La objeción de conciencia es un derecho reconocido por la Corte Constitucional. Ejercerlo implica desafíos burocráticos pero es prueba del compromiso por la construcción de paz en Colombia.
Guillermo Otálora desde muy pequeño sabía que no quería hacer parte de la guerra. Vivía en la vereda La Carpa de San José del Guaviare y le tocó ser testigo del horror. Ahora es realizador audiovisual, rapero y activista antimilitarista. Su consigna es “¿por qué no hacer la paz?”
A los 11 años inició su activismo antimilitarista a favor de la paz. “Empezamos a reunirnos con otros jóvenes que teníamos pensamientos similares, desde las diferentes formas de paz, con el arte, la música, la cultura y con diferentes expresiones políticas”. Además, varios de sus compañeros de colegio fueron asesinados, lo que lo impulsó a reafirmar su posición sobre la paz como un camino para Colombia. “El conflicto no nos sirve y no nos aporta en nada”, recalca.
La lucha por la paz y la justicia social la aprendió y la heredó de su familia, conformada por líderes sociales y comunitarios. Su abuelo fue militante de la Unión Patrótica -UP-, candidato al concejo de San José del Guaviare y asesinado en el genocidio a este movimiento político.
“Yo he sido víctima del conflicto y víctima del Estado. He visto cosas que se han hecho muy mal y desde muy pequeño tuve claro que no quería pertenecer a la guerra, que no me beneficiaría nunca de ella ni tampoco beneficiaría a otras personas”, cuenta Guillermo.
La objeción de conciencia se presenta entonces como una alternativa al servicio militar obligatorio consagrado en la Ley 1861 de 2017 y definida por Temblores ONG como “la negativa a cumplir la obligación que impone el Estado sobre un sujeto para participar en las filas de la fuerza pública a través de su reclutamiento, alegando motivos éticos, religiosos, entre otros, que le impiden llevar a cabo el comportamiento esperado durante la prestación del servicio, precisamente por ir en contravía de sus convicciones”.
De esta manera, la objeción de conciencia implica una disonancia entre “la orden constitucional de prestar servicio militar y una norma moral propia o creencia profunda, fija y sincera. La objeción de conciencia es reconocida por la Corte Constitucional como un derecho fundamental al estar íntimamente relacionado al derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y culto”, explica la ONG.
“La militarización hace parte de la vida cotidiana”
En territorios como San José del Guaviare, el conflicto armado sigue latente, vigente. Hace presencia en las dinámicas sociales, culturales, políticas. En un informe presentado por el Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- se afirma que la situación humanitaria en Colombia, especialmente en departamentos como el Meta y Guaviare, no ha mejorado y sigue siendo preocupante.
Sin embargo, Alejandra González, integrante de la Corporación Justicia y Democracia, explica que el discurso militar está incrustado en la sociedad, más allá del conflicto armado. “Cuando hablamos de militarización, la gente asume eso como la seguridad basada en armas, y no es así. La militarización hace parte de la vida cotidiana, por ejemplo, desde los discursos visuales. En el sur del Meta todavía se encuentran las vallas de las brigadas cívico militares y luego las vallas de los frentes de las disidencias del Estado Mayor Central -EMC-. Esas son formas de militarizar la vida”.
Según Alejandra, las formas en las que se han configurado las relaciones sociales están basadas en estructuras de poder: “las familias tradicionales se construyen en torno a una jerarquía militar, el papá es el que manda en la casa y los otros son los subordinados que obedecen. El disciplinamiento y el autoritarismo en los colegios, las cárceles, los psiquiátricos, todo está diseñado de esta forma”.
Incluso hace énfasis en el hecho de que cuando se presta servicio militar, los afectados no son únicamente los hombres jóvenes. Las mujeres, madres, abuelas y hermanas también sufren los impactos de la guerra. “La militarización también ha estado diseñada para subordinar los cuerpos. La violación sexual de mujeres se convirtió en un arma de terror”.
Guillermo concuerda con Alejandra en la importancia de desestructurar las formas militaristas en las que nos relacionamos, especialmente en las instituciones educativas. Cuando él estaba próximo a graduarse del bachillerato, tuvo problemas con los militares que fueron a convocar a quienes iban a cumplir 18 años para que prestaran el servicio militar obligatorio.
