Son múltiples las objeciones que he expuesto al Acuerdo 287 de 2015 – Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio (POT), la mayoría de estas críticas han quedado plasmadas en columnas de opinión en El Cuarto Mosquetero y otras tantas han sido abordadas en espacios académicos con el ánimo de provocar a instituciones que no han querido dar el debate de manera concienzuda y responsable.

Sin embargo, desde el 2015 el proceso de investigación al POT ha sido un constante devenir que fluctúa. Por un lado, ha estado la decidida e injustificada vituperación y estigmatización –lo que se ha vuelto habitual en una ciudad donde hacer control social es la justificación para ser declarado enemigo de la administración–, y por el otro, la imposibilidad de encontrar una interlocución consciente de funcionarios públicos que no entienden –o no quieren entender–, que la construcción de ciudad también se hace con la ciudadanía que disiente.

Aunque mis críticas respecto al POT han oscilado entre: los vergonzosos resultados de la ejecución de la administración de Wilmar Barbosa, la irrisoria participación ciudadana en la formulación del POT, el vilo normativo en el que se encuentra el Centro Histórico de la ciudad, la proyección poblacional sobredimensionada y la incompetencia del equipo formulador del POT al soportar técnicamente elementos estructurales de ciudad, siempre ha existido el mismo hilo conductor; la pretensión del POT de cambiar el modelo de ocupación territorial, esa propuesta de pasar de una ciudad monocéntrica a una policéntrica.

Y es que conceptualmente es un planteamiento infundado que evidencia la falta de visión de ciudad y el precario análisis de la misma –y con esto no pretendo rebatir la posibilidad de una ciudad policéntrica–, pero sí la propuesta del POT y sus Documentos Técnicos de Soporte (DTS) que argumentan ligeramente que se va a “Transformar el modelo de ocupación de Villavicencio en un Municipio poli- céntrico logrando la desconcentración de los servicios del actual centro”. Presunción mediocre que intenta legitimar a manera de silogismo que, como existe “un solo centro” y este se congestiona, pues la solución es proyectar más centros para que esto no suceda, lo que me recuerda el apotegma del sociólogo y urbanista estadounidense Lewis Mumford: “Agregar carriles a las autopistas para resolver la congestión de tráfico es como soltarse la correa para resolver la obesidad”.

Pero ante la frivolidad de los servidores públicos a cargo de la formulación, aprobación y adopción del POT, lo que resta es el control social y el planteamiento de posturas críticas y proactivas de la ciudadanía en torno a salvaguardar sus derechos colectivos. Es por esto que –como primera medida–, con número de radicado E-2021-125457, he denunciado ante la Procuraduría General de la Nación a: Juan Guillermo Zuluaga Cardona, Alcalde de Villavicencio entre 2012 y 2015, quien sancionó el POT, a Andrés Felipe García Céspedes, Secretario de Planeación de la época, que por sus funciones reglamentó dicho Plan y lo sustentó ante el Concejo Municipal de Villavicencio, a Alexander Baquero Sanabria, Concejal coordinador ponente del proyecto de Acuerdo, y a los 18 concejales restantes que lo aprobaron.

(Lea también:El equipo formulador del POT que no supo resolver una regla de tres.)

Los argumentos que se exponen en la denuncia parten de la premisa de omisión antijurídica que va en contravía del principio de responsabilidad establecido en la Ley 136 de 1994 y lo establecido en la Ley 734 de 2002. Ya que, desde la Ley 388 de 1997 y las leyes que la modifican, se determina la necesidad de coherencia y articulación normativa entre los planes de ordenamiento territorial y sus documentos técnicos de soporte, de hecho, en cuanto a la etapa de formulación, el Decreto 1077 de 2015 en el artículo 2.2.2.1.2.1.3 establece en el numeral 2 que el contenido estructural solo puede ser revisado por medio de estudios técnicos que demuestren la necesidad: “Todas las decisiones del contenido estructural del componente general se traducen en normas urbanísticas estructurales, que prevalecen sobre las demás normas urbanísticas y sólo pueden modificarse con motivo de la revisión general del Plan o excepcionalmente a iniciativa del alcalde, cuando por medio de estudios técnicos se demuestre que dicha modificación se hace necesaria.”.

(En contexto: Denuncia por irregularidad y falta de soporte para la formulación, aprobación y adopción del Acuerdo 287 de 2015 – Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio.)

