En un primer momento la solicitud de suspender la consulta popular de Granada por falta de recursos, desconcertó no solo a los metenses sino a toda la comunidad ambientalista. Seguidamente la entidad también notificó a las alcaldías de La Macarena y de El Castillo, con la misma misiva.
Esta solicitud la tuvieron que acoger los diversos municipios a nivel nacional que habían logrado llevar adelante los requerimientos de una consulta popular; territorios en los cuales probablemente a través de las urnas, sus habitantes le dirían NO a cualquier tipo de actividad extractiva que pusiera en riesgo las fuentes hídricas, biodiversidad y su vocación agrícola y turística.
Sin embargo, estos procesos de defensa del territorio no iniciaron recientemente con la búsqueda de las consultas populares, sino que reflejan muchos años de resistencia a diversas multinacionales con intereses específicos y con los que no están de acuerdo las comunidades. Esto se ve reflejado también en municipios cono Granada, El Castillo y La Macarena.
CONSULTA POPULAR DE GRANADA
El viacrucis para la realización de las consultas populares aprobadas en el Meta inició hace unos meses, cuando cerca a los comicios del 22 de octubre en el municipio de Granada, la Registraduría Nacional emite un comunicado y explica a la comunidad, que no existen los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta (el Ministerio de Hacienda es el ente encargado de financiar los mecanismos de participación ciudadana); y que por ende, si desean realizarla, los 182 millones de pesos deben salir de las arcas municipales.
Por esta razón, las y los habitantes de Granada se movilizaron en esa fecha contra dicha solicitud, pues consideran que afrenta con su derecho a decidir sobre su territorio. Manifiestan que son una región agrícola, que no permitirán que el río Ariari salga afectado, y que encontrarán la manera de llevar a cabo la consulta, pues se sienten amenazados por el proyecto Área de Perforación Exploración Taray bloque CP09 Llanos Orientales, que afectaría a municipios como San Martín, Granada y El Castillo.
CONSULTA POPULAR DE LA MACARENA
Durante el 2015 los metenses realizaron una gran concentración en el Parque los Libertadores en la ciudad de Villavicencio, cuando se enteraron que existía un bloque petrolero que impactaría irremediablemente Caño Cristales y sus alrededores.
Sin embargo, aunque en su momento la licencia fue suspendida, los habitantes de la Macarena identificaron que seguían existiendo aproximadamente 150 pozos con permisos para exploración de hidrocarburos que impactarían no solo al río de los siete colores, sino además la serranía y otras áreas protegidas; fue así, como con mucho esfuerzo, lograron que fuera aprobada la consulta popular que se realizaría el pasado 26 de noviembre.
Sin embargo, similar al caso de Granada, la Registraduría solicitó la suspensión de la consulta en la que se les preguntaría «¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación, explotación y producción de hidrocarburos y explotación minera dentro de la jurisdicción de La Macarena?”.
Por ahora, ante el argumento de la falta de recursos de orden nacional, las y los habitantes de la Macarena prepararon una serie de movilizaciones y están en proceso de gestionar los 50 millones (o menos) que podría costar realizar dicho mecanismo de participación.
CONSULTA POPULAR DE EL CASTILLO
Finalmente el 1 de noviembre llega el oficio al Alcalde de El Castillo, Eliecer Urrea Moreno, donde le solicitan suspender la consulta popular que se realizaría el 3 de Diciembre, ya que señalan que el Director General del Presupuesto Público Nacional mediante radicado 2- 2017 – 032562 con fecha de 03 de octubre, especificó que en razón a la territorialidad, los mecanismos de participación ciudadana deben ser garantizados por las Alcaldías y Gobernaciones respectivas.
Pero estas decisiones no podrán detener a comunidades que llevan muchos años defendiendo su territorio. En el caso de El Castillo, desde el año 2012 cuando los habitantes se enteraron que Ecopetrol había pedido Licencia Ambiental para la exploración del Bloque CP09, exigieron a Cormacarena socializar la decisión, y además denunciaron en múltiples ocasiones que jamás hubo concertación con las comunidades y que dicho proyecto afectaría negativamente las cuencas hídricas y agrícolas del municipio.
En el 2013 y 2014 se realizaron acciones de defensa del territorio evitando que las empresas contratistas entraran al municipio. En el 2014, se creó la mesa de participación ambiental, y desde aquella época empezaron a solicitarle a las administraciones de turno, convocar a consulta popular.
“Las acciones de defensa del territorio siguieron. A pesar de no haber contado con el apoyo, se hicieron recorridos ambientales, peregrinaciones e inventarios ambientales y agrícolas por todo El Castillo” cuenta a El Cuarto Mosquetero, el padre Henry, misionero Claretiano, quien agrega, que varios líderes y lideresas por sus procesos de defensa del territorio fueron señalados de tener vínculos con grupos ilegales.
Finalmente las y los habitantes de El Castillo lograron que se aprobara y tuviera fecha la consulta popular en su municipio. Por esto, frente a la negativa de financiación de las consultas populares por parte de Ministerio de Hacienda, exigen respeto al derecho de participación, de la libre expresión y a decidir sobre su territorio.
