Desde 2006 Raquel Rodríguez ha buscado justicia por la desaparición de sus tres hermanos enfrentando impunidad y amenazas. Este crimen ahora está siendo investigado por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- en el Caso 08.
A Raquel Rodríguez le desaparecieron sus tres hermanos el 05 de enero de 2006 a las 9:30 de la mañana y no ha recibido verdad, justicia y reparación. Además, ha sufrido amenazas. El 07 de mayo de este año fueron a buscarla hasta Tunja, Boyacá cinco hombres afirmando ser sus “amigos”. Dice que se salvó porque la señora de la tienda del barrio le avisó y tuvo que huir.
Desde entonces se trasladó a vivir a otra parte del país. “Los casos de nosotras las víctimas siempre los han archivado. Nunca se han hecho públicas las cosas ni los que cometieron estos crímenes”, afirma indignada. La institucionalidad la buscó en los tiempos de la Ley 975 conocida como Justicia y Paz, por medio de la cual grupos armados, mayoritariamente paramilitares, se desmovilizaron. Pero el proceso no prosperó.
“Se han tirado la pelota los unos a los otros y todavía hay completa impunidad”, afirma. Se trata de Rafael Rodríguez Franco, Jamir Rodríguez Franco y Yurley Rodríguez Franco. Vivían en Vista Hermosa en una finca llamada Mata Bambú de la vereda La Laguna.
La Corporación Colectivo de Abogados y Abogadas Orlando Fals Borda, representante de algunas víctimas, hizo una recolección de testimonios para conmemorar a quienes desaparecieron.
En estas historias se cuenta que a Rafael le gustaba pescar y tenía buen sentido del humor. Colaboró con la crianza de sus sobrinos “para los negocios fue serio. Le gustaba mantener bien presentado y andaba bien peluquiado”. Por su parte, Jamir era alto, vigoroso y simpático. “Muy dedicado con su trabajo, cumplía con sus obligaciones con responsabilidad y se caracterizaba por ser un muchacho luchador. Le decían de cariño “pulga arrecha”. A Yurley lo recuerdan como recochero y coqueto. Le encantaba la pega del arroz, era muy buen bailarín “y se gozaba las fiestas de principio a fin”.
Ahora Raquel siente un atisbo de esperanza por obtener verdad y justicia debido a que la desaparición de sus hermanos se encuentra en la JEP, dentro del Caso 08 en su Subcaso Ariari, Guayabero, Guaviare, Caguán, Florencia y zonas aledañas.
Centralidad de las víctimas y principio dialógico
El Caso 08 de la JEP investiga crímenes cometidos por la fuerza pública y otros agentes del Estado, en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles. Este proceso ha logrado reconocimientos y aportes a la verdad sobre 27 asesinatos ocurridos en esta zona del país.
Los comparecientes son exmiembros de las unidades militares contraguerrillas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, quienes están siendo investigados por hechos relacionados con desapariciones forzadas, masacres, despojo de tierras, violencia de género, entre otros crímenes de lesa humanidad en territorios de la Orinoquía y Amazonía.
En el marco de este proceso, el pasado 28 de agosto se realizó la primera Audiencia de Observaciones de Víctimas. Vestidas de blanco, con las fotografías de sus familiares expuestas en la sala y en compañía de sus representantes legales, respondieron a las 51 versiones dadas libremente por los comparecientes. La magistrada Reinere Jaramillo expresó que “escuchar sus demandas de verdad es un deber y forma parte del propósito de armonización y sanación individual, colectiva y territorial que caracteriza a la justicia restaurativa”.
La magistrada también explicó que en la investigación se identificaron 854 hechos victimizantes ocurridos entre 1981 y el 01 de diciembre de 2016, así como 594 presuntos responsables, gracias a 84 informes presentados por organizaciones de víctimas, asociaciones de derechos humanos, entidades públicas y expedientes judiciales.
“Esto nos permitió iniciar una investigación que abarca 24 municipios de Guaviare, Meta y Caquetá (…) que se convirtieron en el escenario de una disputa entre actores armados por el control territorial, lo que llevó a que integrantes del Ejército controlaran los suministros de alimentos y cometieran actos de violencia«, detalló la magistrada Reinere.
