En un país de urbes centralizadas y ruralidades periféricas, abundan las zonas que en pleno siglo XXI siguen sin acceso a la energía eléctrica. Comunidades enteras anochecen temprano y, con suerte, pueden acceder a una o dos horas de luz artificial.
Por: Shirly Forero y Mario Toro
En la inmensidad de los paisajes colombianos donde los verdes valles y las montañas majestuosas se entrelazan, una problemática palpable se cierne sobre las poblaciones de la ruralidad: la falta de acceso a la luz eléctrica. En este país de contrastes, donde la modernidad se topa con la tradición y lo artesanal en cada rincón, la ausencia de este servicio básico no solo oscurece los hogares, sino que también proyecta una sombra que frena el desarrollo y afecta la calidad de vida de quienes habitan las regiones periféricas.
Este es un país de grandes ciudades. De edificios grandes y avenidas impresionantes. De museos maravillosos y plazas y parques deslumbrantes. Y aunque el desarrollo tradicional se manifiesta de diversas maneras, infortunadamente este es un territorio centralizado.
Es tanta la magnitud de esta centralización que se puede ver reflejada como desigualdad en una estadística simple: El 80% del país es zona rural y esta es la que se ve principalmente afectada por la falta de luz eléctrica. El Índice Multidimensional de Pobreza Energética -IMPE- presentó un reporte en el que expone que una de cada cinco personas en Colombia está en condición de pobreza energética. O sea que 9,6 millones de colombianos y colombianas viven esta realidad sin electricidad o energía.
Comunidades enteras que en medio de la manigua anochecen sobre las seis de la tarde, ven cómo cualquier atisbo de iluminación se va y su único acceso a la luz se da por medio de linternas, y en casos aislados entre las veredas organizan para comprar motores que les faciliten dos o tres horas, hasta entradas las nueve o diez de la noche, para tener un poco más de energía, un bombillo encendido o poder cargar sus celulares para volver a quedar en la absoluta oscuridad hasta que vuelva a amanecer.
En los diversos trabajos de campo que ha hecho El Cuarto Mosquetero en las periferias urbanas y rurales, no ha pasado desapercibida la compleja situación que viven las comunidades que las habitan a causa del problemático suministro de energía eléctrica. No solo ha sido cuestión de observar sino de vivir las experiencias que viven a diario y de reflexionar sobre cómo sus cotidianidades se modifican de acuerdo a las horas de luz natural del día y las pocas horas de luz artificial en las noches.
“No todo es oscuro, turbio e incierto”
En la comunidad de Salinas, en medio del Resguardo Ríos Uva y Pogue durante los últimos años el ambiente es sombrío, casi lúgubre. A pesar del colorido de las parumas, del café de las tablas con las que están construidas las casas y del paisaje mágico con el río bordeándola, los casos constantes de suicidios en niños y niñas ha robado el brillo y ha reclamado la vida de varios de sus miembros.
En Salinas sobre las cinco de la tarde el día empieza a caer y se pintan de un tono azulado las montañas que hace apenas una hora eran verdes. Allí, a unas horas de distancia de la Serranía del Baudó en el departamento del Chocó, la oscuridad, la niebla y el ruido constante del agua que lleva el río forman un ambiente enmarañado que es sutilmente contrarrestado por las luces de algunos bombillos en las casas palafitas de la comunidad Emberá Dobida chocoana. El que baña las riberas de Salinas es el Río Uva, un cuerpo de agua que se deriva el Río Bojayá. A su vez, este se encuentra a un par de horas de recorrido con el imponente Río Atrato.
Casi como parte de un relato macondiano es que a dos ríos de distancia y apenas cinco horas del primer río declarado como sujeto de derechos en la historia, se encuentra una comunidad que no tiene derecho ni siquiera a la luz. Es justo desde ese punto y hasta Nuevo Olivo, a doce horas de camino de Salinas, que el andar estridente de un motor rompe el silencio cuando llega la noche y mantiene con vida unas tímidas luminarias que hacen todo su esfuerzo para recordarles a las y los indígenas emberá dobida que no todo es oscuro, turbio e incierto.
