Desde el 2015 a partir de los diálogos en La Habana para lograr el Acuerdo de Paz, pero especialmente por un fallo de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional suspendió la aspersión aérea con glifosato, precisamente por ser un mecanismo que no sólo es lesivo para el medio ambiente, la salud humana, sino que también daña los demás cultivos de pancoger de las y los campesinos.

En Estados Unidos la empresa Bayer para el año 2019 tenía interpuestas 5.000 demandas por personas que al parecer empezaron a padecer de cáncer por el uso de ese herbicida; los países de la Unión Europea tienen vía libre para prohibir su uso, como por ejemplo Francia, que adelanta todo el proceso para prohibirlo en su totalidad; en Argentina 12 de sus ciudades prohíben su uso y comercialización, pero en Colombia insisten en ser una de las principales banderas de erradicación, aun sabiendo que no soluciona de fondo la no continuación de los cultivos de coca, ya que al ser la principal fuente de sustento del campesinado de zonas recónditas, ellos se ven en la necesidad de volver a cultivar, para ello se internan un poco más en selvas vírgenes, talan y vuelven a sembrar.

En la revista El Círculo Vicioso del autor Martín Jelsma, exponen cómo en la década anterior en la que se fumigaron más de 300.000 hectáreas, se violaron los derechos humanos de los campesinos quienes legitimaron aún más a los grupos guerrilleros ya que los apoyaban mientras se degradaba la legitimidad del Estado. Además, para la época, la Defensoría de Pueblo recepcionaba un gran número de denuncias por problemas de salud y ambientales cuando fueron lanzados los frentes biológicos elaborados para generar hongo y matar las matas de coca, marihuana y adormidera. No obstante, nunca se hicieron las investigaciones adecuadas para determinar qué tan nocivo era utilizar el glifosato y todos los químicos que forman esta mezcla. En ese tiempo, en el actual y en el círculo que se genera en esta “guerra contra las drogas”, el campesinado es el que lleva las de perder.

“La pérdida del sustento empuja al desplazamiento y a la migración. Después de que la coca, la adormidera y los cultivos de pancoger han sido fumigados, la población se ve forzada a desplazarse a centros urbanos o a otras áreas rurales. Los campesinos no son los únicos forzados a marcharse. Los raspachines, o jornaleros temporales, y la fuerza de trabajo periférica que sostiene la economía de las drogas, también se ven forzados a irse. La migración hacia las barriadas urbanas genera condiciones de vida espantosas, desempleo y miseria. La migración rural, por lo general, hacia la selva amazónica o hacia lo alto de las montañas, resulta en una búsqueda de tierra disponible para reemplazar el cultivo ilícito. Debido a la guerra o las fumigaciones, mucha gente debe desplazarse por segunda o tercera vez, en un proceso devastador para aquellos que deben afrontarlo”, restaba la investigación de esa época de Jelsma, y que está muy ligada a los efectos que ha conllevado en el sur del Meta el incumplimiento del Programa Nacional de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS.

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Frente a esto, campesinos como Benigno Solar de la vereda La Reforma en el Guayabero manifestaron que de llegar la fumigación tendrían que seguir talando para volver a sembrar, pues aseguran que en esos terrenos ya no vuelven a crecer los cultivos.

Es importante tener en cuenta que, aunque se han intentado pasar proyectos de ley para impedir la aspersión aérea con glifosato, como sucedió en abril del 2021, este fue hundido por la bancada de partidos tradicionales -Centro Democrático, Cambio Radical, La U y Conservador- ya que, en la premisa del Gobierno Nacional de estar en una lucha contra el narcotráfico, siguen viendo a las y los campesinos como grandes narcotraficantes y no como el eslabón más débil que termina siendo víctima del abandono estatal. El gobierno en cabeza de Iván Duque continúa desestimando el argumento de las y los campesinos de que el cultivo de hoja de coca es la fuente de sustento más viable en territorios que no cuentan con conexión vial, cadenas productivas y de comercialización, ni condiciones reales de vida digna.

Por ello, para los campesinos del Guayabero quienes han estado casi toda su vida -desde que empezaron a dedicarse a los cultivos de coca-, pero especialmente desde hace un año, luchando para proteger su fuente de sustento, enfrentándose con las Fuerzas Militares que adelantan los operativos de erradicación forzada que van en contravía del Acuerdo de Paz por no ofrecer una sustitución de cultivos de uso Ilícito, es desesperanzador ver la insistencia del gobierno de Duque de iniciar lo antes posible la erradicación mediante aspersión aérea con glifosato y mucho más en zonas de áreas protegidas en donde ellos se encuentran.

Mientras tanto, el Ministro de Defensa Diego Molano, dejó en pie el Decreto 380 de 2021, que establece las reglas de juego en el momento en que se inicie la aspersión aérea con glifosato. No obstante, este decreto no habilita la fumigación aérea, sino que deja unas pautas a seguir para cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes CNE apruebe su reanudación.

