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Protestas por predial en Meta y Casanare: ¿qué hay detrás del alza?
El aumento del impuesto predial desató una ola de protestas en varias regiones del país y abrió un debate entre ciudadanía, Gobierno nacional y autoridades locales sobre quién es responsable de los incrementos, en medio de cuestionamientos al modelo de actualización catastral y sus efectos sobre la capacidad de pago de miles de familias.
Comunidades de diversas zonas del país, entre ellas Yopal, Casanare, Villavicencio y San Martín, en el Meta, han protestado desde el 09 de abril, denunciando incrementos del impuesto predial que, aseguran, superan su capacidad de pago. Quienes se manifiestan exigen la suspensión de las actualizaciones catastrales y el fin de procesos de embargo por deudas asociadas a esta carga tributaria.
Las tres organizaciones sociales que lideran esta manifestación a nivel nacional son Dignidad Agropecuaria Colombiana, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios y la Escuela Manuela Beltrán, quienes el pasado 06 de abril le enviaron una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro, donde cuestionan el impacto de las actualizaciones de avalúos sobre millones de propietarios y propietarias y llaman a una movilización nacional para exigir cambios estructurales en el sistema.
La carta denuncia lo que califican como “avalúos injustos” y “prediales impagables”, derivados, según sostienen, de una política catastral orientada a aumentar el recaudo fiscal sin considerar la capacidad de pago de la ciudadanía. El documento agrega que los planes de desarrollo de los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y el actual coinciden en impulsar actualizaciones catastrales que acercan los avalúos al valor comercial de los predios.
Las tres organizaciones sociales que lideran esta manifestación a nivel nacional son Dignidad Agropecuaria Colombiana, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios y la Escuela Manuela Beltrán, quienes el pasado 06 de abril le enviaron una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro, donde cuestionan el impacto de las actualizaciones de avalúos sobre millones de propietarios y propietarias y llaman a una movilización nacional para exigir cambios estructurales en el sistema.
La carta denuncia lo que califican como “avalúos injustos” y “prediales impagables”, derivados, según sostienen, de una política catastral orientada a aumentar el recaudo fiscal sin considerar la capacidad de pago de la ciudadanía. El documento agrega que los planes de desarrollo de los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y el actual coinciden en impulsar actualizaciones catastrales que acercan los avalúos al valor comercial de los predios.
Para las organizaciones firmantes, este enfoque favorece la dinámica del mercado inmobiliario, pero desconoce las condiciones económicas de propietarias y propietarios rurales y urbanos. En particular, advierten que el aumento de los avalúos eleva automáticamente la base gravable del impuesto predial, lo que, afirman, termina trasladando mayores cargas a las familias, incluso si los concejos municipales intentan ajustar las tarifas. También cuestionan los procesos masivos de actualización adelantados bajo el modelo de catastro multipropósito, que, según la carta, priorizan variables económicas sobre factores físicos, sociales y jurídicos de los predios.
La Ley 2294 de 2023 establece que el catastro multipropósito debe construirse a partir de información física, jurídica, económica y social de los predios, con el objetivo de garantizar una gestión territorial más equitativa y precisa. Para ello, el levantamiento de la información se realiza mediante operativos de campo, uso de imágenes satelitales, sistemas de información geográfica y la integración de registros administrativos, que permiten caracterizar cada predio más allá de su valor comercial. Este trabajo lo realizan los gestores catastrales: el principal es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, pero también pueden hacerlo entidades territoriales, como alcaldías o gobernaciones habilitadas, y gestores catastrales descentralizados o privados autorizados por el Estado.
La norma señala que la actualización catastral no puede reducirse únicamente a criterios de mercado, sino que debe considerar las condiciones reales de los territorios y sus habitantes. En ese marco, las denuncias sobre una supuesta priorización de variables económicas por encima de otros factores evidenciarían posibles tensiones entre la implementación práctica del modelo y lo establecido en la ley.
La Ley 2294 de 2023 establece que el catastro multipropósito debe construirse a partir de información física, jurídica, económica y social de los predios, con el objetivo de garantizar una gestión territorial más equitativa y precisa. Para ello, el levantamiento de la información se realiza mediante operativos de campo, uso de imágenes satelitales, sistemas de información geográfica y la integración de registros administrativos, que permiten caracterizar cada predio más allá de su valor comercial. Este trabajo lo realizan los gestores catastrales: el principal es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC-, pero también pueden hacerlo entidades territoriales, como alcaldías o gobernaciones habilitadas, y gestores catastrales descentralizados o privados autorizados por el Estado.
La norma señala que la actualización catastral no puede reducirse únicamente a criterios de mercado, sino que debe considerar las condiciones reales de los territorios y sus habitantes. En ese marco, las denuncias sobre una supuesta priorización de variables económicas por encima de otros factores evidenciarían posibles tensiones entre la implementación práctica del modelo y lo establecido en la ley.
¿De dónde viene el alza del impuesto predial?
