El pasado 19 de octubre, la Corte Constitucional, aceptó la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Movimiento Causa Justa, el 16 de septiembre, con el fin de que se elimine el delito de aborto del Código Penal por violar los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas y del personal de salud.
El movimiento Causa Justa, conformada por varias organizaciones y activistas, que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres en el país, presentó ante la Corte Constitucional una demanda para que se deshaga el artículo 122 del Código Penal, que estipula el aborto como un crimen, para que las mujeres no sean perseguidas con penas, que pueden ir de uno a cuatro años de prisión.
La despenalización del aborto en Colombia empezó su camino hace 14 años, cuando la Corte Constitucional aceptó una demanda contra el delito del aborto para que en el país no se penalizara la interrupción voluntario del embarazo en tres causales: en caso de riesgo para la vida o la salud de la mujer, malformación del feto incompatible con la vida fuera del útero o en caso de violación o incesto, logro que quedó consagrado en la sentencia C-355 de 2006.
No obstante, el movimiento Causa Justa afirmó que aunque en esos casos la Interrupción voluntaria del embarazo evolucionó hasta convertirse en un derecho fundamental, los obstáculos y barreras para garantizarlo, persisten. Además, el aborto por fuera de esas tres excepciones, sigue estando titpificado como un crimen.
Dada la situación, la organización feminista solicitó a la Corte Constitucional que se declare inconstitucional el artículo 122 del Código Penal mediante el cual se establece el aborto como delito, argumentando que es injusto con las mujeres y vulnera sus derechos fundamentales a la salud, la igualdad, la libertad, pero sobre todo, porque su existencia desconoce la ciudadanía de las mujeres que habitan en Colombia.
El Informe sobre judicialización del aborto en Colombia de la Fiscalía General de la Nación (análisis de los casos entre 1998 y 2019), indicó que a la entidad llegaron 5.833 denuncias por delitos de aborto en el país. De ellas, 1.365 casos están activos, mientras que 4.468 están inactivos.
La mayoría de los casos inactivos, se debe a que las denuncias fueron archivadas o precluídas porque no había mérito penal para continuar con el proceso. Y de los pocos casos activos, la mayoría están en etapas incipientes, pues un 96 por ciento está en indagación y un 0,7 por ciento, en juicio.
Además, el 97% de las mujeres denunciadas por aborto vivían en zonas rurales, y un 30% fueron víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual o lesiones personales.
Estos datos demuestran que las mujeres en Colombia siguen enfrentando el riesgo de que se les inicie un proceso penal, de ir a la cárcel o de ser sometidas a la discriminación y al estigma cuando buscan acceder al servicio de forma segura.
