En un histórico encuentro en Puerto Concordia, comunidades campesinas de varios municipios del Meta y Guaviare presentaron sus propuestas en una mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las FARC-EP -EMC- y el Gobierno Nacional. La tensión aumentó cuando las organizaciones exigieron la creación de una comisión interinstitucional en la que participen funcionarios con capacidad de decisión.
Bajo una caseta al lado del río Ariari en Puerto Concordia, Meta, representantes de organizaciones sociales y campesinas de este municipio y otros como Puerto Rico, El Castillo, Puerto Lleras, La Macarena y Vista Hermosa, conversaban sobre las propuestas que iban a llevar a la mesa de diálogos entre el EMC y el Gobierno Nacional.
Este encuentro se llevó a cabo el 02 y 03 de junio, en el marco del IV ciclo de conversaciones inaugurado en marzo pasado en San José de Guaviare. En toda la historia de los conflictos en Colombia y las negociaciones de paz, nunca antes se había dialogado con las organizaciones comunitarias de base en sus propios territorios, lo que representó un reto metodológico.
La espera y la planeación
Al ser la primera vez en Colombia que se implementa esta metodología, las conversaciones con las comunidades hacen parte de un plan piloto donde se pretendía priorizar las necesidades y propuestas solamente de los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa y la Zona Noroccidental de San José del Guaviare.
El comandante “Calarcá” de los bloques Jorge Suárez Briceño Briceño y Magdalena Medio del EMC, saluda a las comunidades reunidas antes de empezar oficialmente la mesa de diálogos. Tenía un camibuso blanco y una bufanda verde. “Nunca se había visto un proceso de paz así donde las comunidades participan e interlocutan con guerrilla y gobierno. Siempre se habían hecho muy lejos donde no iba nadie”, dijo.
Reconoce que falta articulación institucional y le expresa a quienes le escuchan que “toca enfocarse en cosas muy reales”. Dijo que se iban a abordar tres ejes temáticos en la mesa de diálogo, que hacían parte de la estrategia de “transformaciones territoriales” y fueron los mismos que se abordaron en los diálogos regionales pasados que también hicieron parte del IV ciclo de conversaciones y se llevaron a cabo en San Vicente del Caguán, Caquetá. Las mesas de trabajo serían de: Ambiente y desarrollo sostenible; tierra y desarrollo rural; e infraestructura, salud y educación.
El objetivo del encuentro de los dos días, según Calarcá, era avanzar en el diálogo regional, en algunos puntos específicos de territorios del área de presencia del EMC y establecer líneas fundamentales de las transformaciones territoriales mientras se dan las condiciones en el marco del diálogo nacional.
“Lo que queremos demostrar son la motivación y las ganas y el gobierno también tiene mucho que demostrar en el sentido de lo que se ejecute en estos años. (…) que como punto de partida de este encuentro quede una comisión interinstitucional para que nos acerquemos a las instituciones que son las encargadas reales de tratar de ejecutar los recursos necesarios”, expresó Calarcá. Concluyó diciendo que si en algún momento se rompen los diálogos todos debemos reclamar.
Termina su discurso a las 9:20 am y el protocolo estaba programado para iniciarse a las 11 de la mañana en el coliseo ubicado al frente de la Alcaldía de Puerto Concordia. La gobernadora del Meta Rafaela Cortés no había confirmado su asistencia pero al final asistió y quiso encontrarse en privado con la delegación del gobierno y el EMC. A las 12:05 salieron de esta reunión mientras las comunidades esperaban desde temprano.
La mesa de diálogos regionales empezó formalmente con un acto cultural que incluyó la presentación de cuatro grupos juveniles, los saludos de la gobernadora del Meta y el gobernador del Guaviare, los alcaldes de los municipios y las delegaciones del Gobierno Nacional y el EMC.
