El Meta es el segundo departamento con más víctimas de ejecuciones extrajudiciales, ya que el registro indica que hubo 394 casos.
Las ejecuciones extrajudiciales son conocidas como falsos positivos, pues según han denunciado organizaciones de derechos humanos obedecen a una misma lógica de planeación, ejecución y ocultamiento que inició en la primera década del 2000, especialmente entre los años 2002 a 2008. Consistió en que, militares asesinaron a miles de personas y las hicieron pasar como guerrilleras dadas de baja en combate, después de haber sido sustraídas de sus hogares a partir de engaños, aprovechándose de sus necesidades, de que vivían en lugares distantes o incluso si sufrían de enfermedades con algún nivel de discapacidad intelectual.
A nivel nacional, según la Jurisdicción Especial para la Paz-JEP se estima que hubo 6402 casos de falsos positivos en Colombia, donde Antioquia tuvo periodos de mayor victimización, seguido del Meta con 394 casos. Las ejecuciones extrajudiciales fueron ampliamente abordadas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad dejando impactantes conclusiones como que, en el 56% de los municipios del territorio nacional se adelantaron estos aberrantes hechos por parte de agentes del Estado, especialmente del Ejército en colaboración de otros civiles, Medicina Legal, Fiscalía, políticos, grupos paramilitares, entre otros.
De ahí la importancia de que este 23 y 24 de febrero la Jurisdicción Especial para la Paz realice en Villavicencio la Audiencia de Observaciones de las Víctimas en el sub caso Meta, en el marco del caso 03 “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes de Estado”, que investiga la responsabilidad de militares del Batallón de Infantería No. 21 “Batallón Pantano de Vargas” (BIVAR), adscrito a la VII Brigada de la IV División del Ejército Nacional, ubicado en el municipio de Granada.
De este sub caso se han adelantado por ahora 70 versiones voluntarias de 68 comparecientes -militares- quienes tuvieron cargos entre 1999 a 2007, que para la organización Orlando Falls Borda, quien representa a más de 110 víctimas, no han ofrecido una verdad exhaustiva y detallada sobre los hechos, “estos crímenes se desarrollaron con profunda complicidad de varias unidades militares de este batallón, que se extiende a otras unidades militares de los Llanos orientales y como estamos probando en esta audiencia, hay unas serias pruebas e indicios de comprometimiento”, explicó a este medio Cesar Santoyo, director ejecutivo de esta organización, quien además hace un llamado a la JEP para que incluya un aporte de verdad más amplio para asegurar que todos los actores involucrados sean investigados y no haya una verdad fragmentada.
Durante esta jornada de audiencia las víctimas han evidenciado sus posturas respecto a esas versiones voluntarias dadas por los comparecientes, pues quieren que esos beneficios de los cuales siguen gozando muchos militares sean retirados y paguen por lo que hicieron. “Lo sacaron el 24 de marzo del 2007, lo mataron, lo hicieron pasar por guerrillero, le pusieron una pistola en la mano derecha y él era zurdo, lo enterraron como NN en el cementerio de Granada y me tocó pagar para que pudieran sacarlo y darle cristiana sepultura (…) Mi hijo no andaba en conflicto armado con nadie, era un muchacho sano, que incluso estuvo en el Ejército y quiero que el nombre de él quede en limpio, que la JEP nos dé luz en estos casos”, nos dijo Raquel Benavides, quien lleva 14 años pidiendo justicia.
No obstante, aunque hace falta que más funcionarios estén vinculados a la investigación y que sus testimonios permitan acercarse a una verdad más completa, la llegada del Acuerdo de Paz y que se creara la JEP es una posibilidad de encontrar justicia que antes parecía lejana. Este es el caso de Hermógenes Alvarán, un hombre de 33 años que perdió el 07 de enero del 2006 a su madre, ya que la señora Luz fue asesinada por miembros del Batallón Pantano Vargas, dejándole “un dolor que no debía haber vivido” y quien tras años luchando verdad y reparación, asiste a esta audiencia con gran ilusión. “Siempre he guardado la esperanza de que algún día se logrará el objetivo por el que he luchado, gracias a la JEP por estar presente en este momento”, concluyó.
Preguntamos a la JEP sobre los temores existentes de que muchos implicados queden fuera de la investigación y no haya justicia, ante lo cual el magistrado Alejandro Ramelli explicó que, si bien hay una demanda de verdad muy alta de las víctimas, precisamente la audiencia que se está adelantando ha permitido conocer las opiniones y observaciones que tienen estas sobre los comparecientes, ampliar en los daños materiales, psicológicos y de proyecto de vida que sufrieron, y eso, más el proceso exhaustivo de contraste que como entidad realizarán, va a permitir que haya un proceso de justicia, verdad, reparación y no repetición.
Se espera que los comparecientes quienes tienen todavía la oportunidad de ampliar sus versiones sobre lo sucedido, como reparación a todo el daño que le hicieron a las víctimas de falsos positivos y en general al país, no dejen esa verdad a medias y así de ser necesario, la JEP pueda llamar a otros militares y actores implicados a que paguen por lo que hicieron.
