“En los últimos años, Colombia ha tenido el mayor número de defensores de derechos humanos asesinados en América Latina; mientras tanto, la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios” así lo expresó, José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
Se esperaba que, luego de la firma del acuerdo de paz se redujera el asesinato a defensores y defensoras de derechos humanos en el país, tras haberse planteado unas rutas de acción que garantizaban su protección, pero no fue así. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desde el año 2016 hasta diciembre de 2020 se registraron 421 asesinatos.
Estos asesinatos aumentaron por la disputa del control territorial entre bandas urbanas y grupos armados ilegales en espacios donde antes comandaba la extinta guerrilla de las FARC, haciendo que se encrudeciera la violencia. Sumado a esto, las autoridades no lograron obtener el orden total de estos territorios.
El simple hecho de intentar defender los derechos fundamentales, los derechos humanos, en una comunidad, es para ser declarado objetivo militar.
En consecuencia, las y los defensores de derechos humanos fueron vigilantes del orden social, denunciando y visibilizando las diferentes problemáticas a través de las juntas de acción comunal, los cabildos indígenas y los consejos comunitarios afrocolombianos, quienes se convirtieron en los “enemigos” de aquellos grupos armados, arriesgando así sus vidas en el camino de la defensa de sus comunidades y territorios. «El simple hecho de intentar defender los derechos fundamentales, los derechos humanos, en una comunidad, es para ser declarado objetivo militar», así lo manifestó un líder social -al cual se le cubría la identidad- en medio de un video para Human Rights.
El informe de 136 páginas evidencia la inoperancia del Gobierno Nacional frente a los asesinatos de defensores/as de derechos humanos, al encontrar graves deficiencias en las implementaciones de estrategias de protección en los últimos cinco años. También quedó al descubierto la falsa preocupación del Gobierno al dar la impresión de que está tomando las medidas pertinentes para contrarrestar la problemática, cuando en realidad todos los planes, estrategias y mecanismos que buscan garantizar la vida de las y los líderes no funcionan.
Las zonas del país más afectadas por estos crímenes son: Norte del Cauca; Catatumbo, en Norte de Santander; Pacífico Sur, en Nariño; Bajo Cauca, en Antioquia; Alto y Bajo Caguán, en Caquetá; y el Piedemonte de Arauca
#MePreocupa que @IvanDuque no comprenda el mensaje de la comunidad Internacional, urge proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos https://t.co/5WFGnztfU4 pic.twitter.com/G0VxSFphFU
— Luis Guillermo Pérez (@LuisGPerezCasas) February 5, 2021
En el último año, Human Rights Watch entrevistó a más de 130 personas en 20 de los 32 departamentos de Colombia, para identificar las dinámicas que hay detrás de dichos asesinatos, y a su vez, evaluar el ejercicio de las autoridades para prevenir estos crímenes. Entre estas personas se encuentran funcionarios/as gubernamentales, humanitarios, autoridades judiciales, policías y defensores/as de derechos humanos.
Además, según el informe, el Gobierno Nacional no brinda las oportunidades suficientes en materia de educación, economía, empleo, cultura y servicios públicos en estos territorios, generando así una brecha de desigualdad mayor que conlleva al fortalecimiento de grupos armados y bandas urbanas ilegales.
Estas son las cifras de líderes sociales asesinados hasta diciembre de 2020 que logró documentar la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH):
Líderes comunales: 130 casos
Líderes comunitarios: 67 casos
Líderes indígenas: 69 casos
Líderes campesinos: 33 casos
Líderes afrocolombianos: 18 casos
Sindicalistas: 12 casos
Defensores de víctimas: 10 casos
Algunos de los mecanismos de protección a líderes/as sociales y/o defensores/as de derechos humanos, es el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, el cual, según el informe ha fallado numerosas veces en los diferentes municipios y departamentos del país.
Ya estamos hasta la coronilla de tantos planes, tantas estrategias que no funcionan” indicó un líder y defensor de derechos humanos en medio de un video para Human Rights.
La Unidad Nacional de Protección debe velar por brindarle protección a los defensores y defensoras de derechos humanos, así como, chalecos antibalas, vehículos, celulares y asignarle un escolta. Pero se ha quedado corta a la hora de operar, pues algunos de quienes lamentablemente fueron asesinados tratando de construir un mejor país, no los habían amenazados o no habían realizado la denuncia formal.
Finalmente, se conoció que el Gobierno en cabeza del presidente Duque, no convoca periódicamente a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el organismo encargado de diseñar políticas para la prevención de los asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos, siendo esto una terrible noticia que mancha el panorama del 2021 que deja abierto el interrogante: ¿Quién protege a las y los lideres sociales en Colombia?
