“La política pública de restitución de tierras a nivel nacional no van ni en un 3% de cumplimiento”. Ésta fue una de las observaciones que surgieron del Foro Académico para el mapeo y seguimiento de la política de restitución de tierras en el Departamento del Meta, realizado el pasado lunes 19 de noviembre en la Universidad Minuto de Dios, el cual buscaba crear un espacio de diálogo e incidencia a través de la presentación de las fortalezas y retos de la política de restitución de tierras en el Meta desde la visión de las organizaciones sociales y las universidades.
El evento organizado por la Corporación Retoños, Humanidad Vigente, Corporación Jurídica Yira Castro, Mesa Departamental de Participación Efectiva de Victimas en el Meta y el Programa para la población desplazada, y que contó con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, con su programa ProPaz, inició con la reseña histórica y conceptual de la restitución de tierras en Colombia por parte de Paula Villa de la Comisión Colombiana de Juristas. En la que pudo comprenderse que aunque todo el proceso de restitución de tierras se tenía pensado para que fuera de manera rápida y en tiempos cortos, ha tenido que lidiar con un desorden institucional y desarticulación en la información y eso sumado al tema de la informalidad de la tierra en Colombia, la presencia de actores armados e intereses económicos en el territorio, ha facilitado el despojo de la tierra y que se creen “cuellos de botella que van en las etapas administrativas, judicial y en el pos-fallo de los cuales no se ha logrado salir”.
El foro que reunió representantes de diferentes sectores de Victimas, entidades del Estado, organizaciones sociales y académicas provenientes de distintas regiones del País (Caquetá, Norte de Santander, Meta, entre otros), permitió actualizar conocimientos en los presentes, quienes manifestaron encontrarse preocupados por el estado actual de la política de restitución de tierra, ya que consideran no se han cumplido con las metas ni en el departamento y mucho menos a nivel nacional.
Esto teniendo en cuenta que no solo las ponencias por parte de jueces, representantes de la Unidad de Restitución de Tierras, Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales evidencian múltiples obstáculos en el cumplimiento de la política pública y la Ley 1448/2011. Sino que también, las preocupaciones de la población víctima y reclamantes de tierras evidenciaron el largo proceso sin aparentes soluciones por el que han tenido que pasar, además de tener que estar preocupados por su vida, ya que ha sido evidente en los últimos años el asesinato sistemático de reclamantes de tierras y de líderes sociales.
“Las situaciones de amenaza han impactado nuestra organización, ya he sufrido dos atentados, uno hace varios años, y otro en el mes de enero de éste año, en el cual casi soy asesinada” manifiesta a El Cuarto Mosquetero, María Cecilia Lozano de la Asociación de Mujeres desplazadas del Meta – ASOMUDEM, proceso organizativo que viene trabajando y haciendo incidencia desde hace 12 años, luchando por los derechos de las víctimas y mujeres víctimas. Quien además agrega, que todo este tipo de persecuciones ha desvertebrado su organización, por el temor de sus integrantes de perder su vida, al estar luchando por la exigibilidad de sus derechos como población víctima, especialmente de quienes han intentado retornar a Mapiripán.
Es importante resaltar, que ASOMUDEN ya ha salido en las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, como proceso organizativo en riesgo, ya que como pocas organizaciones en el departamento se dedican a la reclamación en el marco del tema de restitución de tierras, se han convertido en una organización visible que ha logrado evidenciar el impacto desproporcionado que han sufrido las mujeres en el marco del conflicto armado frente a los hombres, pero a la que también han intentado acallar. Es por esto, que sus integrantes consideran que foros como el realizado en la ciudad de Villavicencio, permite que muchos más líderes y lideresas, tengan importantes conocimientos sobre éstas leyes, y las exigencias empiecen a realizarse al unísono.
Sin embargo, se debe tener presente que para el desarrollo de la Política Pública y Ley 1448 del 2011, haN habido avances significativos que han permitido garantías a la hora de cumplirle a la comunidad víctima, como por ejemplo:
- Jueces especializados, quienes han permitido romper con las múltiples barreras de atención en los casos.
- La presunción de despojo, en la que las ventas de sus terrenos bajo presión, decisiones del Estado y/o otras formas que hayan generado desplazamiento masivo en aparente forma legal o ilegal, pueden entrar a ser refutadas por las partes interesadas para que deba iniciarse un proceso de restitución integral.
- Restitución integral, en la cual no solo se restablecen los derechos patrimoniales, sino que además se debe tener en cuenta los caracteres comunitarios, familiares y colectivos que fueron afectados a la víctima.
Así mismo el hecho que el juez pueda mantener la competencia después del fallo, da la posibilidad de hacer seguimiento y modular órdenes a la sentencia proferida, teniendo en cuenta que en muchos casos se presentan incumplimientos a éstas, no solo por parte de las instituciones, sino en algunos casos, de la población víctima.
Por todo lo anterior, el evento permitió llegar a la conclusión, que considerando que al 2021 la tarea no estará terminada, se debe continuar con presupuesto y la capacidad de seguir funcionando para darle un real cumplimiento a la comunidad víctima, ya que como lo manifestó a El Cuarto Mosquetero, Natalia Herrera, abogada de la Organización jurídica Yira Castro, “el gobierno nacional tiene que cumplirle a éstas personas, teniendo en cuenta que el retorno hace parte de esa reparación que merecen las víctimas del conflicto armado, y por ende una forma real de aportar en la construcción de paz”.
