A través del caso 03 presentado por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, se conoció el número aproximado de víctimas por ejecuciones extraoficiales entre los años 2002 a 2008, que serían alrededor de 6.402 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate. Cabe resaltar que en el año 2018 cuando fue entregado el expediente por parte de la Fiscalía General de la Nación al Tribunal de Paz, sólo se registraban 2.248 víctimas de falsos positivos entre los años 1988 a 2014.
La información de este expediente fue contrastada con los familiares de las víctimas, comparecientes ante la JEP y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otras. Los territorios que prioriza la Sala de Reconocimiento y Verdad para esclarecer de forma más ágil y eficaz los hechos, son los departamentos del Meta, Antioquia, Norte de Santander, Huila, Casanare y Costa Caribe, donde se encontraba el 66% del total de víctimas.
Según el informe del Secretario Ejecutivo y la Fiscalía General de la Nación, se evidencia que de las ocho divisiones del Ejército Nacional cuatro de ellas agrupan el 60% de los casos que son la primera, segunda, cuarta y séptima.
Me preocupan los anuncios de la JEP, el sesgo político es evidente.
Hablan de falsos positivos en Dabeiba cuando se ha denunciado el montaje en ese caso.— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) February 18, 2021
Como resultado, el departamento del Meta quedó en segundo lugar por el gran número de muertes ilegítimas presentadas como bajas en combate, reportando el 6% del total de las víctimas. En el análisis que se realizó la JEP a todas las unidades militares que operaron en ese periodo de tiempo en la región, resultó el Batallón de Infantería n° 21 “Batallón Pantano de Vargas” (BIVAR) con un gran incremento de muertes ilegítimas en el periodo de 2002 a 2005 con un aproximado de 104 víctimas, además, que estos hechos se ven involucrados alrededor de 153 militares. Es importante mencionar que el Batallón Pantano de Vargas (BIVAR) concentra la mayor cantidad de investigados y comparecientes ante JEP. Incluso, Hanner Sabogal, concejal de Villavicencio, se pronunció al respecto.
Y dentro de esas reveladoras cifras de crímenes de Inocentes que hicieron pasar como guerrilleros "bajas en combate" el Meta es uno los departamentos donde más se evidenció este tipo de actuar criminal.
— HANNER SABOGAL 🇨🇴 (@HannerConcejal) February 19, 2021
Estos ‘Falsos positivos’ se dieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006 y 2006-2010) donde miles de colombianos civiles fueron asesinados por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado y los presentaron como miembros, en su mayoría, de grupos guerrilleros.
“Esperamos hoy que no sea como los que siempre han dado su versión, que todo sucedía a sus espaldas, sabemos que esto fue una práctica sistemática, que sucedió bajo una política de Estado” fue el mensaje que envió Jaqueline Castillo, Directora del colectivo Madres de Falsos Positivos (Mafapo) en medio de una entrevista para un medio de comunicación nacional.
6402 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado o mal llamados “falsos positivos” entre el 2002 y el 2008.
Esto dijo el mandatario de la época cuando comenzó a destaparse el escándalo por los jóvenes de Soacha.pic.twitter.com/e4gs9a0n8P
— Rafael Noguera (@ranoguera) February 18, 2021
En este Auto también reposa la entrega de Edison Lexánder Lezcano Hurtado, un hombre de 23 años, padre de tres hijos y quien se desempeñaba como agricultor en la zona rural del municipio cuando fue asesinado por integrantes del Ejército Nacional en 2002.
Las víctimas quieren llegar a la verdad pues creen que esto fue orden de los altos mandos, quienes estaban a cargo de la aprobación y ejecución de políticas de estado. quiere que se establezca la verdad de los hechos y mediante esta se identifiquen los cuerpos de sus seres queridos para así realizar la exhumación y darles cristiana sepultura.
Este es el mismo sentir de la JEP, por eso busca mediante estas investigaciones contribuir a las víctimas, esclareciendo las políticas y patrones de acción e imputar responsabilidad a los implicados, asegurando que esto quede en la memoria histórica de Colombia y no se repitan estos actos atroces que siguen desangrando al país.
