ACNUR Colombia alerta por aumento del desplazamiento y recorte de recursos

El ajuste del presupuesto global ocurre en un momento en que el desplazamiento forzado sigue aumentando en el mundo, en países como Siria y Afganistán y cuando fenómenos como la migración, los conflictos armados y la crisis climática se entrecruzan. En Colombia, país receptor de migrantes y personas refugiadas de Venezuela, estos desafíos se suman a la persistencia del desplazamiento interno y a la inestabilidad política del vecino país. 

En diálogo con El Cuarto Mosquetero, el representante de ACNUR en Colombia, Giovanni Lepri, habló sobre este escenario global, el impacto de los recortes presupuestales en Villavicencio y en el país, el Conpes de Soluciones Duraderas para el desplazamiento forzado y las proyecciones del organismo en regiones como la Amazorinoquía.

Lepri, que ha trabajado en países como República Democrática del Congo, Sudán, Mozambique, Colombia, Italia y Grecia. En Villavicencio también estuvo entre 2008 y 2011 en la oficina regional que existía en ese entonces, con responsabilidad territorial en departamentos como Guaviare, Vichada, Guainía y Casanare.

El año pasado ACNUR tuvo unos recortes de presupuesto significativos y un cambio en su modelo de financiación, ¿qué consecuencias han dejado estos recortes?

Una de las consecuencias ha sido reducir mucho la capacidad de presencia territorial. Tuvimos que cerrar varias oficinas y evaluar cuáles podíamos mantener con una capacidad muy reducida, y esto claramente disminuye el impacto.

Por ejemplo, aquí en Villavicencio ya no tenemos una oficina y el trabajo se coordina desde Bogotá. Lastimosamente la única oficina que queda en la región está en Arauca. Son tres personas, pero en este momento hay una sola porque dos están en proceso de rotación.

Aquí en la capital del Llano  el programa que para mí era muy importante, el de legalización de barrios, lo tuvimos que cerrar y estamos evaluando cómo continuar apostándole de otra forma. El apoyo al consultorio jurídico también tuvimos que disminuirlo.

Seguimos trabajando con los consejeros juveniles y con la Casa de la Juventud. Teníamos también programas de empoderamiento en términos de acceso a empleo y emprendimiento para personas refugiadas, pero también tuvimos que suspenderlos.

La única proyección que puedo hacer es que parte de mi trabajo como representante de ACNUR será intentar convencer a los donantes públicos y privados de que vale la pena invertir en la protección de las personas desplazadas y refugiadas. Sigue siendo un tema humanitario importante y espero tener éxito.

Vamos de lo global a lo local ¿Cuál es su mirada respecto a la migración mundial y cómo eso podría llegar a afectar en Colombia en 2026?

Me gustaría ser más optimista, pero lastimosamente el contexto global es muy complejo. En los últimos años hemos visto un incremento de situaciones de desplazamiento forzado, tanto dentro de los países como transfronterizo, y los números han venido aumentando.

Han habido algunos casos de retornos de población refugiada, por ejemplo a Siria o Afganistán, pero muchas veces en condiciones donde la situación de los países de asilo se vuelve tan complicada que la única opción es retornar. Ese no es el escenario ideal, porque lo ideal sería que las decisiones fueran voluntarias y seguras.

El contexto internacional está marcado por múltiples crisis. Podemos ver lo que ocurre en Europa con la guerra en Ucrania tras la invasión de Rusia. También en varios países africanos, como Sudán. La situación en Venezuela sigue siendo incierta y las condiciones en Haití también son complejas.

En Colombia hay un contraste entre algunos avances para las personas que están en condición de desplazamiento forzado y al mismo tiempo la continuidad de situaciones de alto riesgo y desplazamiento.

Todo esto se combina con una reducción dramática de los recursos destinados a responder a estas situaciones. Hoy más que nunca hay que hacer alianzas interinstitucionales y mirar las capacidades de cada actor: organismos internacionales, instituciones del Estado, sociedad civil, sector privado, medios de comunicación y academia.

Este regreso a Colombia el presente año ¿Cuáles son las apuestas o proyecciones y especialmente en Villavicencio y la Amazorinoquía?

Hay un cambio importante en el escenario del trabajo del ACNUR en los últimos años. Al trabajo con personas colombianas desplazadas por la violencia o en riesgo de ser desplazadas se le añadió un componente muy importante de personas que han llegado desde Venezuela, muchas de ellas refugiadas.

En muchos casos estos grupos coinciden en los mismos lugares y con problemas muy similares. Villavicencio tiene varios barrios que son irregulares. Entonces queremos seguir impulsando a las instituciones en el proceso de regularización de estos asentamientos, porque vemos que más del 70% de las personas desplazadas declaran querer quedarse donde están.

Entonces estos asentamientos irregulares o se quedarán irregulares o hay que regularizarlos. La idea de que desaparezcan no es muy realista. Muchas personas que viven allí quieren poder pagar impuestos, recibir servicios y vivir una vida normal.

Otra apuesta es ayudar a que los jóvenes tengan una voz en las políticas públicas y una capacidad de incidencia. Queremos seguir trabajando para que las personas conozcan sus derechos y puedan exigirlos.

Muchas comunidades se sienten muy abandonadas y tienen una visión del Estado muy lejana. Queremos seguir siendo catalizadores en ese vínculo que permita que la institucionalidad llegue con salud, educación y acceso a servicios.

Aquí en Villavicencio también estamos trabajando con un consultorio jurídico de la Universidad Cooperativa de Colombia que permite que estudiantes acompañen a las personas en la exigencia de sus derechos.

El pasado 30 de diciembre de 2025 se aprobó el Conpes 4180, la Política Nacional de Soluciones Duraderas para Víctimas de Desplazamiento Forzado ¿Qué balance hace de este documento?

El Conpes tiene una proyección a 10 años. Entonces, por definición, tiene un horizonte que no coincide con ningún ciclo electoral. Es importante que haya una hoja de ruta que obligue a muchas instituciones a coordinarse frente a los mismos objetivos.

Tiene 66 áreas de intervención, así que es muy ambicioso. Son 10,1 billones de pesos que no corresponden a un presupuesto específico asignado, sino a una orientación para que diferentes instituciones prioricen acciones frente a estos objetivos. Pero quiero destacar algo que para mí es fundamental: prioriza unos municipios.

Hay un proceso con indicadores donde se definieron cuáles son los municipios prioritarios en Colombia, no solo en términos de soluciones sino también de prevención del desplazamiento. A mí me gusta decir que la mejor solución es la prevención, porque te evita tener que pensar luego en todas las acciones de reparación.

Para nosotros es importante porque permite a un organismo como ACNUR sumarse y apoyar una política de Estado con alcance territorial y a mediano plazo.

En la región han aumentado las afectaciones por inundaciones. ¿Colombia está preparada para asumir el desplazamiento por causas climáticas?

No es solo Colombia, es una tendencia mundial. En muchos casos coinciden zonas de conflicto, desplazamiento e impacto de la crisis climática. Cuando el factor climático se suma a la violencia, al conflicto y a la presencia de grupos armados, se genera una confluencia de factores que agravan el desplazamiento.

Hay una sentencia importante de la Corte Constitucional que reconoce el desplazamiento por causas climáticas como un agravante del desplazamiento por violencia. En este momento hay una ley en discusión en el Congreso para reglamentar el tema del desplazamiento por crisis climática. Entonces sí, es otro aspecto que se suma a las preocupaciones.

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