Teniendo en cuenta lo anterior, el mes de junio Voces del Guayabero da a conocer que 11 campesinos fueron elegidos para representar a la comunidad en la mesa de diálogo que se instauraría el martes 09 y miércoles 10 de junio en la vereda Tres Esquinas del municipio de La Macarena.
Sin embargo, ese mismo día en horas de la tarde cuando las y los campesinos se dirigieron a las veredas donde días antes se habían presentado las confrontaciones para recoger material probatorio que sería llevado a la mesa de diálogo, se encontraron con que el Ejército apoyado por el ESMAD continuaba adelantando las jornadas de erradicación, al intentar establecer un diálogo, nueve personas fueron retenidas durante varias horas. Sin embargo, denuncian que, les robaron los documentos de identidad, celulares, una cámara, pero, además, la información fílmica recolectada para entablar la denuncia formal.
“Yo no concibo que me digan que hay que sembrar coca porque no hay nada más que hacer, la coca no la compran angelitos (…) la compran bandidos (…) y a mí que me digan que no hay manos oscuras detrás de esto, eso no lo cree nadie, no nos digamos mentiras (…) Pero que a mí me digan que se vaya el Ejército, yo no estoy de acuerdo con eso” concluía el Gobernador hablando con voz alta para hacerse escuchar en medio del malestar de las y los presentes.
Ese día, después de varios días en recuperación, apareció Gallito con su gorra roja desteñida, camiseta manga larga de Colombia, pero encima de ella una manga corta roja, un poncho tapándole y ayudándole a sostener su mano vendada y frente a los funcionarios allí presentes, habló elocuentemente sobre cómo las y los campesinos se han convertido en blanco del Ejército Nacional. “Destruyeron parte de vida, me están quitando el pan y la oportunidad de dárselo a mi familia (…) siéntense y dialoguen con los campesinos”.
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El 15 de junio con la certeza que la vía de diálogo con las autoridades no pondría fin a los enfrentamientos entre fuerza pública y campesinos, siguieron con lo que se iba convirtiendo en rutina. Los soldados intentando erradicar, los lugareños defendiendo su sustento de vida.
-¡Un herido! ¿Dónde le dieron, dónde le dieron?- se escucha gritar a quien estaba cerca de la reportera en otro video que circulaba en redes ese mismo día.
-En las mochilas. Llevémolo rápido- Se escucha una voz y se puede ver en el video varios hombres cargando a un hombre flaco, alto, con la cara tapada.
-¡Otro herido! ¡Otra herido!- se escuchaba a lo lejos.
La camarógrafa sale a correr hacia la voz. Sin embargo, el video no alcanza a quedar completo, antes de cortar la grabación, se escucha a un hombre afirmando -¡Esos hijueputas nos están disparando!
Guayabero, 15 de junio de 2020. En el marco de un operativo de erradicación forzada, un campesino fue impactado por una esquirla en la entrepierna. @VGuayabero informó en su momento que había otro hombre herido. pic.twitter.com/kqhssWASoE
— Lina Álvarez Camargo (@LinaMC_Alvarez) February 17, 2021
Ese día el Ejército abrió fuego contra las y los campesinos, hiriendo gravemente a dos hombres adultos. Uno de ellos –como lo demuestra un video publicado- estando en una camilla en un lugar que parece ser una humilde enfermería, en bata, mostraba la herida de bala que tiene en la entrepierna y la cual le están curando. “Mire lo que me hicieron, le hago un llamado a los derechos internacionales y humanos que nos ayuden, que no permitan que el Ejército nos mate como animales”, decía un poco más tranquilo de lo que parecía en un segundo video donde se ve cómo él totalmente desnudo, tapándose únicamente el pene, gritaba de dolor y pedía que lo ayudaran.
