Bajo fuego se encuentra la seguridad de los y las periodistas en Colombia

La ausencia de garantías frente al panorama de seguridad y libertad de prensa en el país persiste.

En Colombia, la libertad de prensa ha sido socavada por una escalada de violencia sin precedentes, convirtiendo la profesión periodística en una tarea peligrosa. En medio de este clima de amenazas e inseguridad, los y las periodistas se enfrentan a agresiones e incluso asesinatos por su labor de informar. 

Esta situación que se ha agravado debido a conflictos políticos, intereses ilegales y disputas territoriales, ha convertido a los medios de comunicación y a sus profesionales en blancos vulnerables, acrecentando la ola de violencia y generando una alarma nacional e internacional que cuestiona la seguridad y la libertad de expresión en el país.

Agresiones a periodistas en Colombia: el rezago de la seguridad informativa

De acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP, que documenta los casos de ataques a la prensa desde el año 1996 y los sistematiza desde 2006, en Colombia durante 2022 se registraron 218 amenazas contra periodistas, una de las cifras más altas en los últimos quince años.  

Conforme a estas documentaciones, en el presente año las cifras disminuyeron. Según la FLIP a corte de noviembre se han registrado 132 amenazas, 35 acosos judiciales y 51 estigmatizaciones. 

Según la FLIP, en Colombia desde 2020 cinco periodistas han sido asesinados, de los cuales se ha logrado capturar a los autores materiales de tres de los homicidios, sin embargo, continúa sin esclarecerse “quiénes fueron los determinadores y cuáles fueron las motivaciones de los crímenes”.

Las agresiones contra periodistas constituyen una de las violencias más generalizadas, ya que vulneran su derecho a expresar ideas, opiniones e información; producen un efecto amedrentador y de silenciamiento, y violan los derechos de las personas/sociedades a buscar y recibir información de cualquier tipo.

Asimismo, la falta de la debida diligencia en la investigación puede generar violaciones adicionales en cuanto a los derechos de acceso a las garantías judiciales y al debido proceso. 

Pero ¿qué obligación tiene el Estado con los y las periodistas?

De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos – OEA, la seguridad de los y las periodistas es una obligación estatal que se cobija bajo la premisa de tres deberes especiales: prevenir, proteger y procurar justicia. 

Conforme a la OEA, las garantías de seguridad deben adoptarse no solo mientras se vea involucrada la integridad y vida del/la profesional, sino también mientras se inicia el trabajo de campo e investigación. Es por eso que, los deberes del Estado en materia de prevención deben basarse en la adopción de un discurso público; instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto de trabajo de las y los profesionales; respetar el derecho de los y las periodistas a la reserva de sus fuentes; sancionar penalmente la violencia contra ellos y ellas, y producir datos de calidad. 

Asimismo, el Estado tiene la obligación de proteger a aquellos/as periodistas cuya integridad física o vidas estén en peligro, mediante mecanismos de protección, como por ejemplo a través del “Programa de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales”, creado en el 2000 con el fin no sólo de salvaguardar a los y las profesionales del oficio, sino también reconocer que está población está en riesgo especial.

De esta manera, los Estados deben juzgar, sancionar e investigar a todas las personas autoras materiales e intelectuales, adoptando un marco institucional adecuado que asigne la responsabilidad de investigar y juzgar dichos delitos, actuar con debida diligencia, efectuar las investigaciones en plazos razonables, remover obstáculos legales a la investigación y facilitar la participación de las víctimas o sus familiares. Ejercicios que presentan rezagos en materia de perspectiva de género. 

La brecha de género aún persiste en el periodismo

Jineth Bedoya tenía 25 años cuando el 25 de mayo del año 2000 se sumó a la lista de mujeres víctimas a causa de un secuestro, tortura y abuso sexual en la cárcel Modelo de la ciudad de Bogotá. Esto mientras se disponía a ingresar al lugar penitenciario a realizar una entrevista para la investigación que adelantaba sobre el tráfico de armas. 

