Todos quisiéramos dar un paseo en camioneta por el sur del departamento del Meta como lo hizo el señor gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, que aparentemente quiere pagar una deuda histórica del Estado con las comunidades que habitan esta zona del departamento, sin embargo, lejos de esta premisa, su correría se convirtió en una escena al estilo del cineasta Stanley Kubrick, pues tenía todos los ingredientes necesarios: Un personaje, una zona peligrosa y un final poco claro.  Su paseo solo nos deja preguntas ¿A qué fue realmente el Gobernador? ¿Qué obras dejó ejecutándose? Además de repartir regalos baratos a niños y niñas y tomar tinto de finca en finca ¿Cuál es el resultado principal de su viaje por estos municipios del sur del Meta? Lo primero es poner en contexto a las y los lectores de esta columna sobre lo que significa que los gobernantes estén presentes físicamente en esta región.

El sur del departamento del Meta históricamente ha sido una región olvidada por el Estado y esto fue aprovechado por distintos actores armados para tratar de convertir esa zona del país en su bastión político y militar. No en vano cuatro municipios del sur del Meta hicieron parte de la vergonzosa zona de distensión en el Gobierno Pastrana (1998-2002), desde entonces la presencia del Estado solo fue por la vía armada y militar. Durante los Gobiernos de Uribe (2002-2006 y 2006-2010) la violencia siguió, inicialmente un camino allanado por el Paramilitarismo y posteriormente, por una amplia presencia de las fuerzas militares y policiales para combatir la subversión y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Sin embargo, solo fue hasta la materialización del proceso de paz en los gobiernos de Santos (2010-2014 y 2014-2018) que se empezaron a ejecutar –de manera lenta- los principales proyectos de inversión social, como son la sustitución de cultivos ilícitos -PNIS-, titulación de tierras, acceso al crédito rural e inversión en vías terciarias.

En la actualidad estos proyectos avanzan a paso de tortuga coja y el gobierno de Zuluaga, fiel a la política nacional del presidente Duque, es palo en la rueda a la ejecución y materialización de los puntos clave del proceso de paz. Al asesinato sistemático de lideres y firmantes de la paz se la suma la primera masacre del año en el departamento que se perpetró contra la comisión de la Unidad de Restitución de Tierras, lo cual evidencia un grave retroceso en materia de derechos humanos y de seguridad en el sur del Meta que, directamente afecta la rentabilidad emergente que estaba generando el ecoturismo.

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Visitar las comunidades es importante y necesario para reconocer las dinámicas sociales que están sucediendo, pero el recorrido del señor gobernador se convirtió en una película mal hecha, llena de escenas sin gracias, descolorida y carente de seriedad, pues la noticia no fue su populista paseo sino el presunto atentado del que fue víctima la caravana en la que se desplazaba y, mientras tanto, las comunidades siguen a la espera de que el Estado en algún momento pueda empezar a pagar – así sea a cuotas- la deuda histórica que tiene con el sur del departamento del Meta.

*Opinión y responsabilidad del autor de la columna, mas no de El Cuarto Mosquetero, medio de comunicación alternativo y popular que se propone servir a las comunidades y movimientos sociales en el Meta y Colombia.

Felipe Ortiz Franco, docente, Abogado conciliador de la Universidad de Pamplona. Especialista en derecho público de la Universidad Externado.