Víctor Jara de la organización DHOC quien se encontraba ese día allí haciendo visita de verificación, denunció que el Ejército estaba disparando directamente a los campesinos así ellos no estuvieran a un metro de las tropas, no respetó su presencia como defensor de derechos humanos y puso en varias ocasiones en riesgo a la reportera que estaba en el lugar. “No sólo fueron bombas aturdidoras ni corchos tirados por ellos, hicieron uso de las armas de dotación que es para salvar la soberanía colombiana y no para dañar físicamente la integridad de un colombiano”, concluyó.
Ese mismo día, en San Juan de Lozada vereda de La Macarena, fueron asesinados seis soldados y otros ocho resultaron heridos al parecer a manos de los grupos residuales de Gentil Duarte como lo informó el Ejército Nacional y Juan Guillermo Zuluaga mediante rueda de prensa. Noticia que por su importancia opacó los nuevos hechos de violación de derechos humanos que habían ocurrido también en el sur del Meta. En el marco de esa rueda de prensa Zuluaga lanzó un juicio de valor que estigmatizaría a las organizaciones y defensores de derechos humanos
El 15 de junio de 2020 también fueron asesinados soldados a manos de grupos residuales; ese día declaraciones de Zuluaga generaron indignación al insinuar que defensores/as de DDHH no repudiaban asesinato de uniformados y cuestionó que sí rechazaran operativos en Guayabero. pic.twitter.com/od5bI4bR4j
— Lina Álvarez Camargo (@LinaMC_Alvarez) February 17, 2021
En esa misma rueda de prensa donde participaron tanto medios locales como nacionales, afirmó que en un encuentro anterior que tuvieron con la comunidad –en Tres Esquinas- les informaron que sabían que estaban siendo presionados para salir a gritar que se vaya el Ejército “y nosotros no podemos permitir eso, debe seguir la fuerza pública haciendo lo que está haciendo (…) no puede ser un pretexto que para subsistir necesiten sembrar coca”.
Teniendo en cuenta dicha afirmación, algunos campesinos nos dijeron que, “si el Gobernador se asomara a esta zona miraría que aquí no tenemos ningunos lujos, las personas llegan aquí a sobrevivir” expresó Albeiro. Por el contrario, para Jeferson Parrado es el Gobierno el que termina llevándolos a dedicarse al cultivo de coca y rechaza que Zuluaga los exponga al afirmar que ellos representan a los grupos ilegales. “Nosotros estamos siendo obligados, no porque la guerrilla nos obligue sino el mismo Estado nos ha llevado hasta este punto. Venga Gobernador a estas tierras, nos está reprimiendo y enviando el poder militar, pero lo que necesitamos es inversión social, estamos dispuestos a un diálogo y a un cambio de economía (…) pero deje de tildarnos de guerrilleros, yo participé en una reunión y luego él en una entrevista nos tildó de guerrilleros”.
La investigación “Sur del Meta: Territorio Amazónico” del 2005, asegura que en esta región “la coca se ha vuelto la principal fuente de ingresos para la población allí asentada y ha sido fundamental en la estructuración del territorio desde los primeros años de la década del ochenta del siglo anterior”.
El documento también revela que la coca subió tempranamente por los caños y los ríos desde el Guaviare hacia el Meta y, en particular, hacia la actual Área de Manejo Especial de La Macarena, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos de los colonos antiguos y de los que en la pasada década del ochenta intentaron subsistir de cultivos como el maíz, pero fue la coca con lo que lograron sobrevivir.
Es importante tener en cuenta que, en Colombia hay familias que siguen subsistiendo de los cultivos de coca, especialmente donde no se ha invertido en carreteables ni proyectos sociales. Inclusive, en 1996, 240.000 familias se sublevaron bloqueando vías y haciendo ocupaciones en todo el país, después de intensas fumigaciones como resta en la revista El Círculo Vicioso del autor Martín Jelsma, quien en el año 2001 amplificaba el sentir de las comunidades que exigían una reducción gradual fijada a un periodo de varios años con planes rurales de desarrollo localizado. Ya que, aunque se han adelantado fumigaciones y erradicación forzada, sin garantías “los campesinos simplemente cortarán más árboles y sembrarán más coca”, como concluía el gobernador de la época, Jorge Devia, debido a que las comunidades no dejaban de cultivar, sino que se iban adentrando a zonas poco habitables pues se oponían a irse a la ciudad a “pasar necesidades”. Lo que evidencia que lo que está sucediendo en la región del Guayabero y la dependencia del campesinado a los cultivos de coca no es un hecho aislado, sino persiste en la historia del conflicto armado en Colombia.