Lo que pide la gente
Edgar Saldarriaga, líder de la Asociación Campesina de Trabajadores y Productores Agropecuarios de la Región del Río Cafre -Agrocafre-, organización campesina de Puerto Rico, Meta, compuesta por 18 veredas ubicadas en la margen del río Ariari explicó que en su territorio hay un área protegida que es el Parque Natural Sierra de La Macarena y abarca el 40% de Puerto Rico. Las comunidades campesinas no pueden acceder a la inversión social precisamente por estar dentro.
“Hay un punto muy importante que es el realinderamiento porque tenemos la zona de reserva campesina en el sector del Guejar y queremos ampliarla hasta el sector del Cafre y que las comunidades que están dentro del área protegida puedan acceder a la zona de reserva campesina”. Con respecto a la salud lo que busca es que el hospital de tercer nivel de su municipio suba de categoría y que los puestos de salud en Toledo, Barranco, Chispas y Charco Alto, no carezcan de personal de atención y medicamentos.
Mirella Rodríguez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Argentina, delegada de Asojuntas de Vista Hermosamo y José Afanador, delegado de la vereda Loma Linda del mismo municipio, ambos integrantes de Aspromacarena y de la Coordinadora del Sur Oriente Colombiano para los Procesos Agrarios, Ambientales y Sociales COSCOPAAS, explicaron que entre sus exigencias se encuentran las mejoras en los centros educativos tanto en las infraestructuras como en los docentes, también de los hospitales y puestos de salud, que cuenten con los servicios básicos.
Mirella y Afanador, que también trabajan de la mano con Agroguejar y Agrocafre de Puerto Rico Meta, contaron que por ejemplo el puesto de salud de Piñalito no cuenta con un médico. Resaltaron la urgencia del puente que comunica este territorio con la zona sur del municipio de Vista Hermosa. Concluyen exigiendo que “nos cumplan con nuestros derechos porque hemos sido abandonados. Más que nos escuchan, que nos cumplan y nos solucionen las problemáticas de base que tenemos”.
De Puerto Concordia, el municipio anfitrión, también asistieron lideresas como Ana Yuli Parra León, presidenta de la Junta de Acción Comunal -JAC- de la vereda San Fernando. Dijo que estaba presente “para decirle al gobierno que le cumpla al sector del campo, se invierta en energía y plantas solares, en programas para cuidar el bosque y se quite las tantas trabas a las Juntas de Acción Comunal al momento de presentarse a una licitación”.
Andrea del Pilar Grisales, líderesa social de Puerto Concordia le expresó al gobierno que su comunidad tiene “necesidades implacables frente a los temas de educativo, salud e infraestructura. Estamos en un total abandono en el tema de salud, no hay un puesto de salud u hospital decente que tenga todas las capacidades de segundo y tercer nivel. En el tema educativo tenemos hacinamiento de niños, nos hacen falta maestros, en el tema de vivienda no ha habido una implementación justa para construir, no ha sido posible la legalización del territorio”.
“Somos una comunidad que quiere crecer pero hay mucho abandono en el campo. Nos falta infraestructura, una universidad pública para que nuestros muchachos puedan estudiar. Queremos que el Estado nos mire. También somos pueblo colombiano, existimos. Tenemos reservas, biodiversidad, naturaleza”, expresó Andrea.
Contra la estigmatización
“No parece que estuviéramos en un proceso de paz, en un cese al fuego. Estamos sintiendo desesperanza, miedo, violencia. La población civil debe estar al margen del conflicto. Mi corazón para aquellos que quieren hacer la paz y la mano dura para aquellos que quieren hacer la guerra”, dijo Rafaela en su discurso al inicio de la jornada del primer día.
Por su parte, el delegado del Gobierno Nacional, Camilo González Posso, explicó en su intervención que el atentado del día previo a la jornada de diálogo en el que la comunidad del barrio Apiay de Villavicencio denunció la presencia de un bus con artefactos explosivos, no es de autoría del EMC.