Este marco normativo y el principio de coherencia y articulación es omitido por los DTS del POT al no presentar un sustento técnico para el cálculo del área requerida al año 2027, el DTS – Componente General expone que: “el equipo interdisciplinario del Plan de Ordenamiento Territorial llevó a cabo un ejercicio minucioso mediante el cual se determinó la demanda de área futura para los próximos 12 años arrojando como resultado un valor que oscila entre las 1800 y 2000 has netas urbanizables aproximadamente. (Ver documento anexo Memoria Justificativa Demanda De Área)”. Sin embargo, ese supuesto ejercicio minucioso se refleja de manera imprecisa, ya que en la citada Memoria Justificativa –, en el Título II, Numeral 3, área requerida en el largo plazo, se argumenta que: “Es así como después de generar todos los procesos de recolección de información e identificar cuantas viviendas se requieren por grupo poblacional y cuantas personas espera la ciudad en el tiempo en los mismos estratos se determinó el área requerida año a año con un resultado de 5.217,19 hectáreas brutas (se requieren cerca de 3.794 Hectáreas para albergar a la población que se va a tener desde 2016 hasta 2027)”, en cambio en el DTS – Componente Urbano al calcular las áreas de actividad intensiva la cifra de área requerida es de 3.700 hectáreas, en el DTS – Documento Síntesis el área urbana propuesta es de 3.923,88 hectáreas y en el acta de concertación ambiental dentro de la clasificación territorial se acuerdan 3.867 hectáreas. Si se toma la cifra mayor planteada en el DTS – Componente General, es decir, 2.000 hectáreas, la imprecisión del área para albergar a la población trasciende –como mínimo– en 1.700 hectáreas.

Igualmente, y teniendo en cuenta que una de las bases para el cálculo del área requerida futura fue la proyección poblacional a 2027, en el DTS – Componente General, en el DTS – Componente Urbano y en la Memoria Justificativa se plantea una población estimada de 1’087.993 habitantes, por el contrario, en el DTS – Documento Síntesis, las acciones de clasificación del suelo plantea que: “Villavicencio en el largo plazo deberá garantizar calidad de vida a cerca de 1’010.000 habitantes”. Debido a que los DTS no sustentan el valor de la variables utilizadas en el cálculo de dicha proyección, se solicitó en el año 2019 mediante derecho de petición –con radicado n° 6626– una aclaración que soportara cómo se cuantificaron, la Secretaría de Planeación informó que una vez verificada la información no fue posible establecer el soporte de las variables aplicadas, dejando en duda la rigurosidad y validez de las proyecciones poblacionales del POT.

(Le puede interesar: Proyección poblacional sobredimensionada, el origen del volteo de tierras en el POT de Villavicencio)

Asimismo, para el cálculo de área requerida de las nuevas centralidades, el equipo formulador del POT tomó como muestra el área de la Centralidad Histórica, su nivel de participación respecto al área desarrollada del municipio y el área requerida hasta el año 2027, con estos factores y aplicando una “simple regla de tres” –como lo denomina el POT–, se estimó el área total de las centralidades. Resuelta la regla de tres, el área de las centralidades –según el equipo formulador– debe ser de 450 hectáreas aproximadamente, no obstante, una verificación de la regla de tres demuestra que el resultado correcto es 47.59 hectáreas, distando en más de 400 hectáreas. Por lo que se solicitó en el año 2019 mediante derecho de petición –con radicado n° 6676– el soporte para dicho cálculo, la Secretaría de Planeación informó que una vez revisado el archivo no se encontró el soporte del cálculo para el área de actividad intensiva. Evidenciando nuevamente el débil proceso metodológico, conceptual, estructural y la falta de sustento técnico para la proyección y cálculo de uno de los ejes esenciales del nuevo modelo de ciudad.

La falta de soporte para elementos que plantean un cambio estructural de la ciudad y la evasión por parte de las entidades encargadas de dar un debate a profundidad intenta condenar a Villavicencio a un atraso difícilmente remediable. La denuncia, que pretende establecer responsabilidades ante la ligereza con la que se asume el ordenamiento territorial, es solo el primer paso en la búsqueda de proteger los derechos colectivos de la ciudadanía.

*Anexo de la denuncia: https://drive.google.com/file/d/1M7aunx55YTii8bR3xoK3akOwQr0Icqzq/view?usp=sharing

Arquitecto, cocreador de Vértice: un podcast de crítica y opinión sobre arquitectura y ciudad.