Este 4 de junio, el Sindicato de Trabajadores Oficiales del Meta, (Sintraoficiales del Meta), llevó a cabo la exposición en Villavicencio del informe “Impactos y afectaciones del conflicto armado interno al sindicalismo en Colombia, capítulo Entes Territoriales Meta”. El documento es “un aporte de la Confederación General del Trabajo (CGT) a la construcción de verdad y la paz de Colombia”. 

La recopilación de la información plasmada en el informe es el resultado del proyecto “Asesoría y acompañamiento técnico a la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la CGT, para apoyar su participación efectiva ante la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad”, realizado por la Escuela Nacional Sindical en el marco del Programa de Participación y Reparación Colectiva a las Víctimas de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. 

Alianzas entre líderes políticos y paramilitares

Al igual que en los departamentos de Sucre y Casanare, los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría de Obras Públicas del Meta fueron victimizadas debido al control armado en la región. Según Sintraoficiales, el proceso de consolidación del control territorial de los actores armados provocaron alianzas con líderes políticos del departamento. 

Con estas articulaciones se capturaron los recursos públicos de la Secretaría de Obras Públicas de la Gobernación, logrando que se privatizara la función de realizar estas construcciones y se aprovecharan los procesos de contratación pública para beneficiar a los actores armados. Estas expresiones de corrupción fueron denunciadas por el sindicato, el cual se opuso a la transformación de la ya citada dependencia y, por ello, fue víctima de graves violaciones a los Derechos Humanos, así como de despidos masivos y levantamiento de fueros sindicales.

“Por su lado, el proceso de ajuste fiscal en el departamento y la consecuente reestructuración administrativa de la Licorera del Meta, fue medida por la violencia y afectó gravemente la integridad de trabajadores y trabajadoras”, afirma el documento. 

El exgobernador Luis Carlos Torres habría cancelado contratos de 304 trabajadores

Ahora bien, frente al contexto del conflicto y su relación con la administración pública, el sindicato denunció que con los antecedentes del control armado en los años 90, Luis Carlos Torres Rueda se posesionó como Gobernador durante el periodo 2001-2003, reemplazando al saliente gobernador Alan Jara. A su llegada, Torres Rueda, eliminó la Secretaría de Obras Públicas del Meta, lo que llevó a que fueran cancelados los contratos de 304 trabajadores y trabajadoras. Posteriormente creó la Unidad Administrativa Especial de Proyectos y Contratación. Esta, aseguró la organización sindical, fue muy cuestionada, ya que al iniciar los procesos de contratación, los costos de mantenimiento de las vías fue mucho mayor en detrimento de las comunidades en los diferentes municipios. Con esa situación, los contratistas aportaban a las finanzas de los grupos armados ilegales, a través de los recursos económicos de esos contratos. Por este hecho, el procurador Edgardo Maya destituyó al Gobernador en el año 2008.

Pero aún así, durante su mandato, Torres acumuló tanto poder en la región que se convirtió en un baron político del Meta y en 2006 llegó al Senado con 66 mil votos por el partido Cambio Radical. Pero luego renunció a su curul al ser vinculado por la Corte Suprema al paramilitarismo en la región. Dos años después, en el 2008, el procurador Edgardo Maya, lo inhabilitó por 10 años tras considerar que, siendo gobernador, dejó en manos de terceros los procesos licitatorios, la celebración de contratos y convenios que a él correspondía liderar. Actualmente, está casado con la senadora por el partido de la U, Maritza Martinez. 

Declaraciones de paramilitares desmovilizados

Durante la desmovilización de los paramilitares en el Meta y Llanos Orientales, ex jefes de ese grupo armado ilegal en el departamento, en sus declaraciones de Justicia y Paz, “señalan los compromisos de algunos gobernadores, con quienes hicieron alianzas para la entrega de dineros públicos, especialmente, los recursos de obra civil y mantenimiento de vías, hechos que condujeron a que los actores armados ilegales se apropiaran de los recursos”.

Por ejemplo, Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, aseguró ante la Fiscalía General de la Nación que sostuvo una reunión con el excongresista Luis Carlos Torres, en la que le pidieron que ofreciera a otro político dinero a cambio de no denunciar hechos de corrupción en el Meta y que el también exgobernador le ofreció dos mil millones de pesos a Euser Rendón para que no continuara denunciando casos de corrupción en la Administración Departamental, durante el mandato de Edilberto Castro Rincón.

‘Don Mario’, también afirmó que unos 26 políticos del Meta y Casanare le prometieron entregarle a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre el 5 y 10 por ciento, del presupuesto de los municipios si les ayudaban a ser elegidos.

Listado de políticos del Meta aliados con el paramilitarismo 

Daniel Rendón, era el jefe financiero del grupo y junto a Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’, antiguo jefe militar del Bloque Centauros; y Mauricio de Jesús Roldán, alias ‘Julián’, ex jefe del Frente Ariari, entregaron en versión libre conjunta una lista de políticos que se beneficiaron de dinero y ayudas del paramilitarismo en el Meta. En ese documento, aparecen citados Euser Rondón, Edilberto Castro, Luis Carlos Torres, Juan Manuel González, Henry Beltrán, Ómar Velázquez, Freddy Díaz, Laura Gilma Moreno, Leonel Rivera Suárez, Éver Mosquera Rodríguez y Heber Balaguera.