Durante el protocolo, Raquel encontró la oportunidad para darle un regalo, en representación de las víctimas, al presidente de la JEP, como símbolo de esperanza y reconciliación. Se trató de un acta con las firmas de quienes presentan observaciones a lo dicho por los comparecientes de la fuerza pública.
Faltan aportes a la verdad
Deidania Perdomo, familiar de seis personas víctimas de desaparición forzada, directora y representante legal del Colectivo Orlando Fals Borda, dijo que los aportes de los comparecientes son “mínimos y. no cumplen las expectativas. No hay verdad.” Además, afirma que “se evidencia un patrón macrocriminal consistente en el asesinato de civiles”.
La abogada también comentó que hubo encubrimiento por parte de las autoridades para impedir que se identificaran las víctimas y se siguieran las investigaciones sobre los múltiples casos de desaparición forzada. “El análisis realizado refleja la complejidad de los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado”, dijo.
Por su parte, el abogado Julián Garzón del colectivo de abogados José Alvear Restrepo -CAJAR- quien también es representante de víctimas, manifestó que hay una negación de los comparecientes a reconocer la presencia de paramilitares en la zona y el “actuar conjunto” entre esta organización y el Ejército.
Afirmó que “una pregunta que los comparecientes no han podido responder de manera satisfactoria es: ¿Por qué favorecer acciones, como los despojos de tierras?, ¿Por qué favorecer los desplazamientos de la población y así quedarse con las tierras de los campesinos de esta región?”.
“Yo busco a mis hermanos donde sea y como sea”
Durante la audiencia también se realizó un acto simbólico. Estaban los retratos de las personas desaparecidas y un mandala compuesto por frutas y otros productos alimenticios, flores, plantas, dibujos y objetos de especial valor para las víctimas.
Paola Perilla, una de las víctimas, mostró un cuadro a medio pintar que representa la Flor del Guaviare, símbolo de este departamento. Hizo referencia a la fuerza que tienen en la búsqueda de la verdad, pero también a la necesidad de apoyo de la JEP para alcanzar ese objetivo.
El último avance que ha tenido este caso en la JEP ha sido el juicio Adversarial Transicional contra el coronel -r- Publio Hernán Mejía Gutiérrez, en Valledupar, Cesar. Fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación del tribunal de justicia transicional de cometer 35 hechos que resultaron en la victimización de 72 personas en la Costa Caribe.
En la audiencia, Luz Janeth Llanos Riorrecio, una de las víctimas, le preguntó a los magistrados y magistradas de la JEP “¿Cómo volver a confiar en el Ejército cuando aún sentimos miedo? Estamos muertos de miedo. ¿Quién nos garantiza la tranquilidad en nuestros territorios cuando aún seguimos siendo tildados y perseguidos?”. Esto debido a que este año organizaciones sociales como la Coordinadora del Suroriente Colombiano para los Procesos Agrarios Ambientales y Sociales -Cooscopas- han denunciado violaciones a los derechos humanos en el Sur del Meta y el Guaviare. Aunque Deidania explica que es un contexto diferente al de hace 20 años, las comunidades siguen viviendo con temor y persisten con la exigencia de garantías para habitar sus territorios.
Otra de las víctimas que intervino en la audiencia fue Ana Yurley Rueda, quien aprovechó la oportunidad para decir que lo mejor que puede hacer la JEP es dignificar el nombre de sus seres queridos y el de los territorios. “Cuando los desaparecieron a ellos los tildaban de que pertenecían a un grupo al margen de la ley, dañaron el buen nombre de nuestros seres queridos”, expresó.
Citó el ejemplo del Guaviare, argumentando que al escuchar el nombre del departamento, la gente percibía que había inseguridad. El accionar de la Fuerza Pública generó estigmatización al territorio, por eso solicita dignificar el nombre de sus familiares y la zona en la que viven.
Raquel sigue esperando verdad, justicia y reparación. Dice, mientras se le quiebra la voz, que busca a sus hermanos donde le toque ir. “Mi mamá me decía ‘mona, me voy a morir y no voy a alcanzar a ver a mis hijitos’. Se murió en mis brazos”. Sin embargo es enfática en afirmar que seguirá luchando “hasta el día que me quiten la vida”.
Lea también: La paz, una construcción histórica en las comunidades indígenas