Mientras las políticas extractivas siguen consumiendo al territorio, esta península al norte del país, es uno de los departamentos más pobres del país.

Desde hace más de 10 días, ocho jóvenes pertenecientes al ‘Movimiento Juvenil Diverso de La Guajira’ se encuentran en huelga de hambre en el parque Simón Bolívar de Riohacha, exigiendo solución a las problemáticas históricas y estructurales que se siguen presentando en el departamento: salud, educación, juventud, agua potable, entre otros temas. “Desde el inicio de Colombia como república y mucho tiempo antes, sentimos que ha habido un abandono, (…) que tienen que ver con una política económica de carácter extractivo que únicamente utiliza los territorios para sacar sus recursos pero no entrega un bienestar social”, afirmó uno de los manifestantes.

Ya se ha hecho común entre las y los colombianos que “en La Guajira se mueren de hambre”. Pero esa es solo la punta del iceberg. Esta península ubicada al norte de Colombia padece de diversos problemas: desigualdad, pobreza, desempleo, falta de oportunidades, corrupción, entre otras. Tal situación desesperanzadora no parece lógica teniendo en cuenta que hace menos de 30 años el departamento se vislumbraba como uno de los territorios con mayor potencial de crecimiento industrial del país. 

Brilla la hambruna en un país agrícola 

Lo que más reluce entre la opinión pública es la muerte perpetrada por el abandono estatal. La Guajira ha sido intervenida administrativamente en las áreas de salud y educación, sectores que pasaron a ser manejados directamente por el Gobierno Nacional y aún así se persiste la problemática por deceso de personas a causa de inanición o por enfermedades relacionadas con la desnutrición. 

De hecho, en marzo del 2014, El Heraldo dio a conocer que el entonces director del departamento administrativo de Planeación de La Guajira y secretario técnico del Consejo de Política Social, César Arismendy Morales, interpuso una tutela contra el Estado para exigir la protección de los derechos de los niños y niñas guajiras, especialmente de las etnias wayuú, wiwa, kogui, arhuaco y kankuamo. 

El funcionario aseguró ante el Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, que entre 2008 y 2013 murieron oficialmente 2.969 menores de cinco años, de los cuales 278 sufrían desnutrición y el resto, 2.691, otras patologías asociadas a la falta de una buena alimentación.

Desde entonces, el panorama no ha cambiado mucho. La pandemia llegó al país el año pasado y llevó al extremo los padecimientos. Para agosto del año pasado, la mortalidad infantil en el departamento estaba cinco veces por encima de la media nacional y para ese entonces el ICBF reportó 784 menores con desnutrición aguda. Además, existe un total de 63 menores muertos entre 2017 y 2020 por desnutrición, según El Tiempo. “No solo hay una mortalidad infantil alta. También hay una desnutrición aguda alta y esto afecta de manera implacable el desarrollo y bienestar de los niños, las personas, las regiones y los pueblos”, le dijo la Veeduría Ciudadana para la Implementación de la Sentencia T 302 a ese diario. 

En 2019, a través de la Sentencia T 302, la Corte Constitucional ordenó al Estado construir una política pública con participación de las comunidades Wayúu que cumpla con objetivos mínimos constitucionales como el acceso al agua potable, la consecución de programas de atención alimentaria y aumento de la cobertura y la mejora de las medidas inmediatas y urgentes en materia de salud a cargo del Gobierno Nacional, entre otros. Sin embargo, el avance no ha sido eficiente. 

Los Wayuú entre los más afectados

La población indígena ha sido de las más afectadas en medio de esta problemática. A inicios del año pasado, Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins, establecieron tras una ardua investigación que casi todos y todas las Wayuú “viven en áreas rurales o poblados pequeños; sus fuentes de alimentos y de ingresos tradicionalmente han sido la agricultura de subsistencia, la búsqueda estacional de alimentos, la cría de cabras o la pesca. Muchos otros trabajan en el sector de turismo o en la minería de sal o carbón, elaboran artesanías y las venden, o dependen del comercio con Venezuela”.