Por su parte la comunidad afirmó que son los cultivos de coca lo que les permite subsistir e inclusive tener la posibilidad de darle estudio a sus hijos. Por ejemplo, don Omar Cometa habitante de la vereda La Reforma, Puerto Rico, manifiesta que con la coca pudo darles estudio profesional a sus dos hijas. Así mismo, José Pineda de 73 años hace más de un año decidió erradicar su cultivo de coca por todas las confrontaciones que se han presentado con las fuerzas militares y decidió cultivar además del pancoger, cacao.
Esto lo pudo hacer ya que él logró darles estudio profesional a sus hijas antes de la erradicación y estas ahora les envían –a él y a su esposa- una remesa mensual para los gastos del mantenimiento del cultivo mientras ellos logran o comercializar el cacao o volver a sembrar coca.
Argumento que respalda Jorge Iván Sánchez, personero de Vista Hermosa, quien en debate adelantado en la Asamblea Departamental argumentó que, “ustedes bien saben que para ir a estos territorios lo mínimo que se le debe garantizar es un carreteable para sacar sus productos, ellos mismos nos han dicho, Personero, si nosotros sacamos productos pagando el flete ahí se nos quedan las ganancias”, quien además reprochó que por no invertir en el campo, es que los campesinos deben acudir a cultivos ilegales.
En aproximadamente 52 años de conflicto armado que se ha vivido en Colombia, cientos de municipios han hecho el tránsito entre cultivar coca, amapola y/o marihuana a cultivos de pancoger, mora, cacao, entre otros; ligado al mejoramiento de la malla terciaria, a los carreteables en zonas rurales y en algunas ocasiones a la oportunidad de acceder a proyectos productivos sustentables. Sin embargo, en el Guayabero, las familias argumentan no contar con garantías para realizar una sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y por ello siguen dependiendo del “cultivo maldito”, como se le conoce a la coca por estar ligada a la financiación de grupos armados y bandas delincuenciales.
Pero esto no significa que no quieran dejar de cultivar un producto que, en palabras de ellos mismos, simplemente sirve para suplir lo básico, pero no para amasar grandes fortunas.
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El 16 de junio en la Asamblea del Meta se llevó a cabo una socialización del informe de derechos humanos sobre la situación de líderes comunitarios en las zonas aledañas del río Guayabero según petición de los diputados, en el que Norma Yaneth Baquero, secretaria de Derechos Humanos del Meta hizo lectura de lo siguiente: «el de Juan Guillermo Zuluaga es un gobierno garantista en cuanto a derechos humanos (…) nada más férreo en el cumplimiento de la ley, que un gobierno firme para enfrentar los delincuentes. Este Gobierno rechaza tajantemente la utilización de armas y acciones para constreñir, presionar, intimidar, extorsionar o atentar contra el bienestar físico de la ciudadanía”.
Así se desarrolló todo su discurso por alrededor de 15 minutos, pero en pocas palabras no se va a velar por garantizar los derechos humanos de “delincuentes” pues talan, siembran coca y viven en donde hay control territorial de grupos armados, pero que además no era una situación nueva, ya que desde el 2018 se han presentado estos hechos. Frente a la declaración que podría tildarse como indolente por parte de la funcionaria, el diputado Oswaldo Avellaneda afirmó “Me deja entre preocupado y triste su informe, porque tras del hecho que lo lee, hace una lectura muy mala del informe que acaba de presentar. Preocupante y triste el panorama para las víctimas del departamento del Meta (…) ni contextualiza, ni le cuenta a la gente qué está pasando en la zona sur del departamento”.
