Recientemente la periodista colombiana Laura Ardila se exilió por amenazadas presentadas desde la publicación de su libro “La Costa Nostra” donde desentraña a las maquinarias del poder en la Costa Colombiana. Es este uno de los casos que demuestran la persistencia de la violencia en contra de los y las periodistas.
Con anterioridad Ardila denunció que su libro ‘La Costa Nostra’ había sido censurado por la editorial Planeta, a partir de esto fue objeto de señalamientos, estigmatizaciones y desinformaciones en la red social Equis, por parte de cuentas relacionadas entre sí de grupos cercanos a los clanes Char y Daes, de Barranquilla, según lo comprobó el medio de verificación, Colombia Check.
Tras dos años de investigación y escritura, cuando estaba listo para imprimir, Editorial Planeta decidió no publicar mi libro ‘La Costa Nostra’ (historia no oficial del clan Char).
Hago pública esta historia porque para mí el silencio no es una opción. https://t.co/fVV4xmcYSj
— Laura Ardila Arrieta (@Laura_Ardila_A) July 9, 2023
Laura Ardila, le manifestó a la agencia de noticias -EFE-, que no sintió que el Estado colombiano le brindara protección sobre su caso y que se sentía indefensa al ejercer el periodismo en el país.
Frente a hechos similares La Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP-, en sus informes registró que durante 2022 se presentaron 218 amenazas contra periodistas, mientras que en 2023, fueron 530. Este tipo de violencia es la más común en el ámbito periodístico, sin embargo, también se ven inmersas la estigmatización, la obstrucción al trabajo periodístico y los casos de acoso.
La fundación también manifiesta que para lo que lleva el 2024 están notificadas 152 amenazas y que varias entidades del Estado, incluida la Fiscalía General de la Nación, presentan deficiencias en la sistematización y clasificación de las agresiones contra periodistas como crímenes que atentan contra la libertad de expresión.
En un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo sobre las vulneraciones de derechos reportadas por periodistas, se encontró que el 47.7% de estas vulneraciones proviene de estructuras armadas ilegales, el crimen organizado y la delincuencia común. Asimismo, el 21.2% indicó haber sido atacado por líderes políticos, mientras que el 13.2% manifestó que sus derechos fueron vulnerados en el ejercicio de su labor por miembros de las Fuerzas Militares. A su vez el 12% señaló haber sido blanco de comentarios hechos por personas que forman parte de entidades públicas, y finalmente, el 8% denunció haber sufrido vulneraciones por parte de su empleador. La invitación desde esta entidad es que “el respeto a los periodistas es compromiso de todos”.
Es importante mencionar que dentro de este espiral de violencia la desacreditación a partir de declaraciones por parte de autoridades o figuras públicas marginaliza directamente al periodista o medio de comunicación, según la FLIP “por el simple hecho de que la cobertura periodística no está alineada con sus opiniones, intereses y/o posturas políticas”.
El presidente Gustavo Petro, es un claro ejemplo de lo anterior, puesto que ha utilizado términos como “muñecas de la mafia” para hacer referencia a las periodistas que según él “construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar”. Tales declaraciones aparte de incluir un discurso estigmatizante, intensifica las violencias basadas en género. Acto que rechazó en su momento la FLIP. Por su parte la defensora nacional del pueblo Iris Marín Ortiz, se pronunció por medio de la red social Equis “No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias, no violentemos a las mujeres”.
Entre 2023 y 2024, la FLIP documenta 171 casos de agresiones contra las periodistas, de las cuales 43 han sido amenazas. Además, esto evidenció que hay un fenómeno de acoso digital que afecta especialmente a las comunicadoras.
Aún con estos antecedentes, el mismo mandatario, el pasado 09 de septiembre, firmó una directiva, la cual tiene el objetivo de reforzar el deber que recae sobre las y los funcionarios públicos al emitir pronunciamientos, especialmente en su interacción con periodistas y medios de comunicación, cuando se aborden temas relacionados con el cumplimiento de sus funciones.
Esta directriz también busca que los agentes del Estado garanticen el acceso a información pública veraz, imparcial y oportuna, evitando el uso de su influencia para censurar ideas, opiniones o información crítica hacia las autoridades o instituciones.
El mismo 09 de septiembre, se presentó el fondo “No Es Hora De Callar”, el cual hace parte parte de las 13 medidas de reparación establecidas por la Corte IDH en su fallo sobre el caso de la periodista Jineth Bedoya. Para la FLIP, este hecho permitirá “saldar una deuda social e histórica con las periodistas y comunicadoras colombianas” al reconocer que por el género y oficio se encuentran expuestas a violencias sistémicas.
Es la libertad de prensa un derecho y un principio consagrado en las constituciones alrededor del mundo que debe garantizar la circulación de información a través de diversos medios de comunicación. Sin embargo, aún queda camino, voluntad política y garantías institucionales para que esto pueda ser una realidad y no el reflejo de una espiral de violencias que se perpetúa sobre todo en las mujeres periodistas.
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