La Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, publicó un comunicado en el que, desde el Espacio Humanitario Campesino del Guayabero -compuesto por organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos, comunidades eclesiales, de fe y organizaciones de la población civil-, denunció “la criminalización de la vida y la naturaleza que viven las comunidades campesinas en la región del Guayabero”.
Según la denuncia, el 28 de mayo del 2021, mientras el Espacio Humanitario realizaba una misión de acompañamiento y monitoreo a la vereda la Tigra, hallaron en el camino dos retenes de la Armada Nacional, sobre el río Guayabero, donde los militares les pidieron sus documentos de identidad y registraron la información en un cuaderno, pero no se les explicó el motivo del retén.
Luego, dice el comunicado, el pasado 30 de mayo en las veredas La Argentina y Miraflores, pertenecientes al núcleo veredal de Puerto Cachicamo, se presentaron operativos de aspersión controlada de glifosato. “Sobre las 11:00 a.m. escuchamos el sobrevuelo de helicópteros Black Hawk y un helicóptero conocido como “la papaya”, que estuvieron asperjando glifosato en nuestras veredas, el operativo se extendió hasta las 4:00 p.m.”, comentaron campesinos al Espacio Humanitario.
Además, señalaron que cerca al lugar donde se realizó la aspersión con glifosato, en la vereda La Argentina, existe una pequeña reserva forestal que durante años han cuidado las comunidades campesinas, por lo que, al recibir este nocivo químico se afectada de manera directa. “La aspersión, así sea con marcianos, nos afecta de manera directa a las comunidades, porque somos nosotros quienes bebemos el agua de los caños cercanos, quienes cerca sembramos el pancoger, quienes vivimos en este territorio, somos los más afectados por la aspersión de ese tóxico”, afirmaron. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS), calificó el glifosato como “probablemente cancerígeno”.
Así está la reglamentación para el glifosato en Colombia
Colombia empezó con la aspersión aérea con glifosato desde la década de los ochenta pero la práctica fue suspendida en 2015 por el Gobierno de Juan Manuel Santos tras recomendaciones de la OMS y un fallo de la Corte Constitucional que se acogía al principio de precaución. Pero en abril de este año, el presidente Iván Duque, firmó un decreto que establece las reglas de la aspersión aérea para regular “el control de riesgos para la salud y el medio ambiente”, y así cumplir con algunos de los requisitos que le ha exigido la Corte Constitucional. Sin embargo, académicos, ambientalistas y organizaciones sociales han rechazado el uso de este herbicida que podría afectar gravemente la salud de la población.
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Por otro lado, desde el Espacio Humanitario también exigieron garantías en sus territorios, mientras se realizan los espacios de diálogo y concertación en Villavicencio. Cabe resaltar que habitantes de zonas rurales del sur del Meta y Guaviare llegaron a la capital del Meta desde hace un mes para unirse al Paro Nacional, tiempo durante el cual se han estado reuniendo con funcionarios del Gobierno Nacional con Pliego de Peticiones en mano para llegar a un consenso, aunque hasta ahora, no se ha concertado nada y el campesinado se mantiene en movilización social.
Desde entonces, quienes quedaron en el territorio, aseguran que se ha evidenciado el aumento del pie de fuerza, los operativos de judicialización a campesinos y campesinas y los operativos de aspersión con glifosato.
Como si fuera poco, el 3 de junio de este año, las comunidades campesinas de la vereda Nueva Colombia, denunciaron ante el Espacio Humanitario que, durante el 2 y 3 de junio soldados pertenecientes a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega (FUTCO), se encuentran realizando retenes militares sobre las 7:00 pm, “lo que llama la atención y preocupa, ya que estos puestos de control, en los que se requisa a la población civil no se encuentran visibilizados, no es claro para las comunidades el objetivo de los retenes y preocupa los realicen en horas de la noche y no durante el día”, advierte el comunicado.
La prolongada represión militar hacia el campesinado
Cabe recalcar que, desde mayo del 2020 se vienen adelantando manifestaciones por parte de las comunidades campesinas de la región del Guayabero por la violación a derechos humanos que se ha originado en el marco de los operativos de erradicación forzada realizados por la FUTCO. Luego, entre el 18 y el 27 de julio de ese mismo año, se desplegó una Misión Humanitaria, que verificó la situación de violación a derechos humanos y realizó la respectiva visibilización a través de un comunicado público y una rueda de prensa.
Con lo evidenciado, se hizo necesario instalar el 12 de septiembre el Espacio Humanitario Campesino con el fin de “Consolidar un espacio de acompañamiento humanitario mediante la presencia permanente que permita prevenir, documentar y visibilizar las vulneraciones a los Derechos Humanos que viven las comunidades campesinas en la región del Guayabero. Desde este colectivo, se han denunciado varios hechos de amenazas directas y agresiones contra campesinos y campesinas en la región del Guayabero.
Dado lo anterior, la organización denunciante solicitó al Gobierno Nacional atender los llamados de las comunidades de la región del Guayabero “que piden un trato justo y digno en la exigencia de su derecho a la tierra y la permanencia en el territorio, derecho a ser escuchados por las instituciones y las autoridades competentes que permitan concertar salidas a la crisis Humanitaria que vive la región” y cumplir con lo pactado en el Acuerdo de Paz, especialmente el punto uno sobre Reforma Rural Integral y el de la solución al problema de las drogas ilícitas priorizando la sustitución voluntaria por encima de la erradicación forzada.
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De la misma manera, solicitaron el cese de la violencia y el respeto a los Derechos Humanos por parte de las Fuerza Pública a las comunidades campesinas. También se hizo un llamado a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del pueblo, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, a realizar las investigaciones disciplinarias y penales necesarias para establecer responsabilidades frente a la violación a derechos humanos en el marco de los operativos de erradicación forzada.