El debate se intensificó tras declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien señaló que los concejos municipales deben ajustar las tarifas del predial para que los sectores con mayor capacidad económica asuman una mayor carga tributaria, mientras se alivie a los más vulnerables.
El debate se intensificó tras declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien señaló que los concejos municipales deben ajustar las tarifas del predial para que los sectores con mayor capacidad económica asuman una mayor carga tributaria, mientras se alivie a los más vulnerables.
En respuesta, la Federación Colombiana de Municipios -Fedemunicipios- rechazó esa postura y calificó de “irresponsable y demagógico” atribuir a los mandatarios locales la responsabilidad del incremento. Según la entidad, los alcaldes actúan en el marco del artículo 49 del Plan Nacional de Desarrollo, que ordenó la actualización catastral en cientos de municipios priorizados por el IGAC.
El director de esta entidad, Gustavo Marulanda, explicó en Noticias Caracol que “hay un rezago en los valores catastrales que datan de hace 30 años. Lo que buscamos es cerrar ese rezago y que de manera equitativa todos paguemos un impuesto predial mucho más cercano a la verdadera realidad del país”.
También hace referencia a las leyes 1995 y a la 44 que exponen que el impuesto predial no puede aumentar más de 50% en predios de hasta 100 hectáreas y más de 100% en predios de más de 100 hectáreas. El director es enfático en expresar que “el avalúo catastral lo hace la entidad, pero el impuesto lo determinan las administraciones”.
En Villavicencio, el aumento del impuesto predial también ha generado cuestionamientos por la forma en que se adelantó la actualización catastral. Según Mario López, uno de los líderes de la manifestación, el proceso abarcó cerca de 80.550 predios, alrededor del 60 % del total, en dos fases, en medio de la transición hacia un modelo de gestión catastral con mayor autonomía municipal.
También hace referencia a las leyes 1995 y a la 44 que exponen que el impuesto predial no puede aumentar más de 50% en predios de hasta 100 hectáreas y más de 100% en predios de más de 100 hectáreas. El director es enfático en expresar que “el avalúo catastral lo hace la entidad, pero el impuesto lo determinan las administraciones”.
En Villavicencio, el aumento del impuesto predial también ha generado cuestionamientos por la forma en que se adelantó la actualización catastral. Según Mario López, uno de los líderes de la manifestación, el proceso abarcó cerca de 80.550 predios, alrededor del 60 % del total, en dos fases, en medio de la transición hacia un modelo de gestión catastral con mayor autonomía municipal.
Sin embargo, denuncia que, “aunque inicialmente el plan contemplaba actualizar solo el rezago (cerca del 40 % de los predios), finalmente se aplicó al 100 %, sin corregir inconsistencias previas”. A esto se suma la crítica por la falta de voluntad política para atender reclamaciones ciudadanas y por la ausencia de respuestas de la administración municipal, lo que ha incrementado el malestar frente a avalúos que, aseguran, no reflejan las condiciones reales de los inmuebles.
A pesar de esto, luego de la manifestación del pasado 09 de abril, se constituyó una mesa de trabajo con la alcaldía de Villavicencio, donde se revisarán predio por predio los avalúos de las personas afectadas, según Mario López. En el municipio de San Martín, no se ha logrado interlocutar con la administración municipal y siguen a la espera de respuestas concretas.
A pesar de esto, luego de la manifestación del pasado 09 de abril, se constituyó una mesa de trabajo con la alcaldía de Villavicencio, donde se revisarán predio por predio los avalúos de las personas afectadas, según Mario López. En el municipio de San Martín, no se ha logrado interlocutar con la administración municipal y siguen a la espera de respuestas concretas.
El pasado 13 de abril, el presidente Gustavo Petro sostuvo que la responsabilidad sobre el aumento del impuesto predial recae en las autoridades locales, al afirmar que son los alcaldes y concejos municipales quienes definen la tarifa aplicada sobre el avalúo catastral. Según explica, estas entidades territoriales pueden reducir la carga tributaria ajustando dicha tarifa, por lo que insiste en que no es una decisión del Gobierno nacional.
Además, el presidente señala que la actualización de los avalúos responde a compromisos del Acuerdo de Paz y busca que grandes propietarios paguen en proporción a su riqueza. El mandatario advierte que, en caso de incumplimiento, podrían existir consecuencias disciplinarias o judiciales para alcaldes, incluyendo suspensiones por parte de la Procuraduría o eventuales sanciones determinadas por la justicia.
Lea también: Baldes y cocas: la realidad de once meses sin agua en Villavicencio
Imagen principal: foto cortesía de Darío Coral.
Además, el presidente señala que la actualización de los avalúos responde a compromisos del Acuerdo de Paz y busca que grandes propietarios paguen en proporción a su riqueza. El mandatario advierte que, en caso de incumplimiento, podrían existir consecuencias disciplinarias o judiciales para alcaldes, incluyendo suspensiones por parte de la Procuraduría o eventuales sanciones determinadas por la justicia.
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Imagen principal: foto cortesía de Darío Coral.
