Por: Leidy Alejandra Guaca Ijají
El 24 de noviembre de 2016, Colombia fue testigo de un hito histórico: la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Después de cincuenta años de conflicto armado con una de las guerrillas más grandes del país, el Acuerdo buscó poner fin a la violencia, impedir que haya más víctimas y enfocar todos los esfuerzos en construir una paz estable y duradera con verdad, justicia, reparación y no repetición.
Este Acuerdo se distingue por su enfoque territorial, diferencial y de género, que actúa como un eje transversal, lo que implica el reconocimiento y la consideración de las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades. Para asegurar la sostenibilidad socioambiental y fomentar la implementación integral y coordinada de las diferentes medidas, se requiere la participación activa de la ciudadanía en colaboración con las autoridades locales y los diversos sectores de la sociedad.
Aunque ya han transcurrido siete años desde la firma del Acuerdo de Paz, el país continúa enfrentándose a una serie de desafíos y problemas estructurales en su camino hacia la paz. El ciclo de la guerra ha estado intrínsecamente ligado a conflictos sociales, los cuales son consecuencia de altos niveles de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y una perpetua disputa territorial. La tierra se ha convertido en un elemento crucial para comprender la dinámica en el Cauca, y requiere hacer una distinción clara entre ‘tierra’ y ‘territorio’.
Si bien, el Acuerdo de Paz marcó un hito en el camino hacia la reconciliación, la justicia y la construcción de una sociedad más pacífica, la región del Cauca sigue enfrentando una serie de desafíos, entre estos se incluyen la falta de acceso a servicios básicos, la insuficiente inversión en desarrollo agropecuario, la expansión del narcotráfico y la presencia de otros grupos armados que buscan controlar el territorio debido a la ineficacia del Estado en la ocupación de estas áreas anteriormente dominadas por las FARC-EP.
Estos factores han generado nuevas dinámicas de conflicto armado, perpetuando la desigualdad y afectando gravemente los derechos humanos. En este contexto surge la pregunta: ¿Cómo se construye paz en el Cauca desde las organizaciones territoriales? Esto subraya la crucial necesidad de implementar políticas nacionales efectivas que aborden estos desafíos en colaboración con las comunidades.
Algunas perspectivas
A partir de las perspectivas económica y social, el reconocimiento de los recursos locales y la participación de las comunidades como elementos fundamentales para lograr transformaciones a largo plazo en el sistema requiere de la revisión del enfoque transversal del Acuerdo de Paz.
La economía local, refiere al conjunto de actividades económicas desarrolladas en una región. Estas actividades pueden incluir la producción de bienes y servicios, el comercio, el turismo y la agricultura, entre otras. Presta especial atención a la agroecología y la soberanía alimentaria, buscando un desarrollo que sea tanto sostenible como autosustentable, aprovechando las fortalezas y potencial inherentes a cada territorio.
El Cauca es uno de los departamentos que presenta mayor desigualdad en la distribución de propiedad con un índice de Gini de área de propietarios rurales privados con destino agropecuario del 0,783 a escala nacional. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, la población del departamento se distribuye en un 37,28% en la cabecera, con 545.902 habitantes, y el 62,72% restante, o sea 918.486 habitantes, en los centros poblados rurales dispersos.
Cuenta con una amplia diversidad, una rica historia y una gran riqueza biológica, cultural y étnica, gracias a su relieve y posición geográfica. Está compuesto por 42 municipios, distribuidos en siete subregiones: Norte, Centro, Sur, Pacífico, Oriente, Macizo y Bota Caucana. Se caracteriza por tener todos los pisos térmicos, permitiendo tener una economía basada principalmente en la producción agrícola y ganadera, la explotación forestal, la actividad pesquera y el comercio.
