A través de un comunicado, la Coordinación de Paro del Meta y Guaviare informó que cerca de las 9:20 de la noche del 8 de junio, desconocidos dispararon dos veces hacia uno de los colegios donde se alojan campesinos y firmantes de paz en Villavicencio desde hace un mes para unirse a las protestas del Paro Nacional. En ese mismo lugar habían estado todas las delegaciones en horas de la tarde apoyando a las vocerías de una reunión con el Gobierno.

Un día antes, sobre las 6:00 a.m., les había llegado un panfleto en el que se les tildaba de “campesinos guerrilleros de las Farc”. Posteriormente pusieron en alerta a organismos de Derechos Humanos. Irson Córdova, uno de los líderes políticos en el ETCR ‘Mariana Páez’, le comentó a El Cuarto Mosquetero que las amenazas ya se han venido dando desde antes de que firmantes de paz y campesinado se unieran al Paro Nacional y que de hecho, las reciben con frecuencia. 

En ese mismo panfleto se hace mención a los “vándalos que se tomaron la vía al Llano”, en referencia al grupo de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran resistiendo en el sector de Llano Lindo desde hace un mes, realizando bloqueos intermitentes.

Ante la situación, la Asamblea Popular de Villavicencio, que es la que representa al punto de resistencia de Llano Lindo y al que también le llegó el panfleto, rechazó y denunció dicha amenaza que “pone en peligro la vida e integridad de todas las personas que participan en la movilización social. 

En conversación con El Cuarto Mosquetero, uno de los defensores de Derechos Humanos que se encuentra acompañando el punto de resistencia de Llano Lindo, James Barrero, comentó que ese mismo 7 de junio, llegaron tres hombres armados al Colegio Juan B Caballero amenazando a las y los manifestantes que se alojaban allí. Recordemos que tras la llegada del Esmad el pasado 5 de junio para levantar el punto de resistencia y tras tratar de llegar a acuerdos -sin éxito- con la Administración Municipal, las y los jóvenes decidieron alojarse en el citado plantel educativo por seguridad física y vial, salubridad y convivencia ciudadana. 

Aún así, el punto de resistencia sigue en pie y durante los últimos tres días ha estado implementando jornadas pedagógicas a quienes se movilizan por la vía al Llano. 

Pero, volviendo al tema del atentado en el colegio, James se comunicó con la Policía para dar aviso de lo que sucedía. Sin embargo, según él, el actuar de los uniformados resultó en fracaso. La institución envió una camioneta y una moto que llegaron al sitio de manera no muy sigilosa, por lo que los hombres armados se alertaron y lograron huir. La Primera Línea intentó perseguirlos a través de un potrero, pero el esfuerzo fue en vano. 

Por ende, para James, el panfleto de las AGC hace parte de una cadena de acciones violentas contra la movilización social y de una serie de publicaciones en redes sociales que estarían estigmatizando a las y los jóvenes que permanecen resistiendo en Llano Lindo. 

Además, el mandatario de Villavicencio, Felipe Harman, también es mencionado en el documento donde las AGC lo señalan como “Harman, el hijueputa alcalde guerrillero” y aseguran que “patrocina” a quienes hacen parte de la resistencia popular en Llano Lindo y el colegio INEM, donde se aloja el campesinado del sur del Meta y el Guaviare. 

“Rechazamos y denunciamos abiertamente el odio, el estigma y la violencia detrás de estos actos. También repudiamos el tratamiento de guerra y el gasto del erario público en armamento para reprimir al pueblo mediante el uso desmedido de la fuerza pública”, afirmó la Coordinación de Paro del Meta y el Guaviare en su comunicado poniendo como ejemplo los ataques a las y los manifestantes en la ciudad de Barranquilla, quienes fueron hostigados por cuatro mil integrantes de la Policía Nacional y el ESMAD.

Asimismo, la organización señaló que, “después de firmado el acuerdo sobre los mínimos exigidos para la concertación, los y las habitantes de nuestros territorios y nuestras voceras y voceros siguen denunciando violaciones a sus derechos humanos y siguen siendo víctimas de hostigamientos”. Por ende, le exigieron al Gobierno Nacional garantías de seguridad para las comunidades, lideresas y líderes en movilización; y el cese de la violencia militar contra la población en el territorio, para avanzar en la concertación de su Pliego de Exigencias.

Entre tanto, el pronunciamiento de sectores políticos y sociales alertando a las autoridades competentes sobre el peligro que corren las poblaciones amenazadas no se ha hecho esperar. 

 

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.