El día de ayer 11 de agosto de 2020 inició paro petrolero en el departamento del Meta, por múltiples incumplimientos en los derechos laborales de las y los trabajadores, exigiendo derogatoria del Decreto 811 de 2020 y contra la liquidación de Bioenergy. Sin embargo, la manifestación que había transcurrido de manera pacífica, terminó en ataques por parte de la fuerza pública a integrantes de la USO.
Desde las 4:00 de la mañana empezaron a concentrarse los trabajadores en las afueras de las instalaciones de empresas en las que laboran en los municipios de Acacías, Villavicencio, Guamal y Castilla la Nueva, donde se concentran las mayores actividades de extracción de hidrocarburos en el departamento del Meta.
La manifestación en los diversos puntos se adelantó de manera pacífica. Sin embargo, la tensión inició en punto de Castilla la Nueva, donde trabajadores denunciaron que una uniformada de nombre “Yuri”, intentó obligarlos a entrar a laborar a pesar que ellos estaban ejerciendo su derecho a la asociación y protesta pacífica. Además, al recorrer los diferentes puntos de la protesta, en este lugar era evidente identificar mayor presencia militar, ya que no solo había múltiples uniformados de la Policía Nacional, sino también soldados con fusiles rodeando la manifestación. No obstante, los líderes sindicales lograron controlar la situación.
De esta manera, trabajadores y líderes sindicales de la Unión Sindical Obrera, continuaron sus actividades en el marco del paro indefinido, pero en horas de la noche, en la salida de Castilla la Nueva, múltiples buses empezaron a estacionarse en la orilla para dialogar con los dirigentes sobre las razones del paro y que así cada vez más trabajadores se sumen a esta jornada. Cuando “8 motos de la policía nacional con 2 policías en cada motocicleta, entre ellas las de placas JDH 29E, ZZL 38C, JDH 30E, y el agente con placa 505371, golpearon y amenazaron de muerte al presidente de la subdirectiva Meta Rafael Rincón, la Secretaria General de Subdirectiva María Antonia Moyano el asesor jurídico de la misma subdirectiva, Camilo Acero y la abogada y defensora de Derechos Humanos, Liria Esperanza Manrique.” Contiene la denuncia pública de la USO.
Por ello, solicitan a las autoridades competentes que más allá de los contratos que tiene la fuerza pública con empresas extractivas, respeten el derecho a la protesta “Esta intervención ilegal y arbitraria de la policía nacional y las fuerzas militares en el conflicto laboral y civil, es una consecuencia de los convenios, ilegales, que el Estado colombiano ha suscrito con empresas privadas y estatales, en donde los servidores públicos se convierten en un empleado más de las empresas y en consecuencia actúan en su favor y defensa de sus intereses, como lo ha denunciado el senador Iván Cepeda en el año 2015, y las investigaciones de Liga Contra el Silencio, recientemente” concluyeron.
