El conflicto armado colombiano tuvo un impacto importante en las zonas rurales del país, en comunidades apartadas de los centros poblados más importantes y en donde usualmente los bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, como los establecimientos educativos, se ubicaban muy cerca de instalaciones militares y de policía, por lo que el principio de distinción en muchos casos no fue observado y respetado por los actores armados.

Juan Francisco en su momento era un adolescente de 17 años cuando tuvo que presenciar un ataque por parte de las FARC EP a una estación de Policía en Tumaco, Nariño. La instalación estaba ubicada a pocos metros del colegio donde Juan Francisco estudiaba, por lo que, en medio del ataque, algunos policías que corrieron para proteger su vida terminaron dentro del colegio que a esa hora recibía a cientos de niños, niñas y adolescentes para el inicio de la jornada escolar.

De esta manera lo recuerda Juan Francisco: “Un día entre semana, durante el cambio de jornada escolar, cuando iba de regreso a mi casa, vi pasar unas camionetas sospechosas y empecé a caminar más rápido. Aun así, pude observar que unos señores encapuchados se bajaron y comenzaron a disparar contra la estación de Policía, al lado del colegio. No paraban, como que ellos disfrutaban disparar, querían acabar con la estación y con los policías que estaban ahí. No sé cuántos policías fueron, pero corrieron directamente a la institución educativa a esconderse y los encapuchados los siguieron. Gracias a Dios, de ahí no salió ningún muerto, pero sí heridos, ya que estaban entrando los niños que estudiaban en esa jornada”.

En Tumaco, Nariño, desde el inicio del siglo XXI hubo varios picos de recrudecimiento de la violencia, 2001, 2004, 2009 y entre 2011 a 2012, los cuales se caracterizaron con la llegada de los grupos paramilitares a la zona y el aumento del pie de fuerza pública, que, lejos de dar garantías de seguridad a la población civil, derivaron en violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, amenazas, detenciones arbitrarías y colaboración con los paramilitares.

La Comisión de la Verdad en conjunto con el Programa Nacional de Educación para la Paz Educapaz, documentó que entre 1980 y 2021 hubo 881 afectaciones a instalaciones escolares en el marco del conflicto armado. En 1997 hubo un fuerte recrudecimiento de los actos violentos contra esa clase infraestructura civil, pero para el periodo 2002 y 2009 se concentró el 41.4% de estos acontecimientos. Ese periodo coincide con el fortalecimiento de las guerrillas y el aumento de la violencia paramilitar.

Las escuelas y colegios del país no han sido el objetivo central por parte de los actores armados, normalmente han resultado afectadas por daño colateral y, así mismo, han resultado los niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Normalmente lo que sucedía es que muchas de estas infraestructuras fueron utilizadas como campamentos temporales por parte del Ejército Nacional, gracias a que las instalaciones contaban con acceso agua, en algunos casos potable, duchas, espacios para lavar ropa y energía eléctrica. Cecilia, indígena Nasa y que es profesora de una escuela rural en el departamento del Cauca, explicó que, en el año 2013, mientras dictaba clases, tropas del Ejército ingresaron a las instalaciones y desde allí se enfrentaron a la guerrilla cuando el lugar estaba lleno de estudiantes en clase.

“En ese tiempo contábamos con 111 estudiantes. Fue en horas de la mañana, un día normal que llegamos y estábamos entrando a los salones. Los niños estaban inquietos y nos dicen: “Profe, mire que hay soldados”; y uno: “¿Verdá?… Vamos a los salones, vamos a recibir clase”. En ese instante, como a las diez de la mañana, suenan tiros… La escuela de nosotros queda en una lomita, entonces no hay dónde refugiarse. Si nosotros vamos para este lado están los grupos armados, si vamos para el otro lado, también: uno no sabe para dónde agarrar. Hace mucho tiempo le estamos diciendo al municipio que nos construya un aula segura donde nos podamos esconder cuando pase eso… pero no, no nos tienen en cuenta. La guerra viene desde hace mucho tiempo, no es de ahora nada más. Todos los estudiantes de transición a quinto la han vivido. Esos chiquiticos corriendo a lado y lado, diciendo ¡Mamá! Entonces, uno dice: ¿Por qué estoy viviendo esto?

Así como este caso, a lo largo de la guerra sucedieron varios hechos en donde los niños, niñas y adolescentes quedaron bajo el fuego cruzado mientras estaban en su escuela. Uno de los muchos sucesos documentados por la Comisión de la Verdad ocurrió el 17 de noviembre de 2005 en San José de Apartadó, Urabá, cuando el Ejército disparó contra la escuela, argumentando que desde allí los estaban hostigando. Cuando las tropas llegaron al lugar no encontraron evidencia de disparos hacia ellos, como casquillos o municiones, en su lugar, estaban los niños y niñas y su profesor en el suelo intentando protegerse de los disparos.

Otro caso muy ilustrativo de cómo las operaciones militares tuvieron prelación con relación a los derechos de los niñas y niñas sucedió en Caldono, Cauca, en 1996. Tras un cruento ataque de las FARC a la estación de Policía del municipio, esta quedó completamente destruida, por lo que el alcalde ordenó que los policías se ubicaran en la escuela, ya que los estudiantes estaban en vacaciones. Semanas después la escuela quedó destruida por un nuevo ataque de la guerrilla. Pasaron varios meses y la infraestructura educativa seguía destruida, por lo que los estudiantes tuvieron que recurrir a las protestas para que se llevara a cabo la reconstrucción. Finalmente, fueron dos años sin escuela.

Fotografía de: Tatiana Rojas

Comunicador social, periodista y escritor ibaguereño, pero formado en los Llanos Orientales. Es el autor de una serie de cuentos y relatos que dan un acercamiento a la cosmovisión del autor en el realismo. Además, es el autor de la novela El Susurro de las Tripas, el primer intento para la construcción de un universo literario inspirado y desarrollado en los Llanos Orientales.