Según la guía “Yo elijo saber”, del Gobierno Nacional, “el programa de gobierno es uno de los más importantes instrumentos políticos y técnicos de los procesos político-electorales, de gestión del desarrollo, de gobierno y gestión pública territorial”, estableciéndose en este los compromisos y responsabilidades que comparten las y los gobernantes y ciudadanos/as sobre el presente y futuro de la entidad territorial.
Quien sea designado como mandatario del ente territorial, deberá hacer cumplir obligatoriamente estos compromisos y responsabilidades, a través de los planes de desarrollo, en virtud del voto programático consagrado en el Artículo 259 de la Constitución Política de 1991 y en las Leyes 131 y 134 de 1994, y 741 de 2002.
Ahora bien, el Plan de Desarrollo, es una propuesta que encierra gran cantidad de objetivos y metas para garantizar la atención integral de las necesidades básicas de los ciudadanos y ciudadanas, el cuidado de las poblaciones vulnerables, la reactivación económica, la construcción de una ciudad sostenible y la generación de oportunidades, garantias de educación, entre otros.
Todos los planes de desarrollo se edifican bajo dos premisas: hacia dónde ir y cómo llegar. Cuando un gobernante llega al poder de una institución tiene que elaborar un Plan de Desarrollo inspirado en su Programa de Gobierno.
Es por eso que es necesario tener presente que en este caso, donde se abordará el PDD del Meta, el gobernador se eligió por su Programa de Gobierno y que, de su cumplimiento depende la aprobación de su gestión.
De igual manera, mediante el Plan de Desarrollo, se espera que Juan Guillermo Zuluaga en su posición de Gobernador del Meta, lleve a la práctica las ideas y proyectos con los que se postuló para solucionar las problemáticas del departamento.
Es por eso que se realizó una comparación entre lo prometido por Zuluaga en el PG “Hagamos Grande al Meta” y lo que quedó estipulado en el Plan de Desarrollo Económico y Social Departamental homónimo para el periodo 2020 – 2023, aprobado por la Asamblea Departamental a través de la Ordenanza No. 1069 de este año.
De hecho, en el PDD se lee: “El proceso de Planeación Estrategia que arrancó en el mes de enero de 2020, tomó como base el Programa de Gobierno Hagamos Grande Al Meta, ya que este fue elegido por los metenses como guía programática y estratégica para el gobierno departamental 2020-2023, en este sentido los elementos principales del desarrollo del Meta, se orientaron hacia cuatro variables de alto impacto en el territorio como lo son: i) el Campo; ii) la Seguridad; iii) el Medio Ambiente y iv) la Infraestructura.
En ese sentido, el PDD encierra cuatro pilares fundamentales: 1. Desarrollo del campo para que nos vaya bien a todos; 2. Hagamos Grande al Meta en seguridad para la convivencia y el progreso; 3. Hagamos Grande al medio ambiente y saneamiento básico para que florezca la vida y 4. Hagamos Grande al Meta en infraestructura y conectividad para la productividad.
Antes de entrar a realizar las observaciones con respecto a la comparación de ambos documentos, se hace una crítica a la dificultad para acceder al PDD, no porque no esté disponible, sino que está dentro de la Ordenanza 1069 del 2020, la cual debería incluir dentro de su nomenclatura “Plan de Desarrollo Hagamos Grande al Meta 2020-2023”, debido a que, para quienes están interesados/as en acceder a esta guía, pero no son lo suficientemente curiosos para revisar los documentos a detalle, podrían creer que el PDD no ha sido publicado y por ende perder la posibilidad de hacer un ejercicio de control político. También, se hallaron fallas ortográficas con respecto a la ausencia de tildes en gran cantidad de palabras.
1. Desarrollo del campo para que nos vaya bien a todos
Tanto en el PG como en el PDD, el campo tiene un lugar importante. Una de las mayores fuentes de ingresos para la economía del país, es generada por el Meta gracias al petróleo y el gas. No obstante, la economía departamental se ha sostenido últimamente en el sector de hidrocarburos, padeciendo graves consecuencias cuando las caídas de precios han sido pronunciadas, relativamente rápidas, largas y sostenidas.