“Hay heridos, hay situaciones extremas que ustedes no han abordado (…) los campesinos no están armados, están reclamando el cumplimiento de los acuerdos pactados en el punto cuatro y toda la parte social que converge a la marginalidad y el olvido en el que están estas comunidades a quienes hoy están reprimiendo a través de la fuerza pública (…) no se compadecen de la situación que están padeciendo estas comunidades ¿Y quiénes son responsables? Pues ustedes” evidenció en ese espacio como lo haría también en medios de comunicación, la lideresa Islena Rey, quien increpó a la funcionaria por gastar el tiempo de su intervención explicando qué son los derechos humanos y cómo funcionan las mesas de derechos humanos, en vez de aterrizarlo a los hechos violentos.
Teniendo en cuenta lo anterior, el 20 de junio del año pasado, mediante comunicado público de Voces del Guayabero, informaron que las y los campesinos se retirarían de la vereda Tercer Milenio. Así mismo, ese día enviaron una carta a la Procuraduría, exigiendo se investiguen las declaraciones que dio el Gobernador del Meta a NTN24, ya que, estaba dándole argumentos a grupos paramilitares para convertirlos en blanco de objetivo militar, o peor, en nuevos falsos positivos.
Entre el 20 al 25 de junio nuevamente se generaron confrontaciones entre la comunidad y la fuerza pública, que derivaron en que una mujer denunciara que, por culpa de los gases lacrimógenos y la situación tan violenta, abortó al hijo que esperaba tener dentro de seis meses.
«Quiero denunciar al Ejército Nacional, echaron gases lacrimógenos, yo estaba embarazada y perdí mi bebé (…) soy hipertensa, me comenzó mucho dolor bajito y cuando fui al baño pues me di cuenta que perdí al bebé (…) me dijeron que tenía que irme para la ciudad de Villavicencio», contó con voz entrecortada Gloria Edith Mondragón a Voces del Guayabero, ella no estaba completamente segura de su embarazo hasta que por la pérdida de sangre acudió al centro de salud más cercano y fue informada de la situación.
El 23 de junio hizo presencia en la zona la Defensoría del Pueblo regional Meta y Guaviare, pero dicho encuentro había sido acordado con la presencia de Carlos Negret, quien hasta ese momento era el Defensor del Pueblo. Por ello, volvió a programarse otra reunión tres días después, no obstante, el funcionario no llegó dejando alrededor de 500 campesinos de diversas veredas con la intención de denunciar agresiones por parte de los militares, sin oportunidad de ser escuchados. En entrevista a El Espectador Negret aseguró que no había podido asistir por problemas generados por las aerolíneas y que impidieron que volara a la zona, pero aseguró que ya estaba tramitando cuatro quejas individuales y seis colectivas.
Yoanny Yefer Vanegas excombatiente y quien se había convertido en líder de la comunidad apareció sin vida por impactos de bala en la vereda Picalojo, un día después que la comunidad se quedó esperando la visita de Negret. Son varios interrogantes los que surgen en torno al asesinato del líder quien incluso participó en la mesa de concertación en Tres Esquinas, La Macarena y quien ese día debía llevar unos papeles a San José del Guaviare.
En primera medida, la vía que debía transitar lo llevaría directamente a un sector conocido como Capricho, sin embargo, su cuerpo apareció junto a su moto a orillas de la carretera en el cruce conocido como Choapal en Picalojo, donde lo encontraron dos jóvenes quienes hicieron la respectiva denuncia. Ese mismo día, el Ejército se llevó al hermano del occiso y lo retuvieron durante alrededor de seis horas, le hicieron quitar la camisa, le hacían preguntas y concluyeron que «ese no era, ese no era, por los tatuajes» y de ahí se lo llevaron en helicóptero a La Macarena, luego de ser liberado tendría que enterarse que su hermano había sido asesinado. Debido a ello la comunidad pide que se esclarezcan los hechos sobre quién terminó con la vida del excombatiente y cuál es la relación del Ejército con ese lamentable hecho.