“Yo le dije que estaba mintiéndole a los jóvenes, que no era necesario prestar el servicio militar, y lo que hicieron fue sacarme del salón para que no siguiera hablando, pero yo me fui gritando y protestando”, recuerda Guillermo. Alejandra también dice que en las instituciones educativas no se le informa al estudiantado que tienen el derecho a la objeción de conciencia, a pesar de que según la ley anteriormente mencionada “los planteles educativos con la ayuda de los Ministerios de Defensa y de Educación Nacional, buscarán que se informe a los estudiantes de último grado sobre las causales de exención al servicio militar, así como su derecho a la objeción de conciencia al servicio militar”.
Además, acceder a este derecho se convierte en un camino con obstáculos burocráticos. “Se da una dilatación de los procesos, porque no es tan sencillo. Se tiene que probar éticamente, ideológicamente o moralmente, por qué no quieres ir a la guerra y esos procesos se demoran dos años y los chicos se cansan y terminan siendo remisos”.
Este es el caso de Guillermo. Relata que llegó al casco urbano de San José del Guaviare porque tenía miedo de ser víctima de una ejecución extrajudicial. Intentó hacer la objeción de conciencia por la página web, pero no la aceptaron. Decía que debía presentarse al batallón. “Si yo voy y me presento allá, me matan”, pensó.
El servicio social para la paz
En 2013 y con apenas 13 años, Guillermo hizo parte de un grupo de jóvenes, entre los que se encontraban universitarios y universitarias de la Nacional y la Distrital de Bogotá, que le presentaron en un seminario al senador Iván Cepeda, la idea de cambiar el servicio militar obligatorio por un servicio social para la paz. “Pensamos que para construir una mejor Colombia y una Colombia más digna, era con la educación”, recuerda.
“Yo decía que con un man duro de la política en Colombia rápido iba a salir, y rápido no salió”. se lamenta Guillermo. Esta iniciativa hace parte del proyecto de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro. Si se aprueba el servicio social para la paz, los jóvenes contarían con nuevas oportunidades para contribuir a la sociedad mediante acciones vinculadas al cumplimiento del Acuerdo de Paz, la protección del ambiente y la promoción cultural, en lugar de unirse a las Fuerzas Militares.
En el proyecto que está estancado en el congreso existen más de 11 modalidades de servicio, que incluyen: fomentar la alfabetización digital en áreas rurales o urbanas; trabajar con víctimas del conflicto armado y promover sus derechos, así como defender los derechos humanos y el derecho internacional humanitario; apoyar la implementación y cumplimiento de acuerdos de paz; promover políticas públicas de paz, reconciliación, convivencia y la eliminación de estigmatización; proteger la naturaleza, la biodiversidad, los recursos hídricos, ecosistemas estratégicos y la riqueza ambiental y forestal del país; fomentar la paz étnico-territorial, respetando el derecho a la autodeterminación, la autonomía, y las costumbres de las comunidades étnicas; trabajar con víctimas de violencia sexual y basada en género; y proteger y cuidar a las personas mayores en situación de vulnerabilidad.
Alejandra tiene sus dudas con respecto a esta iniciativa. “Igual te van a dar una libreta militar, vas a quedar como reservista y el planteamiento es que muchachos de 18 años hagan trabajos que muchas veces le compete al Estado ¿Qué garantías tienen los jóvenes para hacer esas cosas y que no sea un servicio para la paz gratuito que posiblemente incremente algunas desigualdades?”, comenta.
Tanto Guillermo como Alejandra seguirán realizando acciones en pro de la desmilitarización de la vida. Por un lado, él hace incidencia desde colectivos pequeños y en la Plataforma Municipal de Juventud en San José del Guaviare, a pesar de que ha recibido amenazas por su activismo. “Dar la vida por la paz es una buena causa”, dice.
Por otro lado, ella se enfoca en una de las líneas de trabajo llamada Desmilitarización y desarme de la vida civil, de la Corporación de la que hace parte, que busca romper de forma más directa los acercamientos a lo militar y desarmar la vida civil. Han hecho articulaciones acá en Villavicencio con colectivos como Morichal Clica MCH permiten “pensarse las dinámicas de relacionamiento violentas que tenemos, sobre todo en los campos de lo urbano y el rap. También pesarnos la forma en la que habitamos los espacios públicos, y el relacionamiento que se tiene con las fuerzas militares y las fuerzas policiales, para llegar al diálogo y a la formación en derechos humanos”.
Ambos buscan una desmilitarización de vida, que jóvenes tengan herramientas para objetar al servicio militar obligatorio y la construcción de paz en sus territorios.
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