Por una causa justa y el derecho al trabajo

Por: David Zea

Mientras se habla en tiempos de pandemia de reactivación económica inteligente, lo único visible es que diariamente se pierden muchos puestos de trabajo y el desempleo aumenta deteriorando la capacidad adquisitiva de las personas y sus familias.

Desde la fecha en que fue decretada la emergencia sanitaria se ha presentado mucho despido injustificado y por más leyes que han decretado para la protección de este, la realidad visible es que cada día el flagelo del desempleo sume al país y el departamento del Meta no es la excepción.

Un ejemplo en la reducción de puestos de trabajo se ha visto en las empresas contratistas y operadoras del sector de hidrocarburos, las cuales han tenido que tomar medidas un poco radicales para salvaguardar su capital y no entrar en quiebra sin importarle las consecuencias que esto puede traerle a sus empleados/as.

Para mitigar esta crisis debido al desempleo y despidos masivos injustificados, se destaca la labor de organizaciones no gubernamentales las cuales han velado por los derechos de las y los trabajadores y una estabilidad económica para los mismos; es el caso de la asociación ARCA de los corregimientos 4 y 7 del municipio de Villavicencio, la cual por más de 20 años ha realizado labores de veeduría y control para las contrataciones de personal de la empresa Ecopetrol y sus filiales. Esta asociación ha velado por la trasparencia en los procesos de contratación que ha ayudado a los trabajadores/as de la región en la continuidad y aplicación de sus derechos laborales.

Adicionalmente ejercen un apoyo constante en la gestión social, claro ejemplo de esta labor que auspició ARCA, se realizó de la mano con la Junta de Acción Comunal de la vereda Pompeya haciendo un convenio educativo con una prestigiosa institución educativa de Villavicencio, para poder incentivar y llevar a la comunidad programas de capacitación los cuales se adhieran a las necesidades de la industria, fomentando la participación local en estos procesos laborales y también evitando despidos injustificados por falta de competencias académicas.

Sin embargo, algunas empresas contratistas se resienten a acoger la responsabilidad social con el municipio haciendo la labor más compleja. En tiempos de pandemia la gobernación promueve que se priorice en un 50% de participación, según el Decreto 1668 de 2016, el cual establece la participación de mano de obra calificada, ya que la realidad es que las empresas no acogen esta determinación.

Sin iniciativas que fomenten el aumento y participación de la fuerza laboral para Villavicencio, será muy difícil contemplar un desarrollo progresivo y una sostenibilidad económica. Para que esto ocurra debe haber una concientización de las empresas que actúan en el área para promover los procesos de participación local y que sin necesidad de establecerse mediante un decreto puedan respetar y promover el derecho a un trabajo digno de las y los trabajadores.

 

*Opinión y responsabilidad del autor de la columna, mas no de El Cuarto Mosquetero, medio de comunicación alternativo y popular que se propone servir a las comunidades y movimientos sociales en el Meta y Colombia.

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