Con base en esto, la actual Gobernación del Meta se ha propuesto impulsar el desarrollo del campo teniendo en cuenta el bienestar de las comunidades rurales, la conservación de sus formas de vida y patrimonios culturales, con la diversidad étnica y sus cosmovisiones, el modelo de ocupación y explotación del territorio, el progreso de las ciudades, la movilidad e infraestructura de conectividad, la sostenibilidad, el cambio climático, entre otros.
En ambos documentos se ve reflejado el objetivo de fortalecer las cadenas productivas agropecuarias, forestales y agroturísticas con mayor potencial en el departamento para mejorar su productividad, competitividad y el acceso a los mercados. También figuran otros aspectos como la gestión de acceso al crédito, seguros, instrumentos de riesgo y otras fuentes de financiamiento, especialmente para los pequeños y medianos productores; y el avance en la formalización de la propiedad de la tierra en coordinación con las entidades nacionales con competencia en esta temática, para garantizar su seguridad jurídica, mediante la implementación del Programa de Formalización de la Tierra – PROTIERRA.
Asimismo, en ambos documentos se promete fortalecer el emprendimiento rural con enfoque asociativo y consolidar una red empresarial eficiente entre los agentes de las cadenas de producción, a través del Programa Meta Rural Asociativo y Emprendedor – PROMERAE.
No obstante, el objetivo de facilitar y gestionar el acceso, la oferta de tecnologías apropiadas y la capacitación a los pequeños y medianos productores para mejorar la productividad agropecuaria, mediante el Programa Departamental de Asistencia Técnica y Extensión Rural, está expuesto en el PG pero no en el PDD.
En el PDD tampoco se halló la propuesta de implementar y participar en estrategias y acciones de política para el aprovechamiento sostenible e incluyente del capital natural para la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial del departamento, la cual se desarrollaría mediante el Programa Crecimiento Verde para la Sostenibilidad y Competitividad Económica y Social del Meta. Tampoco se encontró algo referente al Programa Departamental de Comercialización para la Agricultura Familiar – PROCAF. Ambos puntos habían sido propuestos en el PG.
2. Hagamos Grande al Meta en seguridad para la convivencia y el progreso
Para este pilar, la Gobernación enfrenta un gran reto, teniendo en cuenta que la ciudadanía y el campesinado ha perdido la fe en instituciones como el Ejército y la Policía, dado su actuar desmesurado hacia las personas o la tardía respuesta a las denuncias.
Además, el mismo PDD asegura la presencia de grupos armados al margen de la ley en zonas rurales del Meta: “actualmente se evidencia la injerencia delictiva de las estructuras del GAOR (E-1, E-7 y E-40), GAO (Clan del golfo, Puntilleros), GDO, DELCO, los cuales focalizan sus acciones con base al fortalecimiento de las finanzas, mediante el flagelo extorsivo, en contra de los habitantes de la región particularmente sectores productivos de la ganadería y parte del comercio.”
También, los delitos como homicidios, abigeato, hurto de automotores, hurto a personas y a comercios y lesiones personales, han colmado los altos niveles de inseguridad en el departamento. Para combatir estas problemáticas, Zuluaga ha propuesto lo siguiente:
Poner en operación en Villavicencio, el Centro El Yarí, mediante alianzas estratégicas con entidades del Estado, otros niveles de gobierno y la empresa privada, en el PG, lo cual reafirma en el PDD señalando apoyar con dotación y mantenimiento a dicho lugar.
También, en ambos documentos habla del sistema de vigilancia y monitoreo de las Aeronaves Remotamente Tripuladas, aunque en el PDD alude a ellas señalando que la Fuerza Pública las ha implementado para fortalecer sus capacidades de cobertura sin explicar, como sí se hizo en el PG, cuáles serán sus usos específicos.
Por otro lado, en el PG se habla de impulsar la creación de la Red de Participación Cívica del Meta como un canal de comunicación entre los ciudadanos y las autoridades para “contrarrestar los delitos, amenazas y contravenciones, al disponer de información en tiempo real de los eventos de seguridad del departamento” pero no se ve reflejada en el PDD. Sin embargo, con las recientes declaraciones del Gobernador tildadas por algunos sectores de incitar a la ciudadanía a que en caso de movilizarse en un auto y presenciar un atraco, atropelle a los ladrones, esta estrategia resultaría cuestionable. De hecho, estas declaraciones han generado opiniones divididas entre quienes respaldan lo dicho y quienes aseguran que esto podría dar paso al renacimiento de las Convivir y que que el tema de la seguridad “le quedó” grande al mandatario de las y los metenses.
