Por: Brayhann Camilo Velásquez Suárez
En el ejercicio de proponer ideas para construir los lineamientos de una política pública respecto de la figura de los acueductos comunitarios como plataforma de fortalecimiento y consolidación de la gestión democrática del agua en Villavicencio – Meta, debe tenerse en consideración que “las vulnerabilidades institucionales y del modelo organizacional son de igual o más importancia que las vulnerabilidades técnicas y biofísicas en las fuentes. La viabilidad institucional es necesaria antes que las estrategias técnicas de adaptación.” (Roa García, 2015). Por esta razón, previo a la observancia de criterios tecnológicos, comerciales y financieros, la elaboración y materialización de las acciones del gobierno municipal tendientes a consolidar la referenciada política, deben sustentarse en principios, metodologías y parámetros que apelen al entendimiento y fortalecimiento de los acueductos comunitarios como instituciones colectivas tradicionales propias del tejido social municipal con implicaciones ambientales, económicas, culturales y particularmente jurídicas.
En este sentido, es un hecho manifiesto que los colectivos que gestionan democráticamente sus necesidades hídricas a través de sistemas comunitarios de abastecimiento “poseen una relación directa con el agua y la cuenca y, a partir de ello, con el ordenamiento de esta, generan acciones orientadas a la protección y conservación de las fuentes hídricas y del ambiente; al ahorro y uso eficiente del agua, al arraigo territorial y a un sentido de pertenencia del acueducto” (Defensoría del Pueblo de Colombia, 2013).
Esta simbiosis tan distintiva, posiciona a dichos colectivos como verdaderos “stakeholders” en el escenario municipal de la prestación servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, por consiguiente la administración local, para asegurar la creación de una política pública satisfactoria y efectiva en la materia, está en la obligación de consultar previamente con los agentes del sector para conocer sus condiciones, particularidades, realidades e intereses, de modo que se instalen entornos de dialogo integral y concertación, los cuales sean caldo de cultivo para involucrar a estos como sujetos con poder decisorio en el avances de las decisiones y cambios que se efectúan sobre su territorio y en su nicho de mercado, y que puedan eventualmente afectarlos o beneficiarlos.
Para tal propósito, “una alternativa de resistencia a la política estatal colombiana de privatización del servicio público y comunitario de agua que promueve la transformación empresarial del sector, son las alianzas entre organizaciones comunitarias que gestionan el agua —acueductos comunitarios— y las autoridades locales, representadas especialmente en las figuras del alcalde y los concejos municipales” (Red Nacional de Acueductos Comunitarios, 2017). Sobre el particular se ha expresado que “el propósito de los acuerdos público comunitarios es construir alternativas mediante el fortalecimiento de las capacidades locales y nacionales que involucren a comunidades, organizaciones, movimientos sociales, trabajadoras y trabajadores, impulsando procesos de cooperación local o internacional basados en la solidaridad y la horizontalidad.” (Márquez, 2016).
Como paradigma ilustrativo y prominente de ese instrumento – y modalidad – de política pública, se encuentra el “acuerdo impulsado por la Plataforma de Acuerdos Público Comunitarios de las Américas en el departamento del Valle del Cauca, Colombia, en 2012, que se formalizó entre dos sindicatos y un acueducto comunitario. Los integrantes fueron el Sindicato de la empresa de servicios públicos Acuavalle (Sintracuavalle), el Sindicato de los Empleados Públicos del Sistema Nacional Ambiental (Sintrambiente) y el Acueducto Comunitario La Sirena, localizado en la ciudad de Santiago de Cali. Durante el acuerdo, el intercambio de conocimientos y experiencias entre trabajadores y comunidad organizada ha permitido el fortalecimiento del acueducto comunitario en diferentes aspectos. En el aspecto técnico, el Acueducto Comunitario La Sirena ha expandido su red de distribución e identificado nuevas técnicas de medición. En el administrativo, ha mejorado el manejo contable de la organización y la facturación. Y en lo ambiental, se ha incorporado el seguimiento periódico a la cuenca hidrográfica que abastece el acueducto y se han proyectado planes de reforestación” (Red Nacional de Acueductos Comunitarios, 2017)
En estas circunstancias, el reto que enfrenta la política pública en Villavicencio – Meta es lograr la inclusión de las comunidades como pieza clave de los procesos y esquemas municipales de servicios públicos domiciliarios en los cuales se debe respetar – y hacer prevalecer sobre el propósito privatista y eficientista de la Ley 142 de 1994 – la naturaleza jurídica, autonomía funcional e importancia misional de los sistemas locales de abastecimiento como institución y patrimonio social, ambiental, económico y cultural, de tal forma que se propicie el empoderamiento de las colectividades como sujetos de especial protección facultados para suscribir con los actores locales institucionales, convenios orientados al fortalecimiento de los acueductos comunitarios en los diversos aspectos de funcionamiento y prestación del servicio, y consecuencialmente, emplazarse como agentes territoriales de cambio y desarrollo.