La investigación señala también que si bien Colombia ha reducido la tasa nacional de mortalidad de menores de cinco años en los últimos cinco años, la tasa en La Guajira ha incrementado en ese periodo. “En 2019, la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños menores de 5 años en La Guajira fue casi seis veces la tasa nacional. Es posible que la tasa real sea aún más alta, según señalaron médicos, enfermeros, funcionarios gubernamentales y trabajadores de organizaciones humanitarias”.

Corrupción: un virus peor que la pandemia

De ahí que La Guajira sea uno de los departamentos más pobres de Colombia. Extraña paradoja teniendo en cuenta los 313 mil millones de pesos por regalías que recibió en 2018, solo de carbón. Además, de acuerdo con un estudio del Centro de Pensamiento Guajira 360, el departamento percibe una buena partida del total nacional, pero ocupa los primeros lugares de baja ejecución; es decir, no plantean proyectos. Entre el 2012 y 2016, al territorio le asignaron 1,05 billones de pesos, y solo usó el 53%.

La corrupción salta a simple vista. En los últimos años el departamento ha tenido más de 12 gobernadores. Todos están siendo investigados o han sido condenados, y de los candidatos siempre surgen cuestionamientos. 

Como si fuera poco, en 2016, la Contraloría General de la República reveló irregularidades en la construcción de un acueducto en el corregimiento Camarones, en donde la Alcaldía de Riohacha invirtió 10.858 millones de pesos de regalías sin tener los títulos de propiedad del predio en donde se proyectaba la obra. 

Y ni siquiera ha habido piedad con la infancia y su educación. En 2016, hombres encapuchados y con fusiles atracaron una escuela wayuú en zona rural de Manaure, y entre los elementos que se robaron está un tanque con capacidad para 10.000 litros de agua y 11 mercados destinados a los niños. El Estado no se habría quedado atrás, pues el ente de control también alertó ese mismo año sobre otros cuatro contratos, por 7.190 millones de pesos, que invirtió la Gobernación en alimentación y transporte escolar, y en compra de semovientes para las rancherías, sin que se conozca a los beneficiarios.

¿Qué motiva la huelga de hambre?

“Porque en mi departamento, las familias, las mujeres, los jóvenes están condenados a una vida de exclusión gracias a un sistema político extractivo, que le quita las oportunidades de educarse, de emplearse, de acceder al mínimo vital, de tener condiciones mínimas como tomarse un vaso de agua”, afirmó uno de los manifestantes. 

Y es que, sobran las razones por las que estos ocho jóvenes completan hoy 12 días de protesta, por lo que ya han empiezan a sentir las consecuencias de una lucha noble que pone en riesgo sus vidas. Beatriz Salas, una de las manifestantes, tuvo que ser llevada a un centro asistencial debido a las complicaciones de salud que presentó en el décimo día de la protesta. El médico Spencer Rivadeneira, quien ha estado apoyando a las y los ciudadanos movilizados, la atendió y recomendó que fuera tratada en una clínica para que pudiera ser estabilizada. Poco después de haber sido revisada en un hospital, se unió nuevamente a la protesta, informó El Heraldo. 

Su iniciativa ya ha tenido repercusión a nivel nacional. Las y los jóvenes estuvieron en una transmisión en vivo junto a artistas como Adriana Lucía, Santiago Alarcón y Julián Román, logrando posicionar en redes sociales #LaGuajiraenHuelgaDeHambre.

Organismos de derechos humanos ya se han pronunciado frente al tema. El 12 de julio, la Defensoría del Pueblo remitió dos oficios al alcalde José Ramiro Bermúdez Cotes, a quien solicitó informar las medidas administrativas y las gestiones realizadas para brindar las garantías a las y los jóvenes en medio de su protesta. “Consideramos que independiente de las peticiones elevadas por los jóvenes y su discusión temática se debe garantizar su salud”, afirmó el Defensor del Pueblo.

La Oficina de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia también se pronunció sobre la huelga de hambre señalando: “Damos seguimiento a su situación y continuamos llamando a procurar espacios de diálogo”.

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.