No obstante, el reto que más parece lejos de lograr durante esta Administración y que no se puede dejar de mencionar, es el de garantizar los derechos humanos en algunos municipios del sur del Meta, pues las denuncias sobre violación de derechos humanos que se ha venido presentado en la región del Guayabero, en el marco de la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, al cual los campesinos se han venido oponiendo mediante protesta pacífica, siendo agredidos por parte de la Fuerza Pública, demuestra el histórico olvido estatal al que han estado expuestos las y los campesinos.
Desde El Cuarto Mosquetero se han realizado varios artículos, reportajes y crónicas sobre lo que está sucediendo en esta subregión y sobre cómo el Gobernador del Meta y la Fuerza Pública ha venido estigmatizando a los campesinos tildandolos de guerrilleros.
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3. Hagamos Grande al Medio Ambiente y Saneamiento Básico para que florezca la vida
La preservación y protección de las fuentes hídricas, la biodiversidad y los recursos naturales, está presente tanto en el PDD como en el PG. También en ambos documentos se plantea producir energía limpia en el departamento a partir de la implementación de proyectos con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER, sobretodo en municipios que se ubican en lo recóndito de la ruralidad como son: La Macarena, Uribe, Lejanías, El Castillo, El Dorado, Mapiripán, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, San Juan de Arama, Vista Hermosa; de esa manera, 500 usuarios que según el PG, no cuentan con servicio de energía, podrían beneficiarse con el servicio de energía fotovoltaica con seis horas al día.
Con respecto a la arborización urbana, en el PG se habla de reducir los impactos ambientales negativos a raíz del manejo inadecuado de esta, “mejorando las condiciones climáticas al interior de estas áreas y menguar el efecto isla de calor que se causa en ellas”. Este asunto se plantea en el PDD asegurando que es necesario incentivar el desarrollo de la arboricultura urbana de los municipios, con la formulación de instrumentos técnicos de planificación mediantes los que se delimitará el proceder de la administración en términos técnicos, jurídicos, de planeación y de gestión de la silvicultura urbana.
Los servicios ecosistémicos, también son tenidos en cuenta en ambos documentos, con el fin de aportar al desarrollo de las actividades productivas, mediante la articulación de las actividades urbanas y rurales con criterios de sostenibilidad.
En el PDD se habla a profundidad del Área de Manejo Especial de la Macarena –AMEM, que incluye los parques nacionales naturales Macarena, Tinigua, Sumapaz y Picachos. Esta zona, que es indispensable para la conservación, ha venido siendo afectada a causa de la deforestación masiva mediante la tala y quema, bajo intereses de grupos armados, grandes multinacionales, mafias, acaparamiento de tierras y ganadería extensiva.
Según El Tiempo, existe un foco de deforestación en Mapiripán, que avanza rápidamente hacia las selvas del resguardo de Matavén. Además, datos de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, indican que entre enero y abril, en el Meta, se deforestaron 22.869 hectáreas y solo en Parque Nacional Natural de la Sierra de La Macarena se talaron 1.453 hectáreas, mientras que en la Serranía del Chibiriquete (Meta y Caquetá) 441.
En el PDD, Zuluaga plantea que el rol a desempeñar por parte de la administración departamental es “equilibrar la tensión, sobre la base de la reducción de la desigualdad y las condiciones de pobreza que viven los campesinos llaneros, y priorizando el cuidado de los recursos ambientales, principalmente del recurso hídrico”.
Otro tema a destacar es el de la extracción de hidrocarburos, la cual, señala el PG, ha generado una alta dependencia económica, haciendo vulnerable al departamento, en especial por la caída de los precios de este producto en los mercados internacionales. “Así, el PIB departamental ha venido disminuyendo desde 2016 por el comportamiento negativo del sector minero-petrolero (-12%), mientras que el sector agropecuario creció 4.3%, según cifras del DANE. En 2017, la tasa de crecimiento del sector agropecuario alcanzó el 23.4% contra un -5.5% del sector minero-petrolero que hizo menos drástica la caída del crecimiento de la economía metense”.