Para esta fecha, el tema central del derecho de todos y todas a la protesta pacífica y las preocupantes denuncias de violación de derechos humanos específicamente en las veredas del Guayabero, estaba totalmente desviado, ya que, el argumento al que se aferraron especialmente las fuerzas militares, fue que el proceso de resistencia de estos campesinos y campesinas durante las últimas dos semanas –para esa fecha-, estaba totalmente ligado a Grupos Armados Organizados Residuales.
Debido a lo anterior, dialogamos con habitantes del Guayabero para saber si tenían conocimiento sobre el constreñimiento del que habían sido víctimas habitantes de algunas veredas de Vista Hermosa, frente a lo cual explicaron que “no tenemos conocimiento de la multa de diez millones que le cobraron a la gente, pero sí es de conocimiento general que ellos cobran sus vacunas, sus impuestos, pero eso no tiene nada que ver con nosotros como campesinos”.
Lo que sí adelantaron como campesinos fue dividir las cargas que les significó el plantón permanente en Tercer Milenio y el Silencio, por lo cual, terminado el plantón hicieron la sumatoria de lo que se le debía a las y los comerciantes de Puerto Cachicamo que estuvieron proporcionándoles el alimento, entre las 52 veredas participantes de los municipios de Puerto Rico, Vista Hermosa y La Macarena, descontando lo que fue donación, pues resaltan que mucha comida que les proporcionaron fue como acto de apoyo, pero también tuvieron que gastar bastante dinero en drogas para los aproximadamente 50 heridos que hubo en los 33 días de plantón.
Luego dividieron el valor de lo adeudado en partes iguales, pero aclararon que las veredas que habían llevado remesa como plátano, yuca, entre otros alimentos, también recibían un descuento según la cantidad que proporcionaron y así finalmente cada territorio terminó aportando la parte que le correspondía y pagaron sus deudas, ya que no podían hacer quebrar a quienes durante casi tres meses estuvieron fiándoles lo solicitado. Por ende, esperan que ese proceso de cooperación y solidaridad no sea el argumento que para ese momento utilizaba la fuerza pública al referirse que había vacunas entre ochocientos mil a cinco millones de pesos que estaban cobrando «grupos guerrilleros».
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El 01 de julio se presentó nuevamente la oportunidad de dialogar con la institucionalidad y con la Agenda Ambiental, Campesina, Étnica y Popular en la Alcaldía de San Vicente del Caguán vía internet, no obstante, dicha reunión no llegó a ningún termino ya que en circunstancias que las comunidades califican como “sabotaje y boicoteo”, no había condiciones de conectividad ni logística.
Así mismo, denunciaron que tan poco existían garantías de seguridad, ya que en varias ocasiones individuos en motocicleta de placas BDH 36F estuvieron tomándoles fotos como si su intención consistiera en individualizarlos, lo que para ellos podría ser un riesgo para su vida, aún más con el reciente asesinato de un vocero de las manifestaciones adelantadas desde el mes de mayo.
Con el transcurrir de los días, los operativos ya no solo estaban en Tercer Milenio, sino también en las veredas El Silencio y Caño San José. En esta última, el 10 de Julio, Luis Fernando Valoy Potes fue víctima de un artefacto explosivo, mientras se acercaba con el presidente de junta de acción comunal a dialogar con el Ejército antes que empezaran los procesos de erradicación. La comunidad denunció que días antes transitaban por ese lugar sin peligro de las minas antipersonales y que fue con la llegada de las tropas que la situación cambió.
Además, Gallito en entrevista a la Liga contra el Silencio, denunció que su compañera Maritza Montoya intentó cubrir ese día los operativos, pero no solo no se lo permitieron, sino que además le hicieron borrar lo poco que había grabado, lo que seguiría constituyendo una clara violación.
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