La Chorrera que se pierde en la oscuridad
En otro extremo del país, en medio de la espesa selva amazónica sobresale La Chorrera, un corregimiento dividido por el río Igara Paraná y al que solo se puede llegar vía aérea o fluvial. Este territorio de 12.670 kilómetros cuadrados, es habitado por los pueblos indígenas uitoto, bora, okaina, y muinane.
En la entrada del casco urbano hay un puente de madera sostenido con vigas de metal bajo el cual el agua se estrella en bajada con algunas rocas, como un chorro, de ahí el nombre del lugar. Más adelante emerge una playa semiredonda en la mitad del río desde la cual se observan dos paisajes, uno de memoria y otro de cotidianidad.
A un lado está la Casa Arana, que fue el epicentro de la bonanza cauchera en la Amazonía, específicamente a fines del siglo XIX y principios del XX y donde se esclavizaron indígenas, sometiéndolos a torturas y masacres, desencadenando un etnocidio con registros históricos de cerca de 40.000 indígenas asesinados en tan solo 10 años, según el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP-. Actualmente la Casa Arana es el colegio del corregimiento y también funciona como museo.
Al otro lado se ven algunas de las viviendas, la mayoría de madera, rodeadas de vegetación diversa. Las calles son pequeños senderos que solo pueden ser transitados por peatones o motocicletas. En el día se ve a la gente ir y venir, algunos cargando pescado, otros en la iglesia, otros en la maloca y otros comprando productos de la canasta familiar a excesivos precios, pues la falta de conectividad vial genera inflación. Y pese a la distancia y aislamiento, hay acceso a internet.
El servicio lo venden en algunas casas a través de pines -códigos- que pueden durar de una a 12 horas y costar de 3 000 a 15 000 pesos. Pero el alcance de la red wifi que brinda el acceso no tiene gran alcance, por lo que es necesario permanecer cerca del lugar para navegar en la red.
Los lugares donde venden pines son de los pocos que cuentan con planta solar -o planta de gasolina-. La energía que recolectan durante el día alcanza para una o dos horas de luz eléctrica que generalmente empiezan a usar desde las 6:00 p.m. hasta las 8:00 p.m. En ese lapso las personas aprovechan para cargar sus celulares, computadores, ver televisión y hacer las tareas que necesiten energía eléctrica.
Cuando se acaba el tiempo de luz que brinda la planta solar, el pueblo se inunda en una oscuridad profunda, apaciguada por alguna taberna que necesita luces encendidas para vender cerveza o una que otra linterna en medio de los senderos, iluminando atentamente el camino para no tropezar y caer. La vida nocturna es limitada, saben que en el día deben dejar hechos la mayoría de sus deberes, pues en la noche la luz artificial se va en un suspiro.
Una situación similar viven en algunas veredas de la región del Guayabero, conformada por el sur del Meta y parte del Guaviare. El campesinado allá se abastece de energía eléctrica a través de plantas solares -o también de gasolina-, y accede a internet a través de los pines. Tampoco se ven carros, solo senderos transitados por personas y motocicletas.
Por la noche, las neveras de las tiendas se encienden para refrigerar la carne, la leche y otros productos perecederos. En los bailaderos y cantinas, la música suena a todo volumen y las cervezas, que se calentaron bajo el sol fulminante del día, comienzan a enfriarse.
Iluminación efímera en el Meta
Incluso en los cascos urbanos del Meta se sufre por un servicio de energía eléctrica intermitente. Por ejemplo, en 2020, organizaciones ciudadanas y sindicales presentaron una acción popular contra la Electrificadora del Meta S.A.E.S.P. – EMSA, argumentando constantes fallas en el servicio, especialmente en Cumaral y Restrepo, debido a la falta de inversión así como del mantenimiento de las redes eléctricas y las subestaciones de ciertos sectores.
