinas han denunciado abusos de fuerza en los procedimientos, por lo que la Fundación Ideas para la Paz (FIP) lanzó en septiembre del 2020 un informe en donde analiza la Operación Artemisa. 

Según la FIP, el Área de Manejo Especial de La Macarena, entre los Parques Nacionales Naturales Tinigua y Sierra de La Macarena, ha sido una de las más afectadas por la deforestación y en la que más se ha concentrado la Operación Artemisa. En esta zona, usualmente se tumba monte para la introducción de ganado, así se demuestra también ocupación de tierra. Algo similar ocurre en la Zona de Reserva Campesina del Guaviare, la Reserva Forestal de la Amazonia y el Resguardo Indígena Nukak Makú en el Guaviare.

En estas zonas protegidas, tumbar una hectárea de bosque podría costar entre 500 mil y un millón de pesos, lo que excede con creces las posibilidades de campesinos y campesinas de escasos recursos de realizar esta actividad en cientos de hectáreas. No son ellos quienes deforestan, ni talan en gran extensión, pero sí son quienes han sufrido el reacomodo de estructuras criminales y grupos armados en la zona, y la persecución de autoridades ambientales como Corpoamazonia, Cormacarena, Parques Nacionales y funcionarios públicos como los guardaparques de Parques Nacionales.

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