Según la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana –COCCAM citada por Pacifista, para el 29 de octubre de 2020 iban 71 líderes y lideresas PNIS asesinadas en el país, sin mencionar las que están bajo amenaza, las tantas arrestadas y judicializadas en el marco de la operación militar ARTEMISA, que, en teoría, busca frenar la deforestación, pero en la práctica ha servido de intimidación y persecución al campesinado.
Los dirigentes campesinos manifiestan su preocupación por el interés del gobierno nacional en retomar la erradicación aérea forzada con glifosato, preocupación que se acrecienta con el uso indebido de la información social del programa PNIS, el cual podría conducir a la judicialización de campesinos a los que el programa les incumplio.
“Se suponía que era una información confidencial que entraba al programa PNIS. Nosotros nos preocupamos por eso, porque nos da afán que en los municipios donde el programa PNIS no cumplió, hay gente que ahorita le van a fumigar, le van a erradicar de manera forzosa, entonces toda esta gente (fuerza pública) ya tiene una base de datos que el gobierno recogió por medio de la UNODC, entonces les pueden meter una extinción de dominio o (…) llevar a la cárcel, me preocupa los municipios de la Macarena, Puerto Rico, algunos de Guaviare, Vista Hermosa y algunos de Caquetá”, dijo Alex Luna, dirigente de la Asociación Campesina y Ambiental del municipio de Uribe, Meta (ACATAMU).
*Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.