Sin embargo, esta variedad en suelos y pisos térmicos no implica que toda la tierra tenga vocación productiva. De acuerdo con el estudio en La economía del departamento del Cauca: Concentración de tierras y pobreza del Banco de la República, la distribución de la tierra según su vocación productiva se encuentra principalmente en la zona centro con aptitudes para la agricultura, mientras que la zona norte tiene vocación para pasturas. La zona del Pacífico también presenta poca disponibilidad. Por su parte, la zona oriental, el macizo y la bota son en su mayoría tierras con poca vocación comercial, con limitaciones para el uso agrícola y con vocación principal hacia la conservación forestal y agroforestal.
El Acuerdo de Paz incorporó el enfoque de género como uno de sus principios transversales, reconociendo y abordando las desigualdades y discriminaciones basadas en género que han afectado a las mujeres durante el conflicto armado. La Resolución 1325 del 2000 aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoce que la comprensión de los efectos de los conflictos armados en las mujeres y las niñas requiere de unos mecanismos institucionales eficaces para garantizar su protección y la plena participación en el proceso de paz y así pueden contribuir considerablemente al mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad.
El género, como categoría de análisis, permite conocer el complejo sistema social como “elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en la diferencia que distingue los sexos y una forma primaria de relaciones significativas de poder” según Theory and Urban Politics. International Political Science Review. Esta capacidad para abordar transversalmente las diversas dinámicas sociales necesita de una comprensión académica del conflicto armado y su influencia en la construcción de una paz sostenible.
En Colombia, a causa de las dinámicas del conflicto armado, los procesos de desplazamiento, reubicación y creación de nuevas centralidades reconfiguran la relación con los espacios urbanos. La firma del Acuerdo de Paz incluyó un plan de desarrollo agrario integral con acceso a tierras y servicios y una estrategia de sustitución sostenible de cultivos ilícitos, entre otros elementos . Poner en marcha la Reforma Rural Integral -RRI- acordada, ha requerido de Programas especiales de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- para planificar la implementación de los planes y programas en los municipios priorizados, exigiendo una coordinación con el Estado para que las instituciones trabajen de la mano de las comunidades y se logre estabilizar esas regiones con verdaderos planes de choque y facilitar la reconciliación.
No obstante, la regulación del uso del suelo y la propiedad de la tierra son elementos que varían según sea la disposición geográfica, el desarrollo económico, político o los actores que intervienen en ello, considerando que la tenencia de la tierra es uno de los factores que más ha incidido en el desarrollo del conflicto armado en el país.
Tal como se menciona en el Comité de Economía Local, por territorio se entiende el espacio políticamente organizado, mientras el espacio se refiere a la ocupación, pero cuando asume una posición política se convierte en territorio, de ahí que el espacio sea una lucha por el poder donde la gente y las calles confluyen en su organización y convivencia.
Según Theory and Urban Politics. International Political Science Review, “las formaciones espaciales y los acuerdos sobre el terreno se consideran fundamentales para saber quién consigue qué”. En este sentido, según el Alto Comisionado para la Paz en 2016 , el enfoque territorial es un aspecto central en el Acuerdo de Paz, porque necesita establecer “las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva (…) teniendo en cuenta el enfoque territorial, diferencial y de género”. Este enfoque busca adaptar las soluciones de paz a las realidades específicas de cada región, promoviendo el desarrollo integral y la participación local para construir una paz duradera en Colombia y el Cauca.
Reflexiones que llegan desde los Territorios
Más allá de la firma del Acuerdo de Paz, su implementación continúa siendo un reto. Infiriendo en los limitantes productivos y en el marco del Acuerdo, es necesario promover el desarrollo económico y productivo local mediante el fomento de emprendimientos dinámicos, inclusivos y sustentables a partir de una integración institucional regional y nacional.
Asimismo, es imprescindible promover la igualdad de género, la diversidad y la inclusión mediante actividades que permitan concientizar sobre la importancia de la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad, siendo una herramienta para la construcción de paz fundamentada en la tríada de justicia, equidad e igualdad.
Siendo necesario fomentar la confianza entre las organizaciones territoriales mediante trabajo colaborativo, en alianza con las ONG, instituciones privadas y el Estado.
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