En el PDD se reafirma la necesidad de transformar y controlar las dinámicas de explotación de hidrocarburos, asegurando que este sector petrolero es el que mayor sobreposición presenta frente a las áreas destinadas para el desarrollo de actividades agropecuarias. “De las 4.4 millones de hectáreas que aproximadamente conforman la frontera agrícola departamental, 2.940.374 ha son utilizadas para la explotación de hidrocarburos (áreas de exploración, explotación, TEA y reserva)”.
Asimismo, el PDD afirma que 28 de los 29 de los municipios del departamento tienen áreas destinadas para la explotación de hidrocarburos, de estos 28, 27 tienen áreas para exploración, y de esos 27, Puerto Gaitán, Puerto López y San Martín concentran 1.621.859 hectáreas, lo que equivale al 77,4 % de la frontera agrícola. También, de los 11 municipios del departamento en los que se presentan las actividades de producción de hidrocarburos, Puerto Gaitán tiene la mayor extensión de estos suelos, representando el 61,6%, seguido por Villavicencio (12,2 %) y Acacias (8,6%). Sumado a esto, las actividades extractivas han venido afectando a las poblaciones indígenas del Meta.
En el documento se afirma que el petróleo ha generado beneficios para el Meta, pero reconoce que también ha dejado afectaciones, produciendo conflictos entre la industria y la población que habita en las zonas de influencia, causando eventos de intolerancia social entre unas 3.000 personas; episodios que podrían minimizarse si se implementa una estrategia que empodere la comunidad permitiendo un relacionamiento efectivo que conlleve al emprendimiento y a la búsqueda de oportunidades en otros sectores de la economía, sin que esta dependa en las zonas de influencia solo de la actividad hidrocarburífera.
Pero en materia ambiental, quizá el reto más grande es la deforestación. El Meta hace parte de los departamentos que componen la extensa Amazonía colombiana. La zona sur hace parte del Área de Manejo Especial de La Macarena. Desde el Macizo de Sumapaz y la Cordillera de Los Picachos descienden los ríos Ariari y Guayabero ocupando la mayor parte de la región.
Actualmente, esta región de abismal valor ambiental, atraviesa una mala racha. Irónicamente, la pandemia que aisló a la humanidad en los cofines de sus viviendas, permitió que diferentes ecosistemas se recuperaran de los impactos generados por la intervención humana y que incluso animales que se mantenían ocultos ante la presencia del hombre, salieran a las calles y paisajes naturales desocupados.
Pero la Amazonía no corrió con esa misma suerte, según la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, pese a la cuarentena, la deforestación no cesó. Para el 15 de abril se habían deforestado más de 75.000 hectáreas de bosque en la Amazonia colombiana.
Este delito estaría siendo perpetrado por industrias extractivas de minería y de petróleo pero también por organizaciones criminales diversas, como disidencias de las FARC, Los Puntilleros, entre otros, según la Fiscalía General de la Nación. Estos actos están impulsados por actividades ilícitas como el acaparamiento de tierras, el tráfico de madera, la minería ilegal y el narcotráfico en la Amazonía.
Dado este contexto, en un artículo de Semana Sostenible existe la siguiente afirmación: Según cifras extraoficiales de la Gobernación, en los primeros seis meses de este año fueron cercenadas más de 22.000 hectáreas de bosque por causa de la motosierra, cifra que en todo 2019 no superó las 23.000 hectáreas.
Intentamos comunicarnos con el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, pero no hubo oportunidad de preguntarle directamente acerca de estas cifras extraoficiales. En su oficina de prensa nos dijeron que no habrá pronunciamientos nuevos y que se mantendrá lo que se ha dicho en los medios nacionales.
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4. Hagamos grande al Meta en Infraestructura y conectividad para la productividad
En el PG programa se plantea la recuperación y fortalecimiento del campo en todos los sectores, buscando mayor competitividad del sector, apalancada en incremento del nivel de vida de la población rural y del mejoramiento de las infraestructuras viales, productivas y sociales.