Pero la violencia en el departamento inició mucho antes. La Misión de Observación Electoral (MOE) y la Corporación Nuevo Arcoiris, afirmaron que desde la década de los ochenta, narcotraficantes y grupos paramilitares han hecho presencia en el Meta. En aquel entonces, las mafias de las esmeraldas procedentes de Boyacá y los narcotraficantes, poseedores de los cultivos ilegales en la zona, instauraron las primeras estructuras de seguridad privada, que más tarde se convertirían en grupos paramilitares.

Con el fortalecimiento de la presencia paramilitar, es que se procede a realizar alianzas con líderes políticos. Para los grupos ilegales, aliarse con parlamentarios representaba un negocio que les permitía reducir su exposición penal y mantenerse en la impunidad. También les garantizaba continuar operando, tener la financiación para pagar sus ejércitos y seguir con el lavado de sus activos, para legitimar política y económicamente su capital.

La violencia hacia los sindicatos 

A raíz de estas alianzas, Sintraoficiales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Empresas Licoreras, Fábricas e Industrias de Licores de Colombia -Sinaltralic- Subdirectiva Meta, fueron víctimas principalmente de homicidio contra hombres trabajadores de base. Los hechos ocurrieron a finales de los años 90 e inicios del año 2000.

Sintraoficiales registró dos amenazas, una desaparición forzada y tres homicidios, mientras que, Sinaltralic, subdirectiva Meta, reportó un asesinato. 

Además, Sintraoficiales destacó como principal impacto la afectación psicosocial y económica de 304 trabajadores y sus familias, así como la violación a las libertades sindicales. “Muchos trabajadores perdieron sus patrimonios, pues dependían del salario para cubrir sus obligaciones económicas. Muchos de ellos no pudieron acceder a la pensión, ni a salud y fallecieron. Otros vieron cómo sus hijos no podían acceder a educación y salud ya que no contaban con un ingreso mensual que les permitiera cubrir esos gastos”. 

Por su lado, Sinaltralic, subdirectiva Meta destaca que, ante la liquidación de la Empresa Licorera del Meta, las y los trabajadores quedaron en una total incertidumbre y con una afectación psicosocial al no tener certeza de su futuro. “La empresa no efectuó ninguna actividad de orden social, psicológica, ni acaso humana que facilitara el hecho aprobado que iba a dejar literalmente en la calle a 52 familias, en esos momentos algunos con hijos menores de 7 años, recién nacidos y otros llevando su educación escolar, colegio y universidad”.

Luego de haber salido de la empresa, muchos de los trabajadores afiliados a la organización sindical cayeron en depresión e inestabilidad emocional, al punto que los pocos dineros obtenidos no tuvieron resultados y al día de hoy siguen viviendo en estados de incertidumbre, angustia e incluso algunos en situaciones precarias.

Otros, debido a su lucha sindical y a las amenazas sufridas, “tuvieron que desarraigarse y desplazarse como protección de su integridad, siguiendo su paso por la vida con este temor, reduciendo de manera significativa sus proyecciones sociales y sus oportunidades laborales”. 

¿Por qué recordar estos episodios de violencia contra la lucha sindical?

En conversación con El Cuarto Mosquetero, Elkin Rodríguez, presidente de la Unión de Trabajadores del Llano (Utrallano), relató la importancia de mantener estos espacios de memoria y no repetición, porque “conociendo estos hechos del pasado, probablemente en el presente y futuro no se volverán a repetir estos hechos tan dolorosos”. 

Pero, según Rodríguez, el objetivo es llegar no solo a los medios de comunicación sino a la ciudadanía en general, por lo que, junto con la Comisión de la Verdad, se estará socializando el informe a población académica, trabajadora, estudiantil, entre otras. “Cuando la ciudadanía comprenda estos hechos, van a entender el gran valor que tiene una organización en la democracia. Una democracia que no tenga organizaciones sindicales fuertes y visibles, es un remedo de democracia”.

Por su parte, Carlos Eduardo Camargo, presidente de Sintraoficiales subdirectiva Meta, afirmó que es necesario que la ciudadanía conozca lo que sucedió a partir del año 2000, “que los pueblos del departamento del Meta sepan porqué no siguieron construyendo las vías secundarias y terciarias, porque no siguieron desembotellando los municipios”. 

Según Camargo, la mirada hoy está centrada en la justicia transicional “porque ahí está la verdad, la reparación y la no repetición”. Con él concordó Rodríguez, quien mencionó que el exgobernador Edilberto Castro pidió ser admitido en la Justicia Especial para la Paz (JEP) para contar su verdad sobre su presunta relación con el paramilitarismo e hizo un llamado a los demás implicados para que sigan este ejemplo y así “los trabajadores podamos tener la tranquilidad de haber conocido la verdad, que haya justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.