La Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro Colombiano -DHOC-, realizó una denuncia pública sobre una amenaza presentada al defensor de derechos humanos Edilberto Daza Bejarano.
El líder campesino Edilberto Daza, quién hace más de 20 años ha trabajado en comunidades de la Orinoquía en la defensa de los Derechos Humanos, volvió a ser víctima de amenazas por medio de mensaje de texto el pasado 14 de septiembre.
Desde 2007 el líder social ha recibido estas amenazas, incluso, en el 2015 tuvo que salir del país y vivir en el exilio durante tres años. En mayo del 2024 tal como informamos desde El Cuarto Mosquetero, en el mes de mayo le llegaron a su celular mensajes semejantes luego de asistir a una reunión en el municipio de Vista Hermosa, Meta.
En ese entonces, Edilberto comentó que a pesar de hacer las denuncias, las investigaciones realizadas ante las autoridades no avanzan para dar con quienes serían responsables de las intimidaciones.
Desde la Fundación DHOC le solicitan a la Defensoría del Pueblo “que continúe con el acompañamiento de la población que de una u otro manera han venido siendo amenazadas en los territorios sobre todo del sector rural, en particular en la región del Oriente Colombiano”.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –INDEPAZ– en lo que va del 2024 se han asesinado a 21 firmantes de paz y a 117 líderes y lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en Colombia. Esto es una prueba de la falta de garantías para quienes ejercen liderazgos en el país.
También esperan que se den “soluciones urgentes y se garantice el goce efectivo de los derechos fundamentales a la población civil”. Instan la misión de verificación de la ONU a hacer “sus buenos oficios ante las instancias nacionales correspondientes, para que se garanticen los derechos elementales y fundamentales de los ciudadanos colombianos”.
De igual forma, la Fundación DHOC exige al gobierno nacional, “se brinden garantías de salvaguarda a la vida como derecho fundamental, la respectiva y suficiente seguridad para la movilidad y sostenibilidad de las personas en los territorios colombianos”.
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