“Empezaron a patearnos y empezaron a preguntarnos cosas que uno no sabía, o sea, nos preguntaban por unos nombres, […] que si conocíamos a fulano, que si conocíamos unos nombres y apellidos. […] Nos hacían preguntas referentes al obispo, de lo que conocíamos del obispo […] o nos preguntaban que si recibía dinero, que si él daba dinero. Nos decían unos nombres de unas personas; no conocíamos, no sabíamos del asunto. Ahí nos pegaban, nos pegaban por la cabeza, por la cara y decían que estábamos mintiendo […] Luego llegó otro y dice: “No, estos maricones vamos a hacerlos hablar”. Entonces nos cogieron, nos tiraron al suelo, nos empezaron a quitar la ropa, y yo escuchaba a mis compañeros cómo gritaban. Ya luego […] empiezan a abusar de uno […]. Desde el primer día […] supimos que eran paramilitares porque ellos se identificaron como tal”. El anterior testimonio, fue uno de los muchos recogidos por la Comisión de la Verdad en el informe final, que da cuenta de las torturas a las que fueron sometidos muchos colombianos en el marco del conflicto armado.
Esta acción es un crimen de guerra tipificado en el Derecho Internacional Humanitaria, además está penado en la legislación interna, sin embargo, fue una práctica habitual en Colombia y usada por diversos grupos armados. Según el informe final, esta se efectuó en 4 escenarios:
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- Bajo detenciones por parte de policías y militares, en muchos casos en estados de excepción que permitieron tener a la víctima retenida por varios días.
- En masacres y ataques a civiles efectuadas mayoritariamente por paramilitares, como mecanismo de castigo ejemplarizante, por lo que en muchos casos fueron cometidos abusos, crueldades y mutilaciones ante la vista de testigos.
- En ejecuciones extrajudiciales, en cuyo caso los cuerpos aparecieron con signos de evidente tortura y perpetrados por todos los grupos armados presentes en el conflicto.
- Durante los secuestros por parte de las FARC, en donde hubo humillaciones y prácticas inhumanas.
Este hecho violento se llevó a cabo en condiciones de total indefensión por parte de la víctima; los que sobrevivieron continuaron con el miedo que en algún momento fueran asesinados haciendo que las posibilidades de denuncia fueran mínimas. Y quienes no lograron sobrevivir, en muchos casos sus cuerpos fueron desaparecidos. De otra parte, al instaurarse la denuncia, se debía probar físicamente la tortura, cuando ya habían pasado muchos días, no había cicatrices o los victimarios usaron técnicas sofisticas para no dejar huellas en los cuerpos.
De los 7.571 registros de tortura documentados en el Registro Único de Víctimas se evidencia que hubo un repunte desde 1995, con alzas en los años 2000 y 2002. Aunque hay registros de acciones de tortura por parte de agentes del Estado en el periodo del Estatuto de Seguridad, entre 1978 y 1982.
Lo grave de lo citado en el informe final, son los hechos de violencia física y psicológica a personas privadas de la libertad por parte del Estado; como lo sucedido con más de mil trescientas personas entre 1978 y 1982, durante el Estatuto de Seguridad. Para organizaciones internacionales esa práctica fue sostenida en el tiempo y representa, en algunos casos, crímenes de lesa humanidad.
Incluso, el informe final sostiene que hubo lugares de detención y de tortura, sobre todo unidades militares, como la Escuela de caballería en Usaquén, Bogotá. Posteriormente, en la década de los 90s, las torturas fueron perpetradas principalmente por grupos paramilitares. Fueron épocas de terror en varias poblaciones de Colombia, ya que se usaron métodos inhumanos y crueles contra la población civil principalmente, entre los que se destacan desmembramiento, mutilación, decapitación, colgamiento, descargas eléctricas, quemaduras, abusos sexuales, ataques con animales entre otras. Algunos casos se realizaron en público, como en parques, calles y plazas como método de escarmiento y generar terror entre la población.
*Esta campaña se realiza con el apoyo del Instituto Colombia-Alemán para la paz -CAPAZ.