Para aprobar esa reanudación requieren que esas pautas que están estableciendo cumplan con lo solicitado por la Corte Constitucional según la Sentencia T236 de 2017 y el Auto 387 de 2019:

  • La regulación debe ser diseñada por un órgano distinto e independiente a las entidades encargadas de ejecutar el programa.
  • La regulación debe derivarse de una evaluación de riesgo a la salud y otros riesgos, como el del medio ambiente; todo desde un proceso participativo.
  • El proceso decisorio deberá incluir una revisión automática de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos.
  • La investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de la erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones deberá ser con condiciones de imparcialidad, rigor y calidad.

Es por esto que, el decreto establece que el CNE será el encargado de la destrucción de los cultivos, pero evitando las áreas de PNN, ecosistemas estratégicos, cuerpos de agua y centros poblados. Además que, de adelantarse en zonas susceptibles de afectar a comunidades étnicas, debe adelantarse consulta previa.

No obstante, para que oficialmente inicien las jornadas de fumigación, se requiere el concepto previo del Instituto Nacional de Salud (INS), el cual ya fue entregado y contiene un análisis de la evaluación de riesgos en diferentes escenarios. Así mismo, necesitan el concepto ambiental por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA, la cual no ha tomado una decisión al respecto. Empero, en noviembre del 2020 el ANLA realizó una audiencia pública para determinar si se hacían cambios al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Erradicación Aérea con Glifosato (Pecig), pero fue tutelado por campesinos que denunciaron que les fueron negados sus derechos a la participación en dichas audiencias virtuales. Por ello, la tutela fue escogida por la Corte Constitucional para su estudio.

Así mismo, 39 organizaciones solicitaron a la Corte Constitucional que articule una medida cautelar de suspensión del Plan de Manejo Ambiental derivado de las audiencias, pues no se garantizó una plena participación.

Por su parte, Pedro Arenas de VisoMutop, advierte que desde que en Colombia no se busque una reforma rural integral con una política de drogas donde se deje de criminalizar al campesinado continuarán los enfrentamientos entre las comunidades que subsisten de estos cultivos, contra el gobierno. “Somos partidarios del desarrollo rural alternativo, para nada compartimos la fumigación aérea, ni la erradicación terrestre que no la han vendido como algo favorable, pero hemos notado que como se torna violenta y enfrenta a las comunidades como si ellas fueran enemigas del Estado y les estigmatiza y las criminaliza señalándolas de ser instrumentalizadas por los grupos armados ilegales”, advirtió.

Arenas también considera que, si se va a continuar invirtiendo mayor cantidad de recursos en erradicar –en una audiencia en el año 2019, Dejusticia expuso que la erradicación mediante aspersión aérea podía costar 72 millones de pesos por hectárea; y el gobierno afirmó que la erradicación manual costaba alrededor de cuatro millones de pesos por hectárea, sin contar cuando se originan enfrentamientos con las comunidades donde el pie de fuerza aumenta- con el argumento de estar en una “guerra contra las drogas” e insistir en que sea mediante aspersión aérea, no garantiza una presencial integral del Estado en los territorios, por eso enviaron una carta al presidente Joe Biden, pidiéndole que reconsidere el apoyo de Estados Unidos a éste programa que sólo dejaría más expuestas a las comunidades.

Pero, aunque aún faltan varios requisitos para que la fumigación aérea con glifosato tenga total viabilidad, las alarmas están encendidas para las comunidades que subsisten de los cultivos de coca, organizaciones de derechos humanos y ambientales.

Así mismo, una de las críticas que investigadores y defensores de derechos humanos han hecho al gobierno, es que también lancen campañas como Artemisa que se supone buscan frenar la deforestación y preservar la naturaleza, pero sólo ha representado la captura ilegal del campesinado de zonas de Parques Nacionales Naturales y jornadas de erradicación violentas.

Esto lo ha analizado Oscar Martínez de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, quienes hacen parte del Espacio Humanitario en el Guayabero, buscando garantizar la no violación de derechos humanos del campesinado. “En estos momentos nos preocupa mucho el tema de las fumigaciones, nos preocupa el que se amplíe y se siga desarrollando la operación Artemisa en el país y nos preocupa el incumplimiento en los acuerdos de paz, como la poca disponibilidad de las instituciones para poder dialogar (…) el asunto en El Guayabero no se quiere resolver por la vía del diálogo, el asunto en El Guayabero se quiere resolver por la vía de la fuerza”, concluyó.

Pero sin importar el clamor de las comunidades campesinas que incluso advierten que de iniciar la aspersión entrarían en paro nacional indefinido, ni de las organizaciones de derechos humanos que piden que no le den un tratamiento de guerra a las familias cocaleras, finalizando el mes de abril llegaron 5 helicópteros de referencia Bell Huey UH1H donados por Estados Unidos para enfrentar los cultivos de uso Ilícito de Colombia y en este caso apoyar las jornadas de fumigación apenas se dé vía libre a éstas. Según RCN estas aeronaves estarían operando en Tumaco, Catatumbo, Guaviare y la serranía de la Macarena, éste último con un gran número de cultivos de coca concentrados en áreas de protección y zonas de PNN.

Para leer la investigación completa:

Familias cocaleras del Guayabero entre ráfagas de fusil

Comunicadora Social y Periodista. Especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina. Fundadora del colectivo y medio de comunicación alternativo El Cuarto Mosquetero. Desde la comunicación trabaja los temas de género, paz y ambiente.