Por eso hace una crítica a la atención exclusiva que se le dio en materia de conectividad a la vía Bogotá-Villavicencio, restándole importancia a otras vías de conexión como la salida al océano Pacífico por Buenaventura, atravesando la cordillera oriental desde Uribe hasta Colombia, en Huila; la conexión a Ecuador y Venezuela por la ruta Villavicencio – San Vicente del Cagúan; asimismo asegura que se dejó en el olvido la infraestructura del aeropuerto de Vanguardia, y el potencial de conectividad fluvial que tiene el departamento y la región.
«Así las cosas, ante el colapso de la vía al llano en el kilómetro 58, nos quedamos sin alternativas de salida para nuestra economía regional, por lo que estamos obligados a trabajar junto con el gobierno nacional de forma rápida y eficaz en la construcción de la vía Uribe – Colombia, en la rehabilitación de una vía alterna a Bogotá, en la adopción de medidas de impacto para mejorar las operaciones aeroportuarias y en el aprovechamiento de nuestras vías hídricas”, promete el PG.
En específico, el PG planea continuar y profundizar en el plan de desarrollo vial principal, secundario y terciario, desde la construcción, la rehabilitación y el mantenimiento preventivo, con el fin de poder tener vías adecuadas para la competitividad. Asimismo, la Gobernación plantea llevar a cabo un plan de dotación y equipamiento urbano y de encuentro social como apoyo a los municipios, para el uso y aprovechamiento colectivos.
Además, según el PG, el Meta cuenta con un indicador de vías pavimentadas de “1,2 km/100 km2 de territorio, muy por debajo del índice nacional (1,9) y aún más del índice de América Latina (2,5). La red secundaria del departamento tiene un total de 1.047 km de los cuales 35% (370 km) están pavimentados y el 65% restante se encuentra en estado de afirmado”.
Esto, según el PDD, afecta los niveles de productividad y competitividad del Meta. También señala que las cifras muestran que la red vial primaria del departamento del Meta tiene una longitud de aproximada de 890,46 Km, la red secundaria 1.586,6 km y alrededor de 5.017,54 km de vías terciarias, lo que da aproximadamente una malla vial de 7.394,51 km.
Por su parte, la red vial terciaria tiene un total de 5.017 km de las cuales 2.071 km se encuentran a cargo del INVIAS en condición de afirmado y 2.946 km están a cargo de los municipios.
Ante esto, en el PG se plantea construir y rehabilitar los corredores viales secundarios para brindar una mejor conectividad intermunicipal dentro del departamento, mejorando el índice de integración vial del Meta que hoy es de 1,2 km de vías pavimentadas por cada 100 km2 de territorio, lo cual se reafirma en el PDD.
Específicamente, el PG planea aumentar los indicadores de integración vial de la red secundaria del departamento complementándola con la red primaria del país, para esto, tiene como meta lograr la transitabilidad de corredores viales estratégicos que conecten todas las subregiones conectando tres municipios que no cuentan con acceso pavimentado.
En estas labores se tendrán en cuenta el Corredor 1, de longitud total 219 km. [Ruta 65, Cubarral, El Dorado, El Castillo, Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama, Vista Hermosa, Puerto Lleras]; Corredor 2, de longitud total 220 km [Puerto Lleras, San Carlos de Guaroa, Puerto López, Cabuyaro, Barranca de Upía] y Corredor 3, de longitud total 280 km [Puerto Concordia, Mapiripán, Puerto Gaitán].
En cuanto a infraestructura aeroportuaria, el PG, a través de la estrategia nacional de aeropuertos para el turismo, busca gestionar el mejoramiento de edificaciones, instalaciones, pistas de aterrizaje y equipos de operación de La Macarena.
Este objetivo también está estipulado en el PDD, en el que se explica que según cifras del Departamento Nacional de Planeación, las regiones con aeropuerto se desarrollan 30% más rápido que las que no lo tienen; por eso, para incentivar el turismo en el departamento, afirma que se deben mejorar las edificaciones, instalaciones, pistas y equipos que permiten el aterrizaje, el despegue y el movimiento en tierra de aeronaves.
Con respecto a la infraestructura de telecomunicaciones, el PG planea promover la extensión y despliegue de esta área en el territorio, especialmente en zonas rurales, para mejorar su eficiencia y competitividad académica, laboral e institucional y cerrar brechas a través de las oportunidades que brinda el acceso estable y permanente a internet fijo y móvil.
