El pasado 7 de septiembre, hacía las 2:00 de la tarde, Francisco Javier Martínez y Gerardo Fernández Hernández, fueron asesinados con disparos múltiples por dos sujetos en la vereda Angosturas, de San Juan de Arama, en cercanías con la hacienda Los Micos, sobre la vía que conduce hacía la vereda Costa Rica, del municipio de Vista Hermosa.
Francisco y Gerardo se movilizaban en una motocicleta Discover azul cuando fueron asesinados. Al parecer, uno de ellos aún presentaba signos vitales cuando fueron hallados por campesinos del sector, quienes alertaron del homicidio.
Según publicó RCN, las investigaciones señalaban que los fallecidos tenían posibles nexos con las disidencias que operan en la zona, al mando de alias “Gentil Duarte”. El medio afirmó que, Gerardo Fernández, alias “Lalo” tiene un antecedente como indiciado por el delito de rebelión del año 2011, con estado activo y en etapa de indagación. Además, habría sido integrante de la red de apoyo de las milicias de las extintas Farc.
Por su parte, el comandante de la Policía del Meta, Gustavo Berdugo, señaló que el homicidio pudo haberse dado por un ajuste cuentas por parte de grupos armados, organizados y residuales de las disidencias de las Farc, específicamente la estructura 7, al mando de alías “Gentil Duarte y Calarcá”.
Sin embargo, El Cuarto Mosquetero se contactó con Leonardo Romero, comandante del Cuerpo de Bomberos de San Juan de Arama, quien negó que los fallecidos fueran insurgentes. Aseguró que “Lalo”, como le decían de cariño sus allegados, tenía 54 años y vivía en el centro poblado de Costa Rica, del municipio de Vista Hermosa, Meta. A Javier, de 73 años, lo conocían como “Barbado”. Ambos eran queridos entre la comunidad “porque eran muy serviciales”, afirmó Romero. En las zonas rurales la gente acostumbra a llamarse por sobrenombres a partir de características físicas desde temprana edad, lo que no significa que sean “alias” por pertenecer a grupos al margen de la Ley.
Además, mencionó el bombero que, tanto Gerardo como Javier tenían sus pertenencias de valor como celulares y billeteras cuando fueron encontrados, por lo que se descarta que el homicidio hubiera sido por hurto.
Por su parte, el Personero de Vista Hermosa, Fernando Dominguez, coincidió con las declaraciones de Romero, y agregó que se trataba de campesinos, más no de insurgentes. Desde El Cuarto Mosquetero también consultamos si estaban en alguna base de datos como firmantes de la paz, pero no hay registro que evidencie que se trata de reincorporados.
Uno de sus amigos más cercanos, quien lo conocía desde hace 15 años -y pidió no ser identificado-, relató que “Lalo”, llevaba 25 años viviendo en el centro poblado Costa Rica, donde tenía un “carrito” con una ruta para transporte de pasajeros desde dicho lugar hasta San Juan de Arama. También tenía un supermercado, además de una carnicería que había cerrado hace un año para dedicarse al engorde de novillos en fincas que solía arrendar en la zona.
También, muchos conocían al campesino por el trabajo que adelanta su hija en el municipio. A través de redes sociales se pudo constatar que Juliana Fernández Díaz, hija de “don Lalo” quien graduó en el 2018 como Administradora Pública de la Corporación Unificada Nacional de Educación, es una lideresa comunitaria reconocida en la zona y fue candidata al Concejo de San Juan de Arama por el partido Liberal, durante las elecciones del 2016.
Cabe destacar, que los dos campesinos eran amigos y trabajaban en sociedad con la ganadería, por lo que probablemente, ese era el motivo por el que iban juntos en motocicleta aquel día fatídico. Inclusive, aunque aún no se han esclarecido los motivos del crimen, entre la comunidad se deduce que los autores buscaban robar la cuota del ganado que ese día llevaban las víctimas.
“Don Lalo” y Javier, como otros tantos campesinos del sur del Meta también se dedicaban a la siembra de cultivos de coca, pues el abandono estatal y las inaccesibles vías dejan pérdidas para quienes se dedican a sembrar alimentos como plátano o yuca. “Ellos tenían cultivos de uso ilícito, como muchos acá, pero no es porque a ellos les guste, es porque no tienen otra opción y el Estado no les brinda soluciones. Pero eso no quiere decir que ellos eran guerrilleros”, afirmó su amigo.
Pero las muertes de “Lalo” y “Barbado”, podrían no corresponder a un hurto, como se deducía entre la comunidad, pues el pasado 10 de septiembre, la Asociación Campesina para Agricultura Agroecológica, Defensa y Preservación de la Sierra de la Macarena – Aspromacarena, emitió un comunicado rechazando y repudiando el asesinato de sus compañeros Gerardo Fernández Hernández y Francisco Javier Martínez.
Los campesinos eran miembros activos de la asociación, por lo cual extiendió sus condolencias y solidaridad con sus familias. Además exigió claridad y condena para los asesinos, seguridad y oportunidad para los lideres (as), defensores de derechos y comunidad campesina; garantía del derecho a la paz y la no repetición de hechos de violencia que llevan a los territorios a la zozobra y al miedo y respeto por la vida.
Sin embargo, los pronunciamientos de la institucionalidad y de medios de comunicación nacionales frente a estos casos, profundizan el proceso de estigmatización que viven los campesinos de territorios que fueron catalogadas como “zona roja”, en la que se intenta justificar su muerte al relacionarlos con grupos armados ilegales por cultivar el único producto que en muchas veredas, aún sigue siendo su fuente de sustento. Además, gran parte del campesinado no se ha acogido a la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y hasta ha tenido que cultivar nuevamente matas de coca, ante el incumplimiento del PNIS.
“Pudimos detectar la presencia del Estado pero solamente a desplazar las comunidades de su territorio y con agresión contra las comunidades (…) pero además es muy preocupante la presencia de grupos al margen de la Ley, pero sobre todo de paramilitares en la zona” manifestó a El Cuarto Mosquetero, Edilberto Daza, quien hace parte de la organización DHOC y participó en la jornada verificación de derechos humanos que se hizo al sur del Meta hace unas semanas, precisamente por el aumento de judicializaciones, estigmatización e incluso asesinatos de campesinos de la zona, posiblemente a manos de grupos paramilitares según denuncias de la población que han identificado sujetos extraños y armados en sus veredas.
Intentamos contactarnos con el Departamento de Policía del Meta, para conocer su pronunciamiento sobre lo dicho por la comunidad, pero no obtuvimos respuesta.
Comunicadora social y periodista, con experiencia en prensa escrita, comunicación institucional y trabajo con comunidades vulnerables desde el enfoque de la participación política, defensa del territorio y comunicación para el cambio social.