Tales problemáticas se estarían presentando actualmente, pues el mes pasado residentes del Barrio Brisas del Guatiquía de Villavicencio, bloquearon la vía al Llano debido al corte de suministro eléctrico y del daño en algunos electrodomésticos. La misma situación se vivió en los barrios Panorama, Doce de octubre, el Poblado y Galán, entre otros. Los cortes, explicó la EMSA, se deben a las fuertes lluvias, durante las cuales es común que se den apagones cada dos o diez minutos.
Cabe mencionar que la EMSA ha estado inmersa en diferentes problemáticas o denuncias presentadas por las y los ciudadanos que habitan los diferentes barrios de la ciudad, como lo fueron los casos de Guatapé Etapa 2 y La Madrid quienes para inicio de este año manifestaron que los recibos les estaban llegando con un sobre costo en la factura y además de esto, cortes intermitentes en el servicio.
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El fracaso de Electricaribe
Tampoco se puede dejar de lado lo que viven en la región del Caribe, donde algunos municipios tienen energía eléctrica dos o tres veces a la semana. Los apagones son constantes. Donde el monopolio de la luz eléctrica está en manos de Electricaribe, cobrando tarifas que no valen el servicio prestado. Cuando no se cuenta con luz artificial, varias actividades se frenan. Entidades territoriales sin funcionarios que puedan brindar un servicio porque no pueden acceder a plataformas donde diligenciar o brindar información. Usuarios y usuarias que experimentan interrupciones constantes y prolongadas del suministro eléctrico. Problemas con la estabilidad del voltaje que han dañado electrodomésticos y equipos industriales, causando pérdidas económicas a las y los consumidores.
La empresa ha enfrentado una variedad de factores técnicos, climáticos, políticos, institucionales, culturales, económicos y regulatorios que han influido negativamente en su desempeño. Tampoco se puede ignorar la corrupción y las decisiones empresariales equivocadas que han llevado a Electricaribe a tener más pérdidas que ganancias. Como resultado, la empresa ha fallado en proporcionar un servicio de distribución de energía adecuado, que era su objetivo principal cuando fue creada en 1998.
La situación llegó a tal punto que la empresa fue intervenida a finales de 2016 por la Superintendencia de Servicios Públicos, la cual decidió sacarla del mercado y liquidarla a finales de ese mismo año, con un plazo de 24 meses. De esta manera, sería el Estado el encargado de resolver el problema de la energía en esta zona del país. Durante dos años, el país costeó el servicio de energía de más de 10 millones de habitantes, porque no solo tuvo que pagar la energía, sino subsidiar a más de la mitad de las y los ciudadanos que reciben este servicio en la costa caribe.
Hoy la empresa sigue en liquidación, pues el 24 de julio de 2023, la Superintendencia otorgó una prórroga de 12 meses adicionales, sin perjuicio de que el proceso pueda realizarse en un plazo menor.
Para subastar la empresa, el Estado asumió la deuda pensional y dividió el área de trabajo en dos zonas: Caribesol, conformada por los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico; y CaribeMar, que cubriría a Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar. El 20 de marzo de 2020 se asignó CaribeMar a EPM y CaribeSol al Consorcio de Energía de la Costa -Energía de Pereira S.A ESP y Latin American Capital Corporation-.
¿Ha incrementado el acceso al servicio de energía eléctrica?
Según el Ministerio de Minas y Energía, a corte de julio del 2022, desde la década de los 90, la cobertura de energía eléctrica ha aumentado en el país al punto de que hoy más de 97% de los colombianos y colombianas tiene acceso a este. No obstante, hay más de 400 000 hogares concentrados mayormente en Vichada, La Guajira, Amazonas, Guainía, Putumayo y Chocó sin acceso a energía eléctrica.
El crédito del aumento de esta cifra podría deberse a la capacidad de autogestión de las comunidad que estando aisladas, han tenido que adquirir la capacidad de “resolver” la falta de acceso a derechos básicos que el Estado históricamente se ha negado a brindar. De esta manera, han adquirido plantas solares o de gasolina, construido sus propios acueductos y alcantarillados y han trazado trochas a punta de machete.