En relación a esto, en el PDD, se afirma que la infraestructura de telecomunicaciones “eleva la competitividad y amplía las opciones de relacionamiento, salud, educación, en el Meta es necesario cerrar las brechas entre las posibilidades y alternativas de conectividad tecnológica del campo y la ciudad”.
Sin embargo, aunque el PG y el PDD aseguran enfocar sus esfuerzos en fomentar el acceso a internet de la población estudiantil con el fin de mejorar su competitividad y gestionar con los operadores del servicio de telecomunicaciones, la mejoría de cobertura en las zonas rurales; con la pandemia del covid-19 y las consecuentes clases virtuales que tuvieron que llevarse a cabo para evitar contagios en instituciones educativas tanto privadas como oficiales, se evidenció que la conectividad a nivel tecnológico sigue dejando una brecha significativa en el acceso equitativo a la educación en zonas rurales, pues muchos estudiantes no cuenta con las herramientas ni con conexión a internet para estudiar.
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Pero en general, lo que a infraestructura se refiere, representa la más ambiciosa inversión para el departamento teniendo en cuenta que en marzo de 2018 con la caída del puente en el sector de Chirajara en el municipio de Guayabetal – Cundinamarca, dejando nueve obreros fallecidos y ocho heridos. En este caso, los encargados de la obra (Gobierno Nacional y Coviandes), “se tiraron la pelota” del uno al otro, a la hora de tomar responsabilidad en lo sucedido y tras dos años del desplome, la reconstrucción del puente sigue en veremos.
Además, luego con la constante caída de piedra y sedimentos en el km 64 durante el segundo semestre del 2019, y posteriormente con la delicada situación que presenta el km 58 desde el mes de mayo de 2019 que representó el cierre indefinido de la vía cerca de tres meses, “el departamento ha venido sufriendo fuertes impactos económicos, sociales, de abastecimiento, turísticos y de movilización que hasta la fecha ha representado algo más de 2 billones de pesos en pérdidas en todos los sectores, según la Cámara de Comercio de Villavicencio”, dice en el PG. No obstante, en el PDD, nada se menciona acerca de la reconstrucción del Puente Chirajara.
Aún así, ambos documentos han centrado sus objetivos en trabajar conjuntamente entre el gobierno departamental, nacional y regional en la consolidación de la malla vial estratégica del departamento. De hecho, algunas opciones de conectividad fueron visibilizadas en el PG y se mencionan nuevamente en el PDD: “Acacias – Guayabetal”, “Villavicencio – El Calvario – San Juanito – Vía Nacional”, “Conexión Pacifico – Orinoquia incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene en el departamento los tramos Mesetas – Uribe y una parte entre Uribe – Colombia (Huila)”, “la Conexión San José del Guaviare – La Macarena – San Juan de Lozada – San Vicente del Caguán-”, “la Conexión Puerto Gaitán – Mani”, “Conexión Tienda Nueva (Puerto Concordia) – Mapiripan”, “Conexión Barranca de Upia – San Ignacio – Termales de Guaicaramo”, “Puente en el sector Puerto Fluvial de Carga, LA BANQUETA sobre el rio Meta que dinamizaría el corredor “Puerto López – Cabuyaro – Barranca de Upia – Yopal”; para que, según el PDD, “se priorice una fase de estructuración, la cual permitirá lograr una adecuada descripción técnica, jurídica, financiera, económica y ambiental de proyecto, como herramienta para realizar la estimación inicial de los costos de inversión, operación y mantenimiento, el análisis costo – beneficio, con el fin de tomar la decisión de conveniencia o no de llevar a cabo el proyecto y trabajar sobre posibles fuentes de financiación”.
Estas fueron algunas de las observaciones que a grandes rasgos se hicieron al momento de comparar el PG con el PDD. También se sugiere a la administración departamental, incluir un índice o tabla de contenido para facilitar las búsquedas de los temas, sobretodo teniendo en cuenta lo extenso de ambos documentos.
Las comparaciones en los pilares no se dan de manera exacta ya que las estructuras en el PG y el PDD, difieren, sin embargo, lo aquí plasmado busca brindar de manera menos compleja lo que le espera al Meta durante los años de administración por parte de Juan Guillermo Zualuaga.