Tras el fatídico hecho, Jineth continuó recibiendo amenazas a través de panfletos, llamadas, mensajes y hasta tiempo límite para marcharse del país. “La última amenaza me llegó hace dos meses. Me dicen que ya saben lo que me gusta, que me violen”, afirmó para el medio de comunicación ABC en el año 2022.

El caso de Jineth Bedoya fue uno de los que más conmoción causó, ya que pese a tener las “garantías” de seguridad por parte de la Policía Nacional, no hubo protocolos y mucho menos protección. Lo que indicó -23 años después- que parte de sus abusadores responden a dragoneros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – Inpec. 

De acuerdo con un estudio elaborado por el Observatorio de la Democracia del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y la iniciativa “No es hora de callar”, liderada por Jineth, se identificó que la violencia de género en el ejercicio periodístico es recurrente. 

Este estudio arrojó que, seis de cada 10 mujeres periodistas que participaron en la investigación han sido víctimas de violencia basada en género dentro de sus espacios laborales. Asimismo, se logró registrar que el 77,9% de las participantes indicaron conocer situaciones de violencia contra sus colegas.

En cuanto a sus agresores, se identificó que la mayoría de víctimas han sido sometidas por una persona con un cargo superior (79%) y por compañeros de trabajo (56%).

Por su parte, la Relatoría Especial en su informe “Mujeres periodistas y libertad de expresión”, manifiesta que, aunque en los últimos años la participación femenina en el periodismo ha aumentado, aún se continúan reflejando patrones arraigados de discriminación por motivos de género.

El estudio de la Universidad de los Andes finalmente destacó que las víctimas señalaron que estas agresiones las han llevado a abandonar espacios laborales (37 %), fuentes (37 %) o temas (24 %), lo que muestra que «estas experiencias no sólo tienen implicaciones en el derecho a la libertad de expresión de las periodistas, sino que afecta el acceso a la información por parte de la sociedad en general», como afirmó Jineth. 

Por su parte, la Jurisprudencia interamericana, expresa que en casos de violencia contra mujeres periodistas, los Estados deben actuar a partir de las disposiciones existentes en materia de derechos, como, por ejemplo, los establecidos en la Convención Belém do Pará. Asimismo, deben adoptar medidas de protección especiales, tomando las diversas formas de discriminación.

¿Existe un plan para la violencia contra los y las periodistas?

Como resultado del proceso que inició en 2010 a petición del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación – PIDC de la UNESCO, surgió el Plan de Acción de la ONU sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad. 

Este Plan que fue aprobado por la Junta de Jefes Ejecutivos de la ONU el 12 de abril de 2012, y “tiene como objetivo crear un entorno libre y seguro para los periodistas y trabajadores de los medios de comunicación, tanto en situaciones de conflicto como en otras, con el fin de fortalecer la paz, la democracia y el desarrollo en todo el mundo”, como se manifiesta a través del sitio web de las Naciones Unidas. 

El documento también incluye medidas como el establecimiento de mecanismos interinstitucionales para reforzar la participación de cada uno de los actores de la ONU y mejorar la coherencia de todo el sistema.

A pesar de las amenazas persistentes y la normalización de la violencia contra los periodistas en Colombia, existe una esperanza latente de que la defensa de los derechos fundamentales, como la vida, la libre expresión y la dignidad, dará frutos, teniendo en cuenta la existencia de la Ley 51 de 1975.

Esta Ley reglamenta el ejercicio del periodismo y lo reconoce como actividad profesional, regularizada y amparada por el Estado, en cualquiera de sus formas. Asimismo, garantiza la libertad de información, expresión y asociación sindical; defiende el gremio y establece sistemas que procuren al periodista seguridad y progreso en el desempeño de sus labores.

La valentía de aquellos y aquellas que continúan trabajando incansablemente por la verdad y la justicia alimenta la esperanza de que, mediante un esfuerzo colectivo, se establecerán los cimientos para un país donde la seguridad de los/as comunicadores sea una realidad y la libertad de prensa sea un pilar irrefutable de una sociedad democrática y plural.

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