En las energías renovables está la solución a la problemática pero el acceso masivo a esta sigue torpedeando el proceso, pues son costosas y su capacidad de almacenamiento es limitada. “Con la energía solar, no todo el tiempo hace sol y las baterías de litio que se necesitan para guardar la energía siguen siendo costosas y con muchos impactos ambientales”, mencionó a este medio Laura Betancur, estudiante de doctorado e investigadora del Integrative Research Institute on Transformations of Human-Environment Systems -IRY THESyS-.
También, se ha considerado un cluster energía hidroeléctrica, sin embargo, esta podría no ser una opción viable teniendo en cuenta los antecedentes que hay sobre estos sistemas. En 2020 la Corporación Autónoma Regional del Tolima – Cortolima, revocó la licencia ambiental otorgada a la sociedad Hidrogeneradora Pijao S.A.S para la construcción de la central hidroeléctrica denominada Hidrototare, debido a los impactos ambientales, sociales y culturales que dejaría en la zona de influencia. Otros casos similares han sido los de Sogamoso en Santander, el Oriente de Antioquia y el Quindío.
Uno de los proyectos hidroeléctricos más mediáticos y que sí llegó a materializarse y causar pasivos ambientales fue el Hidroituango, pues tras la construcción de la represa se alteró el flujo natural del río Cauca, afectando los ciclos de vida de especies acuáticas, incluyendo peces migratorios que dependen de estos patrones para reproducirse. Además, la inundación de áreas extensas ha destruido hábitats naturales, causando la desaparición de flora y fauna nativas.
Eso sin contar la tala masiva de bosques, el desplazamiento de especies y comunidades, la erosión del suelo, deslizamientos y alteraciones en la calidad del agua. Afectaciones similares se han vivido en el área de influencia de la Central Hidroeléctrica Sogamoso.
Estas situaciones han provocado la intervención de los entes de control que, desde sus funciones han abierto investigaciones, procesos disciplinarios así como también sancionado y multado a Empresas Públicas de Medellín – EPM, encargada de Hidroituango.
Al exponer estos casos, no se está satanizando la transición energética, más bien, se está reflejando una preocupación colectiva por los impactos negativos y los riesgos asociados con los proyectos hidroeléctricos. Así, se pueden tener en cuenta los aspectos negativos que no se deben replicar, pues una de las más grandes apuestas del actual Gobierno Nacional es precisamente la energía obtenida de fuentes renovables.
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El año pasado, Grenergy, una compañía española de energía renovable especializada en proyectos fotovoltaicos, eólicos y de almacenamiento, inauguró tres nuevas plantas solares en Tolima. Con estos proyectos, ya suman 38 granjas solares en todo el país, según el Ministerio de Minas y Energía, con muchas de ellas ubicadas en Tolima, Meta y Valle del Cauca.
Además, se ha mejorado la red de transmisión eléctrica y se han implementado sistemas inteligentes de medición, lo que permite una gestión más eficiente y una mejor atención a los y las usuarias. Estas mejoras han contribuido a desarrollar una infraestructura eléctrica moderna y eficiente, satisfaciendo la creciente demanda de energía, mejorando la calidad de vida de la ciudadanía y fomentando el desarrollo económico en la región.
Sin embargo, para lograr una transición energética exitosa, sostenible, justa y democrática, es esencial aprender de los errores pasados y adoptar un enfoque más inclusivo y participativo. Lo anterior, es especialmente importante para garantizar el acceso a la energía eléctrica en las zonas más aisladas de Colombia.
Esto sin dejar de lado consultas significativas y el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas por proyectos energéticos en estas áreas, así como implementar medidas de mitigación y compensación adecuadas para manejar los impactos negativos. Solo mediante un enfoque integral y equitativo, que incluya a las comunidades de las periferias, podría crearse un sistema energético verdaderamente sostenible y accesible para todos y todas.
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