Resguardos indígenas de Uribe, Meta, denuncian ante la Contraloría General de la Nación a la Gobernación por incumplimiento de proyecto de vivienda de interés prioritario en sus comunidades. 

Ante la Contraloría General de la Nación se encuentra en ejecución de actuación especial de fiscalización el contrato de obra No. 1470 de 2015, en el cual iban a ser beneficiadas diez comunidades indígenas de los municipios de Uribe, Puerto López, Puerto Gaitán y Mesetas.

Son alrededor de 14.343 habitantes en estos resguardos indígenas (Dane, 2009) para quienes de forma inicial iban a ser entregadas 347 casas y que a la fecha quedaron a medio terminar.   

José Delio Leyva Gutiérrez, Gobernador del Resguardo Indígena La Julia, en Uribe, Meta; en entrevista con El Cuarto Mosquetero, afirma que “hubo familias que tumbaron sus casas a pedido de los ingenieros para ser beneficiarias” y que “por el incumplimiento del contratista varias personas viven debajo de plástico, y algunos con sus propios recursos adecuaron las casas para por lo menos habitarlas a pesar que se inundan”. Estas y otras irregularidades se replicaron en los otros municipios. 

El proyecto inició el 04 de noviembre de 2015, según acta del contratista Unión Temporal “Vivienda de interés prioritario indígena del Meta” y aunque el plazo para la entrega del mismo era de 10 meses, por medio de cinco prórrogas se amplió la fecha hasta el 09 de febrero de 2018. 

El valor inicial del contrato fue de $21.030.958.345,72 al cual adicionaron $2.213.068.335,75 y termina por el valor de $23.241.984.635,66; la Contraloría después del proceso de inspección de las obras determinó que estas son deficientes y que no cumplen con las especificaciones técnicas, sanitarias relacionadas a las condiciones de habitabilidad y sismoresistencia y que el anticipo no fue invertido por el contratista en debida forma.  

Además, en la formulación del diseño de los planos del proyecto, se debía tener en cuenta que la población beneficiaria de estas viviendas son comunidades indígenas a las que la Constitución Política ampara y protege frente a la integridad étnica, social y cultural.

Para la Contraloría General de la Nación, la Gobernación y la Secretaría de Vivienda no dieron buen uso del Fondo de Vivienda de Interés Social del Departamento, al no cumplir con sus funciones de supervisión, vigilancia y control al contrato de interventoría, debido a que, al parecer con conocimiento de la inexistencia en los avances de las obras, giró las adiciones a la obra.

El Gobernador Indígena recibió asesoría jurídica de la Corporación defensora de derechos humanos Choapo, en la realización de una acción de tutela para hacer frente a esta situación, y la cual sirvió para que la Contraloría adelantara la investigación. 

Sin embargo, el daño fiscal para el departamento es grande y las comunidades indígenas han sido arrojadas a otra situación de irrespeto, incumplimiento y desprotección de sus derechos fundamentales.

 

Por: Astrid Lorena Ortiz

Trabajo de campo: Lina Álvarez y Edilson Ariza

Comunicadora social - Periodista en formación, con experiencia en procesos sociales, interesada en temas de transformación y defensa popular del territorio, conflicto, paz y género.