Representantes de organizaciones sociales tomaron la palabra en el acto protocolario y la mayoría le habló directamente a la gobernadora Rafaela, para hacerle un llamado de atención sobre sus declaraciones “estigmatizantes” contra la población campesina. Al final voceros y voceras de entidades como el Ministerio de Educación, Prosperidad Social, y la Defensoría del Pueblo también expresaron sus declaraciones.
A las 3:55 de la tarde se pasó a la conformación de las mesas de trabajo sobre los ejes temáticos, que fueron dos y no tres, contrario a lo que se le había dicho a las comunidades y lo que se tenía proyectado. Se reunieron en Ambiente, desarrollo sostenible y tierras e Infraestructura, salud y educación. Al final también resultó una nueva mesa de Género.
A pesar de la voluntad de paz de quienes estaban en Puerto Concordia, el conflicto sigue en otros lugares del país: en abril de este año el Gobierno Nacional suspendió el cese al fuego en tres departamentos del suroccidente del país: Valle, Cauca y Nariño, donde hacen presencia frentes del EMC comandados por Iván Mordisco. Esto ha significado una escala de violencia en estos territorios en donde las comunidades son las principales afectadas.
Tensión en la mesa
A pesar de estas exigencias y propuestas de las comunidades, Camilo González, jefe negociador del gobierno fue claro en decir, al inicio de la segunda jornada el 02 de junio, que la mesa de diálogos con el EMC no maneja recursos propios, pero si tiene la responsabilidad de impulsar que se implementen las propuestas de las organizaciones sociales en los territorios desde las autoridades locales. “La mesa de diálogos no está en la capacidad financiera para cumplirle a las personas”, puntualizó Camilo.
Las comunidades querían la presencia de funcionarios con capacidad de decisión de instituciones como Cormacarena, la Agencia Nacional de Tierras, los Ministerios de Salud y Educación y al no obtener esto, decidieron manifestarle al Gobierno Nacional tres puntos:
“1. Proponemos la instalación de la mesa interinstitucional y campesina.
2. Planeamos que los delegados a esta mesa por el gobierno y las instituciones sean personas con poder de decisión para poder avanzar.
3. Si la mesa no se instala el día de hoy la decisión de las comunidades y delegaciones de los municipios es levantarnos de la mesa”.
A lo que desde la delegación del EMC respondieron que si las comunidades se levantan de la mesa, ellos y ellas también lo hacían. Esto generó tensión en el espacio. La decisión metodológica fue que las delegaciones de Gobierno y EMC se reunieran a puerta cerrada. Eran las 12:15 del medio día cuando se dirigieron a la alcaldía para “reafirmar lo ya firmado”, según Calarcá.
A las 3:30 de la tarde, las delegaciones del gobierno y el ECM volvieron al coliseo y de manera conjunta le comunicaron a las comunidades que habían acordado “instalar la comisión interinstitucional y comunitaria para abordar y construir el plan de transformaciones territoriales para la paz del Sur del Meta y parte del municipio de San José del Guaviare el 14 de junio en Puerto Rico, Meta”.
También se trabajará en una “metodología que garantice una plural y democrática participación” y en una ruta de implementación “de los asuntos inherentes a las transformaciones territoriales en el marco del actual proceso de paz, lo cual será objeto de trabajo en el siguiente ciclo previsto para los días 20 y 26 de junio”.
Camilo González explicó que con el diálogo se superan momentos críticos. “El tema era la creación de la comisión interinstitucional y logramos una buena solución. A parte de eso se recogieron las relatorías y tenemos un avance importante en estos diálogos territoriales”. Se refirió a las necesidades de las personas en inversión social y dijo que “nuestro trabajo es ayudar a la articulación con otros planes territoriales que corresponden a entidades del gobierno, a nivel local, departamental y nacional. Nuestra labor como mesa no es ejecutiva sino que estamos haciendo un diálogo con las comunidades que alimente la agenda para construir la paz.
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